La triste y corrupta realidad de las contrataciones públicas de Nicaragua

En el 2018, año que ha marcado la historia de Nicaragua por haber sido el inicio de masivas protestas sociales y ciudadanas, y en el que las autoridades señalaron la importancia de mejorar la infraestructura vial del país “destruida” durante las manifestaciones civiles, solo se previó cerca de 12 proyectos por el MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura). y 11 proyectos de mantenimiento de obras, según los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) del Fondo de Mantenimiento Vial (FOMAV).La investigación “Las obras públicas en Nicaragua: problemas y recomendaciones a la luz de la transparencia” de Expediente Público, plantea que entre 2017 y 2019 el FOMAV  tiene una disminución en la cantidad de proyectos, de 21 obras previstas para el 2017 con recursos internos pasaron a ser 13 en el 2019 y en el caso del MTI entre 2018 y 2019 hubo un aumento sustancial del 200% de obras con recursos externos en lo planificado para obras viales. Sin embargo, los Planes Anuales de Contrataciones (PAC) del periodo 2017-2019 indican que el 100% de las obras se realizaron con fuentes externas (donaciones y préstamos internacionales), aun cuando los datos extraídos del Presupuesto General de la República (PGR) señalan que hay fondos internos (recursos propios del Estado nicaragüense) en la ejecución de estos proyectos

En los PAC no aparece reflejada la fuente de financiamiento como lo establece la ley. Y de acuerdo con el estudio: “Esta falta de información indicaría que no se publicaron todos los potenciales proyectos que se realizarían como indica el art. 20 de la Ley 737 (ley de contrataciones del sector público) que es un requisito fundamental para iniciar cualquier procedimiento de compra”.

Según los Informes de Liquidación del PGR, para el 2018 se contaba como fuente de financiamIento externo 4,951 millones de córdobas que a 2019 pasaron a ser 3,558.80 millones de córdobas, es decir una reducción del 28%.

El estudio de Expediente Público argumenta que la falta de correspondencia entre el PAC y el Plan de Inversión Pública (PIP) también podría ser a causa de “desembolsos tardíos de parte de las diferentes fuentes de financiamientos por retrasos en las diferentes fases del ciclo de la contratación; reducciones de disponibilidad de recursos producto de afectaciones por reformas presupuestarias; paralización de algunos convenios de préstamos o donaciones por diferentes causas entre ellas la actual crisis político- social- económica que enfrenta el país; entre otras”.

Falta de transparencia en adjudicaciones de obras públicas

En Nicaragua, a diario se adquieren todo tipo de bienes, servicios, consultorías, y obras, que tienen una importancia transcendental para suplir las necesidades de la población, según lo define la investigación realizada por Expediente Público, estas representan “montos cuantiosos de recursos públicos que mueven la economía y por ende a los actores económicos”.

A través de este estudio se logra demostrar que en el caso de Nicaragua existen situaciones que evidencian la falta de transparencia y el incumplimiento a las características que la Ley 621 o Ley de Acceso a la Información Pública señala que estos datos deben divulgarse completos, oportunos, adecuados y con posibilidades de ser corroborados o contrastados con otras fuentes.

“Ese es el problema de nuestro país, en el sector construcción es el que más se presta a tener corruptos y corruptores”, José Dolores Blandino empresario nicaragüense.

El titular del MTI, el mayor general en retiro Óscar Mojica Obregón en agosto del 2019 perdió el poder administrativo tras ser sancionado por los Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a Mojica de “manejar una poción significativa de las finanzas oficiales y personales del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, incluyendo inversiones en cafetales y establecimientos hoteleros”.

 

 

Todos estos problemas están vinculados al incumplimiento de los principios de transparencia, publicidad y debido proceso. La información que se sube al sistema sobre cada una de las adquisiciones se limita al ciclo de contratación, cuando toda la documentación que forma parte del expediente debería ser pública.

Las contrataciones publicadas omiten las modificaciones a los contratos, además de las autorizaciones de las subcontrataciones que puede realizar el contratista del Estado, que deberían estar por escrito y con una explicación de motivos como lo regula la Ley 737 en su artículo 74.

En el año 2018, los 5 procedimientos en los que está dividido el proyecto ¨Mejoramiento de la Carretera tramo empalme El Regadío-San Juan de Limay (29.29 kilómetros) fueron publicados en agosto de ese mismo año y aparecen aún en fase de evaluación sin actualizar, después de dos años el estado real del proyecto.  Esta subdivisión implica diferentes tramos, que se realizarían través de la modalidad de contratación directa con fuente de financiamiento BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica).

La investigación revela que esta misma situación ocurre en el 2019, donde 8 de los 12 procedimientos que se llevaron a cabo desde el inicio del año (entre enero y abril) y otros que se dieron en junio y octubre, aparecen en estado de evaluación cuando aducen que ya se llevaron a cabo.

Todos los proyectos del 2019 son de mejoramiento de carreteras y caminos en diferentes zonas del país con financiamiento del BCIE, BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y el Fondo Nórdico, aunque se diferencian de los del 2018 que en su mayoría son procedimientos de Licitación Pública Internacional.

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“No mencionar corrupción es vivir en otra Nicaragua”

Expediente Público, a través de su estudio, realizó entrevistas a actores claves involucrados en el sistema de contrataciones nacionales como proveedores del Estado o aquellos que hasta hace poco lo fueron, funcionarios y exfuncionarios públicos de áreas vinculadas y personas que le dan seguimiento a la temática.

Según los entrevistados, los niveles de corrupción en las adquisiciones han aumentado en los últimos años bajo el régimen Ortega-Murillo, llegando incluso a establecerse una red que involucra a privados y funcionarios. 

Entre las actividades de corrupción que rompen los principios de libre competencia, igualdad, transparencia, publicidad e integridad que son parte del sistema de compras nicaragüense se puede mencionar: 

  1. Elusión de procedimientos más estrictos utilizando la subdivisión
  2. Abuso de la contratación simplificada 
  3. Red de corrupción que opera para adjudicar contratos de obras públicas

La Ley 737 y la Ley 801 de contrataciones municipales establecen que estas acciones son arbitrariedades que ameritan sanciones disciplinarias o administrativas, sin perjuicio de la determinación de las sanciones penales que también se pueden dar. 

El sector construcción, en general, y el de las obras públicas en particular, es altamente vulnerable a que se generen actos de corrupción, porque encuentran una zona altamente fértil de malos manejos si hay opacidad, es decir, falta de transparencia y publicidad en la información pública

“Hasta el día de hoy esa es la desgracia que tenemos en Nicaragua”, manifiesta el empresario Blandino, quien lleva alrededor de tres años y medio sin ejecutar proyectos, agregando que esto afecta el buen crecimiento empresarial “el sector construcción es uno de los más afectados en estos momentos”, comparte.

Blandino, un opositor muy conocido en Nicaragua, revela a Expediente Público que han tenido que despedir a trabajadores, porque el aspecto político es innegable a la hora de recibir contrataciones del Estado, lo que evidencia no solo el favoritismo, sino, el manejo discrecional del régimen con los fondos públicos.

En los últimos años las situaciones de gran corrupción en la que están involucrados funcionarios públicos en todos los niveles que operan como red, se han hecho más latentes en las obras públicas. De acuerdo al estudio, “parecen afianzarse en muchas de las instituciones en las que se manifiestan actos como: tráfico de influencias, sobornos, nepotismo, conflicto de interés, que generan la malversación del erario y con ello la afectación al interés público que debe responder al beneficio de la población”. 

“El grave problema es que si no hay solución política no hay solución económica, no mencionar corrupción es vivir en otra Nicaragua”, finaliza Blandino.