* Expertos consultados por Expediente Público analizan los desaciertos en Honduras medidas adoptadas en contra de las pandillas, siendo un alto riesgo en que el crimen organizado siga organizándose.
** La operación “Fe y Esperanza” dirigida por las Fuerzas Armadas está teniendo resultados, pero existe desconfianza en la población por el historial de violaciones de derechos humanos de los militares.
Expediente Público
Decenas de reclusos supuestos miembros de la pandilla Barrio 18 fueron exhibidos ante medios de comunicación nacionales en el suelo, sin camisa, con la vista hacia abajo y con las manos sobre la cabeza el 26 de junio del 2023 en el módulo de mediana seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, a unos 15 kilómetros al norte de Tegucigalpa, capital de Honduras.
Aunque los presos de Támara fueron las primeras fotos que circularon sobre las acciones, ese día también fue intervenido bajo la operación “Fe y Esperanza” el centro penitenciario conocido como “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso; y la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), lugar donde ocurrió una de las mayores tragedias carcelarias del país centroamericano que dejó como resultado la muerte de 46 mujeres.
La Policía Militar del Orden Público (PMOP) volvió a tener el control de las cárceles del país centroamericano y las medidas que está adoptando son una copia del modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
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Pandillas fuerzan medidas
Carlos Barrachina, profesor investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, es del criterio que replicar el modelo Bukele es “un golpe desesperado» del Gobierno de Xiomara Castro, pero demuestra que «no tiene ni idea de lo qué hacer y trata de una forma muy torpe de ganarse el favor de la gente» que reclama solución al tema de las pandillas en Honduras.
“En lugar de poner políticas diferentes, se dedican a repetir y a decir que así lo van a arreglar y la verdad es que, gritando, levantando la voz no se arreglan las cosas, se arreglan pensando y buscando consensos en la sociedad”, evidenció Barrachina a Expediente Público.
Hasta el momento en Honduras no hay una política de seguridad para solucionar los problemas de las cárceles por parte del Gobierno, lo que hay son acciones coyunturales de emergencia reactivas ante los diferentes hechos ocurridos como el Plan de Seguridad Solución Contra el Crimen y el Plan de Intervención de los Centros Penitenciarios.
Gobierno de Honduras copia y pega receta
Expediente Público entrevistó al periodista salvadoreño Roberto Valencia y autor de los libros “Carta desde Zacatraz” y “Made in El Salvador” sobre la copia de Honduras al modelo Bukele.
“Suele ser un tema que suele generar votos y simpatías, golpear a las pandillas por el daño que hacen está a la sociedad salvadoreña. Desde entonces, yo he visto pandilleros maltratados delante de las cámaras para aparentar cierto poder del Estado y cierto escarmiento que se les está dando y decomisos”, ejemplificó.
Valencia subrayó que si “no son firmes las medidas (de Castro) y se está apostando más al show o si no se tiene convivencia de otros poderes del Estado incluso de la sociedad en su conjunto, esto va a ser una “llamarada de tusa”, algo pasajero y luego todo se va a reorganizar y las pandillas van a seguir haciendo lo que estaban haciendo”.
Por el contrario, si el Gobierno es real en la disposición de desmantelar o de golpear estas estructuras se debe estar preparado para adoptar medidas ante el eventual «incremento en la violencia homicida» en Honduras «porque las pandillas si ven amenazado su control y sus fuentes de financiamiento, van a reaccionar”.
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Cárceles bajo control de militares
No es primera vez que los militares tienen el control de las cárceles. Del 2019 a inicios del 2022 se encargaron de administrar el sistema carcelario. Sin embargo, cumpliendo la promesa de campaña de desmilitarizar Honduras, Castro dio ese papel a la Policía Nacional.
Ahora, por los diferentes problemas ocurridos en las últimas semanas con las pandillas la mandataria decidió que la PMOP tomara el control nuevamente por un año mientras se envían a capacitar 2,000 custodios.
Drogas, armas, dinero, teléfonos, granadas, municiones y artículos de uso prohibido valorado en ocho millones de dólares ha sido parte de lo decomisado a las pandillas en los centros penitenciarios de Ilama Bárbara, denominado como “El Pozo”; Moroceli, El Paraíso La Tolva; Támara, El Porvenir “Siria” y la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Una fuente penitenciaria, quien decidió omitir su nombre, declaró a Expediente Público que “ellos (la PMOP) dejaron minadas las cárceles porque ¿quiénes tienen granadas de esas (de las decomisadas)?, esa una gran pregunta”.
“No sé ahorita con qué intenciones van, si van con la mejor lo felicito, pero se ven las acciones porque les están decomisando armas a ambas estructuras (Barrio 18 y MS-13)”, expresó.
Que las Fuerzas Armadas estén al frente del sistema carcelario es algo que va en contra de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que en su artículo 37.1 establece que las autoridades de carácter civil son las que deben ocupar cargos dentro de la administración carcelaria.
Agrega ese artículo que “no puede ingresar a la Carrera de Personal del Sistema Penitenciario Nacional, quien se encuentre activo o de alta en el servicio de carrera militar o policial”.
¿Cómo estalló el problema en las cárceles?
La problemática en las cárceles es heredada de gobiernos anteriores.
El hacinamiento, las condiciones insalubres e inhumanas, los autogobiernos, los obstáculos y retrasos en el acceso a la justicia, la deficiente infraestructura, las medidas ineficientes para promover una reinserción social, los pagos precarios a policías penitenciarios y el poco recurso humano son solo la punta del iceberg que Expediente Público ha revelado en otras investigaciones.
A diferencia de otros gobiernos, Castro aplicó un Estado de Excepción en diciembre del 2022, que fue renovado por quinta vez por 45 días más el 5 de julio del 2023.
Según el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP- CONAPREV) hasta abril del 2023, 6,413 presos representaban sobrepoblación en los centros penitenciarios.
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Enfrentamiento de pandillas
Los constantes enfrentamientos en las cárceles entre la pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) comenzaron el sábado 8 de abril del 2023.
Hasta el momento es desconocido si el hecho fue o no planeado por los pandilleros, pero lo cierto es que ocurrieron simultáneamente enfrentamientos en Támara; en “La Tolva”; en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocida como «El Pozo I”; y en el Centro Penitenciario de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán. El saldo fue un supuesto pandillero muerto y 12 heridos.
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Junta interventora
Debido a la constante lucha de territorios de las maras en las cárceles, el viernes 12 de mayo de 2023 la presidenta Xiomara Castro puso al frente a Julissa Villanueva de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario. También eran integrantes Mario Chinchilla, exfiscal contra el crimen organizado y la excomisionada del Conaprev, Sandra Rodríguez.
En su momento expertos en materia de seguridad en Honduras juzgaron que, aunque Villanueva ostenta el cargo de viceministra de Seguridad, no tenía ninguna experiencia en cárceles, puesto que su especialidad es en patología forense.
Julissa Villanueva dio a conocer un plan de intervención de cárceles compuesto de diez medidas, entre ellas desarmes, bloqueos telefónicos y la reubicación de presos.
Guerra contra pandillas sin funcionar
Mientras Villanueva realizaba intervenciones en los centros penales siguieron las reyertas armadas, es decir, que las armas que se decomisaban no eran todo el armamento que poseían los pandilleros o simplemente el crimen organizado coludido con los custodios lograban ingresarlas nuevamente. Luego de la tragedia en PNFAS Villanueva fue destituida de la comisión, pero su cargo como viceministra de seguridad sigue intacto.
La mano dura contra las pandillas no es algo nuevo. El Gobierno del expresidente Ricardo Maduro (2002-2006) fue el primero en tomar medidas.
De hecho, en su campaña de los 2000, Maduro prometió una política de “cero tolerancia” para erradicar la violencia en el país, ganando las elecciones generales.
Luego del golpe de Estado a Manuel “Mel” Zelaya en junio del 2009 y cerca de 7 meses de presidencia de facto de Honduras, Roberto Micheletti, llegó al Gobierno Porfirio Lobo Sosa (2010-2014). Lobo Sosa ganó simpatía gracias a su campaña de restaurar la pena de muerte y castigar a los pandilleros. Años después el expresidente pidió perdón a la ciudadanía por haber propuesto tal idea.
Sin embargo, estas medidas no dieron tanto resultado como el que se esperaba, puesto que en el mandato de estos dos presidentes ocurrieron tres de las tragedias carcelarias más graves de todos los tiempos en Honduras.
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Tragedias
El 5 de abril del 2003 en la granja penal del El Porvenir, en la ciudad de La Ceiba, 69 presos murieron asesinados luego de que líderes de la pandilla Barrio 18 se enfrentaron a “los paisas”- presos no pandilleros- para tener el control del lugar.
Un año después, en mayo del 2004, ocurrió un incendió en la celda 19 del centro penal de San Pedro Sula, a 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa. Ese modulo alojaba a 182 pandilleros. Un total de 107 personas resultaron muertas.
El peor suceso ocurrió bajo el mandado de Porfirio Lobo Sosa, el 14 de febrero de 2012 cuando 360 privados de libertad murieron carbonizados en la granja penal de Comayagua.
¿Funciona la mano dura?
La tasa de homicidios durante el mandato de Maduro fue de 37 homicidios por cada 100 mil habitantes. En el Gobierno Manuel Zelaya se duplicó hasta llegar casi a 70 y siguió en escalada hasta el Gobierno de Lobo Sosa alcanzando 86.5 muertes por cada 100 mil habitantes.
En el inicio del primer mandato del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-enero 2022) la tasa cayó a 69.86 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2015 pasó a 60.02 y finalmente en 2017 se tuvo una tasa de 43.6, de acuerdo a informes oficiales de la Policía hondureña.
Hernández durante su segundo Gobierno, logró una tasa por cada 100 mil habitantes de 40 en el 2018, 44.70 en el 2019, 42 en el 2020 y 41 en 2021.
Actualmente el expresidente nacionalista enfrenta cargos en Estados Unidos por permitir el tráfico de cocaína hacia ese país.
Resultado del plan contra pandilas
El primer año de Gobierno de Xiomara Castro cerró con una reducción generalizada de homicidios equivalentes a un 12.8% (506 víctimas menos) con respecto al 2021. Una tasa de 35.8, la más baja en la última década, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Las autoridades de seguridad informaron que de enero a julio de 2023 hay una reducción de homicidios de 17.59% en comparación al mismo periodo del 2022.
Se registraron hasta julio 1,654 homicidios, 353 menos que el año anterior cuando se contabilizaron 2,007 muertes.
No obstante, hasta julio se contabilizan 30 homicidios múltiples, dejando un total de 159 víctimas, lo que significa un aumento del 79% de estos casos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).
Violación de derechos humanos
Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), denunció por medio de su cuenta en Twitter que en el primer día de la operación “Fe y Esperanza” habían sido víctimas de maltratos por parte de los agentes de la PMOP.
Este hecho también fue confirmado por la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH).
“Los privados de libertad, en particular los presuntamente asociados con maras y pandillas, habrían sido golpeados con toletes y patadas por la policía militar, así como sometidos a privación de sueño y racionamiento de alimentos y agua, lo que puede llegar a constituir una forma de maltrato”, denunció OACNUDH.
Naciones Unidas reiteraron que las cárceles deben estar bajo el dominio de civiles. “La participación militar en la seguridad pública y en el mando y control de las prisiones, debe ser excepcional, limitado en el tiempo y restringido a lo estrictamente necesario según las circunstancias del caso concreto”, recomiendan.
Islas de Cisne
Una de las medidas contempladas en el Plan de Intervención de las Cárceles establece construir un penal de máxima seguridad en la Islas del Cisne para trasladar a las principales cabecillas de las maras.
Las islas, ubicadas en el Caribe de Honduras a unos 250 kilómetros de tierra firme, fueron declaradas desde el 1991 Parque Nacional Marino por su fragilidad de ecosistemas. También bajo la orden Presidencial N° 3056-91 se le declaró un área protegida ya que la fauna y la flora del lugar son excepcionales.
El Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) consideró que construir un centro penal en Islas del Cisne “no es ambientalmente sostenible y representa más amenazas a corto y mediano plazo que soluciones”.
La razón por cual dan este veredicto es debido a la contaminación que causará el “transporte de material de construcción desde tierra firme y acumulación de sobrantes de material de construcción en las islas”,.
Se sostiene que la “fragmentación y destrucción de los hábitats locales, lo cual a su vez perjudica directamente a la biodiversidad”; el “consumo y contaminación de recursos hídricos”; la acumulación de basura marina y los “altos costos de mantenimiento”.
Además, recuerdan al Gobierno que sin el “Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA) y a la Tabla de Categorización Ambiental (Acuerdo 071-2021), así como en la Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, ningún proyecto debe aprobarse”.
