*Agitadores y propagandistas recibieron 2.5 millones de dólares solo en publicidad estatal entre 2018 y 2021.
**A inicios de abril, William Grigsby, el propagandista más activo del régimen Ortega-Murillo apoyando la invasión rusa a Ucrania, pidió a YouTube bloquear un video de Expediente Público porque expuso sus falsedades sobre la invasión rusa a Ucrania. “Se ponen salsa de tomate” para parecer heridos, aseguró.
Expediente Público
Con el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, su familia inició un proceso de adquisición de canales de televisión, pero a partir de 2018 el Estado intensificó su batalla frontal contra la libertad de expresión.
Hay un periodista muerto, Ángel Gahona, más de 120 comunicadores exiliados, clausuras y confiscaciones de importantes medios como La Prensa, El Nuevo Diario, Confidencial, Esta Semana, 100% Noticias, Radio Darío y Canal 21. Periodistas como Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro, Miguel Mora, Miguel Mendoza, Jaime Arellano, así como empresarios de medios como el exdirector del desaparecido El Nuevo Diario Luis Rivas, y el gerente de La Prensa Juan Lorenzo Hollmann, han sido condenados a prisión.
En estos momentos, Nicaragua ocupa el puesto 121 de 180 países en el Índice de Libertad de Expresión 2021 de Reporteros Sin Frontera, el puesto 122 lo ocupa Afganistán, pero no acompaña la lista de naciones con mayor censura como Cuba o Corea del Norte, porque los medios y periodistas independientes se refugiaron en las redes sociales y el internet, muchos de ellos desde el exilio.
Aunque subsisten algunos medios independientes dentro del país como las radios Corporación y Católica o La Prensa en su versión digital, lo hacen bajo una notable autocensura para sortear los castigos de gobierno; por otro lado, hay tres canales de televisión abierta propiedad del guatemalteco-mexicano Ángel González.
Sin mostrar una señal favorable a los medios independientes ni pena por el deterioro de la libertad de expresión, la vicepresidenta Rosario Murillo saludó el primero de marzo, Día del Periodista en Nicaragua, a los comunicadores oficialistas que habían emitido una proclama ese día.
El denominado Movimiento de Comunicadores Patrióticos, integrado por empleados de los medios de la familia Ortega Murillo, periodistas y miembros de redes de comunicadores sandinistas, emitió un comunicado donde constatan que hacen “causa común con los mejores hijos del país para denunciar a los traidores y vende patria que sumieron a la nación en la miseria” y «rostros que no son otra cosa que ladrones, saqueadores, entreguistas, aprovechados e insensibles, que sin empacho quisieron continuar desangrando a la patria desde el fallido golpe de Estado”.
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Los “periodistas” de los medios oficialistas, llamados “del poder ciudadano”, confesaron así su participación activa en la represión, muchas veces actuando como acusadores y transmitiendo amenazas de captura o enjuiciamiento, y respaldando, por ejemplo, la creación de una ley de ciberdelitos.
El Gobierno de Nicaragua premió entre 2018 y 2021 a estos medios y periodistas con 77.4 millones de córdobas y 326,249 dólares, solo en publicidad, el equivalente total de 2.5 millones de dólares, según datos oficiales recabados por Expediente Público en el Siscae.
Por otra parte, las dos principales organizaciones de periodistas independientes fueron canceladas el 17 de marzo por la Asamblea Nacional, la Fundación Violeta Barrios y la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN).
Estrategia del régimen: premiar, castigar, boicotear
Sendos artículos periodísticos de Reuters, Confidencial, Nicaragua Investiga o Divergentes develan el entramado mediático de la familia Ortega-Murillo y los aportes millonarios entregados a los “medios del poder ciudadano” a través de la publicidad estatal, a pesar de que se trata de empresas que en realidad están en manos privadas.
Los medios progobierno se caracterizan en divulgar notas rojas y participar en la propaganda del régimen. Ni siquiera se atreven a hacer preguntas en la mayoría de actividades o presentar temas comunes relacionados a los incrementos de los combustibles o la inflación.
Por otra parte, el parlamento nicaragüense estaría discutiendo con actores políticos sandinistas cambios en el sistema jurídico represivo, a pesar que este funciona apenas desde 2021 y con el cual aplicaron a decenas de opositores y críticos del régimen, a sentencias que van de los ocho a 13 años de prisión por delitos contra la soberanía.
Una de las armas legales es la ley de ciberdelitos para combatir lo que suponen noticias falsas, es decir, críticas contra el régimen. La escuela de estas normas viene de Vladimir Putin, quien el 4 de marzo, implementó una ley para castigar hasta con 15 años de cárcel a las referencias a la guerra que no convengan al Kremlin.
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Grigsby censura video de EP en Youtube
Además del hostigamiento a los medios independientes, los agentes políticos del Gobierno de Nicaragua usan debilidades de redes sociales para boicotearlos, pues el impacto de estas plataformas es enorme y se ha escapado del control del Estado, hasta ahora.
El Gobierno de Nicaragua ha tratado de revertir la tendencia capacitando a sus bases leales, particularmente desde la Red de Comunicadores, después de las protestas de abril, pero no solo se trató de producir contenidos favorables, sino, de entrar literalmente en la guerra virtual contra los periodistas críticos.
A inicios de noviembre de 2021 Facebook destruyó una granja de troles afines al gobierno, más de mil cuentas falsas para distribuir propaganda u hostigar con comentarios a medios y periodistas independientes, así como otros líderes de opinión. Twitter también ha cancelado cuentas en menor medida, una de ellas la de Juan Carlos Ortega Murillo, hijo del presidente y propietario de varios medios.
Expediente Público fue víctima de estas estrategias al publicar un video de verificación de un programa de William Grigsby donde, entre otras afirmaciones, llegó a decir que los heridos en Ucrania se ponían salsa de tomate y aparecían en otros lugares, en afán de legitimar la invasión rusa a Ucrania.
Expediente Público explicó al gigante de la información que se trataba de un video informativo de un minuto y 20 segundos, con el fin de verificar afirmaciones y por tanto está protegido bajo las leyes internacionales del uso legítimo de contenidos, y el programa fue correctamente citado. Además, bajo los artículos 40 y 42 de la Ley de Derechos de Autor de Nicaragua, se permite sin permiso previo del autor el uso de contenidos de otros medios de comunicación siempre y cuando tenga fines informativos.
Grigsby es director de La Primerísima, una radio estatal creada en 1985 dentro de la Corporación de Radiodifusión de Pueblo (Coradep) y que pasó en 1990 a manos de los trabajadores dentro de la llamada “piñata sandinista”, con la cual se repartieron empresas, inmuebles y bienes, sin beneficio al Estado. El saqueo del patrimonio de los nicaragüenses significó una pérdida de 2,000 millones de dólares, según estimaciones de diversas investigaciones y medios de prensa.
Entre 2018 y 2021 La Primerísima de Grigsby recibió 1.56 millones de córdobas solo en publicidad estatal, equivalente a 45,500 dólares, revelan datos del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónica (Siscae), donde se reportan los gastos de instituciones públicas.
Ataques a medios y redes es la norma
Las redes sociales han permitido mantener a los nicaragüenses informados, a pesar de la persecución. Sin embargo, los ataques no faltan. En mayo de 2020, el Canal 4 logró cancelar la presencia de Nicaragua Actual en Youtube al demandar por derechos de autor en varias ocasiones.
El problema es que estos medios, aunque son empresas privadas, funcionan como voceros del “poder ciudadano”, los periodistas independientes no son invitados a cubrir eventos presidenciales o de instituciones públicas, pero cuando Ortega hace un acto todos los medios están obligados a enlazarse a la transmisión.
“Piden a todos los medios que se distribuya y se publique sin cortes, sin logos pegados ni nada de eso, nosotros apelamos a Youtube bajo esa lógica, igual con el apoyo de varias organizaciones, a partir de y eso nosotros creamos otro canal de Youtube alternativo, porque nos cerraron”, contó Ulises Mendieta, encargado de redes sociales de esta plataforma.
En enero de 2022 medios como Confidencial, Canal 10, Bacanalnica y Artículo 66 reportaron suspensiones de cuentas de Whatsapp. Los agentes del gobierno o simpatizantes sandinistas aprovecharon una debilidad del registro de cuenta para cerrar temporalmente esta red.
Manuel Díaz, director de Bacanal Nica, recordó que entre los condenados por la justicia sandinista por supuestos delitos contra la soberanía hay miembros de un grupo de Whatsapp, cuyas conversaciones fueron la prueba principal para sentenciarlos.
Díaz considera que las conversaciones privadas están protegidas, y condenar a estos opositores es comparable con acusar a alguien por exhibicionismo por desnudarse en la habitación de su casa.
Con la cancelación de la granja de troles sandinistas en noviembre de 2021, los ataques han disminuido considerablemente, señala Mendieta, pero Díaz considera que estos grupos aún pueden ponerse de acuerdo para reportar masivamente contenidos, por eso “siempre tenemos el cuidado de cumplir con las reglas de las plataformas. Tendrían primero que encontrar una publicación que viole las reglas y ahí sí pues tienen espacio de perjudicar”.
“Si estuviera en Nicaragua definitivamente sería blanco, pero ellos mismos tienen muchos problemas por entender y aplicar estas leyes (ciberdelitos), evidente que el recurso humano del Poder Judicial es deficiente e ignorante de la tecnología, cuando en general ellos controlan el contenido de la ley y su aplicación”, agregó Díaz.
Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, indicó a Expediente Público que recientemente tuvieron un ataque al sitio web por medio de entradas masivas con bots que saturan el sitio, pero al final no lograron botar la página.
“En el momento que se robaron la cuenta de Whataspp de Confidencial y después la de Bacanal Nica también se fueron contra nosotros, pero ya estábamos un poquito avispados con lo que podía ocurrir”, indicó.
Navarro explicó que en un periodo de 20 a 25 días tuvieron hasta 12 intentos diarios de bloquear la cuenta de Whatsapp, “lo que asumimos fue o se aburren ellos, pero nosotros no, esta es una guerra y hasta al final vamos a ver quién es quién, ellos que están trabajando por eso y nosotros que tenemos un propósito de mantener un contacto con la audiencia”.
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Otra vez negocios turbios con el Canal 6
La voracidad con el patrimonio público de la familia Ortega se mantiene, la apropiación más reciente que se conoce es irónicamente el simbólico Canal 6, lo que hace recordar el escándalo de “la huaca”, que en lenguaje popular es un tesoro escondido.
El Canal 6 era propiedad del Estado hasta que cerró operaciones en 2002 por la bancarrota provocada por la mala gestión y el desvío de fondos hasta por medio millón de dólares, a pesar de que recibió contratos de publicidad por dos millones de dólares en los seis años de gobierno de Alemán, según documentaron los procesos judiciales de la época. El cierre del único canal público en la década del 2000 fue representativo de la corrupción del gobierno de Arnoldo Alemán.
El Canal 6 fue reinaugurado en 2011 con una inversión pública de seis millones de dólares y con una programación bajo dirección de la Secretaria de la Presidencia, pero sin ninguna explicación dejó de aparecer en el presupuesto general, al menos a partir de 2018, como sí aparece la estatal Radio Nicaragua, que entre 2018 y 2022 ha recibido 67 millones de córdobas, alrededor de 1.9 millones de dólares.
Investigaciones de prensa de Confidencial y Nicaragua Investiga demuestran que en diversos documentos se vincula actualmente al Canal 6 con la empresa Negocios Publicitarios Internacionales (NEPISA), cuyo apoderado legal es José María Enríquez Moncada, según La Gaceta del 8 de septiembre de 2020 este abogado aparece en la mayor parte de negocios de la familia Ortega, particularmente los mediáticos.
NEPISA también es acreedora de publicidad estatal, en cuatro años recibió contratos por 2.33 millones de córdobas (unos 65,300 dólares) y por US$44,230, provenientes de distintos entes como Lotería Nacional, Instituto Nicaragüense de Pesca (Inpesca), la Empresa Portuaria Nacional (EPN), el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) e incluso el MInisterio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA).
Si los Ortega compraron el sexto canal abierto o si hay una modalidad especial para la administración del bien público, es hasta ahora desconocido.
Los Ortegas, el cartel mediático de Nicaragua
Los Ortega controlan la mayoría de canales de televisión abierta, algunas radioemisoras y agencias de publicidad, además tienen a su cargo el sistema de televisión y radiodifusión pública, es decir, Canal 6 y Radio Nicaragua. Otro grupo minoritario de radioemisoras como La Nueva Radio Ya, La Primerísima, Radio Sandino o 580, entre otros, es manejado por partidarios.
Las empresas ligadas a los Ortega Murillo están inscritas en los mismos domicilios o cercanos a la zona de El Carmen, el barrio residencial donde funciona la Secretaría del Frente Sandinista y vive la pareja presidencial.
Estas coinciden en sus representantes legales como Enríquez Moncada o Alfredo Vargas de Publicidad Extrema que aparece en contratos de Canal 4 o Radio Tiempo, y según Divergentes están ligadas a Juan Carlos Ortega; Global Art, según Fuentes Confiables está ligado a DIFUSO, otra empresa del hijo del presidente.
Otros oferentes identificados con la familia Ortega son la agencia de publicidad Play Marketing, cuya representante legal es jefa de ventas y mercadeo de Canal 4, Tania Espinoza. La empresa Advertising Service Consulting Group S.A., ha sido frecuentemente ganadora de licitaciones del Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) entre 2019-2021, se trata de publicidad en trasera de buses y alquiler de pantallas gigantes, su representante es Álvaro Xavier Quintanilla Padilla,
Premiados con la lotería, literalmente
Expediente Público analizó más de mil licitaciones publicitarias entre 2018 y 2021 dentro del Siscae, con el resultado de 207 contratos ejecutados o adjudicados claramente identificados destacando la Lotería Nacional con montos totales de 393 mil córdobas y 164 mil dólares, en total unos 175 mil dólares entre 2018 y 2021. El mayor montó lo adquirió Comunicación Televisiva S.A. (Comuntesa), cuya dirección oficial coincide con el domicilio del periodista Alberto Mora, que recibió 26,400 dólares el 14 de diciembre de 2021.
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Difuso obtuvo montos de USD17, 719.20 y USD4.692 en 2019, mientras NEPISA adquirió ese mismo año dos contratos por 16,560 y 8.400. Lotería Nacional ha presupuestado 384 mil córdobas en publicidad que todavía no se ha adjudicado, según la base de datos del Siscae.
Los tiburones de la publicidad estatal
Los medios ligados a la familia Ortega Murillo recibieron casi la mitad de los montos de publicidad estatal, al menos en los datos hechos públicos, sus empresas mediáticas obtuvieron un total de 32 millones de córdobas y 202,187 dólares.
La mayor contratación pública documentada por el Siscae en materia de publicidad la tuvo el Instituto de Turismo (Intur), que otorgó 100,750 dólares en contratos a In&Out por alquiler de vallas publicitarias, también Lumicentro recibió 45,488.25 para una valla gigante de INATEC y la Cinemateca Nacional pagó casi 76 mil dólares por anunciar un festival de cine en Infobae.
Los montos en córdobas más altos entre 2018 y 2021 en publicidad los obtuvieron Difuso con 4.3 millones (120 mil dólares), Radio Tiempo con 4.1 millones (USD 114 mil) y Publicidad Extrema con 3.9 millones (USD100 mil) de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL).
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In&Out Publicidad también recibió en enero de 2022 de INATEC 3.5 millones de córdobas (USD98 mil).
Para comparar, uno de los pocos medios independientes que aparece en la lista de acreedores de publicidad estatal es Radio Corporación, que recibió en marzo de 2018 un total de 92,000 córdobas (2,600 dólares) de la Lotería Nacional y desde entonces no ha recibido otra pauta, por otra parte, Infobae recibió en 2021 pautas de la Cinemateca Nacional por un total de USD75,949.
Además de radioestaciones sandinistas reconocidas como La Primerísima, La Sandino, La Nueva Radio Ya otros beneficiarios de esta política son medios de la Cooperativa de Servicios de Radio Difusión de León R.L. (Radio Venceremos-y Estación de la Amistad) y Radio Tigre.
También hay personas contratadas a título personal como «periodistas independientes» que aparecen de forma recurrentes, incluso algunos contratados en bolsones periódicos por instituciones como la Lotería Nacional, como Wilfredo Gámez (Radio La Máquina del Tiempo), William Palacios, Denis García, Emma Artola, Clara, Rojas, José Nicaragua (Radio Mundial), Luz González (580), Aurora Tenorio (Radio Diriangén), Silvia Landero (Radio Cepad), el Gato Sandinista (redes y Radio Nicaragua), Sergio Zeledón, José Quant, María Balmaceda, (Radio Nicaragua) y Norma Sandoval (El Pensamiento).
Sin embargo, la publicidad es la punta del iceberg en el sistema de difusión del régimen de Nicaragua, pues se desconocen si estas empresas mediáticas pagan impuestos y además, se conoce que muchos de los empleados están bajo nómina de entes públicos, es decir, sus medios no les pagan, sino, el Estado a través de sus diferentes instituciones.
