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Las mujeres seguirán lejos del poder, pese a la nueva Ley Electoral

** El Congreso Nacional de Honduras aprobó la paridad y alternancia en los cargos de elección popular pero, según analistas, esto no significa que veremos a más mujeres siendo electas.

En Honduras, el machismo y la violencia política contra la mujer es una cultura arraigada que limita su participación en procesos electorales y por lo tanto en el acceso a puestos de poder. Se trataría de una situación que, según analistas, no mejorará a corto plazo pese a modificaciones en la legislación, como la aprobación de la paridad, alternancia e igualdad de género, incluidas en la nueva Ley Electoral.

La violencia política hacia las mujeres las desincentiva de participar en los procesos eleccionarios, constituye una violación fundamental a su dignidad humana, socava la democracia y es un obstáculo para el fortalecimiento de las sociedades igualitarias y no discriminatorias, sostiene el estudio “Violencia contra las mujeres en la política”, realizado por el Instituto Nacional Demócrata (NDI) con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).

Dicho estudio, realizado previo a las elecciones de 2017, recopiló información de fuentes primarias y secundarias, principalmente mujeres de los distintos partidos políticos que estuvieron presentes en las elecciones de 2013.

Según este informe, la violencia contra las mujeres en la política abarca todas las formas de agresión, acoso, coerción e intimidación, por el hecho de ser mujeres. Dichos actos van dirigidos a mujeres en su rol de electores, líderes cívicos, miembros de partidos políticos, candidatos, representantes electos o funcionarios designados. Además, señala que los actos de violencia tienen el fin de restringir la participación política de las mujeres como grupo.

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La investigación del NDI refleja que persisten los patrones de desigualdad y discriminación hacia las mujeres en la política. Además, resalta que enfrentan obstáculos en la vida pública relacionadas con prácticas y costumbres muy arraigadas en la sociedad hondureña, que se basan en desigualdades y discriminación.

Se indica que “el machismo se vive todos los días en el ámbito privado y en los espacios públicos donde se desarrolla la actividad política. (…) Lo que sucede en el partido político es una repetición de lo que pasa en la sociedad”.

El informe detalla que las mujeres son la mitad de la militancia partidaria. Pese a ello, actúan políticamente en un contexto cultural y de valores que subestiman sus capacidades y desempeño. “Esto ocasiona que -en la práctica- muchas veces no sean consideradas idóneas para el liderazgo o para los cargos de responsabilidad, aun cuando se reconozca el papel fundamental que desempeñan en los partidos”.

El informe también hace notar que los medios de comunicación reproducen los patrones y estereotipos que están presentes en la sociedad hondureña, con una marcada tendencia a desfavorecer a las mujeres. La cobertura mediática, especialmente en periodos electorales, no contribuye a fomentar la visibilidad de las mujeres que participan en la política o de las candidatas.

El estudio recomienda a los partidos la capacitación de mujeres y hombres en temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación y violencia política contra el género femenino. La formación en esos aspectos debería fortalecer a los partidos políticos.

Nueva ley, muchas dudas

En un intento por ayudar a superar el rezago histórico de la mujer en la política, el 14 de octubre de 2020 el Congreso Nacional aprobó desde el artículo 72 al 75 de la nueva Ley Electoral, que promueven la aplicación de la paridad y alternancia real entre hombres y mujeres en las elecciones primarias y generales.

Una de las indicaciones del nuevo articulado estipula que los partidos deben aprobar internamente una política de género e igualdad de oportunidades, proceso que debe ser supervisado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

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La paridad hace referencia a que las nóminas para los cargos de elección popular en todos los niveles electivos (alcaldías, Congreso Nacional y Presidencia) deben estar integradas en un cincuenta por ciento por mujeres y en un cincuenta por ciento por hombres, mientras que la alternancia significa que en tales planillas los candidatos deben ir ordenados en el modo mujer-hombre u hombre-mujer.

Este mecanismo aplica a los cargos de elección popular pero también de autoridades de partidos políticos. En las planillas de candidatos a diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano la paridad es aplicable tanto a la nómina de propietarios como de suplentes. En el caso de los suplentes del congreso hondureño se exceptúa la alternancia pero sí aplica la paridad.

Sobre este punto, Karla Medal, actualmente diputada suplente por el Partido Liberal, explica que cada diputado propietario podrá elegir a su suplente, independientemente del género. Esa será una deuda que tendrán todavía con las mujeres, ya que quisieron hacer cambios en el dictamen, pero no les fue posible, aseguró.

En las elecciones anteriores, la paridad y la alternancia no eran obligatorias por ley y quedó al albedrío de los partidos políticos. Estos la pusieron en práctica a partir de la casilla cinco. Eso permitió que las primeras posiciones pudieran ser ocupadas solamente por hombres o mujeres. “En la práctica iban ocupadas solo por caballeros”, lamenta Medal. Las primeras cinco casillas son las que tienen más posibilidades de salir electas.

Señala que en los cargos para corporaciones municipales se dio un gran avance, ya que identificaron que muchas mujeres figuraban como vicealcaldesas. En teoría, ese cargo es el brazo derecho del alcalde, pero en la práctica están siendo limitadas en su participación política, porque la vice alcaldía no tiene derecho a voto, solamente en ausencia del alcalde. Por ende, la alternancia y paridad en las alcaldías permitirá que un mayor número de mujeres accedan a cargos de regidoras, donde su voto sí tiene incidencia. “Es un avance. A diferencia de la ley actual, la paridad y alternancia será a partir de la casilla número uno”, enfatiza.

Un avance, no una conquista

Para la socióloga y feminista Angélica Álvarez, los artículos aprobados son “muy importantes”, pero “no significa que las mujeres vamos a participar en igualdad de condiciones o que seremos electas mayoritariamente. Es otra conquista que nos queda, esa ley significa un avance, pero no es una conquista en términos reales”.

Considera que, aunque la ley brinda apertura a la participación, las condiciones son desiguales para las mujeres candidatas. “Los partidos optan por estos liderazgos masculinos y todos los esfuerzos y el apoyo se inclinan a estos candidatos hombres y no hacia las mujeres. Por otra parte, las mujeres cumplimos roles y estereotipos sociales que los hombres no, como ama de casa y cuidadoras de la familia”.

Álvarez acota que el Partido Libertad y Refundación ha incluido desde antes, en sus estatutos, los principios de paridad y alternancia. Algunos movimientos a lo interno del partido lo han cumplido en su totalidad, otros no. En el caso del Partido Nacional y Liberal, aplicaron la alternancia y paridad en las elecciones pasadas con el 40% de participación de las mujeres, pero a partir de la casilla cinco en algunos departamentos. Como se explicó antes, en las primeras casillas iban en su mayoría candidatos hombres, que asumen como los liderazgos más fuertes de los partidos.

La abogada y defensora de Derechos Humanos, Naama Ávila, tampoco se muestra muy optimista respecto a la incidencia de los nuevos artículos en la vida de las mujeres en política. Asegura que en el artículo 74, “Mecanismo de aplicación y paridad” existe una “trampa” que seguirá limitando la participación de las mujeres.

Ávila explica que la ley garantiza la paridad en las elecciones internas, incluyendo las de segundo grado (asambleas donde los partidos eligen a sus autoridades); las primarias, donde los miembros de los partidos escogen a sus candidatos para alcaldías, Congreso Nacional y Presidencia; y las generales siempre y “cuando los partidos políticos no hayan celebrado un proceso de elecciones primarias”.

En esa última línea está “la trampa”, por lo que en realidad no hay ningún cambio, indicó Ávila durante el foro virtual “Feminismo y participación política de la mujer en Honduras”, celebrado a finales de octubre de 2020.

En este caso los únicos partidos que cumplirían con la paridad son los que participan directamente en las generales, que son partidos minoritarios y por lo tanto con pocas opciones de que sus candidatos salgan electos. Los partidos “grandes”, Nacional, Libre y Liberal (que actualmente tienen 117 de los 128 diputados del Congreso Nacional, el 91 por ciento) sí van a primarias, donde se elegirán los candidatos a las generales que finalmente se adueñarán de los cargos. Se debe respetar la “voluntad popular” y postular a los candidatos elegidos mediante el voto, independientemente de su género.

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Bajo el mismo enfoque, el abogado Alex Navas, catedrático universitario, politólogo y especialista en Derechos Humanos, considera que existe una trampa. “La ley la hacen los hombres y mujeres que votan siguiendo el patrón del caudillismo. En este caso, el efecto que tiene en la mujer es una trampa. Al final, en las internas, se va a notar que las mujeres no tienen la participación e influencia para hacer campaña en los partidos políticos tradicionales, que son los que pueden obtener el poder”.

Explica que, en nuestra política, lo tradicional todavía está presente al momento de votar. “Las personas en Honduras, a nivel cultural, no votan por indígenas, mujeres, grupos LGBTI, debido a que todavía el machismo y los perjuicios se convierten en la metamorfosis del caudillismo”, finalizó.