Un inédito y cruel sistema de represión denominado “Puerta Giratoria” por especialistas en derechos humanos, evidencia a ojos de expertos internacionales que el largo y tenebroso brazo de la dictadura cubana ha movido sus hilos en la oscura Nicaragua de Daniel Ortega
La intensa jornada de asedio, hostigamiento y persecución que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aplica a excarcelados políticos y líderes opositores desde abril de 2018, se basa en un perverso sistema de represión cubana implementado en la isla desde 2003 y exportado a Venezuela a partir de 2014, de acuerdo a expertos internacionales en derechos humanos que analizan los patrones del modelo denominado “Puerta Giratoria”.
Expediente Público entrevistó a exprisioneros políticos, especialistas en derechos humanos, expertos en seguridad ciudadana y organizaciones defensoras de privados de libertad por asuntos políticos en Nicaragua que dibujan, con precisión y abundante información, la cruel metodología de represión que utiliza el gobierno Ortega-Murillo contra los exprisioneros políticos y opositores.
Alessandra Pinna, Gerente Senior de Programas para América Latina de la organización no gubernamental Freedom House, con sede en Washington y que monitorea desde 1972 la situación de derechos humanos y democracia a nivel global, identifica que el modelo de represión que ahora ocurre en Nicaragua, y desde 2014 en Venezuela, tiene sus orígenes en Cuba desde el año 2003.
El origen del concepto represivo
Ese año, el régimen de Fidel Castro aprovechó que la mirada mundial estaba sobre la guerra de Estados Unidos contra la dictadura de Saddam Hussein en Irak, para aplastar en la primavera de ese año, y una vez más en su historia, un creciente movimiento de protesta política contra su dictadura implantada desde 1959.
Al atropello castrista se le conoce en Cuba como la “Primavera Negra” y consistió en el secuestro, golpizas y encarcelamiento de 75 personas notables, entre ellos abogados, médicos y periodistas con liderazgo social y críticos de la dictadura cubana.
Los opositores cubanos fueron sometidos a juicios sumarios y condenados a largas penas en prisión, en procesos judiciales basados en la Ley 88, conocida como Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de la Patria, popularmente “Ley Mordaza”, la cual expone en su artículo I: “Esta Ley tiene como finalidad tipificar y sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar, facilitar, o colaborar con los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.
Según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la llamada Ley Mordaza cubana, a la vez tiene su origen en la antigua legislación represiva de la extinta Unión de Repúblicas Soviéticas Sociales, donde existía el delito de “agitación y propaganda llevada con la finalidad de socavar o debilitar el poder soviético (…) a través de asertos calumniosos que denigren el Estado y la sociedad”, artículo 70 del Código Penal Soviético adoptado bajo la administración de Nikita Kruchev.
A los opositores cubanos los condenaron hasta por 26 años de prisión y se les declaró “traidores a la patria”, lo cual generó a nivel mundial rechazo a las políticas represivas cubanas, sanciones diplomáticas y económicas, bloqueos de préstamos e inversiones, así como campañas internacionales de organizaciones de derechos contra la dictadura cubana.
Esta organización refiere que, tras varios años de negociaciones internacionales, tenaz presión diplomática y profundización de la crisis económica de Cuba, el régimen de los Castro liberó a los periodistas encarcelados, tras un acuerdo con la Iglesia Católica, con la condición de irse al exilio.
Listen to «Salir de la cárcel: el otro calvario para los ex presos políticos de Nicaragua» on Spreaker.El estreno de la “Puerta Giratoria” en Cuba
Sin embargo, hubo presos políticos que rechazaron la oferta de salir de la isla y decidieron quedarse en su país exigiendo libertades públicas, democracia y justicia. Contra ellos se estrenó el plan de represión selectiva que luego sería bautizado en Venezuela como el “Método de la Puerta Giratoria”.
“Cuba vivió lo que se llama una verdadera vergüenza internacional”, dice Pinna y explica: los presos políticos eran visibles a nivel mundial, con largas condenas por razones estrictamente políticas que el régimen no pudo ocultar, así que luego de ese episodio vergonzoso el Estado cubano modificó sus sistemas de represión para eliminar el estatus de “presos políticos” a sus opositores.
De apresarlos de manera permanente y condenarlos a largas penas por delitos políticos, pasó a secuestros exprés y desapariciones forzadas por pocos días y horas, a acusarlos por delitos menores de orden común y asediarlos de forma permanente con agentes de seguridad primero y luego con turbas fanáticas del partido comunista.
“En Cuba es muy característica la cosa, porque los cogen presos por pocas horas, por días a veces, los sueltan o simplemente no los dejan salir, no los echan presos en una celda, pero ponen agentes o ciudadanos del partido que les impiden salir, de modo que ante los ojos de Naciones Unidas no pueden ser considerados presos políticos, no figuran bajo ese estatus”, explica la especialista en democracia de Freedom House.
Otra forma de asedio es capturarlos, esposarlos y darles vueltas de forma visible en los coches de la policía por zonas urbanas o retenerlos por horas y así los van hostigando, sin llegar a privarlos de libertad de forma permanente, explica Pinna.
Modelo cubano exportado a Venezuela
En febrero de 2014, Venezuela inició una de las más violentas protestas sociales contra la dictadura de Nicolás Maduro, incentivada por la falta de seguridad ciudadana ante el incremento de la delincuencia común, la alta inflación y el inicio de una desoladora ausencia de productos básicos que persiste hasta hoy.
Barrios completos de Táchira, Mérida, Caracas y otros estados de Venezuela iniciaron con cacerolazos y reuniones masivas en plazas y avenidas demandando seguridad, servicios básicos y mejoría económica.
Se reportaron saqueos a tiendas y puestos estatales de alimentos y pronto iniciaron choques entre ciudadanos y agentes chavistas. A la revuelta se sumaron los estudiantes de las universidades y luego se sumó la oposición política abanderada por los líderes Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, quienes encabezaban las protestas.
Maduro respondió con mano dura y mandó contra las protestas a milicias, policías y “colectivos” (la versión chavista de los paramilitares de Ortega): 43 fallecidos y más de 486 heridos (oficialistas, opositores, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana entre otros), según informe de la oficialista Fiscalía General de la República, mientras el no gubernamental Foro Penal, cuya misión es asistir jurídicamente a los que han sido detenidos arbitrariamente y a sus familiares, documentó 33 casos de tortura.
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Luego vino la aplicación de lo que el director de Foro Penal, Alfredo Romero, denominó, por primera vez, como el modelo represivo de “Puerta Giratoria”, ensayado con 1854 detenidos durante y después de las protestas de febrero de 2014 y las posteriores jornadas de protestas de 2017.
Policías, jueces, fiscales y fanáticos hacen el trabajo sucio
“En Venezuela esta misma metodología de represión contra prisioneros políticos inició con las protestas de los estudiantes 2014, ya había prisioneros políticos antes, pero la ola de represión y presos políticos se da en 2014 con la misma metodología de la represión cubana”, explica Pinna.
La experta en estudios de democracia dijo a Expediente Público que la iniciativa Foro Penal inicia la recopilación de datos duros, con metodología y análisis de casos y se da cuenta luego de las protestas, que la cantidad de presos políticos de forma permanente es baja, pero el número total de personas afectadas con detenciones cortas y desapariciones constantes es enorme y así es que nace el concepto de puerta giratoria: varios son detenidos selectivamente por poco tiempo y los van soltando a medida que capturan a otros.
Al igual que en Cuba, en Venezuela comienzan a cambiar los estatus judiciales de los detenidos: empiezan a acusar por más delitos comunes y eliminan en los expedientes jurídicos las razones estrictamente políticas.
Pinna lo explica así: hay más personas privadas de libertad por razones comunes, pero agravadas por su condición de opositores, que funciona así: te investigan a ver si no pagaste un impuesto, o te envían a agredir y si te defiendes te acusan de agresión o amenazas, o si tienes un accidente, te hacen pagarlo con penas máximas, es decir, a veces te buscan excusas para aplicarte penas que no son proporcionales a las faltas penales que la persona comete.
Aquí, explica Pinna, los regímenes ya se valen del control policial y de las instituciones de justicia contra los sectores críticos: “hemos estado notando en Venezuela, que al igual que en Nicaragua, empiezan a perseguir a las organizaciones de la sociedad civil y periodistas, los acusan de ser agentes extranjeros, traidores”.
A diferencia de la “Puerta Giratoria” en Venezuela y Nicaragua, en Cuba alcanza otro nivel de represión: el uso de fanáticos del régimen para hostigar a los “enemigos”.
En Cuba se le llama “el acto de repudio” en medios oficialistas: el régimen manda a sus partidarios frente a las casas u oficinas de personas consideradas enemigas; incluyen oficiales de civil y medios de comunicación y cuando la persona quiere salir, los fanáticos del régimen lo impiden, los medios filman y luego justifican diciendo que el pueblo comete “actos de repudio” contra los traidores, vende patrias y otros epítetos.
“De modo que la represión ya no se comete solo mediante la manipulación de las fuerzas de seguridad, sino que involucran a civiles, ciudadanos contra ciudadanos, luego llaman a las patrullas y te detienen por alterar el orden y te apresan por horas, es algo que es común en Cuba, pero no en Venezuela donde el control es absolutamente de las fuerzas de seguridad, igual que en Nicaragua”, compara la especialista en estudios de democracia de Freedom House.
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Nicaragua más letal que Cuba y Venezuela
De acuerdo a Pinna, hay un hilo conductor en los sistemas de represión contra opositores en Nicaragua y Venezuela, que parte de Cuba, con sus variantes: en Venezuela es más brutal con el tema de las ejecuciones sumarias contra las personas más pobres, mientras que en Nicaragua ha sido más letal que en Cuba y Venezuela por el uso de armas de guerra y recursos del Estado contra las manifestaciones.
“En Cuba no han asesinado tanto, en Venezuela murieron cerca de 124 personas en varios meses de protestas con una población de casi 30 millones. En Nicaragua fueron más de 300 (según datos de CIDH) en menos tiempo y con una población de poco más de seis millones”, compara la especialista de Freedom House.
“El mes ha sido uno de los peores de 2020 en cuanto a actos represivos cometidos por el régimen cubano. Entre otros abusos predominaron el sitio de viviendas de activistas por parte de la policía política para evitar la participación en convocatorias o actos similares. Además de amenazas, hostigamientos, citaciones, multas, golpizas y actos de repudio, en ese orden”, indica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
¿Cómo funciona la Puerta Giratoria en Nicaragua?
Expediente Público entrevistó a cuatro excarcelados políticos que han sufrido en carne propia la perversidad del sistema de represión de Ortega, quienes describen con nitidez las características de la “Puerta Giratoria nicaragüense”.
A diferencia de Cuba y Venezuela, en Nicaragua las fuerzas policiales han llegado al extremo de colocar candados, cadenas y trancas a las puertas y portones de salidas de las casas de los excarcelados.
Los policías han llegado al límite de cortar los servicios de agua y energía, impedir el ingreso de alimentos, extraer dinero y bienes personales de familias completas, disparar contra cerrojos y cámaras de seguridad, botar puertas a patadas y culatazos, han amarrado a familias enteras para ingresar a las viviendas y destruido enseres domésticos.
En Nicaragua varias patrullas y motorizados, en cantidades de más de 20 agentes especiales con armas de guerra, han bloqueado cuadras enteras impidiendo la circulación no solo de la familia considerada opositora, sino también de sus vecinos y es algo que han perpetrado contra exprisioneros políticos, defensores de derechos humanos, iglesias y centros religiosos, medios de comunicación y periodistas, empresarios y pequeños comerciantes.
Sin derecho a trabajar
Uno de estos excarcelados, originario de la ciudad de Masaya ubicada al oeste del país y ahora desde la clandestinidad a 27 kilómetros de su procedencia, en una casa pobrísima de un antiguo asentamiento de la capital Managua, cuenta que huyó de su vivienda a mediados de 2020 porque ya no soportó el asedio y sentía que estaban asfixiando a su familia.
Este exprisionero tenía un permiso de operaciones para manejar un servicio de transporte público y un pequeño vehículo que había sacado en crédito con una microfinanciera, pero a raíz de su detención, la policía le confiscó el vehículo y sus documentos personales, mientras la Alcaldía le revocó el permiso de transporte.
“Me devolvieron el vehículo inservible, saqueado y con agujeros de balazos, tuvimos que gastar un montón de plata para repararlo, pero no me dieron los permisos para trabajar y lo puse en venta, pero sin los papeles de circulación ¿quién me lo iba a comprar?, ahí lo tuvimos que ofrecer en piezas”, narra.
Sin embargo, tampoco pudieron hacer eso: la policía llegaba todos los días a impedir que nadie se acercara a la vivienda a comprar las piezas del vehículo destazado.
“Quise salir a vender cajetas y dulces que mi señora preparaba para la venta y la policía me impedía salir, una vez me escapé de mañanita por un patio vecino y me siguieron, me botaron al lodo las cajetas y me echaron preso todo el día, me golpearon y fueron a traer detenido a un vecino de la casa por donde me escapé y lo tuvieron preso también, y me liberaron hasta la tarde. No me dieron ni comida ni agua todo el día”, narra el ex preso político de Masaya.
El asedio infinito a Lenín Salablanca
Se llama Lenín Antonio Salablanca Escobar y tiene 38 años, de los cuales los últimos tres han sido una pesadilla donde la libertad, como la conocía antes de 2018, se le ha vuelto imposible.
Fue secuestrado por policías y paramilitares en agosto de 2018 y presentado ante los medios oficialistas como terrorista por anuncio del comisionado Farle Roa Traña, segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía.
Luego la Fiscalía bajo dominio de Ortega lo acusó de terrorista y otros crímenes y fue condenado al Sistema Penitenciario.
Salió de prisión el 11 de junio de 2019 mediante la Ley de Amnistía y regresó a su casaen Juigalpa, Chontales, al occidente de Nicaragua, donde,desde entonces, tampoco se conoce la paz ni la libertad plena.
Si bien no lleva datos de las veces que ha sido hostigado, al menos en 67 ocasiones ha transmitido por redes sociales la persecución, el hostigamiento, las amenazas y golpizas de las cuales ha sido víctima por parte de policías y paramilitares.
“Yo nunca llevé registros del asedio porque pensé que iba a ser una cosa temporal, pero cuando vi que iba para largo, que ya era un plan para apresarme, empecé a filmarlos y reclamar por mis derechos y eso me ha servido para documentar los abusos policiales, pero ha aumentado a la vez el acoso y las amenazas en contra”, dice Salablanca a Expediente Público.
Las amenazas como armas
Al igual que al excarcelado de Masaya, a Salablanca le han violado el derecho a la libre circulación, le han establecido excesivas multas de tránsito en su motocicleta, le han impedido salir a buscar trabajo, lo han detenido ilegalmente por salir a buscar alimentos para su familia y lo han golpeado y amenazado con regresarlo a prisión para podrirse ahí.
La represión y las amenazas se han extendido contra sus familias y amigos. “Me han dicho que si caigo preso yo, van a caer presos mis familiares y amigos, por eso en la calle mucha gente no se me acerca”, relata el excarcelado, narrando así que la metodología de represión sandinista también busca aislarlo socialmente.
Diciembre del 2020 no fue la excepción al estado de hostigamiento policial en su contra: el 4 fue detenido y golpeado cuando salía a vender; el 14 de ese mes nuevamente fue golpeado y detenido cuando se dirigía al acto de bachillerato de su hijo y el propio 24 de diciembre, el jefe de la policía local lo visitó para advertirle que no lo quería ver en la calle: “Temían que saliera a hacer protestas en la campaña de Navidad sin presos políticos”, relata.
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Hostigamiento infinito en El Coyolar
El 24 de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 61/2019, emitió la medida cautelar número 1045-19 a favor del entonces preso político Bayron José Corea Estrada y su núcleo familiar, ante la confirmación de ese organismo de hostigamiento, amenazas y acoso en su contra por su participación como líder estudiantil en las protestas sociales de abril de 2018 en León.
Bayron había sido detenido por paramilitares y policías el 25 de agosto en la ciudad de León y de inmediato fue golpeado, amenazado y torturado por el jefe policial de esa ciudad, Fidel de Jesús Domínguez Álverez, hoy sancionado por Estados Unidos por violación de derechos humanos en Nicaragua.
Finalmente, se le habría obligado a culparse por el incendio del Centro Universitario Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de León, de lo contrario, matarían a sus padres, ya que “la orientación del comandante y la compañera Rosario era callarlos a todos”.
Así, terminó recluido en la cárcel La Modelo y fue liberado el 11 de junio de 2019 mediante la Ley de Amnistía.
La familia de Corea Estrada vive en una casa humilde del barrio popular El Coyolar en León. La Cruz Roja Internacional lo trasladó a su vivienda el día de la amnistía, pero antes de llegar a su vivienda el jefe policial Domínguez, con varias patrullas, intentó capturarlo y llevarlo a la estación policial.
Si bien la Cruz Roja impidió la captura, la suerte de Corea Estrada y su familia quedó echada ante el odio del citado policía Domínguez: “Aquí no vas a conocer la paz, terrorista”, le habría amenazado.
Obligado al destierro
Ese mismo día comenzó el hostigamiento.
El comisionado Domínguez instaló una patrulla policial a las afueras de la casa de Bayron, ordenando encender la sirena policial como método de hostigamiento; también mandó a paramilitares y policías a proferir constantes amenazas de muerte contra la familia y le insistían en detener a la madre y hermana, mientras que por las noches paramilitares rodeaban su casa gritando “asesino, tranquero, golpista” y marcan la vivienda con las palabras “plomo” y “vigilada”, en colores rojos y negros.
En octubre de ese año, a Corea Estrada un policía le llevó un mensaje: “O te desterrás solito o te matamos”.
El estudiante tuvo que huir de su vivienda y refugiarse en diversas casas de seguridad en Managua y otros departamentos, pero los asedios y amenazas contra su familia no se detuvieron hasta sumar 1,048 actos de hostigamiento desde el 11 de junio de 2019 hasta diciembre de 2020.
La guerra sucia contra el profesor Baltodano
Ricardo Baltodano es docente universitario de 61 años y tiene una maestría en Historia.
Era profesor de la Universidad Politécnica de Nicaragua y secretario general del Sindicato de Docentes del Alma Mater, cuando fue detenido y acusado como terrorista el 15 de septiembre de 2018.
Fue enviado a prisión en La Modelo y castigado varias veces en las celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario, hasta su liberación el 11 de junio mediante la Ley de Amnistía, después de 267 días en prisión por protestar contra el régimen en las revueltas sociales de abril del 2018.
Pronto comenzó el asedio, hostigamiento y acoso en su contra: 13 de octubre de 2019. Laboriosamente, Baltodano ha registrado la mayoría de las acciones de hostigamiento en su contra y las cifras son impresionantes: 185 veces.
La mayoría de ellas en su residencia en Managua y para tal fin, la policía ha destinado más de 1,000 agentes policiales que han sido destacados frente a su residencia por más de 6,000 horas, movilizados en patrullas y motos policiales que han sido usadas más de 300 veces para llevar y traer agentes frente a su vivienda o le han perseguido en su movilización cotidiana por Managua.
Pese a que recibió en enero de 2020 medidas cautelares de la CIDH, a Baltodano le han impedido salir de su vivienda más de 70 días, bloqueando la salida de su garaje con patrullas y conos naranjas; los agentes le han tomado incontables fotografías y videos, han sonado cientos de veces las sirenas de sus vehículos y han mostrado sus armas de guerra innumerables veces para atemorizarlo.
Si bien no ha sido capturado otra vez, las amenazas de apresarlo y llevarlo de nuevo a la cárcel son cotidianas y a esto se han sumado amenazas en redes sociales y “actos de repudio” de fanáticos sandinistas que hasta han tirado explosivos caseros contra su vivienda.
Baltodano recuerda que antes de que empezaran a aparecer pintas amenazantes en las casas de los opositores, se había desatado una campaña de desprestigio y amenazas en su contra en redes sociales, donde troles y fanáticos del régimen les endilgaban los innumerables adjetivos que antes había proferido por los medios oficialistas la vicepresidenta designada, Rosario Murillo: terroristas, vampiros, chingastes, bacterias, puchitos, vandálicos, peleles, criminales, hijos del Diablo, traidores, vendepatrias…
Conocedor de la historia moderna, a Baltodano aquella macabra jornada de marcar las viviendas de opositores y endilgarles adjetivos deshumanizantes hilvanados por el Gobierno, le recordó el episodio de la discriminación nazi contra los judíos europeos antes del holocausto, promovido por la narrativa fascista de Adolfo Hitler y sus propagandistas de Alemania.
Desde entonces, hasta hoy, el profesor Baltodano ha sido víctima y testigo de miles de acciones de represión y hostigamiento contra los excarcelados políticos y opositores al régimen de Ortega-Murillo, sobre todo, dice, contra los más pobres y vulnerables en las ciudades más asediadas por la policía política del régimen: Managua, Masaya, León.
