* Nueva prisión, llamada por el Gobierno como una megacárcel, tendrá capacidad para 40,000 reclusos, lo que, según organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, va en contra de los estándares internacionales.
* La nueva medida se une a los señalamientos de violaciones de procesos jurídicos, desaparición forzada, violencia física como aislamiento en celdas de castigo, asfixias y hasta palizas.
Eric Lemus / Expediente Público
El último paso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, como parte del Plan Control Territorial en lo que él denomina la guerra contra las pandillas, fue la construcción de una megacárcel de máxima seguridad donde los reos estarán incomunicados o serán llevados a celdas de castigo mientras purguen su condena.
La prisión ubicada en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente, en la zona paracentral de El Salvador, fue denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El recinto refleja el endurecimiento de las medidas punitivas en este país centroamericano que registra el mayor hacinamiento penitenciario en América Latina, de acuerdo al Resumen Mundial de Prisiones (WPB, por sus siglas en inglés).
De acuerdo al WPB, El Salvador tiene la tasa más alta de encarcelados del mundo: 605 por cada 100.000 habitantes.
La prisión de máxima seguridad fue creada oficialmente para albergar al menos 40.000 pandilleros sean de la Mara Salvatrucha (MS-13) como Barrio 18, las principales bandas que agobian a los salvadoreños desde los años 90 y cuyo control territorial es diezmado por el Gobierno desde hace 10 meses por la aplicación del régimen de excepción.
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Las denuncias de abusos
Hernández, a quien Expediente Público prefiere identificar de esa manera para no revelar su identidad, relata que desde hace seis meses la policía capturó a un pariente cercano cuando venía de realizar tareas agrícolas. Su caso es uno de los que contabilizan las organizaciones que observan las violaciones cometidas bajo el régimen de excepción que fue decretado en marzo de 2022.
La Asamblea Legislativa, que controla el partido gobernante Nuevas Ideas, renueva el régimen de excepción cada fin de mes.
“Fui (esta semana) a dejar un paquete al Penal de Izalco y me di cuenta que ya empezaron los traslados al nuevo. Salieron tres buses llenos. Pero eso sí, no iban con los detenidos durante el régimen, sino que eran reos ya con condenas”, relató a Expediente Público.
La megacárcel de Izalco está ubicada en el departamento de Sonsonate a 74 kilómetros al oeste de la capital y originalmente fue creada para confinar a miembros del Barrio 18 facción sureños, pero luego fue ocupada para mantener a la población civil y miembros de la MS-13.
Hernández explica que cada cárcel sigue las instrucciones de Centros Penales en el sentido que exige a los familiares de los privados de libertad que lleven paquetes con artículos de higiene, alimentación y vestimenta, conforme un listado riguroso que detalla las cantidades.
Los familiares denuncian que no tienen certeza que estos víveres lleguen a su destinatario final, pero temen exponer estos casos públicamente. Ciertamente, el precio total de todos los productos, que incluye desde calzado, pasta dental, sábanas y papel higiénico, sobrepasa los $200.
Montaron espectáculo
Bukele, que el 31 de enero de 2023 en cadena nacional de radio y televisión, transmitió un recorrido pregrabado por todo el recinto acompañado del viceministro de Justicia y Seguridad Pública y director general de Centros Penales, Osiris Luna, junto al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Un día después, el Gobierno organizó una gira para la prensa nacional e internacional que tuvo oportunidad para verificar las condiciones del sitio, pero todavía sin internos.
El CECOT promete ser una de las cárceles más severas pues los muros perimetrales tienen hasta 12 metros de altura, coronados con mallas electrificadas, y torres de vigilancia con cámaras térmicas.
Adentro, el área construida abarca 70.000 metros cuadrados donde hay ocho pabellones con celdas para los internos. Cada una tiene camas metálicas alineadas en tres series con cuatro espacios, de modo que puede alojar a 48 internos.
En la gira, Luna y Bukele pusieron especial énfasis a las celdas de castigo, que consisten en habitaciones de dos metros cuadrados, sin iluminación eléctrica, salvo una pequeña rendija redonda en el techo y que está a una altura de cinco metros.
Las alertas contra megacárcel
Un informe sobre violaciones a derechos humanos elaborado por las organizaciones Human Rights Watch (HRW) y Cristosal advirtió que la megacárcel es incompatible con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que son conocidas como las Reglas de Mandela.
El documento advierte que el tamaño de las prisiones no debe ser tal que impida el trato individual y específico de cada interno.
“Un complejo penitenciario diseñado para albergar a decenas de miles de personas claramente sería incompatible con este estándar internacional”, advirtió el análisis de Human Rights Watch.
El director asociado para las Américas de esta organización, Juan Pappier, anticipó que “una cárcel para 40.000 detenidos sería claramente inconsistente y violatoria con este principio”.
Contra normas
“Es conveniente evitar que en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento”, dicta la Regla 89.
La norma validada por la ONU añade que «en algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500. En los establecimientos de régimen abierto el número de detenidos deberá ser lo más reducido posible”.
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Abusos que no importan al Gobierno
Una filtración de una base de datos a la que tuvo acceso HRW reveló abusos “a gran escala” en los centros penitenciarios desde hace diez meses bajo el régimen de excepción. El resumen fue compartido a la prensa.
Previamente, HRW y Cristosal emitieron alertas sobre la falta del debido proceso en los casos de las y los ciudadanos capturados sin una investigación sólida.
“Miles de personas, incluidos cientos de menores, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”, denunció HRW.
Instauran la desaparición forzada
El abogado Ovidio Mauricio, director de la organización Tutela Legal María Julia Hernández, reitera a Expediente Público que El Salvador repite el patrón de tortura de la guerra civil de los años 80 porque el Estado tiene la obligación de comunicarle al defensor o a las personas que llegan a preguntar por un detenido.
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“Eso se considera una desaparición forzada. No tener ningún dato del detenido. Dónde se encuentra. Qué le ha ocurrido… A partir de ahí comienza una forma de tortura por la falta de comunicación”, dice Mauricio.
Denuncias de violencia física como aislamiento, asfixias, palizas, duchas frías se comentan a hurtadillas entre los familiares que esperan la liberación de su cónyuge, hijo o hija. Pero temen hablar detalladamente porque creen que complicarán la situación del detenido.
“Nosotros tenemos testimonio de alguien que estuvo en Cárcel de Mujeres y se dio cuenta de detenidas que abortaron por los golpes que recibieron y eso se llama tortura. Además, constituye otros delitos como provocar el aborto, la muerte del no nacido. La otra cuestión es el trato hacia personas que no son pandilleros y que se permite que otros que sí son pandilleros, abusen de ellos”, describe el abogado.
Foto Cortesía: Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador
El patrón
La revelación hecha por HRW confirma que hasta agosto de 2022 la población en las cárceles salvadoreñas aumentó en 50.000 como resultado de las capturas masivas. Además, que más de 7.900 mujeres fueron enviadas a reclusión, de tal forma que duplicó el número de internas.
“Los datos revelan que las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”, dice el reporte.
Foto Cortesía: Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador
El Salvador y la tortura
La activista de derechos humanos Celia Medrano trae a cuenta que, desde 1996, El Salvador ratificó la Convención contra la Tortura.
Medrano perteneció a la Comisión de Derechos Humanos no gubernamental durante la guerra civil y ahora vigila los patrones de violencia y la migración forzada.
“La tortura tiene un objetivo: castigar a una persona obligándola a reconocer a aportar información y reconocer responsabilidades de las que no es responsable. Entonces empezamos a diferenciar prácticas de tortura no en función de la gravedad de los daños físicos o sicológicos que pueda causar el hecho, sino por la intencionalidad con la que se causa ese daño”, remata Medrano a Expediente Público.
Por su parte, el rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el jesuita Andreu Oliva, en conferencia esta semana, exhortó al Gobierno de Bukele porque la construcción de una prisión “no debería ser excusa para detener la edificación de escuelas y hospitales”.
“Ojalá que no tuviéramos que tener más cárceles (porque) eso sería la señal que en el país hemos aprendido a vivir en respeto a la ley”, opinó Oliva.
