* El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que abrirá un nuevo frente en una guerra contra la corrupción que empieza por la expropiación de los bienes del empresario y exmandatario Alfredo Cristiani.
** A su llegada a la Asamblea Legislativa, el gobernante presentó un proyecto para la reducción de los 262 a 44 municipios para reordenar el territorio nacional y la disminución de los actuales 84 a 60 diputados en el Congreso unicameral.
*** En el cuarto año de gestión, la dirección política está marcada por la normalización de la tortura en las cárceles al amparo del Régimen de Excepción, el alza del precio de la canasta básica y alertas por deterioro del medio ambiente.
Eric Lemus / Expediente Público
“Con Dios y el pueblo de nuestro lado, vamos a lograrlo. El Salvador ya es otro país. Este es solo el inicio” declaró la noche del jueves 1 de junio el autodenominado presidente cool de esta nación centroamericana en el seno de la Asamblea Legislativa.
El mandatario Nayib Bukele acudió la noche de este 1 de junio para anunciar un nuevo rumbo del país centroamericano a cuatro años de tomar el poder y romper con el bipartidismo que rigió esta nación desde el fin de la guerra civil en 1992 hasta 2019.
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En lugar de brindar el tradicional informe del cuarto año de Gobierno, el dignatario anunció dos proyectos de ley que modificarán la distribución política de El Salvador.
Bajo su instrucción, Bukele dijo que las autoridades empiezan la busca y captura de quien él relacione con supuestos casos de corrupción.
Bukele acusó a Cristiani de ser corrupto y «uno de los políticos que más daño le hizo a nuestro país» y que buscarían que devuelva «lo robado».
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Contra bienes de expresidente Cristiani
Mientras ofrecía el discurso en el pleno legislativo, el fiscal general Rodolfo Delgado seguía las instrucciones del mandatario para allanar e incautar un total de 156 bienes a nombre de Alfredo Cristiani Burkard, expresidente salvadoreño y que detentó el poder entre 1989 y 1994.
La Fiscalía General de la República (FGR) ingresó a diversas residencias de Cristiani, entre ellas una en el lago de Coatepeque, ubicado al oeste del país, y diversas empresas, tales como la droguería Santa Lucía, que distribuía medicamentos en la red hospitalaria nacional.
“Fue el denominado presidente de la paz, pero en realidad él era básicamente un presidente de los ladrones”, declaró el fiscal Delgado a reporteros que trabajan en medios gubernamentales.
Cristiani, que encabezó el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena), firmó en 1992 los acuerdos de paz con la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para concluir la guerra civil.
Su mandato quedó ensombrecido por la masacre contra los sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamérica “José Simeón Cañas”, fue ejecutada en noviembre de 1989 siguiendo instrucciones del alto mando del Ejército de la época.
En marzo de 2022, una corte de paz de El Salvador ordenó la detención de Cristiani por la masacre de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres en 1989 en el marco de la guerra civil (1980-1992).
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Menos municipios, menos diputados
Bukele presentó al pleno legislativo dos proyectos de ley mediante los cuales busca la disminución de los actuales 262 municipios a un total de 44, conforme un viejo plan que organizó el país en distritos y que fue propuesto desde los años 50.
Asimismo, solicitó la reducción de 84 diputados a solamente 60.
Ambos planes requieren el beneplácito del poder legislativo, sin embargo, la Asamblea es controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) que no requiere el apoyo de ninguna otra representación política.
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Claudia Ortiz, congresista por el partido VAMOS, opinó a Expediente Público que “reducir el número de diputados es una discusión que vale la pena. Lo que está mal es aprovecharla para sacar raja política”.
Por su parte, el politólogo Napoleón Campos, matizó a Expediente Público que “cada nuevo show de esta nueva zaga no tiene otro objetivo que la reelección inconstitucional”.
“Se ahuyenta a los inversionistas, se manda el peor mensaje al mundo democrático, se pierde confianza en el país ya sea por expropiaciones a empresarios o decir de la noche a la mañana, en la víspera electoral, que se reduce o se transforma la administración territorial del país”, añadió Campos.
Reelección contra la Constitución
Desde principios de mayo de 2023, en el marco del Día Internacional del Trabajo, diversas organizaciones sociales exhortaron a construir un sector amplio con el objetivo de rechazar la reelección que anunció Bukele, al margen de la prohibición que estipula Constitución salvadoreña.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) junto a sindicalistas, policías despedidos, docentes del magisterio nacional y agrupaciones feministas reclaman “el fin del autoritarismo”.
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La Constitución salvadoreña, vigente desde 1983 y reformada en 1992 después de la firma de los Acuerdos de Paz, establece dos artículos que restringen a un gobernante seguir en el poder de forma consecutiva.
El artículo 152 advierte que “No podrán ser candidatos a Presidente de la República: El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses” y el 154 reza: “El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más”.
