*La violencia doméstica es una de las formas de agresión más común contra las mujeres hondureñas. En el año 2021 se realizaron 38,988 denuncias ante el 911.
**Violencia doméstica, sexual, estupro, trata de personas y muerte violenta son algunos de los problemas por los cuales luchan diariamente las mujeres hondureñas.
***El aborto y su prohibición y penalización es uno de los problemas que enfrenta la mujer hondureña desde 1982. ¿Cumplirá la próxima presidenta Xiomara Castro su promesa de despenalizar el aborto?
Expediente Público
¿Cuál es el país más violento de Centroamérica? La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señala a Honduras como uno de los países más violentos de Centroamérica, con índices entre 45 y 43 homicidios por cada 100,000 habitantes, incluyendo a mujeres, que día a día sufren diferentes tipos de violencia. En la «Investigación sobre violencia sexual y femicidios como causas del desplazamiento forzado«, del 2021 de Acnur, se evidenció que en Honduras la violencia contra las mujeres era un factor determinante en el desplazamiento, sobre todo para aquellas que tenían funciones de liderazgo y relaciones con miembros de las pandillas o de las fuerzas de seguridad.
A partir del mes de enero a noviembre del 2021 el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) ha reportado 314 muertes violentas de mujeres. También ha contabilizado 44 homicidios múltiples en los que han perdido la vida 145 personas, de las cuales 19 eran mujeres.
Igualmente, el Sistema Nacional de Emergencia (911) ha registrado hasta el 31 de octubre 38,988 denuncias de violencia doméstica, a diferencia del año 2020 donde se registraron 48,747 denuncias de este tipo, la cual no involucra el daño o agresión física y es considerado como un asunto civil.
Además, se reportaron 51,053 denuncias de violencia intrafamiliar, la cual involucra el daño físico y es considerada como un delito de mayor gravedad.
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La coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, Helen Ocampo explicó a Expediente Público que la población hondureña se encuentra expuesta a diferentes tipos de vulnerabilidades por las condiciones de extrema pobreza, desempleo, crimen organizado y desigualdad económica.
“Las mujeres en particular si estamos mucho más propensas a más vulnerabilidades propias de la cultura machista y patriarcal”, manifestó la coordinadora.
Expresó que las mujeres sufren de manera constante agresiones que se llegan a normalizar e incluso a considerar menos graves, como controlar el cuerpo, vigilar el corte de cabello, obligar a las tareas del hogar, insultar y golpear a la pareja.
“Como organizaciones feministas y los medios de comunicación, nos centramos en las cifras de esta violencia, los cuales son datos bastante alarmantes y nos muestran un poco la dimensión de los problemas, pero en este proceso también estamos obviando algunas formas de violencia que, si afectan mucho a las mujeres en nuestro desarrollo personal y que no son tan fáciles de documentar”, expresó.
Igualmente recalcó que entre los departamentos que presentan mayores casos de violencia hacia las mujeres se encuentran Francisco Morazán, Cortés, Yoro y Olancho.
Asimismo, agregó que este año, según datos obtenidos del Ministerio Público, registraron que la mayoría de afectadas son niñas y adolescente de 10 a 19 años, las cuales son víctimas de violencia sexual, trata de personas, estupro y rapto.
“De enero a octubre el Ministerio Público nos ha confirmado que son 1,250 niñas y adolescentes de 10 a 19 años que han sido violadas en las diferentes formas de agresión”, informó Ocampo.
Agresiones cada 2 horas
La coordinadora Helen Ocampo informó que por medio del Ministerios Público, en lo que va del año 2021, se han registrado 13,683 denuncias.
“Estas cifras se suman como números, pero no son números, estamos hablando que desde enero a octubre, tomando en cuenta el rango de fecha, cada 2 horas están agrediendo a una mujer en este país”, expresó.
Agregó que muchas veces las mujeres no denuncian a su agresor por miedo, amenazas y en muchos casos por dependencia económica.
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¿Se condena al culpable?
En cuanto a la pregunta planteada, Ocampo respondió que el último dato que se tiene en casos de impunidad es de un 98%.
“Interponer una denuncia ante una posta, fiscalía e incluso se inicie un proceso de investigación no es garantía para que las mujeres encuentren justicia”, manifestó.
Ocampo explicó que a pesar de que el sistema de seguridad cuenta con un presupuesto asignado de 286 millones de lempiras, no se han reducido los índices de violencia en todo el país. “Es indispensable que el discurso de bienestar y seguridad para las mujeres deje de ser un discurso y se fortalezcan las unidades de investigación, que puedan encontrar justicia en los casos de violencia contra mujeres. Seguridad y justicia para nosotras sería que no nos agredieran y no estar contando 314 femicidios”, dijo.
La prohibición a decidir sobre su cuerpo
En enero del 2021 el Congreso Nacional aprobó una reforma en el artículo 67 de la Constitución de la República para fortalecer la prohibición del aborto, vigente desde 1982.
En Honduras las penas a las mujeres que llevan a cabo este procedimiento oscilan entre 2 y 8 años de cárcel. Sin embargo, para poder volver a reformar este artículo se necesitarán 96 votos de los 128 diputados del Congreso.
En una entrevista a Expediente Público, la abogada del equipo jurídico de los Derechos Humanos en Honduras, Catherine Pineda manifestó que la penalización del aborto y la inobservancia de algunos estándares internacionales como la interrupción de embarazos que arriesguen la vida de la madre y embarazos producto de una violación sexual, representan una clara vulneración a los derechos de las mujeres y una condena a muerte por parte del Estado de Honduras.
Por otra parte, la coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de mujeres, Gilda Rivera explicó a Expediente Público su posición en contra de la penalización del aborto y defendió el derecho de las mujeres para poder decidir sobre su cuerpo.
“Estamos de acuerdo cuando se está en riesgo la vida de la madre, cuando es producto de una violación, cuando el feto no tiene posibilidades de vivir por condiciones de salud grave, pero eso a los legisladores no les importa, solo les importa quedar bien con las iglesias y penalizar el aborto en cualquiera de las condiciones”, expresó.
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Igualmente, señaló que las autoridades deben entender que el aborto es un tema de salud pública, donde el Estado obliga a menores de edad a ser madres y esto coloca a Honduras en uno de los países con una alta tasa de maternidad adolescente.
¿Podría un nuevo gobierno cambiar este problema?
Luego que los resultados de las elecciones del pasado 28 de noviembre posicionaran a la candidata del Partido Libre, Xiomara Castro como la próxima presidente y también representante de la mujer hondureña, las expectativas en cuanto a seguridad y derechos hacia las mujeres se encuentran en un alto nivel.
Uno de los compromisos de Castro entre sus 30 propuesta de Plan de Gobierno, que hizo durante la campaña electoral, incluyó trabajar «para erradicar el patriarcado y los feminicidios». «Desde hoy anuncio a las mujeres, que voy a defender nuestros derechos desde todos los campos de la sociedad, pero especialmente desde la Presidencia de la República», afirmó el 5 de septiembre al oficializar su plan.
La despenalización del aborto en casos de violación, cuando la vida de la madre corra riesgo y por malformaciones fetales, es parte de esas propuestas, pero tras ser fuertemente criticada por sectores conservadores, incluida por los representantes de la Iglesia católica en Honduras, Castro dijo que «estos temas hay que llevarlos a debate y que sea el soberano el que defina».
De acuerdo con la ONU, en Honduras se realizan entre 51.000 y 82.000 abortos inseguros por año y una de cada cuatro niñas tuvo un embarazo antes de los 19 años.
La abogada Catherine Pineda expresó que el triunfo de Castro cuenta como un momento de alto valor histórico para Honduras, pero en especial para las mujeres.
“Sin duda guardamos mucha ilusión y esperanza para que por primera vez en la historia de Honduras se gobierne con perspectiva de género y se generen las condiciones para erradicar la discriminación y promover el respeto de los derechos de las mujeres para gozar de una vida digna y libre de violencia”, expresó Pineda.
La coordinadora la coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres, Gilda Rivera agregó que, en cuanto al tema del aborto, la candidata se comprometió a revisar el tema.
“Los grupos provida son muy fuertes en el país, las iglesias tienen mucha influencia en la población y la presión que ella puede recibir será muy fuerte para avanzar con este tema, igualmente va a depender mucho de la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional”, manifestó.
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La educación como un método de prevención
En cuanto a las medidas que deben brindar las autoridades, la coordinadora ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres, Gilda Rivera que como primer punto deben reconocer que la violencia hacia las mujeres es un problema social de grandes dimensiones.
“Atacar esta situación es reconocer la gran cantidad de mujeres que mueren de manera violenta y asesinadas por hombres. Deben hacerse campañas de prevención en todo el país”, expresó.
Igualmente agregó que esta problemática enfrenta problemas relacionados a la forma de pensar y el comportamiento social de las personas y por ellos se deben tomar acciones que combatan el origen del problema.
Informó que este fenómeno debe ser atendido desde la niñez e implementar programas educativos que permitan entender a la niñez las consecuencias de la violencia y puedan aprender a respetarse para enfrentar las diferencias y conflictos.
Fin al miedo
Para todas aquellas mujeres víctimas de violencia, la coordinadora del observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres, Helen Ocampo manifestó que deben dejar el miedo atrás, denunciar y lograr un cambio en sus vidas.
“Nos merecemos una vida distinta, es importante que busquemos redes de apoyo, una persona que consideremos que puede servirnos de ayuda en estos procesos de transición, porque salir de la violencia no es algo fácil, pero nosotras nos merecemos una vida mejor y que necesitamos y empezar a hacer pasos pequeños para salir de esta situación y exigir al estado que inicie procesos contra quien nos agreda”, aconsejó.
