*La Universidad Centroamericana (UCA) envió una comunicación interna al personal y a los estudiantes en la que confirma la acusación por ser «un centro de terrorismo».
**El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una arremetida en contra de la universidad jesuita en la que también se habrían acusado por «terrorismo» a sus autoridades, incluido el rector.
***La jueza Gloria María Saavedra Corrales se graduó como abogada en la misma universidad a la ahora ordena confiscar sus bienes.
Expediente Público
La Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua confirmó la “incautación” de sus bienes inmuebles por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, Expediente Público constató con fuentes judiciales que el rector, padre Rolando Alvarado y otros cuatro altos miembros directivos están acusados de «terrorismo».
La confiscación de la principal universidad privada de Nicaragua la ordenó la jueza Gloria María Saavedra Corrales, quien además incautó el “dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de esta alma mater», informó la UCA en un comunicado a su personal y a los estudiantes al medio día de este 16 de agosto de 2023.
“Se ordena que la incautación de todos los bienes (…) a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, se lee en la comunicación interna que enviaron las autoridades a la comunidad universitaria.
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Expediente Público conoció que al menos cinco personas fueron acusadas penalmente, incluyendo el rector, padre Rolando Alvarado; el vicerector administrativo, el vicerector académico, el encargado de relaciones internacionales y el secretario general.
El padre Alvarado asumió la rectoría de la UCA en julio del año pasado y desempeñaría esa función para el período 2022-2025 en reemplazo del padre José Alberto Idiáquez Guevara.
Jueza sandinista es graduada de la UCA
La jueza sandinista que notificó a la casa de estudios universitarios de la incautación de sus bienes es graduada como abogada de la UCA, según costa en los registros del diario oficial La Gaceta.
Su registro académico, tras graduarse como licenciada en Derecho, aparece bajo el folio 0892, partida 10719, tomo V del Libro de Registro de Títulos Graduados de la universidad que ahora pasa a manos del Estado y en la que ella participa como verdugo.
Saavedra Corrales es la misma judicial que llevó el proceso en contra de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, condenado a más de 26 años de prisión por resistirse al destierro. Además, la jueza es que negó el permiso para que el líder estudiantil Max Jerez, siendo preso político, asistiera a los funerales de su madre Heydi Meza Torres en 2021.
En 2021, la jueza sandinista también fue la funcionaria al servicio de la dictadura Ortega-Murillo que dio apariencia de legalidad a la inhibición de la excandidata a la Vicepresidencia de la República por la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL), Berenice Quezada.
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¿Qué pasará con los estudiantes?
La Universidad suspendió a partir de este 16 de agosto de 2023 «todas las actividades académicas y administrativas, hasta que sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales» de la UCA.
El fin de semana anterior, los jesuitas habían informado que continuarían «desarrollando todas sus actividades académicas normalmente y de acuerdo a su planificación», sin embargo, este miércoles tras el anuncio el personal docente y administrativo abandonó el recinto hasta nuevas indicaciones.
A las autoridades académicas, además se les notificó que se giraron oficios al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bacos, Dirección Nacional de Registros, a la Policía Nacional y a la Procuraduría General de la República para proceder con la orden judicial.
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El escrito de la jueza Saavedra Corrales fue recibido por la UCA el martes 15 de agosto de 2023.
“Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, refirió la UCA en su comunicado.
Antes de la UCA, el régimen desarticuló al menos 26 universidades privadas, cuyos bienes también pasaron al Estado.
Los ataques contra la UCA
El centro de estudios universitarios fue fundado hace 63 años y a partir de 2018 fue un bastión importante de los estudiantes durante las protestas contra el régimen de Ortega y Murillo. El 30 de mayo de 2018, el recinto abrió sus puertas a los nicaragüenses que buscaron refugio tras participar en una multitudinaria marcha del día de las madres que terminó con un baño de sangre.
La universidad jesuita que estuvo en el corazón de las protestas en 2018, resistió durante los últimos cinco años las acciones represivas del régimen, pero poco a poco fueron socavando su estatus hasta tener el control.
En marzo de 2022, a través de una reforma a la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la excluyeron del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de los fondos que recibía del 6% constitucional, provocando una reducción en las becas que entregaban a estudiantes de escasos recursos.
Primer ataque de la semana
Esta semana, a través del diario oficial La Gaceta, se conoció la primera acción en concreto del régimen en contra de la universidad al cerrarle el Centro de Mediación.
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El Centro de Mediación, como un método alterno de resolución de conflictos, estaba a cargo del Bufete Jurídico de la universidad, que tiene 54 años brindado asesoría legal a la población. La decisión fue tomada por la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), oficina adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Poder del Estado controlado por los sandinistas.
Hace cuatro meses la Dirac había renovado la acreditación del Centro de Mediación. Antes de conocerse la arremetida del régimen, el Bufete Jurídico había informado que continuaría atendiendo normalmente en los demás servicios, sin embargo, tras la confiscación también suspende actividades.
Compañía de Jesús niega acusaciones
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús, orden religiosa que fundó la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, negó los señalamientos del régimen de Ortega y Murillo y argumentó que se trata de una «serie de ataques injustificados en contra de la población nicaragüense y de otras instituciones educativas y sociales del país».
«Son totalmente falsas e infundadas las graves acusaciones en contra de la Universidad Jesuita de Nicaragua contenidas en el oficio emitido por el Décimo Distrito Penal de Audiencias, Circunscripción Managua, el 15 de agosto del 2023, en el que se le califica como ‘Centro de terrorismo’, y se le imputa de haber ‘traicionado la confianza del pueblo nicaragüense’ y de ‘haber transgredido el orden constitucional, el orden jurídico y el ordenamiento que rige a las Instituciones de la Educación Superior del país», refieren en un comunicado.
Agregan que la «confiscación de facto a la UCA es el precio por pagar por la búsqueda de una sociedad más justa, proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense».
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también condenó la más reciente acción del régimen y señala que la medida «afecta gravemente la educación» en Nicaragua.
