La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y el Observatorio por la Vida de las Mujeres registran 21 víctimas de femicidio en Nicaragua entre enero y abril de 2020. Para este mismo periodo de 2019, había una cifra idéntica.
Según un monitoreo de la Red de Mujeres del Norte, de esas 21 asesinadas, 12 de ellas son del campo, más de la mitad.
CDD también reporta que unas 35 mujeres se salvaron de la muerte, un número más alto, en comparación con los primeros cuatro meses del 2019, cuando se reportaron 29 víctimas de intento de femicidio.
“Estamos enfrentando prácticamente tres situaciones graves en Nicaragua”, dice la activista de la Red de Mujeres del Norte, Yamileth Torres, al referirse a la cantidad de femicidios, la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018 y la pandemia global del nuevo coronavirus que afecta de manera especial a las mujeres de este país.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) advierte que con la pandemia del COVID-19 podría incrementarse los casos de feminicidios y embarazos adolescentes en Nicaragua debido al cierre y la ausencia de centros de apoyo a víctimas de violencia y abuso sexual en el país por ello sugiere una estrategia que implica la intervención gubernamental y de las organizaciones de mujeres para evitar que las cifras se incrementen.
TELEDENUNCIAS DESDE EL CAMPO
Con la crisis del nuevo coronavirus muchas mujeres se han visto en la encrucijada de quedarse en casa con el agresor o salir a la calle y contagiarse del virus. Ante esta situación, organizaciones como la Red de Mujeres del Norte ha optado por apoyarlas a través de llamadas telefónicas y grupos de Whatsapp.
Torres asegura que tampoco están dejando de lado las llamadas a la Policía Nacional para hacer constancia y pedir la intervención contra la violencia que puede estar sufriendo una mujer en el campo.
Las organizaciones de mujeres están trabajando estrechamente con líderes o lideresas comunitarias o las iglesias para que esos aliados, que están presentes en las comunidades, puedan socorrer a las mujeres en una emergencia.
Están utilizando la radio para transmitir cuñas en donde se fomenta la prevención de la violencia y la participación de la familia en las tareas del hogar durante el llamado ciudadano de distanciamiento social por el COVID-19.
Grupos como la Red de Organizaciones de Mujeres Rurales Chabelita Castro están gestionando fondos para proyectos donde se les pueda dar seguimiento a las comunidades a modo remoto, lo que implica para destinar presupuesto de proyecto para saldos en los teléfonos de las mujeres rurales.
COVID-19 PROFUNDIZA CRISIS RURAL
El nuevo coronavirus también ha puesto en desventaja a las mujeres del campo que no pueden vender sus productos agrícolas a buen precio en las ciudades, constituyéndose esto en una violencia económica contra ellas por la reducción de la capacidad adquisitiva, desempleo y a efectos colaterales en las relaciones de pareja, aseguró una activista de la red “Chabelita Castro”.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) pronostica que este año las cifras inseguridad alimentaria aguda en el planeta se elevará a 265 millones de personas a consecuencia del COVID-19. Esta cifra es el doble de lo registrado en 2019 cuando se contabilizaron 135 millones de personas con crisis alimentaria.
Las zonas rurales de Nicaragua son las más golpeadas por la pobreza, según datos de 2014, emitidos por el Banco Mundial, alrededor del 70 por ciento de la población en el campo vive en condiciones de vulnerabilidad.
Para la Red de Organizaciones Rurales las mujeres son las más golpeadas por las crisis porque tienen menos recursos para la producción.
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Para aplacar esta otra crisis que puede estar afectando a las comunidades una de las estrategias de la Red de Mujeres Rurales del Norte es el desarrollo de pequeñas huertas para autoconsumo de verduras, legumbres y hierbas.
Nelly Palacios Izaguirre, una joven originaria del municipio de Pantasma, a 178.8 kilómetros de Managua, cuenta que ella ha tomado la iniciativa de hacer un pequeño huerto en casa, con productos diversificados, hierbas, chayas o camotes, alimentos destinados al autoconsumo.
Muchos de los conocimientos que está aplicando Palacios en su huerta son productos de las tantas capacitaciones sobre seguridad alimentaria que ha recibido a lo largo de su vida en las oenegés.
La joven también es miembro de la Red de Mujeres del Norte y comenta que piensan replicar esta iniciativa, que no tiene fondos de ningún organismo internacional, en todas las comunidades que componen la organización feminista, animando a que también participe toda la familia.
La Red de Mujeres del Norte cuenta con la participación de los departamentos de Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz y el municipio de Waslala de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
FEMICIDIOS Y CRISIS NACIONAL
Yamileth Torres reitera que los femicidios se van cometiendo con más saña y alevosía en Nicaragua. Ella adjudica la brutalidad de estos crímenes a la crisis social y política en el país que no permite la aplicación de justicia, hay desconfianza hacia las instituciones públicas del país encargadas, los testigos y las denunciantes se están quedando en sus casas y no están participando en los procesos investigativos y judiciales.
Por otro lado, la activista señala que tienen denuncias de victimarios que son beneficiados por ser afines al partido de Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Según una activista de la Red de Mujeres Rurales “Chabelita” Castro, muchas veces las campesinas tienen que pagarles a los policías para que lleguen a las comunidades a recabar las denuncias.
“No tenemos leyes, no existen, quienes denuncian no son escuchadas, hay burocracia, los policías piden dinero, hay retroceso del trabajo de las ONG en la prevención de la violencia. No sabemos a dónde acudir”, señala.
Las Comisarías de la Mujer en febrero de este año fueron reinauguradas, después de casi cuatro años de que el régimen las cerrara, pero para la activista, abiertas o cerradas estas comisarías aún no garantizan el acceso a la denuncia y mayor protección a las mujeres que sufren de violencia, pues a estas instancias no se les destina recursos necesarios y otras veces, las mismas oficiales reproducen la violencia machista en la manera en que se les interroga a las víctimas.
Asimismo, señala que tampoco las denuncias progresan al ser manejadas por el Ministerio Público, una institución parcial que ha demostrado estar al servicio del régimen para acusar y fabricar delitos a los opositores.
Según el reporte de Católicas por el Derecho a Decidir, de los 21 casos reportados en los primeros meses de 2020, solo hay 4 sentencias y 8 agresores en proceso judicial.
Por otra parte, está el nivel de desconfianza hacia las autoridades públicas, la misma Policía Nacional es una institución sancionada por Estados Unidos, así como sus principales mandos, por violaciones a los derechos humanos. En el caso de las mujeres opositoras, especialmente, las campesinas, la situación es más grave por la violencia histórica a estas comunidades de parte de la Policía como del Ejército.
Por ejemplo, Nelly Palacios Izaguirre, lideresa campesina del municipio de Pantasma, a 178 kilómetros de Managua, ha sido víctima de acoso por haber participado en las protestas contra el régimen de Ortega. Se siente vigilada por personas afines al FSLN, y su temor es constante al vivir en una comunidad alejada donde le puedan hacer daño en cualquier momento, explicó a Expediente Público.
ESTADO EJERCE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Para Torres, incluso en el mismo proceso de denuncia el Estado también ejerce violencia contra las mujeres: “En el momento que no te creen cuando vas a poner (la acusación), lo primero que buscan es sangre, la violencia sicológica cuesta demostrarla, pero además la victimización, por qué te pegó, por qué hiciste eso, por qué pasó aquí y la otra forma de violencia es confrontarte con tu agresor promoviendo, una mediación o perdón, cuando realmente estas en una desventaja para llegar a una negociación con una persona agresiva”.
La activista considera que hay una actitud violenta del Estado para con los movimientos de género porque son estos los que ponen el dedo en la llaga desde siempre, sobre lo que no funciona bien a favor de las mujeres. “Al Estado no les gustan los movimientos de mujeres porque arrastramos historia”, señala.
Desde inicios del régimen de Ortega en 2007, su gestión se ha caracterizado por ir en contradicción con las propuestas de los movimientos feministas al derogar el aborto terapéutico y después con las reformas a la Ley 779 destinada a protegerlas de la violencia. Aunque el gobierno ha proclamado igualdad en la distribución de los puestos públicos, designando un cincuenta por ciento para las mujeres, es evidente la sumisión de las voces femeninas al régimen.
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Además, en las protestas iniciadas en abril de 2018, informes como los publicados por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Mas, señala que ha habido violencia y abusos sexual contras las mujeres que participaron en las manifestaciones.
AMENAZAS A LA VIDA ORGANIZATIVA
Aunque las organizaciones de la sociedad civil están haciendo esfuerzos para apoyar a las mujeres en estos contextos de crisis que aquejan al país, estas mismas organizaciones ven amenazadas su vida jurídica constantemente debido a que el Ministerio de Gobernación, encargado del control legal de ellas, está poniendo trabas en la gestión de documentos.
Sobeyda Obando, quien trabajó por mucho tiempo con el Grupo de Mujeres Venancia del departamento de Matagalpa, a 130 kilómetros al norte de la capital Managua, explica que el Ministerio de Gobernación pone trabas para darles las constancias de cumplimiento, una vez que las organizaciones presentan sus informes financieros. Otras veces, no les entrega los libros de actas sellados.
Este tipo de trabas impide que las organizaciones civiles puedan acceder a fondos, al no poder abrir cuentas de ahorro, ya que los bancos piden esos documentos.
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Asimismo, las organizaciones han hecho trabajo mucha cautela en las comunidades, disminuyendo manifestaciones masivas y acciones de incidencia política debido al acoso de paramilitares y policías quienes le adjudican el término de terrorismo a estas actividades, asegura Obando.
Para Yamileth Torres, las organizaciones feministas la represión del Gobierno de Ortega ha estado presente siempre, desde antes de abril, sin embargo, no han abandonado el trabajo en las comunidades rurales, en donde las mujeres necesitan mayor apoyo.
