* El modelo de las ZEDE establecido hace una década para atraer inversión extranjera, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de Honduras.
** Con su fallo retroactivo, la Corte abre la puerta a confiscaciones de facto, señala representante de ZEDE.
*** El Estado hondureño ya enfrenta demandas millonarias y podrían sumarse más.
Sharon Ardon / Expediente Público
Si cierran las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Honduras los inversionistas estarían dispuestos a demandar al Estado, afirmó a Expediente Público Jorge Colindres, secretario ejecutivo de Próspera.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucionales a las ZEDE el 20 de septiembre del 2024, aunque la ley que las soporta fue derogada desde 2022.
«Por mayoría de votos, declara la inconstitucionalidad del Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículo 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley Orgánica de las ZEDES, con efectos nulatorios por vulnerar artículos pétreos», resumió en redes sociales la Corte.
Esta nueva decisión, con carácter retroactivo, genera preocupación tanto en sectores políticos como económicos e incluso trabajadores.
Las ZEDE son criticadas por comprometer la soberanía nacional.
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Demandas de las ZEDE
Actualmente contra el Estado hondureño, el principal inversionista y dos firmas instaladas en Próspera ZEDE mantienen una demanda por más de 10,700 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Cabe recordar que el 25 de agosto de 2024, el gobierno de Honduras anunció su retiro de esta entidad sumándose a países como Venezuela que señalan que el organismo favorece a empresarios extranjeros.
No obstante, expertos en arbitraje advierten que, aunque Honduras se haya retirado de esta instancia internacional, aún puede enfrentar demandas internacionales.
Colindres afirmó que “al menos 10 empresas adicionales estarían iniciando demandas contra el Estado por la confiscación de sus inversiones”.
Reiteró que, la eliminación retroactiva de estas ZEDE, basándose en el derecho internacional de inversiones, significaría “la confiscación de inversiones privadas”, esto porque el “Estado estaría destruyendo su valor e imposibilitando su continuidad”.
El gobierno, sin embargo, niega que haya confiscaciones.
“No hay confiscación, que me digan que les han confiscado y podríamos conversar”, remarcó el comisionado presidencial encargado de la eliminación de las ZEDE, Fernando García.
García instó a que se interpongan reclamos con la Procuraduría General de la República (PGR), que es el representante legal del Estado ante un litigio internacional.
¿Qué son las ZEDE?
El Congreso Nacional de Honduras creó las ZEDE tras aprobar reformas constitucionales en enero de 2013.
El expresidente Juan Orlando Hernández, actualmente condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, impulsó la Ley Orgánica que dio vida a este régimen especial.
Presentaron estas zonas, con marcos regulatorios autónomos, como un motor de inversión y desarrollo económico.
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A lo largo de los años, se establecieron varias ZEDE en distintas zonas del país, como Próspera en Roatán (2017), Ciudad Morazán en Choloma (2018) y Orquídea en Choluteca (2021).
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Los que celebran
Venessa Cárdenas, vicepresidenta del patronato de la comunidad de Crawfish Rock brindó una entrevista a Expediente Público en la que aseguró que su comunidad apoya el cierre de la ZEDE aledaña.
Y aunque, Cárdenas todavía espera que esta acción anulatoria se publique en el Diario Oficial La Gaceta, considera que “para nosotros la ley ZEDE era lo peor que nos pudo haber pasado en la vida de la comunidad”.
Según Cárdenas, esta ley era nociva porque beneficiaba más a los inversionistas extranjeros que a los propios ciudadanos hondureños, lo definió como un “doble castigo” el hecho de que no pagaran impuestos siendo “gente rica y extranjera”.
Al respecto, el 14 de octubre, Ron Mcnab, alcalde municipal del municipio de Roatán en el departamento de Islas de la Bahía ordenó cerrar una de las extensiones de la ZEDE Próspera en el lugar debido a que mencionó que adeuda alrededor de 12 millones de lempiras (479 mil dólares) en impuestos.
¿Cómo afectará a las ZEDE el fallo retroactivo?
Uno de los puntos más polémicos de la decisión por parte de la CSJ es su carácter retroactivo.
Expediente Público entrevistó a Fernando García, comisionado presidencial encargado de la eliminación de las ZEDE, quien explicó que la nulidad de origen significa que estas nunca fueron legalmente válidas.
“La nulidad de origen es lo correcto para volver al Estado de Honduras, rescatar el Estado de Derecho, rescatar la juridicidad, rescatar la seguridad jurídica que es lo más importante”, expresó García.
Javier Briceño, abogado especializado en arbitraje, explicó a Expediente Público que una acción con efectos retroactivos puede perjudicar a quienes tienen derechos adquiridos.
Por lo tanto, advierte que debieron consultar tanto a los inversionistas como a los empleados.
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Pérdida de empleos
En contraste, el secretario ejecutivo de Próspera Jorge Colindres dijo a Expediente Público que “un fallo retroactivo como el de las ZEDE es nulo e inaplicable”, esto porque a su criterio, “excede las facultades que la constitución y las leyes reconocen a la Corte”.
Colindres advirtió que de eliminarse las ZEDE de forma retroactiva, la mayor parte de las 235 empresas que operan dentro de Próspera no podrán continuar operando. Esto “dado que su viabilidad depende enteramente de las normas internas de Próspera”, afirmó. Esas empresas impulsan proyectos de turismo, tecnología, medicina, entre otros.
Estima que de los 3,480 empleos actuales, se perderían 3,042, ya que dependen de inversiones sujetas al sistema legal vigente en la zona especial. «Son plazas laborales creadas por inversiones que dependen enteramente del sistema legal» vigente en la zona especial.
“En materia de empleos dejados de crear la situación es más dramática”, advirtió Colindres, detallando que el plan original de atracción de inversiones era de $500 millones de dólares, con los cuales se estimaba generar 10,000 empleos durante los primeros 5 años de operación.
¿Qué pasará con lo invertido?
Colindres pormenorizó a Expediente Público que si este régimen especial deja de existir legalmente “la sustancial mayoría del capital invertido se perdería”.
Únicamente quedarían los bienes físicos, los cuales “dramáticamente” perderían su valor.
“No es lo mismo operar negocios bajo uno de los regímenes especiales más competitivos del mundo como Próspera, que operarlo bajo el régimen ordinario de Honduras, calificado como uno de los menos competitivos y más difíciles para hacer negocios a nivel global”, concretó.
El abogado constitucionalista, Luis Romero dijo a Expediente Público que es necesario saber la resolución de los magistrados de la CSJ para conocer el alcance y “hasta donde van a llegar específicamente”.
Asimismo, Romero sostuvo que en este caso lo que corresponde es que las empresas se adapten a nuestra legislatura.
“Que busque un proceso de adaptación de estas empresas a la incorporación de los capitales en el Estado”, instó.
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Derecho de los inversionistas y empleados
Este tema genera preocupación no solo a nivel nacional, sino también internacional. Según el abogado Javier Briceño, este tipo de conflictos podría desencadenar demandas internacionales si no se gestionan adecuadamente.
“Si bien los Estados son soberanos, tienen la potestad de limitarse a sí mismos mediante tratados internacionales, por ejemplo, los de derechos humanos o los acuerdos de libre comercio”, explicó Briceño a Expediente Público.
Briceño enfatizó que Honduras ha firmado alrededor de 24 tratados de libre comercio, sin contar el de China. «Estos tratados no solo garantizan derechos a los connacionales, sino también a los extranjeros, incluyendo inversionistas y empresas internacionales», dijo.
De este modo, las empresas que operan dentro de las ZEDE podrían recurrir a mecanismos como el arbitraje internacional para proteger sus inversiones.
Briceño advirtió que, sin una estrategia sólida, el Estado podría enfrentar demandas comerciales y denuncias ante organismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
“Es crucial que el Estado disponga de todas las herramientas posibles para defenderse de manera sólida y evitar conflictos internacionales”, concluyó el experto.
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Minimizan pérdida de empleos
García, representante del gobierno, discrepa de la cifra de empleos reportada por Próspera ZEDE, argumentando falta de transparencia en los datos.
“Si las empresas y esa aberrante y pretendida figura de las ZEDE tuvieran fundamento en cuanto a la generación de empleos se refiere, ellos darían los datos concretos”, refirió.
Asimismo, se refirió a la reciente protesta de supuestos empleados de Próspera ZEDE frente a la Corte en Tegucigalpa, señalando que «solo fueron unas 26 personas y ni siquiera eran residentes de Roatán, sino avecindados”.
“Sí a las ZEDE”, “¡Respeto a nuestros derechos!” y “Queremos progreso, no retroceso” eran las consignas utilizadas por los empleados de las ZEDE durante la manifestación el 7 de octubre del 2024.
“Es normal que los empleados quieran defender su trabajo, tienen derecho a la protesta, lo que deben saber es que frente a todo derecho hay un deber y es respetar la Constitución y las leyes del país”, puntualizó García.
¿Se podrá llegar a un acuerdo?
García informó que el 9 de marzo de 2024 se reunió con empresarios de las ZEDE, solicitándoles información y propuestas para incorporarse a los regímenes fiscales, sin obtener respuesta.
“Ahora se les aproxima más la decisión en base a sus planes de negocios o de acogerse a eso regímenes especiales o de retirarse del país y vendrán otros inversionistas”, dijo.
El representante de la ZEDE afirmó que residentes, empleados e inversionistas están dispuestos a dialogar con el gobierno para llegar a un acuerdo.
No obstante, “la negociación no debe darse con una pistola sobre la mesa», señaló Colindres.
Agregó que eso significa que «en donde nos amenazan con someternos a las imposiciones ilegales del Gobierno o sufrir la pérdida de nuestras inversiones, empleos y proyectos empresariales en contravención a las garantías que nos otorga la Constitución y el derecho internacional”.
