*Convenio de la CICIH debe tener una duración de cuatro a cinco años para darle más estabilidad a su trabajo, dice ex fiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz.
*Reforma a la Constitución propuesta por diputada Xiomara Zelaya podría atrasar proceso de la instalación de la CICIH, dijo jefe de la Uferco, Luis Javier Santos.
*MACCIH tuvo en contra a todo el sistema, tanto nacional como internacional, opinó ex fiscal general de Honduras, Edmundo Orellana.
Expediente Público
Aunque los esfuerzos anticorrupción realizados en el Triángulo Norte de Centroamérica en alianza con organismos internacionales tuvieron ceses abruptos y retrocesos alarmantes, dejaron lecciones aprendidas que se deben tomar en cuenta para una eventual instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), según coincidieron expertos consultados por Expediente Público.
La CICIH es una exigencia ciudadana que tuvo como detonante el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, cuyo gobierno se encuentra en etapa de negociación con la Organización de Naciones Unidas (ONU).
¿Mensajes contradictorios?
El 10 de noviembre, el presidente de Honduras Manuel Zelaya anunció que una misión del gobierno viajará la próxima semana a la ONU para avanzar con la instalación de la CICIH.
Aunque el tema del mecanismo internacional está presente con frecuencia en los medios de comunicación nacionales, la última información oficial que se ha tenido sobre los avances de las negociaciones se conoció el 23 de agosto, cuando el canciller Enrique Reina compartió en su cuenta de Twitter la respuesta del gobierno al memorando de entendimiento que envió la ONU.
El 2 de noviembre, en sesión legislativa, la diputada e hija de la pareja presidencial, Xiomara Zelaya, presentó un proyecto de reforma por adición al artículo 232 de la Constitución, relativo al Ministerio Público.
“Excepcionalmente y para combatir frontalmente la impunidad y la corrupción pública y privada (…) se faculta para el ejercicio de las acciones investigativas de forma independiente, con énfasis en inteligencia y análisis financiero, al mecanismo de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad CICIH)”, se lee en el documento.
La propuesta de Castro apunta en apariencia a otorgarle a la CICIH la independencia que no tuvo la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
“Y es de suponer que es una propuesta que viene del gobierno, porque sabemos de quién se trata ella, pero el problema que tiene esa propuesta es que necesita de una mayoría calificada (86 votos) que seguramente no va a poder conseguir”, dijo a Expediente Público el ministro de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Edmundo Orellana.
Con la propuesta de Zelaya también se le otorgaría rango constitucional a la CICIH.
Al respecto, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, dijo a Expediente Público estar convencido que la reforma no es necesaria.
La misma Constitución “da la salida al establecer el rango que se le debe dar a un convenio celebrado entre el Estado de Honduras con otro Estado o con organismo como es la ONU”, dijo el fiscal.
Al tratarse la CICIH de una misión que va a estar en el país de manera temporal, no amerita reformar la Constitución, ya que una vez que el Congreso Nacional apruebe el convenio esta adquiere rango constitucional, explicó Santos.
“No sé las intenciones… las intenciones pueden ser buenas, pero puede… puede, no estoy diciendo que necesariamente tiene que ser así, atrasar el proceso de la instalación de una misión en el país”, acotó el jefe de la Uferco.
Además de mayoría calificada, una reforma constitucional requiere su ratificación en una segunda legislatura, es decir, que si se aprueba en la actual deberá ser sometido a votación en la siguiente de 2023.
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Lecciones de la CICIG
La principal fortaleza que tuvo la CICIG, la comisión guatemalteca que inspiró el clamor de la CICIH en Honduras y la CICIES en El Salvador, fue su independencia, dijo a Expediente Público la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México, Claudia Paz y Paz.
La Comisión nació a solicitud de organizaciones defensoras de derechos humanos por ataques contra sus miembros por parte de grupos paralelos vinculados al crimen organizado, cuyo desmantelamiento quedó estipulado en uno de los Acuerdos de Paz tras el conflicto armado interno.
Pero fue el asesinato de tres diputados y su conductor el detonante tras el cual se volvió una demanda ciudadana.
Además, “estábamos justo antes de elecciones, entonces como que aprobar la CICIG era un crédito político en aquel momento”, señaló la jurista.
Esos aparatos clandestinos de seguridad habían cooptado el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía, “entonces tenía que ser un ente externo que diera un empuje para poder, a partir de investigaciones serias y profesionales, ir depurándolos”, expresó la también ex fiscal general.
A su criterio fue un enorme acierto darle a ese organismo la posibilidad de actuar “de acuerdo con los caminos que tomaron las evidencias y las pruebas, la verdad que fuera reconstruyendo y que no estuviera supeditada a otros organismos del Estado”.
Pero consideró que también hubiera sido acertado que se hubiera establecido desde un inicio un mecanismo para presentar quejas.
“La CICIG rendía cuentas hacia Naciones Unidas, hacia los donantes, hacia el pueblo de Guatemala, siempre lo hizo, había un informe anual”, pero debió preverse “un mecanismo interno como de rendición de cuentas”, precisó.
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Diferencias entre la CICIG y la MACCIH
Para la directora de Cejil, una de las principales diferencias entre la comisión guatemalteca y la MACCIH es que esta tenía funciones dispersas en comparación con la primera.
El acuerdo de la MACCIH le daba funciones sobre tres grandes pilares: en materia de prevención y combate a la corrupción; en materia de justicia penal; y en materia político-electoral. Esa dispersión “dificultó su funcionamiento”, consideró la exfiscal.
En cuanto a la CICIG “tenía un mandato muy claro que era de coadyuvar con las investigaciones” y “en lograr la eficiencia en las investigaciones criminales y en la judicialización de casos”.
Además, para Paz y Paz, no se puede separar el hecho de que la MACCIH estaba dentro de la OEA, quien negoció el convenio que “digamos, disminuía las facultades de investigación”, pero el acuerdo “muy importante” que las personas de esa misión lograron con el fiscal general “permitió llevar adelante casos como los que vimos que se presentaron”.
Lo otro es que la CICIG “tenía autonomía para manejar sus recursos, la MACCIH no, era un equipo en la OEA en Washington quien decidía qué se pagaba, qué no se pagaba, dónde se invertían los recursos y eso puede haber hecho el funcionamiento bastante más difícil, muy burocrático”, planteó Paz y Paz.
Querellante adhesivo
Otra de las facultades que tuvo la CICIG, que para Paz y Paz fue “muy importante” es que “ellos podían ser querellantes adhesivos y una facultad similar no había en Honduras” con la MACCIH.
Al respecto, el ex fiscal general Orellana aseguró que aunque la figura de querellante adhesivo no está planteada en el documento que se envió a Naciones Unidas, sí se abordó con la misión exploratoria que vino en mayo pasado y es “una de las consideraciones que están planteadas en las negociaciones”.
Aunque la ONU plantea en su memorando la facultad de acusador privado, para Orellana que la CICIH sea querellante adhesivo es lo más viable y solo requiere modificar el Código Procesal Penal (con 65 votos), “pero dentro del contexto, por supuesto, del Ministerio Público”.
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Duración del convenio
La lucha anticorrupción fue también un tema de campaña del presidente de El Salvador Nayib Bukele, quien prometió que de ganar instalaría la CICIES. Bukele cumplió, pero cuando el mecanismo se volvió incómodo para su gobierno dio por terminado el acuerdo que no duró ni dos años.
En Guatemala, el acuerdo de la CICIG tenía una duración de dos años que se renovó por seis ocasiones, mientras que en Honduras la MACCIH estuvo cuatro años.
El equipo que trabajó con la CICIG ha sido víctima de persecución y criminalización por parte del mismo Estado, en una arremetida de las élites de poder que han re-cooptado las instituciones.
Se le preguntó a Claudia Paz y Paz si es posible blindar a la CICIH para que no se repita lo que ocurrió con las tres comisiones anticorrupción previas y su respuesta fue que un mecanismo externo siempre va a depender de la voluntad nacional, “porque en los tres casos fueron a invitación de los Estados” que llegaron esos organismos.
Sin embargo, recomendó que el convenio de la CICIH tenga una duración de cuatro a cinco años, “es una forma de darle más estabilidad a su trabajo”.
Consideró también que es importante el apoyo que los partidos políticos de oposición, la sociedad civil, la prensa independiente y la ciudadanía le den a la CICIH.
Pero además planteó que se tendría que pensar en un mecanismo para que el personal nacional de la CICIH no tenga responsabilidad penal y goce de inmunidad “para evitar este escenario que tenemos ahora en Guatemala” de persecución.
“No debemos perder de vista que esta es una iniciativa de la Presidenta de la República, claro, dándole respuesta al clamor popular, y eso significa que el próximo gobierno no necesariamente tendría que seguir esa línea y podría tratar de eliminar la CICIH y eso debe preverse desde ahora”, dijo también Orellana.
Las mejores prácticas
En junio pasado fue creada la Articulación Ciudadana que apoya a la CICIH y está integrada por cerca de treinta organizaciones.
Esa organización entregó a la Secretaría de Transparencia una propuesta que reúne lo bueno de los otros mecanismos, dijo Santos.
Para la elaboración de ese documento se hicieron reuniones con exfiscales y exinvestigadores financieros, entre otros, de Guatemala y El Salvador, para sumar experiencias a la que tuvo se tuvo con la MACCIH, amplió.
De Guatemala se toma lo del querellante adhesivo y de Honduras “la experiencia de investigar en conjunto”, es decir, con equipos integrados por personal hondureño y el internacional.
“El problema de una investigadora independiente es que la CICIH no va a estar permanentemente en el país y después, obligatoriamente, tiene que quedar personal hondureño terminando los casos y para eso la misión que venga o los expertos que vengan tienen que transmitir ese conocimiento”, expuso Santos.
Para el exfiscal Orellana, una de las grandes diferencias de la CICIH es que tendrá el apoyo de la ONU, que tiene mucha más extensión y proyección que la OEA, lo que permitirá también disponer de mayores recursos técnicos en función de los juristas internacionales que podrían incorporarse.
Con la MACCIH hubo conflictos internos que degeneraron en problemas que trascendieron su función porque algunas de las personas “fueron escogidas por (el secretario general de la OEA Luis) Almagro, caprichosamente sin ningún concurso”, señaló.
El escenario para la CICIH por tanto es más favorable que para la MACCIH, que tuvo en contra a todo el sistema, tanto nacional como internacional, dijo Orellana.
“Cuando la MACCIH fue expulsada ningún organismo internacional, ningún país amigo protestó, es más, Estados Unidos hasta celebró porque (Donald) Trump, que era presidente, dijo que Juan Orlando Hernández era el más grande guerrero contra la corrupción y el narcotráfico, cuando estaba expulsando a la MACCIH”, finalizó.
