La conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, en Nicaragua cobra más sentido este año. La lucha contra la violencia hacia las mujeres, sustentada en la Ley 779, ha retrocedido debido a las reformas realizadas por el Gobierno a esta normativa y se agudizó con la crisis sociopolítica de 2018, coinciden las organizaciones feministas.
EXPEDIENTE PÚBLICO
Sarahí Blandón convive con su agresor en casa en un asentamiento cerca del Río Grande del departamento de Matagalpa, al Norte de Nicaragua, a 130 kilómetros de la capital, Managua. Todos los vecinos del barrio saben que el marido le pega. Sarahí interpuso la denuncia de agresión contra su pareja pero después desistió de la acusación, aunque cada día su vida corre peligro.
La Policía nicaragüense cataloga este tipo de situaciones de violencia en el hogar como una discordia de pareja. En una nota de prensa señaló como tal el motivo del femicidio de Reynaldo Javier Pérez López contra Ruth Navarrete, ocurrido el 25 de febrero de este año en San Ramón, Matagalpa, a unos 160 kilómetros de Managua.
Reynaldo Javier Pérez vertió herbicida en un refresco que ofreció a su pareja, luego de una discusión con ella por razones desconocidas. La mujer murió en el hospital por intoxicación con glifosato, un compuesto químico para matar plagas.
Tenebrosa cifra de muertes
La organización de mujeres Católicas por el Derecho a Decidir, registra 71 víctimas de femicidio durante el 2020 y unas 115 se escaparon de intento de asesinato. En lo que va del 2021 se registran 7 crímenes contra mujeres, según Católicas.
Ver también: Las pandemias que sufren las campesinas en Nicaragua: violencia, pobreza y COVID-19
A pesar que en la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779) se considera violencia de género el que las instituciones del Estado obstaculicen y retarden la justicia, las organizaciones feministas resienten que actualmente lo dicho en la ley se ha convertido en “letra muerta”.
Juana Jiménez, abogada y coordinadora del Movimiento de Mujeres Autónomas (MAM) explicó a Expediente Público que “todo el sistema de protección que se trabajó en gobiernos anteriores, todo sistema de seguridad fue demolido, eso ocasiona una indefensión para las mujeres, actualmente no se puede contar con las instancias que puedan garantizar medidas cautelares, contra agresores que están ejerciendo violencia en las casas”.
En la Ley 779 se plasman diversas medidas de protección a las víctimas cuando el agresor hostiga, violenta o amenaza a la mujer, entre ellas el alejamiento de la casa, aunque fuese el hombre el dueño de la propiedad, sin embargo, estas medidas no se están aplicando a criterio de Jiménez.
En junio de 2012, la Ley 779 entró en vigencia en Nicaragua. En 2013, la Asamblea Nacional reformó la legislación, dándole paso a la figura de Mediación, reglamentada vía decreto y con potestad de volverla a reformar vía reglamento por el presidente de la República, Daniel Ortega.
Arma política
En enero del 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de reforma y Adición al Código Penal de la República de Nicaragua y a la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, además se modificó la Ley número 641 Código Penal, para establecer la prisión perpetua revisable en Nicaragua. Se cambió el artículo 47 de la Constitución que establece la clasificación por su carácter: prisión perpetua, la privación de otros derechos, días multa y la sanción económica.
El origen de estas reformas es el femicidio de dos niñas en el Municipio de Mulukukú a 240 kilómetros de la capital Managua, en septiembre de 2020. El Gobierno de Daniel de Ortega en un intento de aparentar empatía con las familias de las víctimas decidió reavivar la cadena perpetua, pero estableciéndolas como «crímenes de odio», que terminó usando para amedrentar a los ciudadanos que se oponen al gobierno sandinista.
Lea además: Tras la tragedia de las niñas de Mulukukú hay un trasfondo de machismo institucional.
Aunque el gobierno de Ortega aseguró que la condena perpetua se aplicaría a quienes cometan asesinatos agravados, parricidios, feminicidios, cuando ocurran dos agravantes o más, así como los llamados “crímenes de odio”, un concepto que no fue especificado en la reforma penal ni en la Constitución, razón por la que la oposición y defensores de los derechos humanos creen que será utilizado contra la disidencia.
Entre las organizaciones de la sociedad civil dicho mensaje a calado como una amenaza contra los opositores al régimen, lo que podía constituirse en toda un arma política.
“El régimen ha pervertido el poco avance que hemos logrado para la prevención y se le está dando vía libre al agresor”, advirtió Jiménez.
Al respecto, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe presentado en febrero, hizo un análisis sobre la aplicación de justicia contra violencia hacia las mujeres en Nicaragua al señalar que entre 2019 y 2020, solo 4 de los 12 autores de los femicidios fueron condenados.
Renunciar a la denuncia
“Si ponés una denuncia, la Policía no la atiende con celeridad para brindar protección a las mujeres”, recalcó Jiménez del Movimiento de Mujeres Autónomas.
También resaltó la promotora de derechos humanos que debido a la inseguridad jurídica que se vive en Nicaragua, muchas veces el denunciar se ha convertido en un riesgo de muerte para la víctima, ya que no se judicializa al agresor, quien puede llegar en cualquier momento a cobrar venganza por haberlo denunciando.
También “la medición lo que hace es darle más poder al agresor. En las intervenciones de la Policía, el agresor sale más violento. Si antes eran agresiones verbales, entonces el femicidio era de esperarse”, dijo Jiménez.
La inseguridad jurídica toca con mayor fuerza a las mujeres opositora que se ven más imposibilitadas a poner la denuncia ya que sufren el desprecio del gobierno, y muchas temen que éste pueda aprovechar para encarcelarlas.
Según Jiménez, está institucionalizada la misoginia en el Gobierno, la que se manifiesta en el momento en que manosean el cuerpo de las mujeres durante la aprensión policial, lo que constituye una amenaza contra la identidad física y sexual de las féminas. “No es que solo que te van a matar, sino que te van a violar”, señala.
Ver también: Martirio secreto: violaciones y abusos sexuales cometidos por policías y paramilitares en Nicaragua
Según Yamileth Torres, activista de la Red de Mujeres del Norte, en las zonas rurales el poner la denuncia de abuso físico o psicológico es más difícil por la cantidad de citas que les ponen a las víctimas que terminan desistiendo por la lejanía de las comisarías y el costo de viajar.
Además, señala Torres, hay desconfianza en las autoridades ya que sienten que la Policía no hará nada y en las comisarías no garantizan seguridad.
En una nota de prensa de la Policía Nacional, publicada el 13 de agosto de 2020, en Nicaragua se han reabierto 28 oficinas de la Comisaría de la Mujer y se habría recibido 9,880 denuncias. No especifican en qué periodo de tiempo.
Según Torres, uno de los problemas para interponer la denuncia es que casi siempre hay un funcionario nuevo atendiendo el caso, y las respuestas son a discrecionalidad de la persona que recibió la denuncia.
Represión contra las organizaciones
Jiménez, del MAM, resaltó que actualmente no hay condiciones para brindarle protección a las mujeres desde las organizaciones, y una de las consecuencias es que han desaparecido los albergues para quienes sufren de violencia, ya que no tienen recursos, aunque exista la infraestructura.
Las organizaciones que apoyan a las víctimas de violencia también han sufrido la represión, la que se evidencia en las restricciones para su legalidad en instancias como el Ministerio de Gobernación, que le retarda la entrega de documentos claves para su funcionamiento.
Ver también: Al margen de la realidad: el régimen de Nicaragua y su política contra la violencia hacia las mujeres
La situación en 2021 ha empeorado con la creación y aplicación de la actual Ley de Agentes Extranjeros, que condiciona y vigila el funcionamiento de estas organizaciones de la sociedad civil y los recursos para operar.
Según Jiménez, los organismos sociales están en su peor momento porque al no tener en regla su legalidad, no pueden optar a financiamiento externo. Sin embargo, señala que desde 2007, el gobierno de Ortega viene cerrado espacios de cooperación internacional a los programas de derechos humanos y la lucha contra la violencia.
Ver también: Violencia estatal en Nicaragua: la guerra abierta de Ortega-Murillo contra el feminismo
Inseguridad ciudadana
Así mismo la violencia política, agudizada en el país a raíz de las protestas antigubernamentales de abril de 2018, ha repercutido en la seguridad ciudadana debido a que el gobierno de Ortega fomentó el paramilitarismo para reprimir a sus manifestantes, dejando a ciudadanos armados, explicó Jiménez.
Puede interesarle: De líderes comunitarios a verdugos de sus vecinos
“Constantemente estamos viendo más asaltos en las calles, gente que te despoja de un celular, hasta de la vida”, expresó Jiménez.
Mucha de la inseguridad también está dada por delincuentes comunes que están saliendo de las cárceles sin pagar su condena, y esto también está repercutiendo en la vida de las mujeres, como por ejemplo el caso de Katherine Ninell López Martínez, a quien el exreo común Bryan Flores Chávez le quitó la vida el 10 de enero de este año.
Según registros periodísticos en base a notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional, desde enero de 2018 hasta julio del 2020, el Gobierno nicaragüense habría liberado más de 10 mil presos comunes, a través de la figura de «convivencia familiar».
De igual modo, la desaparición y el rapto de niñas y adolescentes preocupa a la población. Hasta enero de este año la Red del Norte ha registrado dos casos de desaparición y durante 2020 registraron 10 casos.
