*Estudio realizado por la investigadora Elvira Cuadra documentó cómo en cuatro años las mujeres nicaragüenses han estado expuestas a mayor violencia política, exilio, femicidios y exclusión bajo un contexto de crisis económica y sociopolítica.
**Desde 2018 a la fecha se contabilizan más de 300 femicidios y al menos 147 organizaciones no gubernamentales de mujeres que defendían sus derechos y que apoyaban a víctimas, fueron ilegalizadas por el régimen Ortega-Murillo.
Expediente Público
La muerte de dos hermanas de 7 y 10 años originarias de la comunidad Walakitang de Río Coco en Wiwilí, Jinotega, y de dos mujeres en el Pacífico de Nicaragua son los cuatro más recientes casos de violencia contra las mujeres que han sido reportados en Nicaragua, pero de los cuales Daniel Ortega y Rosario Murillo impiden que se hable.
“La violencia en contra de las mujeres en Nicaragua ya existía desde antes de 2018, pero en este contexto en particular han coincidido una serie de situaciones en las que esa violencia se reconfiguró y adquirió nuevas características¨, afirmó la especialista del Centro de Estudios Transdiciplinarios, Elvira Cuadra a Expediente Público tras presentar la investigación ¨Quebrar el cuerpo, quebrar el alma. La reconfiguración de las violencias las mujeres en Nicaragua 2018-2021¨.
Entre enero y septiembre de este año, 46 mujeres nicaragüenses han sido asesinadas, según el registro del observatorio independiente de violencia de Católicas por el Derecho a Decidir.
Violencia institucional
Según Cuadra, esto ha tenido como consecuencia que la violencia contra las mujeres se dinamice en términos de la cantidad de casos de femicidios y violencia sexual.
Nuevas formas de abusos
También han emergido nuevas formas de abusos como la violencia digital y la violencia política “que se ha agravado en contra de las mujeres y que tiene nuevas expresiones muchas de ellas, con saña y con mayor interés de causar daño” agregó la socióloga nicaragüense.
El 14 de octubre de este año, el régimen liberó a 1,150 presos comunes. De ellos, el 92% eran hombres, sumando así un total de 3,450 reos enviados a convivencia familiar, según el registro de medios de comunicación.
Lo preocupante de esto, es que de acuerdo a la investigación, desde el año 2019 se han incrementado los indultos a personas que han sido condenadas por delitos de abuso sexual, violación y femicidio.
“En varios casos, el temor se ha materializado en la repetición de estos delitos, revictimización a las mujeres y sentando un precedente negativo en cuanto a la prevención y protección” analizó el informe.
Por otro lado, la Ley 779, Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, reformada en 2014, en Nicaragua el concepto de femicidio solo es reconocido “si la víctima tiene o tuvo una relación con el victimario”.
A criterio de Cuadra, la violencia institucional en Nicaragua es ejercida directamente por el Estado, por no proteger los derechos de las mujeres, ni prevenir la violencia y tampoco dar espacio a que tengan acceso a la justicia, pero “además porque el Estado mismo se ha convertido en perpetrador de violencia contra las mujeres”, reiteró.
El perpetrador directo
Explicó que aunque desde antes de 2018 la población de mujeres en Nicaragua que representa la mitad de la población y casi el 70 % de ellas menores de 39 años, padecían diversos, agudos y multidimensionales tipos de violencia, sin embargo, el estudio comprende los últimos cuatro años en los que el Estado se ha convertido en “perpetrador directo de violencia contra las mujeres”, provocando que les sea impedido su derecho fundamental a vivir libres de violencia y a ser protegidas.
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La investigación es un homenaje a las mujeres presas políticas que mantiene el régimen desde el año 2021, y que permanecen bajo tratos inhumanos y degradantes y aborda cuatro categorías de violencia: sistémica, directa, institucional y la violencia política que ha adquirido nuevas dimensiones en el caso de Nicaragua y un “un ensañamiento particular” contra las mujeres.
“La violencia política tiene una línea específica en contra de las mujeres, activistas y líderes políticas, periodistas y defensoras de derechos humanos y otros grupos de mujeres que el régimen Ortega Murillo cree o siente que son mujeres que están desafiando su poder y autoridad”, dijo Cuadra a Expediente Público.
A la fecha, al menos 20 presas políticas nicaragüenses permanecen en centros penitenciarios donde sufren tortura, aislamiento, violación a sus derechos humanos y procesales y sin recibir visitas de sus familiares.
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Los retos de investigar en un contexto represivo
A través de entrevistas y grupos focales presenciales con alrededor de 60 mujeres dentro y fuera de Nicaragua que tuvieron la valentía de compartir sus comentarios, valoraciones y vivencias, fue posible una investigación durante un contexto cerrado y de información limitante, aseguró Cuadra durante la presentación del informe.
La activista Ana Quirós, resaltó que “es importante recordar de dónde vinimos y aunque hoy estemos hablando de esta investigación, lo debemos a ese tipo de esfuerzos que parecieron en sus momentos pequeños pero que sembraron las bases para ese movimiento y resistencia y la identificación de la violencia como un problema estructural”.
“Para ninguna de nosotras la depresión en silencio y el bajar la cabeza ha sido nunca una opción, la resistencia, la solidaridad y la resiliencia sí lo son”, dijo Quirós. La defensora de derechos humanos también sufrió la violencia del Estado, al ser deportada por el régimen el 26 de noviembre de 2018 ¨por atentar contra la estabilidad del país” y ser reprimida en diferentes manifestaciones en pro de los derechos de las mujeres.
Quirós también era directora del Centro de Información y Asesoría en salud (CISAS) que fue confiscado en diciembre de 2018 por el régimen. Fue expulsada de Nicaragua a finales de 2018. Quirós fue una de las primeras víctimas de la represión de Ortega en abril de 2018.
“La parte cuantitativa fue un gran reto, porque Nicaragua prácticamente no tiene datos actualizados sobre la situación de las mujeres, el Gobierno no tiene esos datos para el acceso público, tampoco los ha compartido con organismos internacionales”, afirmó Cuadra.
No dejar atrás a ninguna
El nombre del estudio “Quebrar el cuerpo, quebrar el alma” significa que “mientras por un lado hay un poder patriarcal, de esas fracturas y de esos rompimientos hay una enorme capacidad de resiliencia y resistencia”.
Y la frase “no dejar atrás a ninguna”, resume el abanico de estrategias que han adoptado las mujeres como protagonistas de proceso de cambio, en el que no pretenden verse como víctimas, sino más bien, implementar la sororidad entre organizaciones y la disposición de sostener de colectivos de mujeres y redes de apoyo.
“Hoy en día, las mujeres nicaragüenses, dentro y fuera del país, reclaman para ellas un espacio de participación, el reconocimiento de sus aportes; pero también, el derecho y la posibilidad de soñar con una sociedad democrática y un futuro mejor, con derechos para las mujeres”, concluyó la investigación.
