La situación actual del Sistema Penitenciario Nacional, en la que se practican torturas y tratos crueles degradantes desde antes de abril de 2018, pero con mayor énfasis en la etapa de las manifestaciones civiles y su represión, amerita con urgencia un cambio, pero ¿cómo sería esta transformación?
La investigación «La participación de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional en la represión política de Nicaragua» revela que el principal problema en el Sistema Penitenciario no es su marco normativo, sino la desnaturalización paulatina del mismo, que tiene su punto máximo durante y después de la crisis sociopolítica de abril de 2018.
Sin embargo, la conducta y trato agresivo en estos centros cobró fuerza a partir de las protestas iniciadas en 2018 y evidenció, conforme a denuncias e investigaciones, más una funcionalidad represiva que educativa o humanitaria.
Según la investigación, “las cárceles del Sistema Penitenciario Nacional se convirtieron en el último eslabón de esa cadena represiva del régimen, a través del cual se deseaba enviar un mensaje claro: que el castigo sirviera de ejemplo para aquellos que intentaran revelarse contra el poder”.
Los centros penitenciarios de la región en general suelen no cumplir esta función de manera apropiada, y en eso Nicaragua no es la excepción. Así lo describen fuentes oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante; la pregunta aquí es: ¿Por qué debería reeducarse a personas que están presas por ser disidentes de un gobierno, si en cualquier democracia uno tiene derecho a hacer oposición a un gobierno, a manifestarse como opositor, tomando en cuenta que es un derecho protegido por el sistema internacional de derechos humanos?
“Está acreditado que durante toda la crisis en el país que inicia en abril 2018 se desarrolló una estrategia de detención y criminalización como mecanismo de represión, la función del Sistema Penitenciario es ser básicamente un instrumento represivo”, afirmó a Expediente Público la relatora de la CIDH, Antonia Urrejola.
Centros de castigos políticos
Las cárceles de Nicaragua, dejaron de ser lo que definen sus leyes y se convirtieron en centros de castigo para los opositores, según investigaciones y testimonios de exreos políticos, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y averiguaciones de parlamentarios europeos.
Los expresos políticos entrevistados en el contexto de la investigación y que acompañan este reportaje, confirmaron que a lo interno de las cárceles se buscó en todo momento procurar un daño físico y psicológico a los presos políticos.
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Por otra parte, desde que comenzó la crisis sociopolítica en abril de 2018, el nivel de represión, hostigamiento, estigmatización, amenazas y ataques que sufren las personas que han integrado el liderazgo en la protesta social se ha incrementado exponencialmente y se continuó agravando a lo largo del 2018 y 2019.
Así se ejemplifica en el informe que recoge algunos casos emblemáticos que fueron debidamente documentados por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
SPN también al servicio del régimen
Entre las conclusiones de la investigación «La participación de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional en la represión política de Nicaragua», se plantea que desde el Ejecutivo se promovió una reforma de fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional que condujo a una especie de militarización de este.
En 2014, el prefecto Julio Orozco, director del Sistema Penitenciario Nacional, destacó la creación de una nueva Unidad de Técnica Canina, una Dirección de Máxima Seguridad y la Dirección de Información Penitenciaria (para la detección de planes ilícitos) y el entrenamiento de personal de custodia en técnicas de fuerzas especiales y artes marciales.
La creación de la Dirección de Operaciones Tácticas y de Información Penitenciaria (Inteligencia) no corresponde con la naturaleza civil de la institución consagrada en las leyes y, por el contrario, refuerza su función represiva.
Con la aplicación de torturas y demás violaciones a los derechos humanos de los reos políticos, el régimen llevó la represión al máximo nivel e hizo de las cárceles el último eslabón de su cadena represiva.
Eddy Montes, el reo político que no debió ser asesinado
“Cuando mataron a don Eddy, fue algo que a todos nos traumó, más a los que conocimos a don Eddy; los que estuvimos en la galería. Nosotros aún seguimos diciendo, y cualquiera lo puede decir: Don Eddy no tenía que morir allá adentro”, dijo lamentándose un exreo que presenció aquel 16 de mayo de 2019, uno de los actos más indignantes en la cárcel La Modelo.
El ciudadano nicaragüense-estadounidense Eddy Antonio Montes Prasslin, de 56 años de edad, fue asesinado con disparos de AK, un balazo atravesó su cuerpo en una protesta de reos políticos a lo interno del penal La Modelo.
Su caso es el más grave abuso al que llegaron las autoridades penitenciarias en su actuación represiva y hasta el día de hoy sigue en impunidad y la investigación oficial del asesinato nunca se reveló.
El informe “Volviendo a ser humano”, presentado en diciembre 2019 por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que el asesinato del prisionero político del régimen Ortega-Murillo, es uno de los “hechos más aberrantes y constituye una muestra clara de la arbitrariedad y negligencia del actuar del Estado en perjuicio de las personas presas políticas”.
Cuando Montes fue herido, sus compañeros de celda intentaron ayudarlo, en medio de las balas que aún seguían disparando los oficiales del Sistema Penitenciario.
A balazos impidieron atención humanitaria a Eddy Montes
“Nosotros íbamos a rescatar a don Eddy para ver qué le pasaba, y él me dice: ‘hijo, me dieron, hijo, me dieron, ya hice lo que hice, luchen por ustedes’. Con piedras los hicimos replegar porque venían por nosotros y (pudimos) halar a don Eddy para recuperarlo y ver lo que tenía, entonces ya ellos entraron con bombas lacrimógenas y nos reprimieron, nos estaban tirando balas, entonces nosotros tirábamos piedra y ellos se replegaron, pero comenzaron a disparar, a hacer detonaciones de frente, varias detonaciones están en la pared, no las tiraban al aire, nos tiraban a nosotros, de frente nos tiraban, 79 de nosotros nos tirábamos al suelo tipo guerra, y después que nos tirábamos en el suelo y tratábamos siempre de ir a traer a don Eddy. Ellos para que no lo agarráramos nos tiraban bala y bombas lacrimógenas, prácticamente si ellos hubieran querido llevarlo al hospital de inmediato, bien lo hubieran hecho”, relata uno de los expresos políticos entrevistados por Expediente Público.
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Montes estaba dentro de la lista conciliada en la mesa de diálogo e iba a ser liberado en ese mismo mes de mayo de 2019.
Fue detenido en octubre de 2018, por su participación en las protestas contra el régimen actual, fue acusado de terrorismo, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos e incendio. Su juicio no había concluido.
Heridas del pasado reabiertas
La historia nicaragüense demuestra que haber hecho borrón y cuenta nueva en el año 79 luego de la derrota de la dictadura de la familia Somoza, y en el año 90 después del término de la guerra, sin hacer procesos de justicia transicional ha dejado heridas abiertas y para Antonia Urrejola estos antecedentes toman relevancia en el contexto actual del país, pues cuando vuelve a haber una crisis esas heridas se ven claramente manifestadas.
Por otro lado, para la directora del Cenidh, Vilma Núñez, la naturaleza del personal del SPN es totalmente diferente al que existía antes de 2007, los niveles de odio, de ensañamiento y comportamientos sofisticados para ejercer acciones que constituyen tortura definitivamente, provienen de un entrenamiento y transformación, aseguró.
Listen to «El temor en la cárcel La Esperanza» on Spreaker.La ruta para una gestión humana del Sistema Penitenciario Nacional
De acuerdo a la información recopilada, el testimonio de los exreos y las exreas políticas, y la argumentación de expertos, se sugieren algunos pasos a seguir para lograr una gestión transparente en los centros penitenciarios del país,
No obstante, esto no significa que pueda lograrse a corto plazo, pues durante toda la crisis en el país que inició hace 2 años, se desarrolló una estrategia de detención y criminalización como método de represión, pervirtiendo la función del Sistema Penitenciario básicamente a un instrumento represivo.
La emergencia de una reestructuración en el Sistema Penitenciario puede ser el camino de solución a mitigar la represión violenta a los reos políticos. La investigación de Expediente Público, da algunas recomendaciones:
1. Despolitizar y reformar la estructura organizacional del Sistema Penitenciario Nacional. Esto pasa por cortar de raíz el vínculo y lealtad política que une a los funcionarios y oficiales con el partido FSLN e iniciar un proceso de profesionalización e integración de personal civil que haga carrera en la especialidad penitenciaria. Esto, únicamente, se podrá lograr con un proceso de depuración de su estructura, y esa limpieza pasa por una investigación oficial contra los torturadores y violadores de los derechos humanos en los centros penales para que sean llevados ante la justicia y la revisión de los expedientes individuales para determinar si pueden continuar perteneciendo a esa estructura.
2. Retomar y fortalecer la supervisión interna y externa. El Estado debe garantizar la vigilancia de la gestión penitenciaria y la custodia de la integridad personal de todos los reos. El Ejecutivo debe cumplir con el Acuerdo Presidencial 04-2012, el cual designa ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como “Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura”. Además, se deben abrir las cárceles del país a los organismos de la sociedad civil, en especial a los defensores de los derechos humanos, para fortalecer la supervisión externa.
3. Consolidar la misión principal, principios y valores del Sistema Penitenciario Nacional. Esto, en la práctica, implica redirigir al personal penitenciario hacia áreas que están más acorde con su papel de reeducación penal y reinserción social. Se deben evaluar la conveniencia, funcionalidad y resultados que han mostrado direcciones que tienen una naturaleza más militar.
4. La creación de una carrera con especialidad en gestión penitenciaria debe ser promovida. No basta con el Instituto de Estudios Penitenciarios que funciona dentro del Sistema Penitenciario Nacional. Se debe crear un personal civil altamente especializado. Con relación a esto, la institución debe estar abierta a hermanamientos e intercambios de experiencias y participación en eventos del sistema americano y mundial.
Fiscalizar al Sistema Penitenciario
Hung-En Sung, profesor titular y director de Cooperación Internacional en Investigaciones, del John Jay College of Criminal Justice, entrevistado por Expediente Público, asegura que, en las condiciones actuales del Sistema Penitenciario Nacional, otro reto principal que se afronta para una reforma es crear las condiciones necesarias para una gestión transparente de la institución.
“El reto más importante es cómo implementar en la gestión penitenciaria los principios e ideales garantizados y codificados en las leyes. Sin transparencia no puede haber medición”, aportó Sung. De allí que el especialista cree que la institución debe abrirse a una supervisión tanto interna como externa y crear mecanismos de denuncias a los que los reos y sus familiares puedan tener acceso y encontrar respuesta a los abusos.
El profesor Sung también cree que, cuando las condiciones lo permitan, debe iniciarse un proceso de depuración del personal. Esto pasa por iniciar investigaciones penales contra funcionarios, oficiales y agentes que son señalados de torturas y casos de violación de los derechos humanos.
Promover la transparencia en las operaciones penitenciarias, publicar datos operacionales de la institución, implementar un proceso de profesionalización institucional, establecer un sistema disciplinario transparente y justo, son algunas de las medidas que recomienda el profesor Sung y pueden revisarse a detalle en el informe adjuntado a este reportaje.
La abogada y defensora de derechos Humanos, Wendy Flores, también cree que, debe hacerse un proceso de depuración del personal. “No pueden quedar funcionarios y funcionarias que están ligados a casos vinculados a la represión, y tortura.Hay que depurar todas las instituciones del Estado que estuvieron involucradas en la represión”, afirmó.
El SPN amerita una transformación profunda
Núñez considera que “el SPN necesita hacer una transformación profunda, cuando se está pensando en el cambio de Nicaragua” y no solamente por la situación con los reos políticos, sino que también con la población en general porque, “la gente que llega a las cárceles es la gente pobre, excluida de una sociedad excluyente, de una sociedad que no le ha dado la oportunidad en la educación y el trabajo y se ven proclive a caer en la delincuencia”.
La principal estructura de mando de la cárcel La Modelo está involucrada en casos de tortura y tratos degradantes e inhumanos y, además, es responsable penal, civil y administrativamente tanto por ordenar, como por participar en presuntos delitos y violaciones a los derechos humanos de los reos políticos.
Así lo refiere la investigación de Expediente Público, pues los principales jefes fueron señalados como los instigadores, que ordenaban y propinaban golpizas y torturas, tratos degradantes e inhumanos contra los reos políticos.
Urrejola, considera que es difícil referirse a una formula específica, cuando se está hablando de una solución que se debe dar a una crisis que ocurre en un momento histórico en un país determinado, porque las fórmulas no son únicas. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que en Nicaragua las condiciones de un avance tienen que pasar necesariamente por verdad, justicia, reparación y por garantías de no repetición, es decir medidas que se toman a nivel nacional para evitar que esto vuelva a ocurrir.
“Nicaragua y cualquier sociedad civilizada en América debe decir frente a estas situaciones nunca más y para que sea auténtico tiene que haber verdad y justicia y además debe estar acompañada de reparaciones, es decir, hacerse cargo de los intereses afectados en el caso de las víctimas, de los sobrevivientes de los asesinatos políticos, de las personas torturadas, detenidas ilegalmente y las que han debido abandonar el país por persecución política”, concluye.
