*Estados de excepción para enfrentar la extorsión han sido usados en otros países como pretexto para incumplir con derechos humanos, advierte representante del Conadeh.
**Gobierno de Xiomara Castro pedirá millonario presupuesto adicional, pero más recursos no han significado más seguridad en Honduras.
***En Honduras no hacen falta más policías, sino mejores policías, dijo a Expediente Público el experto en temas de seguridad, Raúl Pineda Alvarado.
Aimée Cárcamo / Expediente Público
El plan antiextorsión del gobierno de Honduras incluye la suspensión de garantías constitucionales y un énfasis policial-militar, dos medidas que generan preocupación en organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos por los peligros que oculta.
El pasado 24 de noviembre, la presidenta Xiomara Castro declaró “emergencia nacional en materia de seguridad” y dio instrucciones para que la Policía Nacional, “por medio de sus evaluaciones comunitarias, proceda a proponer los estados de excepción y suspensión de garantías constitucionales”.
También ordenó “que los controles y vigilancia en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas deben de realizarse con las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público”.
Copian a Bukele
En su análisis El plan antiextorsión del gobierno hondureño y los riesgos para las libertades democráticas, el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) consideró que el plan del gobierno hondureño se acerca más al retorno de las políticas de seguridad de “mano dura” del presidente Nayib Bukele, en El Salvador, y a las practicadas por el Partido Nacional, que a las propuestas hechas en el Plan Bicentenario basadas en el “combate inteligente” a la extorsión.
El Plan Bicentenario plantea también la desmilitarización de la seguridad ciudadana, pero en la lucha antiextorsión anunciada por el gobierno el énfasis “es policial y militar”, señala también la organización de sociedad civil.
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“La gente quiere guerra y entonces el Gobierno le dio a la gente lo que la gente quiere oír: guerra, inspirados obviamente en la política del señor (Nayib) Bukele de El Salvador”, dijo a Expediente Público el director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Carlos Hernández.
“Obviamente, todos los estados de excepción hacen que nos volvamos vulnerables a violaciones de derechos humanos”, agregó.
Hernández aclaró que no está en contra del plan antiextorsión, pero reconoció que la suspensión de garantías constitucionales “nos preocupa”.
Derechos humanos partidizados
Consideró que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Secretaría de Derechos Humanos deberían reaccionar, aunque consideró que esta última “obviamente va a defender el plan”.
En el caso del Conadeh, el director de ASJ reconoció también que ante cualquier acción que haga “van a decir que son de la oposición o que son narcos, que es lo que normalmente suele suceder” cuando se critica al actual gobierno.
En cuanto a las organizaciones de derechos humanos “lamentablemente, y hay que decirlo, muchos de sus directivos hoy son empleados del actual gobierno, entonces eso presenta una debilidad y es un tema que nos preocupa”, continuó.
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En riesgo derechos humanos
“Desde el Comisionado Nacional hemos opinado que se trata de una medida reactiva que no resuelve los problemas estructurales que dan vida al fenómeno de la extorsión”, dijo a Expediente Público el representante del Conadeh, Ariel Díaz, sobre la suspensión de garantías constitucionales contemplada en el plan antiextorsión.
“Consideramos que es una medida de carácter militar que no satisface los derechos humanos de toda la población en general, pero que por otro lado pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos de ciertas personas en lugares específicos”, agregó.
La medida alimenta la discriminación estructural y agrava la situación de vulnerabilidad a la que han sido sometidos algunos grupos, porque los estados de excepción o toques de queda han sido utilizados como pretexto por algunas autoridades “para irrespetar o incumplir con los derechos humanos”, lo cual quedó demostrado cuando se tomaron decisiones similares en el marco de la pandemia del COVID-19.
Dijo también que desde el Conadeh “hemos ya solicitado alguna información, estamos contrastándola”, y que informarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), “porque es lo que debe hacer el Estado de Honduras cuando se suspenden las garantías constitucionales en el marco de un estado de excepción”.
Presupuestos millonarios
Para ejecutar el plan antiextorsión, el gobierno solicitará la ampliación del presupuesto en unos mil millones de lempiras (unos 40.6 millones de dólares) para la Secretaría de Seguridad.
El presupuesto para Defensa y Seguridad crecerá alrededor de 13% para 2023, mientras que el de salud y educación apenas aumentará un 6%.
Según el centro de pensamiento Expediente Abierto, con base en informes de liquidación presupuestaria, el presupuesto de Seguridad pasó de 112.8 millones de dólares en 2010 a 268.4 millones de dólares en 2022. Mientras que el de Defensa, de 323.2 millones de dólares en 2018 a 379.2 millones de dólares en 2022.
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Pero estos incrementos millonarios no han resultado en una disminución significativa de la inseguridad en Honduras.
En el caso de la extorsión, el informe de ASJ, señala que la incidencia de la extorsión en Honduras, comparada con el contexto previo a la pandemia del COVID -19, no ha disminuido, más bien aumentó al pasar de 8.5% a 9%.
Con base en los programas y niveles de ejecución de los presupuestos, Expediente Abierto analiza que no ha habido “una estrategia clara” de Seguridad y Defensa, e incluso podría haber indicios de dificultades para ejecutar algunas partidas.
Además, existen variaciones entre los presupuestos iniciales, los aprobados y los devengados que indican “poca previsibilidad económica”.
Hacen falta mejores policías
En Honduras no hacen falta más policías, sino mejores policías, dijo a Expediente Público el experto en temas de seguridad, Raúl Pineda Alvarado.
“De ahí que yo siento que el tema de la inseguridad se ha convertido en un negocio y que, no solamente en Honduras, en todas partes, sucede que los mismos cuerpos de interdicción dejan crecer la delincuencia para obtener más recursos y esto requiere controles que solo puede ejercer una autoridad del más alto nivel”, planteó.
El profesional del derecho sostuvo que “el crimen organizado no funciona, no prospera, si no tiene la colaboración del sistema de justicia, sin policías, fiscales, encargados de penales y, probablemente en Honduras, hasta militares”, en referencia a la necesidad de adecentar estos operadores.
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Deficiencias en la Policía
Por su parte, Carlos Hernández, consideró como preocupante que la falta de suficientes policías no le permita al plan antiextorsión brindar “respuestas contundentes”.
La Policía Nacional hoy tiene más funciones de las que tenía diez meses atrás, recordó.
En 2022, el nuevo gobierno, que prometió desmilitarizar la seguridad pública, convirtió la Fuerza Nacional Antiextorsión, Maras y Pandillas (FNAMP) en la Dirección Policial Anti Maras Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) y desvinculó a los militares que la integraban.
También los centros penales, que estaban al mando de las Fuerzas Armadas, pasaron al control de la Policía Nacional.
Entonces, el número de efectivos, que es de aproximadamente 18 mil, se ve reducido por esas responsabilidades y al final “tenemos ocho mil policías activos”, pero con los turnos y fines de semana, la cantidad puede reducirse hasta los tres mil.
“¿Cuántos policías en sí tenemos para realizar la operatividad diaria? Hay debilidades” y “necesitamos seguir sacando policías”, añadió. El problema es que se trata de una institución jerárquica y no se pueden sacar oficiales de policía en un año, sino que se requieren cinco.
Mientras la Policía Nacional no tenga la capacidad, la Policía Militar podría contribuir con el plan antiextorsión, aunque “no dirigir la intervención”.
El director de ASJ aclaró que “yo estoy de acuerdo en la desmilitarización de la población, totalmente de acuerdo, pero me parece que también tenemos que abrir un poco nuestra mente y no tener un pensamiento tan ortodoxo sobre el tema de las Fuerzas Armadas” a la que se sigue viendo con la mentalidad de la década de los años 80.
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Otras medidas
“Yo escuché que tienen como objetivo incorporar 500 nuevos policías y ahí sí tengo severas dudas, usted puede conseguir 500 barrenderos en una semana, pero 500 hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar su vida en defensa de la vida de los demás y en protección de los bienes de los demás, eso no los consigue con facilidad”, reflexionó a su vez Pineda Alvarado.
A su criterio, en un plan antidelincuencia se tiene que organizar a la población, reconciliar a los técnicos con las decisiones políticas, definir un modelo policial, empezar a trabajar hasta con el urbanismo, con visión de seguridad, porque “no puede combatir la delincuencia del siglo 21 con estrategias del siglo 20”.
De allí que se debe “limitar las acciones de la Fuerza Armada, uno de los problemas de la Policía que sigue siendo una policía militarizada”.
Además, se debe evitar el populismo penal, “es decir donde usted encuentra actuaciones, pero basadas en un despliegue publicitario”.
Para Pineda Alvarado, se debe también trabajar en destruir las armas decomisadas, “que son las que regresan al mercado negro y sirven para que las maras nunca estén desarmadas, y hacer una serie de cosas que vuelvan eficaz, eficiente, el sistema de seguridad”.
Alianza con agencias de seguridad
Consideró también que se debe hacer una alianza estratégica con las agencias de seguridad, cuyos elementos pueden ver que están asaltando a una persona, “pero como no es su responsabilidad”, no intervienen.
“Yo creo que tenemos casi 80,000 guardias de seguridad”, precisó.
Pero sin una estrategia integral, el Gobierno seguirá haciendo lo que hasta ahora: saturaciones, presencia policial “y la sociedad va a seguir pagando alguna seguridad con muchas monedas de libertad. Ese es el peligro, la seguridad quieren que se pague con libertad y no sabemos qué es más malo de las dos cosas”.
