*La instalación de la CICIH podría demorarse entre seis meses y un año, en medio de las dudas sobre la independencia en la elección de magistrados de la Corte Suprema.
**Congreso Nacional sigue sin derogar los decretos que obstaculizan el trabajo del Ministerio Público.
Expediente Público
La firma del memorando de entendimiento entre Honduras y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una misión internacional anticorrupción, es apenas el inicio de un proceso “que va para largo”, lo que significa la continuidad de la impunidad y la vigencia de las estructuras que hasta controlan los procesos de selección tan importantes como la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General.
El documento, cuya naturaleza es “no vinculante”, fue suscrito el pasado 15 de diciembre en Nueva York y marca el inicio de los trabajos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El memorando “solo deja constancia de la voluntad que tienen las partes en llevar a cabo a futuro la firma de un convenio”, explicó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en una publicación en Twitter.
A pesar del anhelo que prima en este país centroamericano de contar con una CICIH en el menor tiempo posible, el comienzo de un mecanismo de esa naturaleza aún no tiene fecha estimada.
Tardanza significa más impunidad
El canciller Enrique Reina declaró el miércoles 14 de diciembre a un canal de televisión que se espera que la CICIH pueda suscribirse en 2023, sin dar mayor precisión, mientras que la representante de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, estimó que podría ser para finales del próximo año.
En un análisis sobre la firma del memorando, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) estima que el plazo para la instalación de la CICIH tardaría como mínimo “de seis meses a un año”.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Expediente Público que el proceso de instalación de la CICIH “va para largo”, tomando en cuenta los puntos que plantea el memorando de entendimiento, y consideró que “cada año que la Misión se pueda retrasar” trae como consecuencia “más impunidad”.
Además, está el hecho de que el gobierno no está haciendo nada para reforzar la institucionalidad ya instalada en el país y que el Congreso Nacional no ha derogado los decretos que obstaculización al Ministerio Público la investigación penal.
Casos sin investigar
“Todos estos casos no se van a poder investigar por todas las leyes que obstaculizan hacerlo; por ejemplo, la información financiera usted no puede acceder más allá de cinco años y cada día que pasa es un día menos que usted puede acceder”, explicó el fiscal hondureño.
Tampoco se puede obtener la información tributaria de varias empresas e instituciones “porque crearon normas para que no se pueda acceder más allá de cinco años”.
Opinó que el Ejecutivo “ha demostrado que tiene voluntad al firmar el memorando, pero el Legislativo no muestra esa voluntad, porque ahí siguen esos decretos y no los derogan”.
El memorando de entendimiento firmado por el canciller Enrique Reina y el subsecretario general de la ONU Miroslav Jenča, contiene 18 puntos.
Dos fases para instalación de la CICIH
El primero, además del inicio de los trabajos para el establecimiento de la CICIH, refiere que “el objetivo último” de los esfuerzos conjuntos es “el fortalecimiento de las instituciones y capacidades nacionales en materia de investigación, combate y enjuiciamiento de la corrupción, tanto pública como privada, y de la impunidad”.
El memorando habla también de un enfoque de cooperación por fases, la primera para que el gobierno de Honduras “asiente los cimientos necesarios” para la instalación de la CICIH, “demostrando compromiso y voluntad política” con el fortalecimiento de un sistema de justicia independiente.
Precisamente, el país se encuentra en el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el período 2023-2030, el cual es seguido de cerca por la comunidad nacional e internacional.
La primera fase incluye también el envío de un equipo de expertos de la ONU, que evaluará los instrumentos, instituciones y capacidades existentes en la lucha contra la impunidad, e identificará las reformas jurídicas necesarias para el establecimiento de un mecanismo internacional imparcial, independiente y autónomo.
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Estructuras siguen vigentes
Para el fiscal Santos, que paralelo al proceso para la instalación de la CICIH se esté desarrollando también la selección de los candidatos a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia, que serán elegidos en enero de 2023, así como la del Fiscal General, que se realizará en agosto del mismo año, sería una ventaja “si realmente hubiera esa voluntad dentro del Estado de querer hacer las cosas”.
“Lo que pasa es que cada quien representa otros intereses o intereses particulares”, estimó.
Para el caso, consideró que de la lista de 45 candidatos a magistrado que el próximo 23 de enero la Junta Nominadora enviará al Congreso Nacional, al final los seleccionados serán “los que responden a los intereses de los grupos que están representados ahí”.
El fiscal Santos señaló que “nadie puede desconocer eso, en el Congreso Nacional están representados los grupos empresariales, los grupos económicos, los grupos políticos, los grupos de corrupción y hasta los grupos de narcotráfico”, entonces son ellos los que al final “van a nombrar los magistrados y van a nombrar el fiscal general”.
Para esto tendría que haber una voluntad integral del Estado para nombrar a funcionarios que vayan a hacer las cosas diferentes, pero “si no se ha visto desde el Congreso la voluntad de poder derogar los decretos, mucho menos para nombrar los mejores 15 que salgan de esa selección que haga la Junta Nominadora”.
Además, “tendríamos que ser demasiado positivos para poder pensar que esta Corte va a ser un trabajo diferente o que el nuevo fiscal general que se nombre va a ser un trabajo diferente y que se va a nombrar de manera diferente porque esas estructuras todavía están vigentes en nuestro país y por eso se quiere que venga la CICIH”, apuntó.
Gobierno debe garantizar autonomía
De su lado, el director ejecutivo de la organización Congreso Primero, Aníbal Cálix, dijo a Expediente Público que “aquí tienen que existir definitivamente personas con poder que están en contra de la instalación de la CICIH, por lo menos en este tiempo antes de la nueva Corte Suprema de Justicia”.
A su criterio, la instalación de una comisión como la CICIH, “si se tiene una verdadera voluntad, no tiene que tomar más de seis meses” y no dudó que “sí tenemos fuerzas con poder que están trabajando para que esto no suceda”.
Es de mencionar que, en el primer memorando de entendimiento enviado por Naciones Unidas, y que trascendió públicamente en julio pasado, se habla de un mecanismo “imparcial e independiente”. Mientras que en el memorando que fue finalmente suscrito, de un mecanismo “imparcial, independiente y autónomo”.
El jueves, tras la firma del documento, las Naciones Unidas emitieron un comunicado según el cual “los detalles relativos al establecimiento y al funcionamiento del mecanismo se discutirán durante las futuras negociaciones del convenio bilateral”, así como “el nombramiento por el Secretario General del liderazgo del mecanismo, cuya independencia y autonomía deberán ser garantizadas”.
Selección de casos
El establecimiento de un mecanismo “independiente, imparcial y autónomo” es una de las condiciones que se repite tres veces en el memorando.
En la segunda fase del memorando las dos partes definirán la selección del titular de la misión y su equipo de trabajo, las contrataciones, el financiamiento y la ubicación de las instalaciones. Además, la selección de casos de redes de corrupción público-privada de alto impacto.
Al respecto, el fiscal Santos consideró que lo ideal sería que en el presupuesto general de la República que el Congreso Nacional aprobará este mes se incluya una partida, “si no, el otro año la discusión va a ser que no se previó un presupuesto para poder fortalecer o contratar la gente que va a trabajar en las investigaciones de corrupción”.
Podrán dar por terminado el memorando
La CICIH necesitará una contraparte en Honduras, que puede ser la Uferco, la cual “necesita de presupuesto porque no tenemos gente, entonces si se quiere adelantar en este proceso se necesita someter a concurso una serie de plazas”. De lo contrario, “tendríamos que esperar a que se instale la misión para que una vez instalada se empiece con un proceso para poder contratar personal” y eso retrasa aún más la búsqueda de justicia.
El memorando establece también que “cualquiera de las partes podrá dar por terminado el presente instrumento”.
Pero, además, establece un plazo de 60 días que antes no estaba fijado y añade que las partes podrán “incluir las razones en que se funde” tal decisión.
Aunque recordó que las facultades que tendrá la CICIH serán definidas por el Ejecutivo y la ONU, el fiscal Santos se inclinó porque el mecanismo sea un querellante adhesivo.
¿Querellante adhesivo o acusador privado?
Explicó que “es lo mismo de acusador privado, lo único que en algunos países se le llama querellante adhesivo, en otros, acusador privado, se le puede decir acompañante».
Lo que se requiere, explicó, “es que los expertos que vengan con la misión puedan acompañar a los expertos hondureños en los procesos que se inician ante los juzgados y puedan actuar como actualmente lo hacen los acusadores privados en los procesos”.
Puso como ejemplo cuando en un caso de asesinato las víctimas nombran a un apoderado legal para que pueda estar en todo el proceso, como ocurrió en el caso de la defensora Berta Cáceres.
No obstante, en los casos de corrupción es mucho más difícil “porque como no se tiene una víctima específica, entonces quién va a nombrar al acusador privado”, se preguntó.
“Tendría que ser a través del convenio que se establezca que la CICIH va a actuar en todos los casos de corrupción como querellante adhesivo o como acusador privado”, puntualizó.
