*En las salas de audiencia y de juicio se han ensañado contra los 177 reos políticos en Nicaragua y en algunos casos contra otras mujeres.
**Sus reconocimientos o ascensos no fueron gracias a sus méritos, sino a la fidelidad mostrada al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Expediente Público
El 1 de febrero de 2022, la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo empezó un nuevo “linchamiento” judicial contra decenas de personas presas políticas que permanecen cautivas en la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocido como “El nuevo Chipote” y las que están bajo arresto domiciliar desde la cacería que emprendió contra los opositores en 2021 durante el contexto electoral.
A la fecha, 14 presos políticos fueron declarados culpables por judiciales que responden a los intereses del régimen, un papel que en primera instancia han asumido tres mujeres, con un alto grado de lealtad al partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y que dictaron fallos de culpabilidad en algunos casos contra otras mujeres.
“Ellos (los jueces) utilizan las leyes con otros fines, de las situaciones ocurridas a partir de abril de 2018 hay muchas víctimas, hay muchas arbitrariedades y que con objetividad se pudieron haber investigado todas”, dijo la exfiscal Eylin Cruz a Expediente Público.
La crisis generada en abril de 2018, según organismos de derechos humanos, expuso a las mujeres a una mayor violencia estatal y parapolicial.
Se registraron más agresiones en contra de defensoras de derechos humanos, periodistas, opositoras y presas políticas que han sido sometidas a amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias y procesos judiciales llenos de irregularidades.
“Detenciones ilegales, la obstaculización al ejercicio de la defensa, el dejarlos sin prueba, el no permitir el acceso a la visita de los familiares, la comunicación libre y privada con su defensor, el que no sean llevados a un médico, el que no se les proporcione alimentación y medicina, todas esas son irregularidades, ilegalidades”, dijo a Expediente Público el abogado Boanerges Fornos, exfiscal de Nicaragua.
Pero, ¿quiénes son esas tres juezas que tanto en los juzgados de audiencias como de juicio se han ensañado con los presos políticos?
Karen Vanessa Chavarría Morales
El caso más emblemático es el de la jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencias, Karen Vanessa Chavarría Morales. Es la que más se ha ensañado contra las mujeres presas políticas en el país centroamericano.
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Después de graduarse en 2002 en la UCA, Chavarría Morales fungió como jueza Local Único de La Concordia, un municipio de Jinotega al norte de Nicaragua.
Posteriormente fue trasladada a Managua donde estuvo a cargo del Juzgado Octavo Local Penal.
La jueza Chavarría Morales ganó notoriedad a partir de 2018 cuando tomó un papel más relevante dentro del aparato de represión del Poder Judicial de Nicaragua.
El 19 de julio de 2018, la Policía Nacional hizo efectiva una orden de captura que la judicial, siendo jueza local de Managua, giró en contra de Irlanda Jerez, una comerciante que pasó a formar parte del grupo de presos políticos que fueron liberados en 2019.
El 20 de julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó en una nota sobre la destitución de la jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencias Indiana Gallardo, por “quejas” presentadas en su contra.
La separación de su cargo ocurrió después que permitió que familiares de presos políticos estuvieran presentes durante una audiencia, lo que no fue bien visto por el régimen que continuó premiando la fidelidad de Chavarría Morales, quien ese mismo año asumió la vacante de Gallardo.
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Chavarría Morales se ensañó contra la expresa política Ruth Matute, originaria de Masaya, a quien mantuvo en prisión pese a que esta fue operada de un reemplazo de marcapasos y presentaba un cuadro febril agudo en enero de 2019.
La matagalpina María Esperanza Sánchez fue condenada por en marzo de 2020 por el delito de portación de armas y municiones, transporte de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
Sánchez tuvo una activa participación dentro del Movimiento Cívico 19 de Abril en el departamento de Matagalpa, al norte de Nicaragua. Formaba parte de la estructura de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) hasta que fue detenida el 26 de enero de 2020.
La jueza Chavarría Morales elevó a juicio el caso de la opositora matagalpina y la mantuvo en prisión. Después de un juicio arbitrario Sánchez fue condenada a 10 años de prisión.
Es la misma jueza que el 2 de junio de 2021 emitió una orden de captura y de allanamiento en contra de la periodista Cristiana Chamorro Barrios, aspirante a la presidencia que fue inhabilitada por el Ministerio Público con el objetivo de despejar el camino a Ortega en las elecciones del 7 de noviembre pasado.
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La jueza Chavarría Morales ordenó detención domiciliaria en contra de Chamorro Barrios, de 67 años, quien es hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, exdirector del diario La Prensa, asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza en 1978.
“Ese sistema de justicia penal es inexistente, es decir todas las instituciones trabajan de forma única bajo orientaciones político partidario que viene del Poder Ejecutivo, eso es indudable”, explicó Fornos.
Ulisa Yahoska Tapia Silva
Es una total desconocida en el ámbito judicial, pero ostenta el cargo de titular del Juzgado Décimo Tercero Penal de Juicio de Managua.
De Tapia Silva solo se sabe que en 2012 ocupó el cargo como Jueza Local Único de San Francisco Libre, un municipio ubicado a 76 kilómetros de Managua.
Para el 2019 ya figuraba como Jueza Local Único de Ticuantepe, municipio al suroriente de la capital.
Después que el Ministerio Público anunció la reanudación de los juicios políticos, el 1 de febrero de 2022, Tapia Silva fue la primera en estrenar “El Chipote” como juzgado para celebrar la causa penal en contra de los reos de conciencia Yader Parajón y Yasser Vado.
La judicial condenó a la opositora y presidenta de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), Suyen Barahona, llevada a juicio el 7 de febrero.
En la audiencia el Ministerio Público solicitó una condena de 15 años contra la dirigente política de Unamos.
Nadia Camila Tardencilla Rodríguez
Su carrera como jueza verdugo es muy reciente, pero asumió sin condiciones y al pie del manual del régimen el cargo que le fue encomendado. Fue juramentada el 3 de febrero de 2021 como jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua para ocupar el cargo que dejó vacante la jueza Adela Cardoza, que asumió una magistratura en el Tribunal de Apelaciones.
Su nombramiento por parte del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial fue bajo el acuerdo número 09, del 1 de febrero de 2021.
Es hija del exdiputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Orlando José Tardencilla, un exguerrillero y aliado político del partido FSLN, recientemente nombrado embajador ante las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, Suiza.
Desde la semana pasada su nombre y fotografía circula en las redes sociales como la jueza sandinista encargada de dictar un fallo de culpabilidad en contra del estudiante Lesther Alemán, procesado el 3 de febrero, y el periodista Miguel Mora, el 4 de febrero. Al joven Alemán, la jueza le negó el derecho a defenderse en el juicio y a Mora, exprecandidato presidencial, Tardencilla lo sentenció a 13 años de cárcel.
Ascensos sin méritos, sin concursos
Esas mujeres que tienen una cuota de poder lejos de impartir justicia, tienen un largo historial como fieles colaboradoras del régimen y como verdugos de los adversarios a Ortega y Murillo.
La instrumentalización política del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial hizo que estas juezas, como el resto del sistema de justicia penal de Nicaragua, terminaran siendo designados de acuerdo a patrones partidarios y no por mérito o trayectoria.
La exfiscal Cruz afirmó que los jueces encargados de impartir justicia a los presos políticos, que son los mismos que han escalado rápidamente, tuvieron que ser sometidos a un concurso conforme a la Ley de Carrera Judicial.
“Como los jueces represores son los que han tenido ascensos, es decir hay un reconocimiento laboral por la vía de hecho para ascenderlos a cargos superiores y continúen, la mayoría de ellos, realizando arbitrariedades”, señaló Cruz.
Fornos por su parte recordó que esos concursos desaparecieron a partir de 2007 con la llegada de Ortega al poder, y empezaron a designarse según criterios políticos.
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“El concurso público promueve la meritocracia, es llegar al cargo por tus méritos propios y tu propia calificación. A partir de 2007 que desaparecen los concursos públicos por oposición, lo que se premia es el mérito político y llegás ahí (al cargo) por criterios políticos partidarios y por una lealtad partidaria”, criticó Fornos.
El Consejo Nacional de Administración y Carrera, es un “organismo de gran trascendencia técnica y funcional”, expone el centro de pensamiento Expediente Abierto en su reporte “Luces y sombras de la justicia penal en Nicaragua”.
La reforma a la Constitución del 2014 determinó la creación del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que ya se encontraba regulado en la Ley de Carrera Judicial.
Al Consejo se le dio “autonomía técnica y funcional” y está integrado por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), incluida su presidente que es Alba Luz Ramos, quien lleva más de 30 años en el mismo cargo.
Mujeres con cargos, sin poder de decisión
En 2012 el régimen estimó que las mujeres estaban en una “situación de desigualdad” por lo que envió una reforma a la Asamblea Nacional de la Ley 40, Ley de Municipios, misma que fue aprobada el 8 de marzo de ese año.
La reforma estableció la denominada política de “equidad de género” y repartió una cuota de 50-50 en los cargos de elección pública, es decir mitad hombres y mitad mujeres.
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Aunque las mujeres empezaron a ganar terreno en todos los ámbitos, incluyendo en los cargos de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal, fue una designación clientelar y partidista en obediencia a lo dictado por el régimen.
“No hay, hoy por hoy, un sistema de justicia penal en Nicaragua que le garantice a cualquier ciudadano nicaragüense acceso a la justicia (…) A partir del 2011, hubo una abismal diferencia y una hegemonía del Frente Sandinista en Nicaragua en la cooptación de los cargos”, insistió Fornos.
El exfiscal agregó que todos los funcionarios que ingresaron y se identificaron con esa corriente política fueron cooptados mediante “prebendas, ascensos, halagos y en algunos casos intimidación”.
Juezas de audiencia, cometen arbitrariedades
En primera instancia sobresalen algunas juezas de audiencias que lejos de impartir justicia, también se han plegado a las disposiciones dictadas por el régimen de Ortega y Murillo.
La más notable es Nalia Nadezhda Úbeda Obando, del Juzgado Quinto, Distrito de lo Penal de audiencia, circunscripción Managua.
Quienes la conocen afirman que inició su carrera dentro del Poder Judicial como secretaria de actuaciones, pero en 2013 fue ascendida al cargo de defensora pública y en 2017 asumió como jueza Tercero Local Penal.
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En 2019 como jueza Quinto de Distrito de lo Penal de Audiencia declaró culpable a la defensora de derechos humanos María Oviedo por obstrucción de funciones, quien es hoy una de las presas políticas del régimen.
En enero de 2021 procesó a Carlos Bonilla, preso político que teniendo una orden de libertad, fue acusado por tráfico de drogas. Fue también la encargada de la audiencia en contra de la presa política Samantha Jirón.
“Su mamá es asesora del (magistrado) Marvin Aguilar, y se refiere que ellos tienen vínculos de parentesco con Lenín Cerna (aliado cercano de Ortega y quien también fungió como jefe de seguridad del Estado en la década de los ochenta)”, confió la fuente a Expediente Público.
Aguilar es el vicepresidente de la CSJ y está sancionado por Estados Unidos porque «coordina los ataques contra miembros de la oposición prodemocracia».
Funcionarias en segunda instancia
A nivel de la segunda instancia, es decir en los tribunales de Apelaciones, también hay funcionarias que actúan como operadoras del régimen sandinista para reprimir a los presos políticos.
Ahí hay un grupo de funcionarios que son los que “no dan trámite a los recursos de exhibición personal y de apelación” de los sentenciados y condenados por ser opositores.
Las magistradas que conforman esos tribunales “son las que confirman las sentencias de primera instancia que dictan los jueces”, dijo una fuente en anonimato a Expediente Público.
Entre ellas sobresalen Adela Cardoza Bravo, quien asumió como magistrada de Apelaciones de Masaya el 4 de febrero de 2021, tras ser juramentada por la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, quien también ha sido sancionada por la Unión Europea y Canadá debido a su involucramiento en enjuiciar a presos políticos y violaciones de derechos humanos.
