*Congreso Nacional no ha vuelto a sesionar desde el 31 de agosto mientras siguen negociaciones para elegir a titulares del Ministerio Público. Partidos políticos insisten en personas afines como fiscal general, coinciden analistas.
**Libre acusa que el Partido Nacional quiere que continúe Daniel Sibrián en el Ministerio Público, mientras el Partido Nacional arremete que el oficialismo quiere un fiscal “que se preste a su proyecto político de instalar una dictadura de izquierda”.
***Partido Nacional estaría presionando para elegir al titular de la Dirección de Fiscalías, un cargo clave en el Ministerio Público porque lleva el control de todos los expedientes y en la que se pueden “dormir” muchas causas a la espera de que prescriban.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
Mientras se acusan mutuamente de querer imponer a un fiscal general a su medida, la falta de acuerdo entre las dos bancadas mayoritarias del Congreso Nacional -Libertad y Refundación (Libre) y Partido Nacional- mantiene estancada la elección de los titulares del Ministerio Público para el período 2023-2028.
La elección lleva dos semanas de retraso, un hecho inédito en los 29 años del Ministerio Público, y ocurre en el contexto de las negociaciones entre el gobierno hondureño y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), para la que un fiscal general independiente es condición sine qua non.
La última vez que el parlamento sesionó fue el 31 de agosto, un día antes de que venciera el período del fiscal general, Oscar Chinchilla, y el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, con dos propuestas nominativas, la del partido oficialista a favor de Johel Zelaya y Marcio Cabañas para fiscal general y adjunto, y la de la oposición, de Marcio Cabañas y Jenny Almendares.
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Los candidatos
Almendares obtuvo la nota más alta de la nómina de cinco candidatos que la Junta Proponente envió al Congreso Nacional el 1 de agosto, mientas que Zelaya obtuvo la segunda nota más baja pero resultó entre los mejor evaluados por la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional.
El diputado Rafael Sarmiento, declaró a Expediente Público vía WhatsApp que tanto la bancada como la coordinación general de Libre, presidida por el expresidente Manuel Zelaya, “hemos hecho un análisis y una propuesta de nómina que a nuestros criterios son los más idóneos para dirigir el Ministerio Público y darle justicia al pueblo”.
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Entre esos criterios están “sus ejecutorias y posicionamientos durante su vida y sobre todo en los 12 años de narcodictadura de JOH”, agregó Sarmiento, en alusión al extraditado expresidente Juan Orlando Hernández.
Sarmiento, quien es el jefe de la bancada oficialista, afirmó que los cinco candidatos enviados por la Junta Proponente cumplen los requisitos constitucionales y están en igualdad de condiciones para poder ser electos, pero a la consulta de por qué no apoyaban a Almendares, respondió que detrás del atraso en la elección del fiscal general “hay una estrategia” del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) para que continúe Sibrián, quien, bajo una cuestionada legalidad, está actualmente al frente de esa entidad.
Es por esa razón que los del BOC, que incluye a los partidos Nacional y PSH, “piden que se normalicen las sesiones y pase a segundo plano la elección del fiscal general y adjunto”, sostuvo.
Estabilidad al Gobierno
Aseguró que la bancada de Libre es la más interesada en elegir al fiscal general y al fiscal adjunto para darle estabilidad al Gobierno y al Estado de derecho, y prueba de ello es que su partido “no ha sido gobierno, no tiene nada que esconder ni que temer”.
De su lado, el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo a Expediente Público, también por WhatsApp, que “Libre quiere un fiscal que se preste a su proyecto político de instalar una dictadura de izquierda en Honduras”.
Agregó que de los cinco candidatos a fiscal general tres son de Libre, entonces el que apoye el oficialismo “irá con esos compromisos”, mientras que en la propuesta que respalda su partido “ninguno” es del Partido Nacional.
También defendió que “la oposición representa a la mayoría del pueblo porque está PSH, Partido Liberal y Partido Nacional en los 74 votos” y que “Libre no puede decidir porque es minoría”.
Ante la falta de acuerdos, el diputado Javhé Sabillón (Libre), planteó que se proponga a Mario Morazán, otro de los candidatos de la nómina, en lugar de Zelaya, según publicaron medios locales.
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Un cargo clave en el Ministerio Público
Lo que no dice el Partido Nacional es que está exigiendo proponer a quien ocupe la Dirección General de Fiscalías, dijo también una fuente a Expediente Público. Incluso, exigen que ese cargo sea electo por el pleno del Congreso Nacional mediante una ley especial, con el agregado de “por única vez”, aseguró la fuente en condición de anonimato.
Expediente Público hizo la consulta al respecto al diputado Zambrano, pero no respondió.
El director de fiscales es considerado la figura más importante después del fiscal general, ya que dirige la actuación de todos los fiscales del país. Tiene la facultad de nombrarlos, removerlos de una fiscalía a otra y rotarlos a nivel nacional a conveniencia.
Cualquier caso de gran envergadura debe ser socializado con el director de fiscales antes de presentarse y éste puede aprobar o desaprobar un dictamen solicitado a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución en caso de un recurso de inconstitucionalidad, en temas como la reelección presidencial y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Lucha de poderes
La Dirección de Fiscalías “es la que lleva el control de todos los expedientes” y “ahí se pueden dormir muchas causas” a la espera de que prescriban, explicó en una entrevista realizada en julio pasado el abogado Saúl Bueso, del equipo legal de la organización C-Libre.
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La coordinadora del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (EJDH) en Honduras, Claudia Herrmannsdörfer, opinó a Expediente Público que la tardanza en la elección del fiscal general “es un reflejo de las dificultades para tomar consensos en el Congreso Nacional” y de que no se están anteponiendo los intereses y las necesidades del país, sino los de cada partido.
El tema de fondo “es obviamente una pugna por poder” del Partido Nacional y del partido Libre, quienes buscan tener a un fiscal general “que de alguna forma también garantice ese poder”, agregó.
Cuestionó que el Legislativo no sesione desde hace dos semanas, pues “hay muchos otros pendientes” que debería estar resolviendo independientemente de que estén negociando cómo va a quedar la Fiscalía General.
Debe primar Ley del Ministerio Público
Herrmannsdörfer recordó que en el proceso de elección de 2018, el fiscal general y el fiscal adjunto fueron electos de “forma irregular”, por lo que no deberían de estar, y que “seguimos arrastrando error tras error, inconstitucionalidad tras inconstitucionalidad”.
La Ley Orgánica del Congreso Nacional, que sirve de sustento a Sibrián para continuar al frente del Ministerio Público ante la tardanza del Congreso para elegir a los sustitutos, tiene muchas lagunas y fue aprobada de forma muy dudosa, como una herramienta del grupo que estaba en el poder, recordó Herrmannsdörfer.
Entonces, quien debería estar en funciones es el director general de fiscales, con base en la ley especializada, es decir, la Ley del Ministerio Público, “y me extraña que haya enredos en ese sentido”, expresó la profesional del derecho.
Es de mencionar que el director de fiscales actualmente es José Mario Salgado, como confirmó a este medio el relacionador público de la Fiscalía, Carlos Morazán.
Independencia a toda prueba
De su lado, Sarmiento consideró que sería grave que en base al artículo 80 de la ley orgánica del Congreso Nacional, sobre la que hay un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, siga el continuismo y se perpetúen todos los cargos sobre los que no haya consenso.
Para el secretario ejecutivo de la Misión de Observación (MIO), Jaime Arellano, el problema principal que hay en Honduras, y que se presentó con la elección de los magistrados de la Corte Suprema, es que los partidos políticos insisten en querer tener a personas afines como fiscal general y fiscal adjunto.
“Existe en el fondo la intención de cooptar, de controlar el poder, en este caso, la función de investigación y de persecución penal desde los partidos políticos”, declaró Arellano a Expediente Público.
Apuntó que el cargo del fiscal general es uninominal, por lo que “tiene un poder muy importante”, por tanto, no debe tener un conflicto de interés para investigar delitos en contra de quienes van a tomar la decisión de nombrarlo.
La independencia de poderes
Además, la independencia del fiscal general facilita la del Ministerio Público, lo que no solo es propio de un Estado democrático sino esencial para poder colaborar eventualmente con una CICIH.
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En su opinión, sólo tiene sentido que la ONU convenga con el Estado hondureño en instalar la CICIH si tiene un Poder Judicial, una Corte Suprema de Justicia, y sobre todo a un Ministerio Público, independientes.
“Si le vamos a apostar a una CICIH para poder hacer parte de esos cambios estructurales, sobre todo en el tema de impunidad, necesitamos, es fundamental, tener fiscal independiente”, remarcó.
Y como ejemplo de lo que pasaría si el nuevo fiscal general llega atado, “solo veamos lo que pasó con Juan Orlando Hernández”, dijo Herrmannsdörfer,, en referencia al expresidente sobre el que había “más que indicios de delitos”, pero que nunca llegaron a requerimiento fiscal y ahora será juzgado en otro país.
