Tras el estallido civil en Nicaragua contra el régimen de Daniel Ortega y su todopoderosa consorte, Rosario Murillo, en abril de 2018, comenzó a operar una oscura maquinaria en el Ministerio Público para enjuiciar, a toda costa, a los cientos de manifestantes detenidos durante el levantamiento ciudadano.
La fiscal general del Ministerio Público, Ana Julia Guido, ha sido la encargada de ejecutar la orden de El Carmen, la residencial familiar en Managua donde se ubica la oficina que funciona como Casa de Gobierno y Secretaría General del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de acusar a los presos y presas políticas por haber cuestionado al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a partir de los acontecimientos de abril del año pasado.
El 25 de abril del 2018 la Fiscalía anunció que iniciaría un proceso de investigación sobre los muertos, heridos y desaparecidos ocurridos en ese mes, pero lo que hubo fue una oleada de más de 700 acusaciones falsas realizadas en unos nueve meses, según el estimado de varios de los diez exfiscales y un jurista defensor de derechos humanos consultados para este reportaje.
Las acusaciones de la Fiscalía iniciaron el 7 de mayo del 2018 y una de las primeras y más conocidas fue contra los jóvenes caribeños Brandon Lovo de 18 y Glenn Slate de 21 años de edad, para aparentar interés del Estado de resolver el asesinato del periodista Ángel Gahona ocurrido el 21 de abril del 2018 . El periodista se encontraba cubriendo para el noticiero “El Meridiano” de Bluefields, ciudad del caribe sur de Nicaragua las protestas iniciadas en el mes de abril en Nicaragua contra el régimen Ortega-Murillo donde fue asesinado por un arma de fuego. Pero la familia de Gahona afirmó desde el inicio, que estos muchachos trasladados desde esa ciudad y recluidos el 23 de mayo en el centro penintenciario “La Modelo”, eran inocentes y que los asesinos eran efectivos policiales de Bluefields y que estaban en libertad.
Ha habido muy mal trabajo de la Fiscalía dijo a Expediente Público Julio Montenegro, abogado defensor de unos 70 prisioneros políticos, desde la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y ahora en la iniciativa “Defensores del Pueblo”.
Para ese experto, “hay muchas deficiencias en el trabajo de los fiscales, dejan muchos cabos sueltos, introducen varias imputaciones y no se precisa la acción en cada caso, no se establecen las circunstancias, el lugar, etcétera”.
La llamada furibunda de Rosario Murillo
El maratón de acusaciones emprendido en Mayo del 2018 por el Ministerio Público provocó que hasta junio del 2019 renunciaran entre 50 y 70 fiscales, lo que evidenció ante la sociedad el papel represivo de esta institución, de acuerdo a un exfiscal que solicitó omitir su nombre y a quien llamaremos Heradio Baldelomar. Él aseguró haber tenido acceso al despacho de Ana Julia Guido.
De esa forma Baldelomar se enteró cuando Rosario Murillo, encolerizada, se comunicó por teléfono con la fiscal general y le llamó la atención por la pérdida de tantos fiscales y por la mala imagen que eso estaba causando al Gobierno en el contexto de la crisis. Después de la llamada, Guido comenzó a comunicarse con los abogados que habían renunciado para pedirles que volvieran. Pero ninguno regresó.
Conforman la maquinaria represiva del Estado, la Policía, la Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, Defensoría Pública, Jueces y Magistrados, pero en este reportaje reconstruiremos cómo en el Ministerio Público se inventan las acusaciones, la conformación de equipos para crear las narrativas acusatorias y la designación de otros fiscales para que suscriban la acusación.
También se presentarán ejemplos, a partir de las acusaciones, de la falta de profesionalismo de los fiscales, quienes, a juicio de los entrevistados, abandonaron el rigor y la ética y se entregaron a los designios partidarios de la pareja presidencial, como se observa en los múltiples, garrafales e incluso insólitos errores de los expedientes generados por el Ministerio Público.
FSLN y Daniel Ortega sitian la Fiscalía
Esta historia comenzó en mayo 2000 con la creación de la Fiscalía General de la República y el nombramiento de Julio Centeno, incondicional del expresidente Arnoldo Alemán, como Fiscal General de la República, y como fiscal adjunta María Lourdes Bolaños, militante del FSLN y también incondicional de Daniel Ortega. Todo esto, resultado del pacto de 1999 entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
Durante el gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007), Ana Julia Guido aspiraba a la jefatura de la Policía, pero su conocida subordinación a Daniel Ortega favoreció el nombramiento de Aminta Granera. No tuvo que esperar mucho tiempo para que Ortega la compensara con el cargo en el Ministerio Público, que ella asumió como una misión partidaria.
Guido estuvo 27 años en la Policía Nacional, donde fue jefa de asuntos internos durante seis años, luego, de seguridad pública y después subdirectora general. Cuando pasó al Ministerio Público como fiscal general adjunta, en el año 2007, era comisionada general en retiro de la institución policial.
De acuerdo a una exfiscal que solicitó el anonimato y a quien llamaremos Clara del Valle, con la llegada de Guido comenzó la partidarización de la institución, alineó a los del partido FSLN, que no eran muchos y nacieron los bandos.
La exfiscal y abogada de la Comisión Pro Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, recordó que en ese entonces Ana Julia Guido efectuaba las reuniones partidarias en el auditorio Luz Beatriz Arellano, de la alcaldía de Managua. Dijo que Guido exhortaba a los suyos en los territorios a que le informaran exclusivamente a ella de todo cuanto aconteciera.
No hubo química entre el fiscal general Centeno y su adjunta, Guido. De acuerdo a uno de los entrevistados, quien para esta entrevista asumió el nombre de Bernardo Antúnez, a la recién llegada le precedía la fama de que la jefa de Policía, Aminta Granera, se quejaba que Guido no la dejaba trabajar.
Algo así le sucedería al fiscal general Julio Centeno con Guido, porque, de acuerdo a Antúnez, “la relación era muy mala, ella quería sacarlo, y le escribió cartas durísimas”. Más se molestaba con las respuestas melosas y zalameras de Centeno, quien evadía el bulto, quizá para no tener un enfrentamiento frontal y para preservar el pacto convenido entre Alemán y Ortega.
De todas maneras, de acuerdo con Antúnez, el fiscal general no pudo evitar recriminaciones muy fuertes que le hizo por teléfono uno de los líderes del FSLN, Bayardo Arce Castaño, quien lo llamaba cada vez que la adjunta se quejaba antes sus jefes de ese partido.
Capacitación comienza a languidecer
El poder de Guido era tal, que Centeno tuvo que admitir que en la institución había “otra ala”, que actuaba distinto a él, como quedó evidenciado con el allanamiento en octubre de 2008 del Centro de Investigación de las Comunicaciones (CINCO), de Carlos Fernando Chamorro.
Antúnez recordó que a Guido le molestaba que Centeno no permitiera cajas chicas ni uso de tarjetas de crédito de la institución, ni tampoco el acceso a préstamos de los subordinados de Guido a un fondo de retiro que se había creado con fondos aportados por los trabajadores del Ministerio Público (MP).
Con la llegada de Guido, el área de capacitación y en general las iniciativas de fortalecimiento institucional comenzaron a languidecer, consideró la exfiscal Leyla Prado, quien defendió a 15 presas y presos políticos a partir de la crisis de Abril del 2018. Escuchó expresiones de Guido en el sentido de que la especialización de los fiscales “era una pérdida de tiempo” lo que se reflejó en que cada vez había menos cursos y oportunidades de estudiar.
“Se sintió el cambio, fue un golpe brusco el que hubo con la llegada de ella”, subrayó el exfiscal Mario Esquivel, quien pidió utilizar otro nombre para proteger su identidad.
La eliminación de los concursos públicos por oposición para contratar abogados y su sustitución por concursos internos controlados desde la Fiscalía General Adjunta, fue el primer gran golpe que le permitió al FSLN que sus partidarios empezaran una verdadera invasión al Ministerio Público. Esto se lograba a partir del reclutamiento de egresados de la carrera de derecho que con seguridad eran afines o miembros del partido sandinista.
Los concursos públicos
El primer concurso fue para dotar de abogados competentes al naciente Ministerio Público, en el año 2000, cuando se transformó la Procuraduría Penal, que tenía funciones de fiscalía, procuraduría y ministerio de justicia, subordinada al presidente de la República, lo cual, contradecía la independencia que debe tener esta institución.
Siendo presidente, Arnoldo Alemán le ofreció a Centeno la silla de fiscal general, pero este no aceptó en un primer momento, pero luego de negociaciones con el FSLN, terminó aceptando el nombramiento.
De acuerdo a Mario Esquivel Hernández, en el 2004 fue el segundo concurso público masivo. Aunque estaba llena el Aula Magna de la Universidad Centro Americana (UCA) y muchos aprobaron los exámenes. Fue el concurso en que más fiscales fueron reclutados.
En 2005 fue el tercer y último concurso público de la Fiscalía. No cabía nadie más en las 600 butacas del Aula Magna de la UCA, en el examen teórico, compuesto por más de cien preguntas. Ahí estaban todos los que no tuvieron ningún problema con su hoja de vida o currículum vitae, primer requisito que intentaron cumplir más de mil postulantes.
La mayoría de los candidatos se vio mal con la teoría. Después del mediodía se apreció el desastre. Para el examen práctico, en la tarde, el Aula Magna estaba casi vacía. Del millar de aspirantes, 73 aprobaron el concurso, pero según Antúnez, no todos fueron contratados, debido a que en algunos casos se detectaron irregularidades entre los postulantes. Por ejemplo, una abogada que pasó todas las pruebas había salido implicada en una escandalosa pérdida de más de 600 mil dólares en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Baldelomar y Antúnez señalaron que cuando los concursos se volvieron internos—solo podían participar trabajadores del Ministerio Público— comenzaron a pasar los exámenes personas recomendadas por los partidos pactistas que en realidad habían salido aplazadas. “Daban la orden de subirle la calificación”, recordó Antúnez.
Invasión de fiscales del FSLN
Los exámenes a cargo de la unidad de capacitación, dirigida por Guido, se realizaban en las instalaciones de la Fiscalía.
“Ella comenzó a imponer criterios políticos-partidarios”, señaló Baldelomar, quien agregó que de esta manera miembros de la Juventud Sandinista se convirtieron en fiscales.
El concurso interno del 2008 , fue conocido como “101 Dálmatas”, por la cantidad de participantes. Las plazas solo eran 12, y se repartieron seis para el FSLN y seis para el PLC, una de las tantas formas en que se expresaba el pacto Ortega–Alemán.
Avanzaban de manera arrolladora los planes de la fiscal general adjunta, Guido, para que el FSLN se tomara el Ministerio Público, de acuerdo a las fuentes consultadas. De los seis del FSLN asumieron como fiscales en el 2008, Sandra Dinarte Cárcamo y Guiselle Borge. Actualmente ambas dirigen el comité de elaboración de acusaciones contra los y las manifestantes que salieron a las calles en Abril del 2018.
Dinarte es sobrina del comisionado mayor en retiro, José Luis Cárcamo y del diputado Everth Cárcamo; y Guiselle Borge, hija del comisionado general de la Policía, Fernando Borge. Además Borge es cuñada del también fiscal, Jorge Rubí, también nombrado en 2008 fiscal por cuota del PLC y quien formuló las acusaciones por orden del FSLN contra opositores como Félix Maradiaga, Luciano García y Lenner Fonseca del Movimiento Campesino.
También fue nombrada Denisse Maltez, hija del liberal constitucionalista Denis Maltez, subprocurador en época de Arnoldo Alemán que después fue nombrado magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua. Este ya falleció. Hasta agosto del 2019 Denisse Maltéz, era asesora de la sala penal especializada en violencia controlada por la Magistrada Presidenta Adda Benicia Vanegas, sobrina de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia Alba Luz Ramos Vanegas.
Heradio Baldelomar recordó a Expediente Público que Marling Castro Rodríguez no aprobó el concurso del 2005 en la UCA, pero fue la primera asistente de despacho de Guido, y más tarde pasó un examen interno y se convirtió en fiscal auxiliar. En 2014 pasó a dirigir la nueva Oficina Técnica de Género de esta institución.
Las tres corrientes dentro la Fiscalía
En el Ministerio Público había tres corrientes, señaló Antúnez: dos sandinistas y una liberal constitucionalista, es decir, del PLC.
Armando Juárez, sobrino del temido operador político de Ortega Lenin Cerna, encabezaba una de las tres corrientes, la de los sandinistas históricos “no chayistas”, que son identificados como incondicionales a Daniel Ortega, pero que también coqueteaba con la corriente que dirigía Julio Centeno Gómez. De esta forma se distanciaba del ala que jefeaba Ana Julia Guido. Juárez y Guido pugnaban por ser el próximo fiscal general, pues se avecinaba el final del período del Dr. Julio Centeno, en el 2014. La convivencia entre esas tres corrientes no estaba exenta de pugnas.
Por ejemplo, el entonces inspector departamental del Ministerio Público, el excapitán de la policía, Douglas Vargas Flores, leal a Guido, se ganó la animadversión de Juárez a partir de que un fiscal le confió que el exoficial andaba comentando que Juárez hacía negocios con varios hijos de Daniel Ortega, agregó Antúnez. Esto también fue corroborado por otra de las fuentes a Expediente Público. Juárez se quejó con el fiscal general, quien nombró una comisión investigadora cuyos resultados llevaron a este a destituir a Vargas, pero Ortega ordenó su restitución por solicitud de Ana Julia Guido, confirmó Centeno a Expediente Público.
Guido y ex policías toman el control total
Ana Julia Guido salió airosa de las pugnas internas entre las corrientes sandinistas y el 11 de abril del 2014 fue nombrada fiscal general de la República, y como su adjunto colocó a otro policía, el comisionado mayor Julio González.
González fue jefe de la temida Dirección de Asuntos Judiciales (DAJ), cuya base está en las entrañas de “El Chipote”, la infame prisión localizada en el corazón de Managua. Para compensar a Armando Juárez, quien no obtuvo las riendas de la institución, el FSLN lo nombró ese mismo año magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Los policías coparon todos los cargos de dirección: el excapitán Douglas Vargas ascendió a inspector general, y el excomisionado mayor Julio Alonzo asumió como director general administrativo-financiero. Vargas fue quien el sábado 11 de octubre del 2008, como inspector departamental y con el auxilio de policías, rompió las puertas durante el ya comentado allanamiento del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), e investigó también al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y a la organización no gubernamental, Oxfam Gran Bretaña.
En noviembre del 2018 Vargas también dirigió un nuevo operativo, esta vez contra el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP). A Vargas lo bautizaron como “El Químico”, porque fue el autor del prodigio de convertir en talco la cocaína que le encontraron a Melvin González, un hermano del entonces campeón mundial de boxeo Román “Chocolatito” González. Además, después sería nombrado coordinador general del llamado Comité de Liderazgo Sandinista (CLS), según la exfiscal Clara Valle.
Guido: “Yo sé quién es quién” en el Ministerio Público
El encono de Guido contra Juárez es tan grande, indicaron las fuentes consultadas, que en el auditorio para 250 personas del Ministerio Público, donde se encuentran grandes fotografías enmarcadas de los fiscales generales, los adjuntos y los inspectores generales, hace falta una imagen: la de Armando Juárez, el sobrino de Lenin Cerna.
Juárez es recordado como amable y alguien que valoraba el trabajo del personal de la institución, en cambio, Vargas en cambio era arrogante, y no saludaba a quienes no pertenecían al partido FSLN, de acuerdo a las fuentes consultadas.
La defensora de presas y presos políticos de la CPDH, Leyla Prado, recordó que Guido acostumbraba decir: “yo sé quién es quién” en el Ministerio Público, y que inmediatamente que ella asumió empezó un período de incertidumbre con traslados y movimientos de fiscales.
Por ejemplo, a Prado la mandó al triángulo minero en el caribe norte de Nicaragua, pese a que en ese momento su mamá agonizaba. Tras 16 años de ejercer como fiscal, desde que se fundó la institución, renunció el 10 de febrero del 2016.
Uno de las primeras medidas que ordenó Guido fue democionar a menos que fiscal a la toda poderosa secretaria ejecutiva del Ministerio Público, Delia Rosales.
“Fue una humillación”, recordó Heradio Baldelomar, quien agregó que la medida no molestó a nadie en la institución, porque Rosales se había comportado como déspota durante la gestión de Centeno. La barrida del personal del Ministerio Público comenzó con quienes eran afines al anterior fiscal general.
Pese a trabajar en el Ministerio Público desde el año 2007, el nombramiento de Guido como fiscal general causó una conmoción. Casi de inmediato llegaron a su despacho las primeras renuncias, como la del fiscal Elton Ortega Zúñiga –ahora defensor de presos y presas políticas–, a quien Guido había trasladado a Río San Juan.
Blanca Salgado no esperó el momento cumbre de la Fiscal General pues la exfiscal Clara Valle recordó que se fue dos meses antes debido a que había tenido una fuerte discusión con Guido.
Los traslados causaron un terremoto
Un mes después vinieron los traslados y reubicaciones, algunos fueron enviados de la capital Managua a lugares lejanos, como el ya citado departamento de Río San Juan al sur de Nicaragua, hasta la desembocadura de la Región Autónoma de la Costa Caribe sur a 314 kilómetros de la capital.
Algunos de los reubicados aceptaron y otros renunciaron. Guido movió a Julio Montenegro de la Unidad de Apelación y Casación, en Managua, a director del Centro de Atención de Fiscales (CAF), de Ciudad Sandino y luego como fiscal auxiliar en Tipitapa, hasta que renunció, confirmó a Expediente Público el mismo Montenegro.
Otro abogado que trabajó en la institución dijo a Expediente Público que la asunción de Guido fue traumática.
“Se sintió el cambio, fue un golpe brusco”, contó.
Señaló que también se trasladaba personal desde el Caribe a Managua, como ocurrió con los fiscales Boanerge Fornos, actualmente abogado de la iniciativa Acción Penal, y Gerardo Suárez, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos por haber sido acusado de terrorismo por sus anteriores compañeros de trabajo.
Ambos estuvieron a cargo en distintos momentos de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y fueron condecorados por el Ejército de Nicaragua por el combate al narcotráfico y el crimen organizado transnacional. Los dos renunciaron cuando fueron reubicados bajo la dirección de Douglas Vargas.
Entre la lluvia de traslados se distinguen los siguientes: el fiscal de León, Freddy Arana incondicional de Centeno y altamente cuestionado en su gestión como fiscal departamental, fue trasladado a Bluefields, traslado que no se hizo efectivo por su renuncia; el de Matagalpa, Richard Lara, a Bilwi. Mientras tanto, a Medardo Trejos lo remitieron al triángulo minero (Rosita, Bonanza y Siuna), y a Rubén Gutiérrez, que estaba en Managua, a Jinotega.
Muchos fiscales renunciaron y se perdió buena parte de la preparación y experiencia de esos profesionales. Para los consultados en un consenso generalizado que la fiscal Ana Julia Guido en menos de dos meses desbarató un trabajo de doce años de un continuo proceso de fortalecimiento institucional con asistencia técnica internacional.
La fábrica de acusaciones falsas de la Fiscalía
