* De la extensión del Memorando de Entendimiento entre la ONU y el Gobierno de Xiomara Castro dependerá la continuación del proceso de instalación del mecanismo anticorrupción en Honduras.
** Condiciones legales mínimas son esenciales para la CICIH, dijo a Expediente Público la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Este viernes vence el Memorando de Entendimiento que el Gobierno de Honduras firmó el 15 de diciembre de 2022 con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción.
El proceso inició poco después de que Xiomara Castro asumiera la Presidencia hace casi dos años, pero que ha tenido pocos avances.
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El memorando, cuya vigencia es de seis meses, fue prorrogado en junio de 2023 y su ampliación es un paso necesario para que continúen en marchan las negociaciones para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
“Se tendría que acordar una extensión para poder dar seguimiento en específico a esto”, dijo a Expediente Público la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford.
Si no se extiende el memorando significaría que ya se llegó al fin de las negociaciones, dijo a Expediente Público el coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), César Espinal.
¿Otra prórroga para la CICIH?
Una segunda ampliación del memorando tampoco es garantía de una CICIH: “¿Qué significa una nueva prórroga, también es otra pregunta, vamos a estar nuevamente seis meses en la misma etapa o realmente habrá un avance concreto sobre la instalación de este mecanismo”, cuestionó Espinal.
Los pasos que ha dado hasta ahora el gobierno de Castro “son mínimos”, enfatizó.
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¿En qué fase está el proceso?
La misión exploratoria de la ONU realizó en octubre pasado su cuarta visita a Honduras como parte de la primera de las dos fases que tiene el Memorando de Entendimiento.
Su trabajo era analizar la existencia o no de condiciones legales para la CICIH, “y ellos ya han presentado un compendio de estos hallazgos legales”, dijo Shackelford.
El 1 de diciembre, el canciller hondureño Enrique Reina y el subsecretario general para Europa, Asia Central y las Américas, Miroslav Jenča, “discutieron el estado de la implementación del Memorando de Entendimiento”, informó la ONU en un comunicado.
El organismo internacional reconoció que se han logrado avances, pero que quedan por aprobar importantes reformas, por el ejemplo, a la Constitución, el Código Penal e incluso crear una legislación especial para la CICIH.
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El comunicado precisó también que estudiaban con el gobierno hondureño la posibilidad de ampliar el Memorando de Entendimiento “para seguir cooperando, incluso mediante la prestación de asistencia técnica por parte de las Naciones Unidas en relación con las reformas pendientes”.
Shackelford dijo que lo que sigue, una vez que se amplíe el Memorando de Entendimiento, es que el gobierno de Honduras nombre a las personas que se sentarán con Naciones Unidas para discutir los elementos del compendio que entregó la misión exploratoria y el borrador del convenio para una CICIH.
Además, reiteró que esas condiciones legales mínimas son esenciales para que cualquier tipo de mecanismo pueda ser eficaz.
“Esperamos que eso sea haga naturalmente lo más pronto”, expresó la delegada de la ONU, para quien los próximos pasos son identificar cómo poder ir adelante con los elementos identificados en el compendio.
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Reformas exigidas para la CICIH
En un comunicado del 11 de diciembre, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) también reaccionó ante el retraso en el proceso para establecer la CICIH y recordó cuáles son algunas de las reformas legales que se necesitan.
Entre estas, la derogación del Decreto 130-2017 del Código Penal, que reduce las penas por corrupción y delincuencia organizada, y el Decreto 117-2019, que impide que los diputados involucrados en casos de corrupción rindan cuentas.
«También la ONU habló en su momento de derogar la amnistía política, si bien ya surtió los efectos que el oficialismo esperaba», señaló el abogado Espinal en referencia al decreto 4-2022 que incluye delitos de corrupción.
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El Congreso Nacional tiene pendiente también la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz, una herramienta para la delación premiada que la ONU plantea en el memorando.
«Todavía hay en largo camino por recorrer porque el Congreso Nacional tendría que haber ya cumplido un papel más comprometido en propiciar esas condiciones mínimas y también esas reformas significativas», apuntó el profesional del derecho.
Espinal indicó también que ya debieron observarse posibles reformas a la Constitución en torno al mecanismo de acción de la CICIH, ya sea para que ejerza la acción penal o sea un querellante adhesivo.
Sin embargo, una reforma constitucional aprobada en 2024 tendría que ser ratificada en 2025, «entonces hablamos de otro año más que hay que esperar», lamentó.
El Cespad también ha hecho notar que el proyecto de presupuesto para el 2024 no incluye ninguna partida especial para apoyar la instalación de ese mecanismo y recomienda su incorporación como «una expresión de la voluntad política del gobierno».
Uso político de la CICIH
Para muchos, la promesa de instalar un mecanismo anticorrupción fue clave en la victoria de Castro en las elecciones de 2021, señala el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) en su análisis Perfil idóneo de la CICIH.
En ese sentido, Espinal reconoció la preocupación del CNA de que la CICIH sea instrumentalizada en la siguiente campaña electoral, cuando ya debería ser una promesa cumplida.
La presidenta Castro, cada tantos meses, da la «orden» de que la CICIH se debe instalar, pero sin acciones, dice al respecto el abogado Espinal.
A su juicio, más bien se ha venido observando una obstaculización a la CICIH tanto en el poder Ejecutivo como en el Congreso Nacional.
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Parálisis parlamentaria
En el caso del Legislativo, no ha logrado propiciar las condiciones mínimas necesarias que pide la ONU y ha estado sumido en una crisis debido al fraccionamiento entre el oficialismo y la oposición.
El coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción opinó que la presidenta Castro debería estar exhortando al Congreso Nacional para hacer las reformas que siguen pendientes o, en su defecto, remitir los borradores de los proyectos de ley porque el Ejecutivo tiene la iniciativa de ley.
Después de 104 días sin sesionar, la Comisión Permanente del Congreso Nacional convocó al Pleno el 14 de diciembre con el objetivo principal de elegir la Junta Directiva.
“Si bien es cierto ya se habla ahorita de algunos acuerdos es de preguntarse bajo qué condiciones están dándose estos acuerdos”, dijo Espinal, quien pide valorar si el papel de la clase política será para darle un desarrollo óptimo al proceso de instalación de la CICIH, boicotearlo o ejercer algún tipo de control o manipulación.
Shackelford por su lado dijo que también debe mantenerse la atención en la elección de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), una institución crítica para la lucha anticorrupción, por lo que debe asegurarse que el proceso sea transparente y se elija a las personas más idóneas.
Sociedad civil marginada
Además de su lento desarrollo, el proceso para la instalación de la CICIH no ha contado con la participación de la sociedad civil.
Para Shackelford, el involucramiento y trabajo con sociedad civil es crítico en el proceso de la CICIH, que es una demanda ciudadana, por lo que dijo esperar que el gobierno fortalezca el espacio de rendición de cuentas y transparencia.
“Esto no es solo un trabajo del Estado, es un trabajo del país como tal si se quiere erradicar la corrupción y la impunidad”, apuntó.
Espinal, por su parte, opinó que un motivo para el marginamiento de la sociedad civil podría ser que la propuesta del gobierno no brinda todas las condiciones para una CICIH independiente.
El propósito también podría ser mantener algún control para evitar que se repita lo que pasó con la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que al final le provocó una serie de complicaciones al Partido Nacional por las investigaciones de corrupción contra muchos de sus integrantes.
Las recomendaciones de sociedad civil serían para que la CICIH tenga beligerancia sin importar partidos políticos, “quizás eso es lo que el gobierno quiere evitar, de que haya alguna manera en la que se puede influir”, acotó.
Lo que está claro es que el futuro de la CICIH en Honduras depende de algo más que de la extensión por seis meses del Memorando de Entendimiento.
