* En una audiencia, clave en la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, diversos testigos destacaron la gravedad de la situación en Nicaragua.
** Los testimonios de participantes que compartieron perspectivas únicas y personales sobre la magnitud de la represión de Ortega y sus alcances.
Natalia López / Cobertura Especial
Expediente Público
La audiencia organizada por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) no solo expuso las graves violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino que también sirvió como plataforma para dar voz a quienes luchan por la democracia y los derechos humanos en Nicaragua.
Los testimonios del 16 de enero en la USTR en Washington DC, centraron la atención en las violaciones de derechos humanos, laborales y ambientales, en el marco de una investigación sobre el riesgo comercial que representa para los Estados Unidos la represión en Nicaragua .
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Chamorro: la amenaza a la seguridad de EE.UU.
Juan Sebastián Chamorro, opositor desterrado y expreso político, consideró la audiencia como un logro significativo, porque vuelve a visibilizar la gravedad de la crisis en Nicaragua.
Chamorro, economista que fue director ejecutivo de la clausurada Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el centro de pensamiento empresarial del país, manifestó que esta audiencia fue «una oportunidad para que las agencias federales de Estados Unidos conozcan las atrocidades del régimen”.
“Los inversores se enfrentan a la confiscación, los tribunales son armas de represión. Los impuestos sirven de extorsión (…) y se niega a los empresarios el derecho a organizarse”, dijo.
Chamorro destacó que las violaciones de derechos en Nicaragua no solo afectan a su pueblo, también representan una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU., particularmente, por la migración masiva inducida por el régimen.
Violación al DR Cafta para favorecer a China
Durante su testimonio, Chamorro denunció que el 15 de noviembre de 2024, el Director General de la Oficina de Compras del Ministerio de Hacienda emitió una regulación que obliga a todas las agencias estatales a «priorizar la contratación de servicios tecnológicos cuyo país de origen sea la República Popular China».
Sostuvo que esto era una violación tanto de la ley de adquisiciones nicaragüense y el tratado de libre comercio con EE. UU. que garantiza la libre competitividad.
Además, «faltan condiciones que fomenten un entorno favorable para los inversionistas, las organizaciones de empleadores, los trabajadores y los nicaragüenses en general».
Por eso, reclamó que es «inconsistente mantener una relación comercial privilegiada con un régimen que viola de manera constante los derechos más fundamentales».
Según Chamorro, las sanciones comerciales podrían ser una herramienta efectiva para presionar al régimen de Ortega y Murillo.
Por eso, instó a la comunidad internacional a entender que el problema es estructural y requiere una combinación de esfuerzos diplomáticos y económicos.
En contexto: Demuestran violaciones comerciales del régimen de Ortega en audiencia en EE. UU.
Appleton: redefiniendo el comercio como herramienta de derechos humanos
Barry Appleton, abogado de Appleton & Associates International Lawyers LP., explicó cómo empresas estadounidenses como Riverside Coffee, a la que representó en la audiencia, sufrieron la ausencia del Estado de derecho en Nicaragua.
“Perdimos empleos, inversiones y décadas de esfuerzo”, declaró.
Enfatizó que los efectos de las políticas del régimen de Ortega no solo devastan a las comunidades locales, sino también, afectan la confianza en los negocios internacionales.
Alfred, defensora de los pueblos indígenas
Anexa Alfred, representante de la organización Derechos de los Pueblos Indígenas, es fundadora de la plataforma de pueblos indígenas y afrodescendiente y miembro de la gran confederación opositora de Nicaragua nicaragüense.
En su testimonio resaltó el impacto devastador que el régimen ha tenido sobre las comunidades más vulnerables de Nicaragua.
“Lo que vivimos hoy en Nicaragua es un genocidio hacia los pueblos indígenas. Se busca el control absoluto¨.
Alfred también subrayó que la audiencia representa un paso vital para visibilizar la situación de las comunidades indígenas.
Según ella, los gobiernos internacionales deben tomar medidas urgentes para detener la violencia sistémica y apoyar el retorno de la democracia.
“Reconstruir Nicaragua requerirá un arduo trabajo, pero estamos comprometidos a recuperar nuestra libertad y derechos”, afirmó optimista.
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Martínez: Las expectativas de un cambio
Julio Martínez, quien representó al centro de pensamiento centroamericano Expediente Abierto, a Fundación del Río y la Patrol Campaign, explicó el papel de la investigación en curso.
“Esta es una oportunidad para que los consumidores y el gobierno no contribuyan a las violaciones de derechos en Nicaragua”, dijo.
Según Martínez, la audiencia mostró un gran interés por parte de los representantes estadounidenses, quienes realizaron preguntas específicas y demostraron un profundo compromiso con el tema.
Aunque el proceso podría tomar meses, Martínez confía en que estas acciones contribuirán a reducir las violaciones de derechos humanos y la degradación ambiental en Nicaragua.
En contexto: Empresas chinas en Nicaragua se blindan ante sanciones contra el régimen Ortega-Murillo
Maradiaga: contradicciones del libre comercio
Félix Maradiaga, expreso político y desterrado, acudió a la audiencia como oyente y al concluir, comentó a Expediente Público que “es contradictorio que el régimen de Ortega se beneficie de un esquema de libre comercio mientras destruye derechos humanos y laborales”.
Maradiaga explicó que la violencia sistémica en Nicaragua afecta directamente a periodistas, sindicalistas y comunidades indígenas.
Según opositor y aspirante presidencial en 2021, las políticas actuales perpetúan un comercio desleal con China, caracterizado por prácticas extractivistas y violaciones ambientales.
Instó a Estados Unidos a revisar el tratado de libre comercio con Nicaragua, priorizando acciones que pongan fin a las ventajas otorgadas al régimen.
