Más de tres meses han pasado desde que la exjefa de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en Santa Rosa de Copán, Sherill Yubissa Hernández, apareció muerta. La noticia no es más la portada de los medios de comunicación. Pero para la patóloga Julissa Villanueva, ese caso determina su futuro al frente de la Dirección de Medicina Forense dentro del Ministerio Público (MP).
En un país donde en los últimos 14 años han sido asesinadas 67,952 personas, la Dirección de Medicina Forense es una pieza fundamental para la resolución de estos crímenes. Su razón dentro de la investigación judicial es hacer «hablar» los cuerpos, de quienes extraen las pruebas científicas para los requerimientos que presentan los fiscales.
Sin embargo, aunque las víctimas hablen revelando huellas de su horror, en la mayoría de los casos pocos las escuchan y sus reclamos de justicia chocan con una impunidad infame. La doctora Villlanueva es una de esas personas que sí las escucha y Sherill Yubissa una de las que quiere ser escuchada.
El caso de Sherill ha sido un punto de quiebre para la actual dirección de Medicina Forense. «No creo que termine mi periodo, estoy haciendo la fuerza pero no es fácil. Estoy siendo amenazada y no me siento respaldada por las autoridades de la fiscalía», confiesa Villanueva, quien lleva cinco años como directora de esta dependencia.
Su denuncia incluye amenazas a muerte, la intervención de sus teléfonos y hasta una probable instalación de micrófonos en sus instalaciones. Personas cercanas le han comentado que detrás de este hostigamiento podrían haber agentes de la ATIC.
Su discordancia con la ATIC inició cuando el 4 de julio, Julissa Villanueva presentó las pruebas científicas que calificaron como homicidio la muerte de la exagente, contradiciendo la hipótesis de suicidio de la ATIC. Además, señaló que habían evidencias que la escena del crimen había sido «alterada y contaminada».
«Yo veo que el trabajo de la ATIC es importante, pero está demostrado de que son como intocables. Necesitábamos este cuerpo élite, pero ahora que lo tenemos no creamos que todo lo hacen bien. Usted no puede decir nada malo de ellos porque se cae en desgracia. Nosotros hemos querido expresar algunas irregularidades en el seno del interior del MP, pero no hemos tenido respuesta», expresa Villanueva, quien ante la falta de atención por parte de sus superiores, exterioriza la información a través de los medios de comunicación.
Las amenazas
Después de la presentación de la autopsia, la primera amenaza ocurrió el 28 de junio, cuando supuestamente aparecieron unos hombres armados frente a las instalaciones forenses en San Pedro Sula. El presunto objetivo era atacar a las encargadas de realizar el dictamen forense de Sherill.
De acuerdo a Villanueva, ese mismo día, agentes de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) le confirmaron que las amenazas eran «verdaderas y de gravedad». «Se me acercaron para decirme “usted no tiene idea dónde está sentada, efectivamente usted está en un problema grave, las amenazas son ciertas”», comenta la directora a Expediente Público.
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«Recibí otras advertencias por parte de terceros, que me decían “tenga cuidado, no toque más el tema porque adentro de la ATIC hay bandas de exterminio, hay sicarios trabajando, le puede ir mal”. En un inicio pensé que querían desprestigiar a la agencia, porque me pareció pesado lo que decían», explica Villanueva.
La doctora pidió reunirse con el Fiscal General, Óscar Chinchilla, pero no recibió respuesta, «la Fiscalía estaba más interesada en desvirtuar las amenazas que en investigarlas», explica la patóloga, por lo que se avocó al Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) y posteriormente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Tuve que poner las denuncias, porque no me he sentido acuerpada en el MP, no porque soy conflictiva, sino porque siento que estoy tocando puntos muy sensitivos. Pero yo tengo principios éticos», comenta Villanueva, quien trabaja desde el 2001 en la Dirección de Medicina Forense.
Ante las instancias protectoras de los derechos humanos, la directora señaló que había sido objeto de amenazas de manera «indirecta» entre el 12 y el 18 de junio de 2018, a través de colegas que le habrían informado que a ella y a sus tres compañeras de labores las iban a matar por sostener que el caso de Sherill se trataba de una muerte homicida y por denunciar que existieron irregularidades en el manejo de la escena del crimen.
Con la resolución 61/2018, la CIDH determinó que las denunciantes se encontraban en una situación de «gravedad y urgencia» y solicitó al Estado de Honduras intervenir con medidas cautelares.
Sobre la intervención de sus teléfonos, la doctora detalla que unos fiscales se lo confirmaron, «me dijeron “la han estado escuchando, pero estamos contentos porque no le han encontrado nada”».
A pesar de contar actualmente con las medidas cautelares, la doctora comenta que a principios del mes de septiembre un carro con cinco hombres armados y encapuchados ingresaron en su residencial, hasta dirigirse frente a su vivienda.
«Cuando la vigilancia privada les pidió la identificación, ellos se negaron y les presentaron los fusiles. Luego una patrulla de la Policía Nacional les detuvo, hablaron con ellos, pero los dejaron libres. Yo fui a la DPI a poner una denuncia. Lo que me explicaron es que eran agentes de la Policía Militar y de la Unidad Antiextorsión haciendo una investigación sobre maras. ¿Yo me tengo que tragar eso? ¿No les parece abuso de autoridad andar armados, con placas falsas y sin identificarse?», relata Villanueva.
Sin respaldo
Cuando le avisaron de las amenazas en su contra, la doctora les consultó a esas personas por qué no le extendían la información al Fiscal General, Óscar Chinchilla, «no podemos, porque nos matarían. Usted tiene razón con el caso, dígale a él para que haga algo», le contestaron a la también coordinadora del posgrado de Medicina Legal y Forense en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
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De acuerdo a sus declaraciones, el respaldo que ha tenido de las máximas autoridades de la Fiscalía, han sido mínimas, antes y después del caso de Sherill. En los cinco años que tiene como directora de Medicina Forense, el Fiscal General apenas ha visitado sus instalaciones en dos ocasiones.
«No somos ni hemos sido su prioridad. Hemos sido el patio trasero de la fiscalía, cuando debemos ser la puerta de entrada, porque nosotros damos las evidencias científicas, la que permite a los fiscales abandonar la vieja idea de que los testigos son la única prueba», comenta.
Villanueva opina que las autoridades de la fiscalía no entienden el papel protagónico de su unidad en la investigación social, de injusticia y vulneración de los derechos de la ciudadanía. Repetidas veces aclara que su trabajo no se limita a levantar muertos.
Con Chinchilla se reunió una vez después del caso de Sherill, «él me preguntó si las amenazas eran ciertas o no. Yo le respondí que él tenía que averiguar. Le dije: “¿a quién va a poner para que investigue? ¿A la misma agencia? Abogado, abra su mente, acá está mal”. Yo le volví a pedir otra cita, pero no me ha recibido», detalla.
La directora también acudió a la embajada estadounidense, quienes en julio de este año le otorgaron el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje. Con dicho galardón, el Departamento de Estado destacó su trabajo en relación con los delitos violentos perpetrados contra mujeres y niños y sus iniciativas para contrarrestar la violencia de género. El Presidente Hernández le felicitó por el reconocimiento, de Chinchilla no recibió ni un mensaje.
A los norteamericanos les comentó las irregularidades que habían encontrado alrededor del caso de Sherill, y les propuso hablar con el fiscal para que fuese la DPI quien investigara el supuesto crimen. La doctora también ha intentado hablar con Juan Orlando Hernández, quien le apoyó en el proyecto de las morgues móviles, pero supone que el Presidente no entraría en contradicción con el fiscal.
En la reunión con Óscar Chinchilla, ella le propuso llevar a algunos agentes de la ATIC a la embajada norteamericana, para que denunciaran las arbitrariedades que supuestamente conocen a lo interno de la agencia, «lo que él me respondió fue “vamos a investigar, van a caer, no me va a temblar la mano”. Pero no accedió ir a la embajada. Este país es un código de silencio», expresa Villanueva.
La doctora no comparte la forma de trabajar del fiscal, ni tampoco confía en su cuerpo de asesores, «él es un hombre muy capaz, pero no estoy de acuerdo en la forma de trabajar tras bastidores. Yo quisiera ver un líder más abierto. Mi pecado es expresarlo, no porque sea imprudente, pero si esta es la mecánica en la que se va a trabajar los siguientes cinco años, nos va a afectar», aclara.
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La doctora insta al Fiscal General para que tome decisiones dentro del MP, «pero no depurar con esas mentiras de las certificaciones, sino con la verdad. Incluso acá hay denuncias claras de muchachas que han sido violadas al interior de la ATIC, denuncias que no dejaron pasar a la Fiscalía de la Mujer. ¿Qué le puedo decir yo? Yo sé quiénes son los sicarios, ¿por qué no los investigan? ¿por qué no los depuran? Esto va a ser probablemente una de las últimas cosas que yo diga como directora, aunque yo no renuncio por honor», comenta esta servidora pública, quien actualmente trabaja por abrir un segundo cementerio para los muertos que nadie reclama en las morgues.
