Los números del presupuesto estatal de Nicaragua para el 2021, botan el discurso de las autoridades de que prioriza la inversión social, ya que, al contrario, se seguirán reduciendo recursos para desarrollar programas que mejoren las condiciones de vida de las familias más vulnerables y para asistir a aquellas en situación de riesgo, como niños y adolescentes.
Un análisis de Expediente Público a la Ley Anual del Presupuesto General de la República (PGR) 2021, determinó que hay una reducción en importantes áreas del gasto social. Entre los programas más afectados están el de atención a los niños, niñas y adolescentes en condición vulnerable por su situación de pobreza o sufrir abusos y violencia, a cargo del Ministerio de la Familia (MiFamilia), y el del subsidio estatal para la adquisición de viviendas de interés social.
De acuerdo con el concepto del Banco Mundial, el gasto social es la inversión del Estado en los sectores claves para satisfacer las necesidades básicas de sus ciudadanos como son educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, protección social y recreación.
A como fue formulado el Presupuesto General de la República (PGR) del 2021, se evidencia que tres de esos sectores fueron sacrificados por el Gobierno socialista y solidario de Daniel Ortega, aún cuando eso repercute en desatender a grupos de poblaciones en alto nivel de riesgo, bajar la capacidad del sistema escolar estatal y no permitirles a las familias, que lo necesitan, optar a una vivienda propia.
Los sectores de educación, vivienda y servicios comunitarios y protección social sufren recortes en sus presupuestos entre 9.87%, 1.01% y 0.65% para el año 2021, respecto a los recursos asignados en el 2020.
En cambio, al sector de recreación, cultura y religión se le aumentó 2.69 % su presupuesto, en tanto, el sector salud tendrá un 7.24% más de dinero disponible para funcionar en el 2021, según el análisis.
Protección social, los programas sacrificados
En programas de inversión (gasto) social el monto será de C$ 46,572.4 millones (US$1,337.4 millones). En defensa de que se trata de un Gobierno que protege a los pobres, los funcionarios han resaltado que la inversión social equivale al 57% del gasto total del presupuesto. Sin embargo, es un discurso que no se sostiene porque no se dudó en sacrificar áreas de mayor sensibilidad.
Uno de los sectores más afectados ha sido el de protección social. Entre 2012 y 2021, su gasto ha sido fluctuante, según el análisis a los documentos presupuestarios. En ese período esa asignación pasó de C$1,518.0 millones (unos US$62.9 millones) a C$2,635.64 millones (equivale a US$74.5 millones).
Aunque los números globales muestran un incremento importante, al hacer la visualización en la repartición proporcional, la protección social ha sido castigada.
Hasta 2016 ese sector representó en promedio el 3.19% del gasto del presupuesto total del Estado, sin embargo, la tendencia cambió para mal, ya que entre 2017 y 2021, su asignación ronda el 2.71% del gasto total.
La Ley Anual del Presupuesto del 2021 fue aprobada el 25 de noviembre en la Asamblea Legislativa, sin modificar ni una letra de cómo lo mandó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Aunque está pendiente de que esa Ley sea reformada para incorporar los préstamos por unos US$600 millones que las autoridades están consiguiendo con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de ayuda por la pandemia del COVID-19 y para la reconstrucción de las zonas afectadas por los huracanes Iota y Eta.
“Programa Amor” entre los perdedores
En el sector de los semáforos el Guanacaste, al oeste de la capital Managua, hay 20 niños entre cuatro meses de nacidos y los 13 años de edad. Tres de los más pequeños duermen en los brazos de sus madres, mientras ellas piden dinero o limpian con un pedazo de tela el vidrio de los vehículos, en el poco tiempo que tarda en cambiar de rojo a verde la luz de los semáforos.
A los demás menores, la mayoría niñas que no pasan de los diez años de edad, se les ve zigzaguear entre los vehículos pidiendo dinero a los conductores, vendiendo paletas de caramelo o intentando hacer maromas en el caliente asfalto. Son escenas que se repiten en cada sector de los semáforos de la capital de Nicaragua, donde hay cientos de menores de edad trabajando de manera junto a sus padres. Esas personas son la prueba del fracaso de la política de protección social del Gobierno sandinista.
En el sector de protección social, la institución más importante es el Ministerio de la Familia (MiFamilia), se le ha quitado capacidad financiera para cumplir su misión de dar asistencia y protección a personas en condición vulnerable o en riesgos por sufrir violencia, abusos o abandono familiar.
En 2015, MiFamilia registró su mayor gasto en la historia por C$671.01 millones (unos US$24 millones). Pero los siguientes seis años le fueron bajando sus recursos hasta quedar en C$393.6 millones (alrededor de US$11.1 millones) para 2021.
Aunque en el 2020 a MiFamilia le aumentaron el presupuesto a C$425.3 millones (US$12.2 millones), volvió a ser de las instituciones sacrificadas con la reforma presupuestaria aprobada en diciembre por los diputados. Se le quitó 25.52 millones de córdobas (alrededor de 732 mil dólares).
En la justificación de la reforma el Gobierno no explicó por qué tuvo necesidad de quitarle esos fondos al Ministerio de la Familia.
Expediente Público identificó en los anexos que acompañan la modificación presupuestaria, que los C$25.52 millones corresponden a un préstamo del BID para financiar un proyecto, el cual no se brinda mayor información.
Como consecuencia de que cada año se le asignen menos recursos a MiFamilia, el programa más afectado es el de “Promoción y prevención de los derechos del niño, niña, adolescente y Familia”, que es parte del “Programa Amor”, uno de los programas insignia en la estrategia de lucha contra la pobreza del Gobierno sandinista.
Al área de Promoción y protección a la niñez se le ha recortado 55% % su presupuesto entre 2016 y 2021. La consecuencia de esto es que el Estado dejó de atender a miles de niños, adolescentes y ancianos en situación de riesgo, así como a adolescentes embarazadas, menores y adultos mayores en abandono familiar.
Desprotección a menores en riesgo
Por ejemplo, para el 2020 el personal de MiFamilia planificó ubicar solo a 92 menores de edad en situación de riesgo (por trabajar en las calles, sufrir violencia familiar, abusos o alguna adicción) en centros de atención especial que son subvencionados por el Estado. Un año anterior habría asegurado a 161 menores en hogares de atención, según reflejan los libros presupuestarios.
La desatención empeorará debido a que ese ministerio sólo estimó que tres niños necesitarán ser acogidos en hogares sustitutos entre 2021 y 2024, cuando dos años anteriores requirieron un promedio de 40 menores de edad esa intervención especial. En el detalle del presupuesto de MiFamilia no se explica por qué ese radical cambio en la estrategia de protección infantil vulnerable, y tampoco se brinda información en el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2021-2024.
A mediados de octubre del 2020 se ordenó el cierre de dos centros de protección infantil de la Asociación Casa Alianza Nicaragua. En uno se albergaban a madres adolescentes y sus bebés, pero el argumento de las autoridades fue que no habían autorizado el ingreso de esas personas.
MiFamilia no asumió el resguardo de las adolescentes con sus hijos, pero le prohibió a Casa Alianza, “que a partir de la fecha no remitirá a niños y niñas abandonados y abusados, así como adolescentes, madres embarazadas y otras que requieran la tutela temporal del Estado”, según la notificación del 20 de octubre al organismo.
Ministerio de la Familia ordena cierre de centros de Casa Alianza y deja a más menores indefensos.
El “programa Amor” inició en 2008 como prioridad en la asistencia social y se planteó como meta que en el 2011 habría erradicado el trabajo infantil.
Los informes de MiFamilia comprueban el fiasco de la estrategia. En 2018 solo ocho niños fueron retirados de centros donde laboraban, aunque ese año se realizaron 1,693 inspecciones en materia de trabajo infantil, según el informe “Acciones del Estado de Nicaragua contra el trabajo infantil”.
La última vez que el Gobierno de Ortega dio a conocer las cifras oficiales de trabajo infantil fue en 2012. La Encuesta Continua de Hogares cifró en aproximadamente 396,000 niños y adolescentes laborando ese año, principalmente en la zona rural del país.
Se detalló que el 54.7 % de los menores eran trabajadores familiares sin pago, ayudando a sus padres o familiares en las actividades económicas que estos desarrollaban.
Meten “tijera” a subsidios para viviendas
Expediente Público también identificó que el segundo sector afectado para 2021 sería el de “vivienda y servicios comunitarios”, que lo componen el presupuesto para subsidiar la compra o construcción de viviendas de interés social, así como las transferencias municipales.
“Este sector, a diferencia de protección social, ha tenido fuertes afectaciones a partir de 2019 debido a los recortes que se les ha hecho a las transferencias municipales de las 153 alcaldías del país”, sostiene el análisis.
Aunque la “Ley de Transferencias presupuestarias a los municipios de Nicaragua” establece que a las alcaldías se les debe repartir el 10 por ciento de los ingresos tributarios del Presupuesto público del país, la administración de Ortega violentó la Ley porque solo les transfiere el cuatro por ciento a partir del año 2019.
Alcaldías opositoras en Nicaragua castigadas nuevamente con transferencias municipales.
Entre 2012 y 2018 el sector vivienda y servicios comunitarios tuvo un incremento de casi 100%. Se pasó de C$5,096.55 millones en 2012, a C$ 10,143.1 millones en 2018.
Nicaragua está hundida en una recesión desde hace tres años debido a la crisis social y política por los abusos a los derechos humanos cometidos por el Gobierno en contra de los ciudadanos. Esa crisis económica empeoró en el 2020 con la pandemia del COVID-19 y el daño en infraestructura causado por los huracanes Iota y Eta.
Para intentar sortear la crisis, el Gobierno impuso en 2019 duras medidas fiscales que implicó el aumento de impuestos y la reducción de exoneraciones a sectores productivos e industriales. Aunque esa reforma tributaria le generó los recursos que las autoridades estimaron, entre los perdedores está precisamente la inversión social debido a que la prioridad ha sido el gasto corriente para mantener la abultada planilla de trabajadores públicos, así como el inyectarle millones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para evitar que quiebre.
Entre 2019 y 2021 se ha recortado un 41.5% las asignaciones del sector vivienda y servicios comunitarios. El presupuesto para el 2021 es de C$5,923.98 millones, según los documentos oficiales.
“Se podría decir que es uno de los sectores del gasto social más afectados desde que inició la crisis sociopolítica en Nicaragua”, indicó el análisis de Expediente Público.
Menos dinero al Invur
El Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur) ejecuta un programa que a partir del 2010 destina fondos públicos para ayudar a las familias asalariadas a obtener crédito bancario a tasas de interés preferenciales, para adquirir una casa. Ha sido otro proyecto insignia de la administración de Ortega, pero al que no se ha dudado sacrificar debido a la crisis de las finanzas públicas.
La Ley de la Vivienda de Interés Social (Ley 677) establece que el Estado subsidia la tasa de interés del crédito hipotecario para casas nuevas, cuyo valor es de 40 mil dólares para las viviendas unifamiliares, y de 50 mil dólares para las viviendas multifamiliares.
En junio, los diputados subieron a 3,500 dólares el monto del subsidio directo que el Estado, a través del Invur, entrega a las familias para la compra o mejoramiento de las casas de interés social, cuando se adquieren a través de crédito bancario. Ese dinero es para cubrir la prima que exigen los bancos. Anteriormente este subsidio era de 2,000 dólares.
El programa de vivienda va mal y así lo admitió el Gobierno en la reforma del Presupuesto 2020. Al Invur le recortaron C$27,9 millones (US$803 mil dólares).
“La disminución de los recursos se aplica al proyecto “Construcción de viviendas y familias protagonistas de ingreso moderados a nivel nacional”, tomando en consideración la baja ejecución del proyecto, debido a la poca demanda que se ha presentado de solicitud a la fecha”, justificó el Gobierno sobre el recorte de fondos que afectó al programa de inversión del Invur.
El galopante desempleo producto de la recesión económica causó que más de 218 mil personas dejaran de cotizar al INSS, según el Banco Central de Nicaragua. Pero centros de pensamiento, como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), han calculado que más de 350 mil personas han quedado en el desempleo desde el estallido de la crisis social en el 2018, tanto en el mercado laboral formal y en el informal.
En el 2020 se presupuestó dar subsidios para 2,292 viviendas nuevas, de estas 855 eran subsidios para que las familias de ingresos bajos y a 1,437 familias de ingresos moderados, refleja el PGR del Instituto de la Vivienda. Otros 300 subsidios se darían para mejorar la estructura de viviendas de familias de bajos ingresos.
El que miles de nicaragüenses perdieran sus empleos pasó factura al programa de vivienda estatal, y eso lo demuestra el hecho que el Invur prevé dar menos subsidios. En el 2021, se darán subsidios para la compra de 1,921 viviendas nuevas, de estas 791 son para familias de ingresos bajos y 1,130 para familias de clase media, según el presupuesto aprobado.
Educación también es golpeado
Educación es el tercer sector afectado con las asignaciones al gasto social en 2021 en Nicaragua. Expediente Público explicó que la inversión en educación ha rondado entre el 22 y 24% del gasto total, obteniendo aumentos interanuales entre el 12% y 14%.
Sin embargo, desde 2018 al 2021, los fondos estatales para educación apenas han crecido un 8.8%. El freno lo ha puesto la misma crisis sociopolítica, pero también los problemas en la ejecución de los programas de inversión en escuelas públicas, debido a retrasos en los procesos de licitación y adjudicación de las obras por parte del Ministerio de Educación (Mined).
El gasto social en educación es el más grande, para 2021 se le asigna un total de C$ 20,019.88 millones (US$574.8 millones), que incluyen los recursos para el Mined, del “6%” a las universidades y a los centros de educación técnica. Ese sector representa el 43% del gasto social total.
Los ministros y diputados del Gobierno siempre usan como bandera de campaña política la gratuidad de la educación de primaria y secundaria, así como las inversiones en infraestructura escolar. La merienda escolar a 1.2 millones de escolares también lo presentan como un gran logro.
Sin embargo, la crisis de las finanzas pública está socavando el discurso oficial debido a que el presupuesto del Mined se estancó. En 2020 se le aprobaron C$14,587.8 millones a ese ministerio (US$418.9 millones).
Aunque terminaron disminuyendo C$410.1 millones en la reforma al Presupuesto público 2020. Esos fondos se recortaron al dejarse de pagar salarios y el resto de prestaciones laborales al personal que debía cubrir el Gobierno con recursos del tesoro, para la ejecución de los 30 proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de centros escolares en Managua, Jinotega, Matagalpa, Estelí, Nueva Guinea, en Bluefields, Puerto Cabezas y otros municipios que en su mayoría fueron afectados por los dos huracanes. Esos proyectos serían financiados con cooperación externa, principalmente préstamos, del BID y del BCIE.
El presupuesto del Mined para el 2021 tendría un aumento del 3%, aprobándose un gasto de C$14,613.43 millones.
El ganador es el sector Salud
El sector salud es el que se está beneficiando debido a la inyección de recursos de organismos multilaterales para fortalecer el sistema sanitario de Nicaragua por la emergencia de la pandemia del COVID-19. Esos fondos externos están compensando la falta de dinero propio del Gobierno debido a que la pandemia profundizó la recesión económica que sufre el país, desde el 2018.
A pesar de que la administración de Ortega públicamente ha minimizado la crisis sanitaria, en la propuesta del PGR 2021 reconocieron el gran daño del coronavirus ya que entre 2020 y 2023 habrá dejado pérdidas por US $5,437.8 millones, según cálculos oficiales.
Los organismos internacionales han terminado tendiendo la mano a Nicaragua debido a la crisis sanitaria, además ante las catástrofes causadas por los huracanes Iota y Eta que dejaron daños por US$742 millones, según estimaciones oficiales.
El Presupuesto del 2021 fue formulado sin incluir los más de 600 millones de dólares en préstamos de organismos internacionales, que el Gobierno está tramitando en concepto de ayuda para la emergencia por la pandemia del COVID-19, y para la reconstrucción de los daños causados por los huracanes. Esos fondos serán incorporados posteriormente en una reforma presupuestaria.
Al analizar los números para el sector salud se determinó que es el que obtuvo mayores aumentos en 2021, esto como resultado de la urgencia de disponer de recursos para mejorar la capacidad de respuesta del personal médico y de la estructura hospitalaria ante la crisis sanitaria, como de la atención demandada por la población de las zonas afectadas por los huracanes.
El gasto en salud equivaldrá en 2021 al 21.1% del gasto total. La cifra global es de C$ 17,198.66 (U$493.8 millones), lo que significa un aumento del 7.24% respecto a lo aprobado en 2020.
