El 13 de abril de 2018, Génesis Janeth Colindres, de 16 años, se trasladaba al Instituto Central Vicente Cáceres, donde cursaba el noveno grado. Cuando se prestaba a ingresar, unos desconocidos le dispararon. Esa mañana la joven entró a una extensa lista de estudiantes de educación media que han sido asesinados en la última década; y como la gran mayoría de los casos, aún se desconoce los autores y el móvil de su crimen.
Según un informe del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), presentado en junio del presente año, en los últimos 8 años se registraron 802 asesinatos en contra de estudiantes de educación media. Los crímenes presentaron una disminución hasta el 2017, y tuvo en 2014 su período más violento.
De acuerdo al ONV, entre enero de 2010 y marzo de 2018, 1,522 estudiantes de los tres niveles académicos murieron de forma violenta en Honduras, de los cuales el 52% estudiaba en el nivel medio. «La niñez y los jóvenes en Honduras representan el 51% de la población y en los últimos 5 años, el 55% de las muertes violentas del país fueron dirigidas a jóvenes», expresó Migdonia Ayestas, directora del ONV, durante la presentación de un boletín especial que registra estos crímenes.
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Los entornos
Los tipos de violencias que enfrentan los estudiantes varían, pero los colegios ubicados en zonas donde hay una mayor influencia de las pandillas, presentan más vulnerabilidad.
Ante esta problemática, el Estado hondureño ha multiplicado la presencia de agentes de la seguridad pública en los centros de estudio que presentan más riesgo. Pero los registros de homicidios no se reducen. Para Sonia Peralta, asistente de orientación y docente de psicología, estas medidas no han sido efectivas, «el Técnico Luis Bográn tiene militares desde hace varios años, pero en mayo unos hombres se metieron a robar, llevándose 14 computadoras, eso demuestra la vulnerabilidad de un centro supuestamente protegido», comentó a Expediente Público.
De acuerdo al ONV, entre enero de 2010 y marzo de 2018, 1,522 estudiantes de los tres niveles académicos murieron de forma violenta en Honduras, de los cuales el 52% estudiaba en el nivel medio.
Hay casos como el colegio Saúl Zelaya, ubicado en las inmediaciones de la colonia Flor del Campo, donde en los últimos años se han presentado fuertes conflictos entre pandillas. Carlos Del Cid, docente y coordinador de gobiernos estudiantes de la Secretaría de Educación, explicó que en ese centro hay estudiantes que han sido reclutados por los grupos criminales, trasladando la lucha del territorio a lo interno del colegio.
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«En Honduras se piensa que los estudiantes o jóvenes mueren porque estaban involucrados en una actividad delictiva y eso no es cierto, porque mientras el Estado a través de sus instituciones no investiguen y no establezcan una acción penal con una verdadera investigación para que judicialicé esos casos», comentó Ayestas, quien recalcó que solo en 2014, fueron asesinados 254 estudiantes en todo el país.
Trabajo con todos los actores
Carlos Del Cid coincide con los datos del ONV y opina que la violencia en los centros de estudio se ha incrementado. Según él, uno de los mayores problemas para enfrentar la inseguridad es la ausencia de un reglamento de seguridad especial para los centros de estudio. «Hacen falta protocolos que nos indiquen las medidas a establecer. En el Distrito Central tenemos tres modalidades de colegios, los que funcionan en la mañana, por la tarde y los que tienen jornadas nocturnas. Todos presentan problemas. Hay colegios a los que el gobierno los seleccionó para darles una atención preferencial, eso benefició las instalaciones físicas, pero no su pedagogía, ni su orientación y consejería a lo interno de cada centro educativo», detalló.
Para Del Cid, en los 50 institutos públicos que hay en el Distrito Central hacen falta orientadores que realicen un registro minucioso por cada alumno que denuncie problemas de inseguridad. «El consejero se limita a verificar las firmas de los docentes, y no atiende individualmente a los alumnos, quizás en algunos centros los maestros aplican esa labor de orientación de trabajo social y de consejería», comentó el representante de la Secretaría de Educación.
Según un informe del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV), en los últimos 8 años se registraron 802 asesinatos en contra de estudiantes de educación media.
Los especialistas coinciden que también hace falta una mayor vinculación por parte de los padres de familia, recayendo las responsabilidades de seguridad sobre los docentes, quienes también enfrentan riesgos. Según el ONV, entre el 2009 y el 2017, fueron asesinados 79 profesores.
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Para prevenir estos crímenes, la Secretaría de Educación tiene un sistema de denuncia a través del número de teléfono de emergencia 104, pero esta línea está más orientada a situaciones que se dan a lo interno entre maestros y alumnos, sin abarcar puntualmente problemáticas referentes a drogas, prostitución, acoso externo o presencia de maras en los centros educativos.
Del Cid explicó que hay muchas instituciones trabajando en esta problemática de violencia, pero pocos esfuerzos se enfocan en su prevención, «para reducir estos crímenes debemos involucrar a todo el tejido social, a la comunidad, a los niños y niñas junto con los maestros, a los padres de familia, a la empresa privada y a la cooperación internacional».
