En esta segunda entrega del reportaje sobre la violencia política en Honduras, Expediente Público analiza el registro de estos crímenes, sus características comunes, quiénes son sus presuntos victimarios, los móviles por los cuales podrían haberse cometido y el contexto de impunidad que rodea esta violencia.
La noche del 26 de diciembre del 2020, cuatro hombres con pasamontañas y camisas negras, asesinaron al dirigente campesino indígena y precandidato a diputado del opositor partido Libertad y Refundación (Libre), Félix Vásquez. Su caso ejemplificó brutalmente que la violencia política en Honduras nunca entró en el confinamiento de la pandemia, y carga de malos presagios un 2021 marcado por la disputa electoral del poder y la conflictividad socioambiental.
Los autores intelectuales y materiales del atentado no consideraron ningún atenuante a favor de Vásquez. No importó la relajación del período navideño, que hubiera al menos cuatro testigos directos, que la aldea donde residía es tan pequeña que todos se conocen y que resta casi un año para las elecciones generales. Son atentados que encierran un mensaje. La pregunta es ¿de parte de quiénes y para quiénes?
La Policía en Honduras indicó que no hay personas detenidas por el caso y que los investigadores no han determinado el móvil, lo cual no es extraño si se toma en cuenta que, de acuerdo con el Informe 2020 del Índice Global de Impunidad (IGI), el país ocupa el primer lugar en el continente americano.
La impunidad en términos de la realidad hondureña, es nunca llegar a los autores intelectuales de los llamados homicidios emblemáticos y, con frecuencia, no saber qué exactamente detonó el plan de muerte. En Vásquez pudo ser su acción de defensa de la cuenca hidrográfica El Jilguero, su liderazgo campesino regional, su postulación a diputado suplente por el partido Libertad y Refundación (Libre), por el central departamento de La Paz, ubicado a 87 kilómetros de Tegucigalpa, o todas esas razones a la vez.
Como lo comentara a Expediente Público el sociólogo Eugenio Sosa, «la violencia social y criminal se funden en la violencia política, es una mezcla. Los defensores de los territorios son los que más mueren y habrá que interpretarlas como víctimas de la violencia política», afirma.
El esclarecimiento del atentado contra Vásquez pinta peor si se toma en cuenta que la Coalición contra la Impunidad (CCI), en un comunicado, responsabilizó al Estado de lo ocurrido. Ese señalamiento no implica necesariamente una responsabilidad por «acción» sino que puede ser por «omisión», es decir, por no hacer valer el derecho constitucional a que se respete la vida de sus ciudadanos.
En esta ocasión, como ocurrió con la dirigente ecologista Berta Cáceres en 2016, no hubo temor a las réplicas de protesta, a los cuestionamientos de los organismos defensores de los derechos humanos ni a las investigaciones policiales. A Vásquez, le arrebataron la vida a los 70 años de edad, en su aldea de El Ocotal, casi tan desconocida como extraviada para la mayoría de los hondureños, salvo para los asesinos.
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Antecedentes de la violencia
Al analizar los últimos dos procesos electorales en Honduras, en 2013 y 2017, destaca que ambos fueron altamente conflictivos y que esa violencia mostró una tendencia ascendente. Por ejemplo, el número de víctimas aumentó 4.2% al pasar de 48 entre las primarias y generales de 2013 a 50 en las contiendas de 2017.
En el catálogo de la conflictividad política se registran hostigamientos, acosos, amenazas, campañas de descrédito, discriminación, el abandono forzado de candidaturas, atentados y ejecuciones. Entre las víctimas las hay de diferentes orientaciones políticas, pero, en su mayoría, son opositores al partido gobernante, El Nacional.
El listado fatal incluye representantes de la diversidad sexual y étnica del país, y mujeres que suelen encabezar organizaciones o movimientos ambientalistas o agrarios, al tiempo que activan en partidos opositores.
«Ser mujer parece ser un agravante adicional, víctima de la violencia y exclusión dentro y fuera del hogar», dijo a Expediente Público la diputada opositora Doris Gutiérrez, integrante de una red multipartidaria de mujeres que activan en la política.
Gutiérrez es una de las parlamentarias más beligerantes en el hemiciclo y es constante en sus denuncias en materia de violencia política, en particular hacia las mujeres. Un estudio del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés), de 2017, sobre violencia política en la mujer y los partidos políticos, destaca que algunas de las principales características son: presión para adoptar posiciones a favor de determinados grupos, amenazas, violencia física, negación de información para tomar decisiones, exclusión de reuniones, entre otros patrones.
El Informe sobre conflictividad y violencia política sobre las elecciones generales y primarias, 2016 y 2017, preparado por el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), anota que los sucesos violentos en las dos elecciones previas a la actual tuvieron lugar antes, durante y después del día de las votaciones.
Tomando como antesala los datos referentes a las dos consultas electorales de 2017, el informe del IUDPAS establece que, de los 18 departamentos del país, 10 resultaron afectados. Las zonas norte y central fueron las que reportaron la mayor cantidad de víctimas mortales.
La socióloga y ex rectora universitaria Julieta Castellanos destacó que el escenario de la violencia electoral en el país es sumamente complejo por la variedad de intereses que intervienen, entre ellos destacó al crimen organizado que busca el control territorial de zonas estratégicas, rurales y urbanas.
En una entrevista para Expediente Público, Castellanos, autora de diversos libros y ensayos sobre política, desarrollo, corrupción y transparencia, anotó que, en el caso de la violencia electoral de 2017, el mayor número de víctimas fue después de la celebración de los comicios, cuando miles de personas realizaron numerosas acciones de protesta por considerar que el triunfo del Partido Nacional fue fraudulento.
¿Qué volvió tan cruento el período poselectoral? La conflictividad que se prolongó varios meses fue estimulada por la desconfianza ante los resultados, hecho que motivó a la ciudadanía y los militantes opositores a salir a las calles, manifestándose a través de movilizaciones, tomas de carreteras, construcción de barricadas y otras acciones de presión.
La situación fue en extremo tensa cuando, en la convulsión de las protestas, hubo daños a la propiedad pública y privada, y saqueos que provocaron confrontaciones con las fuerzas policiales y militares.
Con relación a las amenazas a muerte contra actores políticos, en el 2017 se registraron 15 incidentes de este tipo contra candidatos a cargos de elección popular de los tres niveles electivos. La mayoría de estas amenazas fueron expresadas contra diputados y candidatos a diputados (10), contra aspirantes y autoridades municipales tres (3) casos y dos (2) en contra de los candidatos a la presidencia de la república de los partidos Anticorrupción y Liberal.
¿Qué se disputa en la consulta?
Son múltiples los intereses sobre el tapete. Desde el derrocamiento violento del expresidente liberal Manuel Zelaya Rosales en junio de 2009, Honduras ha permanecido en el puño del sector político calificado como más conservador: el Partido Nacional.
La figura más influyente de ese partido en la última década ha sido Juan Orlando Hernández, presidente de la república en dos períodos consecutivos: 2014-2018 y 2018-2022. Desde el retorno formal al orden constitucional en 1982 es el único que ha podido reelegirse tomando en cuenta que la Carta Magna lo prohíbe y hasta considera «traición a la patria» sugerirlo.
En opinión de Joaquín Mejía, abogado, académico y defensor de los derechos humanos, la reelección de Hernández «no puede entenderse sin el contexto de subordinación y control casi absoluto de la institucionalidad democrática por parte del Poder Ejecutivo, desde la Corte Suprema de Justicia, pasando por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, hasta las Fuerzas Armadas».
Conservar esa red de poder, que es una especie de logia que vincula empresarios, financieros, políticos y militares, es uno de los asuntos claves en disputa. El temor del oficialismo es que una posible alternabilidad en la administración pública la ponga en riesgo, sobre todo si el eventual triunfador de los comicios generales de noviembre sea el Partido Libertad y Refundación (Libre), fundado y dirigido por Zelaya Rosales, el presidente derrocado, de quien recelan tenga un ánimo revanchista.
En todo caso, perder el control de la administración pública es como cerrar una mina de oro en plena y cotizada producción. Pese a ser calificado como uno de los países más pobres del continente, el presupuesto nacional suma un promedio de 10 mil millones de dólares al año. En ese contexto, las denuncias por corrupción son numerosas, según documentan el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), a la que se le canceló oficialmente la continuación de su mandato.
«La imagen de los ciudadanos sobre las instituciones del Estado, los políticos y aún de las entidades de sociedad civil misma, es que están muy asociadas a la corrupción y son víctima fácil y cómplices de las prácticas del crimen organizado y el narcotráfico», subrayó un estudio del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), publicado en noviembre de 2019.
Costo de la corrupción
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) calcula que la corrupción le costó a Honduras 254 mil millones de lempiras (unos 10 mil millones de dólares) entre 2014 y 2018, lo que supone el 10 % y el 12,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
El director del Fosdeh, el economista Mauricio Díaz Burdett, aseguró que el crimen organizado, el sector privado y el público, son las instancias que aglutinan «más del 90 por ciento del destino o apropiación ilegal de recursos» producto de sobornos, comisiones financieras ilegales, violación a la Ley de Contratación del Estado, evasión fiscal y robo. Semejante botín explica cómo muchos políticos se resisten a dejar el poder y otros tantos aspiren a relevarlos.
A lo anterior se agrega otro elemento central en la disputa y es acceder a los beneficios generales de la impunidad. Conservar ese privilegio cobra especial relevancia en Honduras debido a las graves violaciones de los derechos humanos acontecidas durante y después del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009, así como a la corrupción sistemática ocurrida a lo largo de la última década.
El sociólogo Eugenio Sosa añade algo más al respecto y es que la impunidad no se limita a la falta de castigo, sino al control del Estado de Derecho en beneficio de particulares o de intereses corporativos. Un tribunal, por ejemplo, puede orientar sus fallos al margen de la ley si se trata de favorecer a determinados intereses.
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Desde las últimas elecciones primarias y generales de 2017 a la actualidad, la situación sociopolítica en lugar de mejorar tiende a empeorar. Prevalecen la debilidad institucional, la falta de independencia del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Registro Nacional de las Personas (RNP), la profundización de la corrupción, la infiltración del crimen organizado por medio del financiamiento ilícito de campañas políticas en las listas de candidaturas y el hartazgo ciudadano ante el descrédito de los políticos.
Las frecuentes caravanas de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos son una prueba de la desesperación social que priva al interior del país, en contraste con las élites que viven su propio paraíso. La banca privada sigue reportando miles de millones de lempiras en ganancias, pese a la contracción económica derivada del impacto de la pandemia.
Las ventajas del Partido Nacional
Empero, el oficialista Partido Nacional sabe el descrédito que arrastra y el desafío que enfrenta de mantenerse al mando de la nación centroamericana. En ese sentido, para estas elecciones va con todo el peso del Estado a su favor, incluyendo un conjunto de leyes que amordazan a la población y el fortalecimiento del aparato de seguridad.
En plena pandemia, por ejemplo, puso en vigencia un nuevo Código Penal que criminaliza el ejercicio lícito de los derechos de asociación y de protesta. Esto incluye el delito de «desórdenes públicos», que se define de manera imprecisa como «violencia o intimidación graves que atemorizan a la población o parte de esta». El código también utiliza un lenguaje excesivamente amplio al definir los delitos de «asociación ilícita», «manifestaciones» y «terrorismo».
Otra característica de esa «mano dura» es la progresiva remilitarización de los territorios, en el esfuerzo por socavar y debilitar los procesos de organización y lucha comunitaria, en un marco de país donde se avizora una nueva oleada del proyecto extractivo, en asocio con el capital nacional e internacional, terratenientes locales, fuerzas no estatales como la seguridad privada de las empresas extractivas.
Esa remilitarización no se limita a fuerzas estatales, militares y policiales, sino a una amplia red de actores paramilitares que se disputan el control del territorio, entre ellos los carteles del narcotráfico.
En ese contexto, la desconfianza, intolerancia e incertidumbre sobre la credibilidad del actual proceso electoral se afianzan a medida que se aproximan las elecciones primarias e internas, previstas para el 14 de marzo, con una intensidad propia de las luchas enconadas por el poder.
Las elecciones, en este sentido, son un escenario y un momento particular en donde aparecen incentivos para transgredir el orden público y democrático o mantener una extrema desigualdad en la competencia por acceder al control de la administración del Estado.
De hecho, cada cuatro años, cuando toca renovar autoridades, los procesos políticos y electorales se vuelven más ásperos, con mayores cuotas de intimidación, coacción o represión en contra de los ciudadanos y las candidaturas de oposición.
Sistema en constante crisis
¿Se podrá revertir esa tendencia o es inevitable que esa dinámica se repita? Lo que ocurra dependerá de varios factores de la política interna e internacional, sin embargo, lo que está en claro para la mayoría de los analistas es que en Honduras la democracia electoral sigue estando en crisis, con un desgaste acelerado y profundo que aún se arrastra de los comicios de 2017.
La esperanza de que las reformas electorales que se negociaban facilitarían mayor credibilidad, transparencia y eficacia de los órganos electorales y las normativas regulatorias correspondientes no se cumplió en 2020.
Los dos procesos electorales anunciados para 2021 en ese país se convocan con la incertidumbre de si serán libres y competitivos, si habrá más o menos violencia o si se mantendrá el déficit democrático del sistema político hondureño, con sus manifestaciones de autoritarismo, clientelismo partidario, populismo con fondos públicos, corrupción y captura de las instituciones electorales para fines particulares.
La incertidumbre caracteriza el actual proceso, máxime cuando desde el ente rector de los comicios, el Consejo Nacional Electoral, se anuncia que, en las elecciones primarias del 14 de marzo, no habrá transmisión preliminar de resultados electorales por los vicios que han caracterizado al sistema y se habla de retornar al conteo manual de urnas, como en el siglo pasado, en pleno siglo 21, en donde la apuesta es a la tecnología de punta.
La tercera entrega de este reportaje abordará cuáles son las etapas del cronograma electoral 2021 más proclives a la violencia política, en las cuales se advierten como inminentes, eventuales crímenes por razones derivadas a las elecciones primarias y generales.
