*Gasto de seguridad de Nicaragua creció 129 puntos porcentuales en los últimos 10 años, siendo la tasa de crecimiento presupuestario policial más alta de los países del CA-4.
**Expertos de la región recomiendan para transición policial un presupuesto que garantice depuración, desmilitarización, profesionalización y rendición de cuentas del ente de seguridad cooptado actualmente por el gobernante Frente Sandinista.
Expediente Público
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega viene incrementando los fondos para la Policía Nacional (PN) desde antes de 2018 a un ritmo más acelerado que cualquiera de los países que conforman el Triángulo Norte.
En El Salvador, de 2012 al 2021, el incremento interanual fue equivalente a 89 puntos porcentuales, mientras Honduras 73, en cambio, el gobierno sandinista en Nicaragua elevó año con año el gasto en seguridad pública en 129 puntos porcentuales.
A pesar de eso, la confianza de los nicaragüenses en la Policía es baja, según datos del Latinobarómetro 2020. Solo el 38% de encuestados expresaron sentirse seguros y apenas el 29% confía en los uniformados.
Otra encuesta de Expediente Abierto en colaboración con la Universidad de Arizona, realizada entre abril y mayo de 2021, indicó que el 52.4% de los nicaragüenses encuestados dijo que la criminalidad aumentó a nivel nacional. La confianza en la Policía Nacional obtuvo un promedio de 4.55 puntos en la escala de 7.
El presupuesto de la Policía en Nicaragua viene creciendo en los últimos diez años en relación al total del gasto público: en 2012 equivalía al 8.98% y en 2021 es 10.38%. Solo Guatemala gastó proporcionalmente más en seguridad de su gasto público total entre los países del CA-4, con 11.4% en 2021.
Por otra parte, aunque el esfuerzo presupuestario en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) es menor en Nicaragua que en Honduras o El Salvador, donde existen grandes conflictos por el crimen organizado, los homicidios o femicidios y las maras, Nicaragua invirtió en 2021 el equivalente al 1.98% de su PIB en la policía. Honduras gastó 2.19% y El Salvador 2.42%.
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El Presupuesto General de la República (PGR) nicaragüense de 2022 destinó 12,316.2 millones de córdobas (alrededor de 350 millones de dólares) a “los servicios del orden público y seguridad”, 12.6% más que en 2021.
Más presupuesto versus su rol
Pero los incrementos en montos y esfuerzos presupuestarios no son una garantía para cumplir metas establecidas en materia de seguridad, explicaron diferentes expertos consultados por Expediente Público.
La policía nicaragüense se volcó a la defensa del régimen desde 2018, priorizando la vigilancia y represión de la oposición a beneficio de la familia de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder desde 2007.
Datos gestionados por la iniciativa Expediente Abierto muestran que todos los países CA-4 están incrementando sus presupuestos policiales. A juicio de expertos centroamericanos en temas presupuestarios y de seguridad, estos incrementos deben entenderse en contextos de realidades en que se militariza la seguridad pública y en casi todos los casos sin con respuestas efectivas a las necesidades reales de seguridad de la ciudadanía.
Los datos de la encuesta sobre seguridad de Expediente Abierto y de Latinobarómetro también indican cómo en Centroamérica hay bajos niveles de confianza en las fuerzas policiales y altos niveles de inseguridad, con la excepción de El Salvador que tuvo un repunte en 2020.
Ismael Zepeda, economista hondureño del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), reconoce que, en su país, en menos de 10 años el presupuesto de defensa se triplicó y el de seguridad se duplicó.
“Hay un cambio de matriz en la seguridad y defensa porque hay una militarización de la sociedad, hay intervención de los militares en concesiones de electricidad, hubo un problema con la distribuidora de energía y fueron los militares los que intervinieron, los cambios estratégicos institucionales han dado esos cambios”, dijo en un intercambio entre expertos en presupuestos y seguridad organizado por Expediente Abierto.
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Un ejemplo de la distorsión de la seguridad y defensa en Honduras es la participación de estos entes en un plan de agricultura del cual recibieron millones de dólares, recordó Zepeda.
Las Fuerzas Armadas de Honduras amparadas en el artículo 274 de la Constitución que les permite cooperar con otras instituciones en diferentes áreas, incluyendo agricultura y reforma agraria desarrolla con el Ministerio de Defensa el Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH), el cual recibió entre 2019 y 2021 más de 70 millones de lempiras de presupuesto, unos 2.9 millones de dólares.
El problema de estos programas que vinculan a policías y militares en campos más allá de la seguridad y defensa son las injerencias en funciones, las fuerzas de seguridad no terminan siendo efectivos porque asumen otros roles, dijo el economista.
Francisco Jiménez, exministro de Gobernación de Guatemala y experto en seguridad del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), manifestó que estos notables incrementos presupuestarios en la región están orientados más a la operatividad de las policías y no a la solución de los problemas reales de seguridad de cada país.
“El mayor reto que se tiene es la relación sobre la asignación y los resultados, y que esos criterios sean los que se usen para la formulación del presupuesto. En el caso de Guatemala nos encontramos con un problema, elaboramos los presupuestos en materia de funcionalidad y no de resultados en materia de seguridad, programamos no en función de objetivos en general, sino, cómo seguir funcionando, por ejemplo, salarios, adquisiciones o bienes”, refirió durante el intercambio con Expediente Abierto.
Por otra parte, Jiménez explicó que en Guatemala existe una legislación que “nos obliga a generar documentos estratégicos: la política de seguridad, la estrategia nacional de seguridad y la agenda de riesgos y amenazas. Estos elementos son los que deberían determinar los indicadores de resultados”, por ejemplo, si el principal riesgo fueran las pandillas, se formularía el presupuesto en base a esa necesidad.
El economista Ricardo Barrientos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), también constató que en Guatemala cada análisis presupuestario trata de plantearse en asignaciones financieras y resultados.
“Así como el sector salud o educación, seguridad ciudadana o policía, el tema de contrastar asignaciones financieras con resultados”, explicó Barrientos en el intercambio con Expediente Abierto. También consideró que, pese al incremento de los presupuestos de seguridad en la región, los resultados de tales ejecuciones suelen medirse sobre todo en base a tasas de homicidio y percepción de seguridad ciudadana, pero deberían existir otros indicadores de resultados.
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Los costos de la depuración policial
Los expertos centroamericanos fueron consultados por Expediente Público, en particular, por los costos de una reforma policial en Nicaragua que haga posible la despartidización y profesionalización. Como se sabe la experiencia en la década de los noventa terminó en la cooptación de este órgano por parte del FSLN, de donde provienen sus principales jefes actuales, pese a que hubo tres gobiernos liberales previo a la captura del poder de Daniel Ortega.
Zepeda, especialista de Fosdeh precisó que el costo de la depuración policial iniciada en Honduras en 2017 y 2018 fue entre 100 a 120 millones de lempiras, equivalentes a cuatro y cinco millones de dólares, pero fue un proceso poco transparente y es incierto la dimensión real del esfuerzo presupuestario del estado hondureño para este proceso.
De hecho, Honduras ha tenido que vivir varios ciclos de depuración desde 1993.
En 2020 Julián Pacheco, ministro de Seguridad, explicó al Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) que eran mil millones de lempiras (unos 41 millones de dólares) pagados en concepto de derechos a los policías depurados y que el proceso era continuo.
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Bajo la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras creada en 2016 por decreto, salieron más de seis mil agentes.
La integración de nuevos elementos se hizo sin un proceso de cualificación en una academia, por lo que el resultado es que hasta hoy hay policías capturados con quilos de droga, policías militares con uso de fuerza como en 2017 terminaron con casi 30 muertos, explicó Zepeda.
Jiménez explicó que Guatemala pasó su última depuración en 2007 y 2008, aunque siempre hay despedidos por razones particulares, recordó que en estos procesos se debe tomar en cuenta no solo las indemnizaciones, sino, los gastos administrativos para determinar los recursos a ser depurados, así como los costos judiciales de casos de policías que no están de acuerdo con ser despedidos.
La relevancia de la academia de policía
El Gobierno de Nicaragua, apurado por incrementar su fuerza represiva que por deserciones bajó en 2018 a 14, 946 efectivos (eran 15,479 en 2017), comenzó en 2019 a realizar graduaciones rápidas de oficiales en la Academia de Policía Walter Mendoza, que en la década de los 80 fue el Centro de Instrucción Militar.
Entre 2019 y 2021 se han graduado casi tres mil oficiales en cursos básicos de tres meses; en septiembre, para el aniversario de la Policía se anunció una fuerza de seguridad con más de 19 mil agentes y la última graduación de octubre integró a 1,048 nuevos uniformados.
Los cursos básicos tienen como requisito tener entre 18 y 30 años, medir más de 160 centímetros los hombres y 155 las mujeres, educación primaria completa como mínimo (el requisito educativo más bajo del istmo) y realizar un examen de admisión.
La Policía Nacional también ofrece licenciaturas de cuatro años a bachilleres. La academia está en permanente reclutamiento en la página web de la entidad.
Jaime Martínez, exdirector de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) de El Salvador (2009-2019), explicó durante el intercambio con Expediente Abierto, que inició su trabajo con un presupuesto de 10 millones de dólares y terminó con 11.5 millones, con refuerzos presupuestarios, aunque requería cinco millones de dólares más, por lo que tenía un déficit de 43%, por eso faltó invertir en infraestructura, en salarios competitivos, tecnología y equipamiento.
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El costo de formar a un policía
Para formar a un policía se requiere un mínimo de mil dólares mensuales, aseguró Martínez. Aunque no hubo cambios presupuestarios en el centro de formación policial, obtuvieron mayores resultados, no solo en cantidad sino en calidad.
La ANSP aportó 8,000 nuevos oficiales, el 33% de una plantilla de 24,000 policías que tiene actualmente el ente de seguridad pública salvadoreño, dijo Martínez.
Las primeras promociones fueron de seis meses por el proceso de transición, se iba reemplazando paulatinamente a la policía anterior, y se sacrificó la calidad por la cantidad, en ese tiempo el requisito era tener noveno grado de formación, a partir de 1996 se pasó a bachillerato y se mejoró el pénsum.
“De 2000 a 2019 tuvimos promociones que aumentaron en cantidad y calidad, recuperamos la perspectiva civil de la formación policial. Nos encontramos unas dinámicas y prácticas castrense, había mucho rezago, comportamientos de formación militar, por ejemplo, las formaciones continuas, para ir al salón de clases y tomar los alimentos iban marchando, cosas simbólicas como esas”, recordó Martínez.
Política y policías: una combinación nociva
Actualmente, la academia en un instituto de educación superior y si alguien no se gradúa, en teoría, no puede entrar a la policía.
“Nunca tuve influencia en la academia, tuvimos autonomía por ley. La autonomía y la visión profesional de las personas al mando son importantes, porque van a estar haciendo ese trabajo de forma estrictamente técnica”, agregó Martínez.
En este aspecto, Barrientos agregó que la posibilidad de despedir o rejuvenecer cuerpos policiales es un tema más político que técnico. Primero por el delicado equilibrio con los sindicatos, ya sea por una legítima lucha o por intereses partidarios, además, porque existen propuestas con diversidad ideológicas, de derecha o izquierda, con apoyo de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero que no se ejecutan.
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Control y transparencia de la policía
Martínez indicó que “una ejecución eficiente y transparente no se puede lograr en la propia institución, tiene que haber un tejido legal e institucional que exija la rendición de cuentas, eso avanzó bastante por la ley de información pública”.
La información reservada está estrictamente regulada en la ley, mientras el ciudadano no requiere pedir información porque en la página web están una serie de informes exigidos.
Barrientos afirmó que en el Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) las leyes de servicio civil son muy viejas como los sistemas de adquisición pública en general.
Luego está la auditoria social, cuya base es el acceso a la información pública que pasa por una ley e institución garante y las condiciones para demandar información, explicó.
¿Quién fiscaliza a las policías?
“En El Salvador me parece escandalosa la medida del presidente Nayib Bukele para limitar eso, en Honduras, tenemos una ley de acceso a la información, pero hay disposiciones legales que van en sentido contrario”, dijo Barrientos.
En Guatemala el órgano garante está el Ombudsman, hay una oficina de acceso que depende del Legislativo, pero hay una conspiración para asfixiarlos, además, están los códigos de transparencia de organismos multilaterales y los internacionales.
Walter Corzo, de Diálogos de Guatemala, consideró durante el intercambio con Expediente Abierto que “si bien es cierto que la policía es un actor importantísimo en la seguridad ciudadana, en esta discusión de presupuesto quedan en desigualdad los sistemas penitenciarios, que tendrían que ser un elemento importante en el análisis presupuestario”.
“Mucha de la actividad criminal sale de las mismas cárceles, en Guatemala muchas extorsiones se organizan desde los centros de privados de libertad y otros tipos de actividad criminal que al no ser prioridad de las autoridades se permite que continúe. Es un tema de planificación donde se tiene que anticipar, pero muchas de las unidades de planificación ni tiene los conocimientos ni las destrezas para ser efectivos”, sostuvo.
