El 9 de mayo de 2018, Roxanna Hernández ingresó a Estados Unidos con la caravana de emigrantes centroamericanos que atravesó México. El 13 de mayo fue detenida por agentes migratorios y cuatro días después fue hospitalizada «con neumonía, deshidratación y complicaciones asociadas al VIH». La semana siguiente, Roxanna, de 33 años, falleció por un paro cardíaco.
Su muerte causó la indignación de algunas organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, de ciertos medios nacionales y el silencio por parte de las autoridades de Honduras. De acuerdo a las asociaciones solidarias con los emigrantes, Roxanna había salido de Honduras para huir de la violencia, la discriminación, el estigma, la pobreza y el riesgo que sufría como mujer trans. Aquel era su cuarto intento.
De acuerdo con los registros de la organización Cozumel Trans, en los últimos ocho años aproximadamente unas 250 personas de la comunidad de la diversidad sexual recibieron asilo en el extranjero, cientos de otras lo solicitaron sin éxito. El caso de Roxanna no es una excepción, solamente en la caravana de mayo, se estima que viajaron unas 25 mujeres trans. Un éxodo masivo si se toma en cuenta su demografía, la que se estima ronda entre las 2,500 y 5,000 personas a nivel nacional.
Encuesta
Para ahondar en las condiciones sociales, económicas y políticas que enfrenta esta población, en junio del presente año se encuestó a 46 mujeres trans de la zona norte del país, la mayoría residente en La Ceiba y San Pedro Sula. El sondeo de opinión se realizó en el marco de dos talleres que llevó a cabo Expediente Abierto -con el apoyo del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL)-, para validar el reporte «Comunidad Trans en Honduras: una lucha constante por vivir», próximo a publicarse en este portal.
Las respuestas esbozan el perfil de una comunidad que hace malabares entre las urgencias y los retos para vivir con dignidad en Honduras, el cual fue señalado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), como el país con el promedio más alto de asesinatos a trans en el mundo desde el 2008 al 2015. Según sus reportes, en ese período se cometieron 82 homicidios transfóbicos, alcanzando una tasa de 9.9 crímenes por cada millón de habitantes. Para dimensionar estas cifras, durante esos siete años, en Nicaragua fueron asesinadas cinco personas trans.
En su último boletín especial sobre la violencia cometida en contra de la diversidad sexual, que recoge los casos ocurridos entre el 2011 y el 2014, el Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH), detalló que hubo 199 asesinatos, de los cuales el 32.8% fue contra personas trans. Del total de las víctimas, el 70.5% tenía entre 15 y 34 años de edad.
Recientemente un informe realizado por el Ministerio Público de Argentina, detalló que la esperanza de vida de las personas trans en ese país, no supera los 40 años de edad. A nivel nacional no se cuenta con una investigación similar, pero los indicadores existentes sugieren algunos cálculos. Con 35 millones menos de habitantes, entre el 2008 y el 2015, en Honduras se cometieron 34 más asesinatos de trans que en Argentina. Estas cifras suponen que la esperanza de vida de esta comunidad probablemente se encuentre por debajo de la media nacional, que es de 73.8 años.
Las respuestas esbozan el perfil de una comunidad que hace malabares entre las urgencias y los retos para vivir con dignidad en Honduras, el cual fue señalado por el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM, por sus siglas en inglés), como el país con el promedio más alto de asesinatos a trans en el mundo desde el 2008 al 2015.
La comunidad LGBTI se desarrolla en un entorno donde la discriminación parece ser la norma. Tanto a nivel político como societal. De acuerdo al estudio sobre Actitudes Sociales, realizado por la organización estadounidense Pew Research Center, el 83% de la población hondureña se opone a las bodas entre personas del mismo sexo y un 88% considera la homosexualidad como un comportamiento inmoral. Ambos porcentajes encabezan la lista a nivel latinoamericano.
Víctimas de la marginación
Como respuesta a la agresividad del contexto, las Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (LGBTI) llevan más de tres décadas organizando sus filas. Surgido en 2001, el Colectivo Unidad Color Rosa fue una de las primeras organizaciones trans de la zona norte que abordó los temas de salud, prevención de la violencia y el respeto de los derechos humanos de este grupo, considerado el más visible -por ende, el más vulnerable- dentro de la comunidad LGBTI.
Billy Lagos, representante de ese colectivo, puntualizó a Expediente Público, que la falta de acceso a la salud, a un trabajo digno, el bajo nivel de escolaridad, así como las dificultades que tienen para acceder a la justicia, son las principales causas de la marginación de la que es víctima la población trans en Honduras.
De acuerdo con los registros de la organización Cozumel Trans, en los últimos ocho años aproximadamente unas 250 personas de la comunidad de la diversidad sexual recibieron asilo en el extranjero, cientos de otras lo solicitaron sin éxito.
Según Lagos, la falta de acceso a la educación es un tema prioritario para mejorar sus condiciones, «a medida que aseguremos que puedan acceder libremente y sin discriminación a los diferentes niveles académicos, la situación económica de ellas y ellos mejorará, porque la mayoría vive sumida en los riesgos de la pobreza», explica. Para las organizaciones, las carencias educativas limitan el cumplimiento de los derechos económicos de esta población.
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De las 46 mujeres trans consultadas por esta revista, el 65% no concluyó el bachillerato y solo el 13% logró llegar a la educación superior. Como agravante a la falta de acceso educativo, la discriminación en el mercado laboral es otra denuncia constante. La situación es palpable, prácticamente cada testimonio habla de de un sistema laboral que cierra sus puertas a quien no se rige bajo la heteronormatividad. El caso de Michelle, de 20 años de edad, residente en La Ceiba, es una muestra.
Cuando el refugio es la calle
Michelle trabaja en el comercio sexual desde que tenía 17 años. Con tres años de experiencia en las calles, esa ha sido su única vía para ingresar dinero, «soy trabajadora sexual, pero no lo voy a ser por siempre. Intenté buscar otros empleos, pero me aburrí de tanto buscarlos. Recuerdo que metí papeles en una tienda de venta de ropa, pero la encargada me dijo ”no te podemos contratar, porque a los clientes no les gusta los culeros”. Eso me bajó la moral. En otros lugares, me pasó lo mismo. No me quedó otro medio que el comercio sexual», comentó una semana antes de emprender su segundo intento como emigrante a Estados Unidos, un viaje que intentaría sin despedidas y con apenas dos mil lempiras ahorrados.
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Esta joven forma parte del 52% de las encuestadas que contestaron trabajar de forma permanente o temporal en el comercio sexual. Indistintamente de sus niveles educativos, las trans afirmaron que las calles, lejos de ser espacios libres de violencia, son prácticamente el único trabajo al que pueden acceder con su identidad. Tal es el caso de Nataly, quien a sus 46 años, es licenciada en Periodismo, pero desde los 18 años trabaja en una esquina de San Pedro Sula.
De las 46 mujeres trans consultadas por esta revista, el 65% no concluyó el bachillerato y solo el 6% logró llegar a la educación superior; ambas cifras son inferiores al promedio nacional, que es del 70% de cobertura en el nivel medio y 13% en el universitario.
«Mientras tenga voluntad y capacidad seguiré en esto, ya que es mi principal fuente de ingresos. Como periodista trabajé en medios impresos, radiales y televisivos, pero sufrí mucho acoso, los jefes me pedían acostarme con ellos para elevar mi puesto. Por eso abandoné el periodismo, no era la carrera adecuada para mí», explica Nataly, quien en 1996 fue la única trans que se graduó en la UNAH del Valle de Sula (UNAH-VS).
Ser universitaria fue una travesía para ella, «durante la carrera fue difícil, hubo profesores que me decían “tú te cansas de matricularte y yo de aplazarte”. La experiencia fue desagradable, en aquel entonces solo habíamos tres trans estudiando en la universidad. Todas recibíamos maltrato físico y psicológico por parte de los estudiantes, quienes me golpeaban y en varias ocasiones me agarraron a pedradas. Terminar mi carrera fue una meta para demostrar la capacidad que tenemos las trans en Honduras», relata.
Nataly hace unos meses regresó de España, donde estuvo asilada dos años después de haber sido testigo del crimen de una trans con la que compartía calle, un asesinato que asegura -con la propiedad de una comunicadora-, que fue de odio. A pesar de su compromiso ante la fiscalía, se trata de un expediente sin resolver.
Según el ONV-UNAH, en 2014, el 70.6% de los homicidios en contra de la diversidad sexual se encontraban en proceso de investigación por la Unidad de Crímenes de Odio de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida, el 16.8% había sido judicializado y el 9.2% fue sentenciado. No hay datos más recientes.
El costo de ser uno mismo
Manifestar públicamente sus expresiones de género significa un giro en sus vidas, algunas lo describen como un segundo nacimiento. El 87% de las encuestadas relató haber asumido su identidad cuando tenían entre 10 y 21 años de edad, una decisión que tras el rechazo de sus familias, orilló al 46% a abandonar sus hogares.
«Cuando mi familia descubrió mi orientación sexual, fue muy fuerte. Yo tenía 15 años y mi mamá me metió a un colegio evangélico, con la idea de que me cambiaran la identidad. Ahí pretendieron “exorcizarme y sacarme el demonio de la homosexualidad que traía adentro”. Pero esto es propio mío, desde que tengo uso de razón he querido verme así. No quiero comportarme como la sociedad me dice que debo hacerlo», declara Ana, una joven ceibeña de 23 años, quien en los últimos cuatro años trabajó en el comercio sexual, hasta que en 2017 le detectaron ser portadora del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).
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En el Colegio Bethel, que es propiedad de «Los Hermanos Unidos en Cristo» (HUC), a Ana le obligaron todas las semanas a escribir infinidad de veces el versículo Corintios 6:9, el cual expresa que ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. «Llené cuadernos enteros escribiendo ese pasaje bíblico, me lo sé de memoria», comenta Ana, quien empezó a inyectarse hormonas desde los 17 años.
El rechazo que enfrentó Ana en su hogar y en el centro educativo es la situación más frecuente en la vida de estas mujeres. De las 46 consultadas, el 70% obtuvo «ningún o algo» de apoyo por parte de su círculo familiar. El respaldo generalmente provino de amistades o de vecinos (mencionados por el 57% de las encuestadas) o de la comunidad de la diversidad sexual (el 33%). Las entrevistadas opinaron que es común que los círculos cercanos les acepten homosexuales, pero no trans.
Según el ONV-UNAH, en 2014, el 70.6% de los homicidios en contra de la diversidad sexual se encontraban en proceso de investigación.
En ciertas ocasiones, el rechazo de las familias alcanza el delito. Es el caso de Catalina, una chica de 21 años que vive en La Ceiba, quien denunció a su padre por intento de homicidio. «Hace cinco años mi papá me sacó un arma y me la puso en la cabeza, amenazándome que me iba a matar porque se había dado cuenta que me gustaban los hombres. Yo lo denuncié ante la fiscalía, quienes le pusieron una orden de alejamiento y una denuncia por agresión e intento de homicidio», relata Catalina, quien actualmente prepara su segundo viaje migratorio hacia Estados Unidos.
Hay también otros comportamientos familiares, como el entorno de Ruth, quien a sus 21 años recibe el respaldo de su círculo más cercano. «Para mi mamá el tema de mi identidad no es un tabú, de hecho ella me apoya para que el próximo año inicie mi carrera de Relaciones Públicas en la UNAH. El apoyo familiar es lo más importante que podemos tener como personas trans», expresa la joven, quien trabaja como voluntaria en el Colectivo Unidad Color Rosa en la sensibilización de los familiares.
Experiencias como la de Gabriela, una chica de Santa Bárbara, son también excepcionales de acuerdo a los resultados generales de la encuesta, «en mi casa todos me llaman por mi nombre asumido, de hecho hasta mi madre me quiere ayudar a pagar las hormonas. Mi papá también es comprensivo», comenta esta joven de 23 años, quien trabaja en un salón de belleza de su pueblo.
¿Cómo enfrentar la violencia?
Manifestar las expresiones de género en sus hogares es un riesgo que se extiende aún más afuera de ellas. De acuerdo al ONV-UNAH, de los delitos cometidos entre el 2011 y el 2014, el 57.9% de los casos se cometieron en la vía pública.
Cuando se les consulta por sus entornos, las percepciones son prácticamente homogéneas. De las encuestadas, el 78% expresó sentirse «poco o insegura» en los espacios públicos, el 26% contestó sentirse segura en su barrio o colonia, el 52% dijo sentirse muy segura en sus propias casas y el 41% comentó sentirse «poco o insegura» en sus lugares de trabajo. Este último indicador se observa con mayor prevalencia cuando son trabajadoras del sexo.
«En enero de 2017 un hombre me citó a la playa, lo conocí y nos tomamos un jugo, luego nos fuimos al motel. Estando en la habitación, él se fue al baño y regresó con un arma y me la puso en la cabeza. Después entraron otros dos hombres, armados y encapuchados. Entre los tres me violaron. Fue muy duro para mí. Solo recuerdo que repetían mi nombre legal. Eso me atemorizó más, porque eran personas que me conocían desde antes. Llegué a mi casa, llorando. No quería ni salir. Pero la necesidad le obliga a una a continuar», expresa Norma, de 22 años, quien sin el conocimiento de sus familiares, trabaja como trabajadora sexual en La Ceiba. Esa no era la primera ni la última agresión que ha sufrido por parte de algunos clientes.
Experiencias similares a la de Norma son recurrentes dentro de la comunidad. El 89% de las encuestadas contestó haber sido víctima de algún tipo de agresión, de las cuales el 67% fue agredida en los últimos seis meses. El 12% respondió haber sufrido violencia sexual, el 39% sicológica, el 16% física y un 11% comentó haber enfrentado todos estos tipos de violencia.
Manifestar las expresiones de género en sus hogares es un riesgo que se extiende aún más fuera de ellas. De acuerdo al ONV-UNAH, de los delitos cometidos entre el 2011 y el 2014, el 57.9% de los casos se cometieron en la vía pública.
A Raisa, quien trabaja como trabajadora sexual en el municipio de El Porvenir, la secuestraron hace dos años. Unos pandilleros la metieron a un vehículo y le vendaron los ojos hasta llevarla a una casa abandonada, donde la tuvieron durante dos días, «me decían que me iban a matar por ser trans. Yo solo recuerdo que me golpeaban y entre ocho mareros me violaron. Luego me tiraron a un matorral. Puse la denuncia, pero la Policía no le dio seguimiento», explica Raisa, quien después de ese suceso dejó el comercio sexual para dedicarse a atender una pulpería que montó junto a su madre.
¿Denunciar o no denunciar?
Las zonas donde ejercen el comercio sexual generalmente son controladas por las pandillas. Georgina, una trans de 33 años de edad quien ha trabajado desde los 16 años en una esquina de San Pedro Sula, prefiere no hablar sobre las maras, por seguridad, «es mejor no referirse a eso, ya que ellos muchas veces nos obligan a vender sus drogas, y si no lo hacemos nos amenazan con matarnos», expresa antes de cambiar el tema.
Los testimonios también incluyen casos donde los pandilleros las obligan a ingerir drogas –por cierto, según la encuesta, el 45% de las mujeres trans había consumido marihuana o cocaína en los últimos seis meses- o son víctimas de extorsión, como sucedió con Margarita, quien manejaba un salón de belleza en la colonia Suyapa de La Ceiba.
«Mi zona está dominada por la Mara 18 y por un grupo al que llaman Los Pumas. Es complicado sobrevivir ahí, se tiene que estar a la defensiva con ellos. Hace unos meses me pidieron cinco mil lempiras mensuales como impuesto de guerra, yo les dije que no podía pagarles y puse una denuncia ante los grupos antiextorsión. Pero como no me dieron protección, me tuve que ir varios meses a México, regresé la semana pasada», comenta.
Margarita ingresaba aproximadamente unos 12 mil lempiras mensuales con su negocio, de los cuales pagaba 2,500 de renta y unos mil lempiras por el servicio de luz. El cobro que le exigían era desproporcionado para su economía. Hace un año asesinaron a su tía porque no pudo pagar lo requerido. «Si pago una cosa, no pago la otra. Y si no les pago, me pueden matar. Por eso pienso emigrar de nuevo, el problema es que el trayecto también es peligroso», explica.
De las encuestadas, el 43% ha presentado alguna denuncia por violencia ante las autoridades. El 30% decidió no denunciar la agresión y el 26% respondió no haberlo hecho, porque no ha sido violentada.
El 89% de las encuestadas contestó haber sido víctima de algún tipo de agresión, de las cuales el 67% fue agredida en los últimos seis meses.
Norma se encuentra dentro de las tres de cada 10 trans que sufrieron agresiones, pero que decidieron no denunciar. Después que tres hombres abusaron de ella sexualmente en enero de 2017, Norma no denunció porque desconfía de las autoridad públicas, «no dije nada porque meses antes de la violación, me detuvieron en una posta policial y el encargado me dijo que me soltarían “cuando Mario les ordenara”. Mario es el jefe de la pandilla de mi barrio. Eso demuestra que los policías le tienen miedo a los criminales. Por eso decidí quedarme callada, de nada sirve ir a poner una denuncia, más me voy a exponer», argumenta.
Como Norma, el 24% de las mujeres trans que no denunciaron las agresiones, desconfían de las autoridades; el 19% respondió que no lo hizo por temor, el 5% porque las autoridades fueron sus agresores, y el 5% por falta de pruebas.
De las cuatro de cada 10 mujeres que sí presentaron una denuncia por agresiones, el 36% lo hizo ante la Policía, igual porcentaje ante la Fiscalía, un 18% acudió al Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y un 11% pidió apoyo a organizaciones que otorgan asesoría y acompañamiento legal.
Respuesta estatal
En materia institucional, existen dos instancias receptoras y especializadas para atender las denuncias que presentan los integrantes de la comunidad LGBTI: la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio Público (MP), y la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual del Conadeh.
Según el informe «Denuncias Recibidas en Relación a la Comunidad LGBTI», del 2008 a noviembre de 2017, el poder judicial registró 241 casos relacionados con la diversidad sexual. Por su parte, los asesinatos en contra de las personas LGBTI son investigados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida.
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En 2018, la fiscalía tiene 167 casos activos a su cargo, y se estima que anualmente recibe entre 65 y 75 denuncias de la comunidad LGBTI, en su mayoría provenientes de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, donde ocurre el 90.5% de los homicidios en contra de esta población. Cindy González, fiscal de Instrucción en esta unidad, explicó que las principales denuncias que reciben son por amenazas y discriminación, pero aclaró que no todos los casos se presentan a los juzgados, debido a la falta de pruebas y evidencias.
El 24% de las mujeres trans que no denunciaron las agresiones, desconfían de las autoridades; el 19% respondió que no lo hizo por temor, el 5% porque las autoridades fueron sus agresores, y el 5% por falta de pruebas.
Por su parte, el Conadeh registra las denuncias de la comunidad LGBTI desde el 2013. Hasta junio de 2017, última fecha de corte de información, se documentaron 207 denuncias, la mayoría referentes a actos de violencia física y sexual, también a actos de discriminación en centros laborales.
De las mujeres trans que sí han presentado en alguna ocasión una denuncia, el 45% contestó que la respuesta de las autoridades fue eficiente, el 50% lo calificó como ineficiente y un 5% expresó que no hubo ninguna respuesta. De acuerdo al ONV-UNAH, en 2014 la mora judicial para los homicidios contra la comunidad, incluía el 75% de los casos.
Agresores
A pesar de los riesgos que enfrentan al vivir o trabajar en entornos controlados por las pandillas, las encuestadas no incluyeron a estos grupos criminales dentro de sus cinco agresores principales.
Con un 16% de las respuestas, las entrevistadas consideraron que las iglesias son sus agresores principales. Por debajo de los centros religiosos, el 14% mencionó a la Policía, el 11% a la misma comunidad trans, el 10% a la Policía Militar y un 8% se refirió a los funcionarios públicos.
El padre de Shantall es pastor en la Iglesia Sala Evangélica de la colonia Guerrero en La Ceiba. Cuando ella lo visita debe esconderse para que ningún vecino la observe junto a su progenitor, «tengo que llegar en un taxi, con los vidrios arriba para que nadie me vea en la colonia, al entrar a la casa cierran las cortinas y no puedo salir. Si a él lo vieran conmigo tendrían problemas en su iglesia. Yo antes iba a las oraciones, pero con mi expresión de género no me dejarían ni pasar la puerta», comenta.
De las mujeres trans que sí han presentado en alguna ocasión una denuncia, el 45% contestó que la respuesta de las autoridades fue eficiente, el 50% lo calificó como ineficiente y un 5% expresó que no hubo ninguna respuesta.
Shantall ni las demás mujeres olvidan el 2004, cuando una articulación de iglesias católicas y evangélicas lograron que el Estado reformara los artículos 112 y 116 de la Constitución, con lo cual dejaron en firme la prohibición del matrimonio igualitario, la adopción de menores por parte de parejas homosexuales y la invalidez del reconocimiento de matrimonios o uniones de hecho entre personas del mismo sexo, celebrados bajo las leyes de otros países. Todo ello como reacción porque meses antes se les había otorgado las primeras personerías jurídicas a tres organizaciones LGBTI.
La homosexualidad en Honduras se despenalizó desde la constitución liberal de 1899, pero para las organizaciones de la comunidad LGTBI, después de 119 años, se ha avanzado poco en el establecimiento de un marco jurídico que adopte medidas necesarias para prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación, explotación y discriminación ejercida contra los grupos de la diversidad sexual.
«De hecho hemos retrocedido en algunas cuestiones, por ejemplo se ha fortalecido el conservadurismo religioso y su influencia en un Estado que poco o nada defiende su laicismo; por otra parte, no vemos avances en el acceso a la justicia frente a los crímenes de odio, y tampoco nos reconocen legalmente nuestras identidades asumidas», comenta Rihanna Ferrera, coordinadora de la Red Cozumel Trans y excandidata al Congreso Nacional (CN) en las pasadas elecciones generales.
También hay grupos religiosos que les apoyan, como la Iglesia Unida de Cristo, dirigida en Carolina del Norte por el pastor hondureño David Mateo, quien les asiste con obras y donaciones sociales. «Cualquiera otra iglesia se horrorizaría con este apoyo, ya que nos regalan hasta condones y lubricantes. En Honduras también encontramos espacios espirituales, nosotras vamos a una iglesia incluyente que predica la biblia para volver más evolutiva a la sociedad. La pastora hace una deconstrucción de los textos religiosos, con lecturas menos patriarcales, donde la diversidad es la normalidad. En nuestro culto las personas son aceptadas sin distinción alguna», explicó Abraham Banegas, administrador de Cozumel Trans.
¿Qué voy a hacer?
Actualmente las organizaciones trabajan conjuntamente en la discusión de una Ley Antidiscriminación, y este año presentarán al CN el anteproyecto de la Ley de Identidad de Género, la cual les permitiría el cambio del nombre y sexo en sus documentos identificatorios.
Para impulsar la iniciativa tienen el respaldo de la Defensoría de las Personas de la Diversidad Sexual del Conadeh y de otras organizaciones de la sociedad civil, pero ellas están conscientes que enfrentarán oposiciones conservadoras que no solo obstaculizan estas propuestas, sino que aprovechan las coyunturas para anular o derogar otros derechos de la comunidad.
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El trabajo de las organizaciones trans tiene el respaldo de la mayoría de su comunidad. «Estábamos cansadas que la población gay nos representara y se apoderara de nuestros espacios. Hemos decidido que los espacios de trans deben ser representados por trans, no ocupamos sombrillas», comenta Alysson Hernández, educadora del Colectivo Unidad Color Rosa, una organización que en 2014 obtuvo su personería jurídica, lo que les permite recibir más apoyo por parte de la cooperación internacional.
De acuerdo a la encuesta, el 45% calificó como «muy buenas» las labores que realizan las organizaciones en torno al acceso a la salud, educación, justicia y seguridad; el 28% lo considera «bueno» y el 13%, regular. Hay algunos temas, como el fomento al empleo o el emprendedurismo, donde las trans exigen mayor atención a sus organizaciones, ya que el 32% califica como «regular o insuficiente» lo que se realiza.
Como todo espacio ganado por esta comunidad, el proceso organizativo es un desafío riesgoso. «Los vamos a matar por culeros», fue el mensaje que apareció pintado en el muro de la Organización Pro Unión Ceibeña (OPROUC), cuando en el año 2000 abrió sus puertas para combatir el VIH y la violencia en contra de las mujeres trans en esa ciudad del norte. Aquella no era una amenaza espuria. Desde hace siete años tres de sus directoras viven asiladas en España, después de haber recibido múltiples intimidaciones transfóbicas.
«A pesar de todas las adversidades, siento que la homofobia y la transfobia se reducen paulatinamente, antes yo pasaba por el mercado y me tiraban tomates podridos, ahora lo más frecuente son los piropos», comentó Rihanna Ferrera, quien recibió 15,600 votos como candidata legislativa en las elecciones de 2017.
Las opiniones son diversas, cada una percibe la realidad de acuerdo a sus experiencias. Cuando se le consulta a Georgina, de 33 años, sobre sus metas personales, suspira, «yo ya estoy más adulta, ahora trabajo en el comercio sexual, pero sé que en las calles hay mucho peligro. Por eso me quiero ir a Estados Unidos o a Canadá», responde.
Georgina conocía a Roxanna Hernández, la trans que murió al ingresar a Estados Unidos como parte de la caravana de emigrantes. Personalmente conoce los riesgos que significa emigrar, «fui deportada en dos ocasiones, el camino es una aventura, se aguanta hambre, se duerme en la calle. Lo que nos hace emigrar es la pobreza y la inseguridad. Ya no podemos estar paradas en una esquina, ahí hay demasiadas amenazas y afuera de eso no puedo acceder a un trabajo digno. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga 45 años? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir?», se pregunta. Por ahora no encuentra otra respuesta que volver a salir del país.
