*Los colonos son la punta de lanza para arrebatar a los indígenas del Caribe Norte de Nicaragua de los recursos en sus territorios.
**El modelo económico nacional se impone en territorios indígenas con un espíritu de propiedad opuesto a una cultura plegada al uso comunitario de los recursos, sostienen defensores de derechos humanos.
Expediente Público
El exgeneral Álvaro Baltodano, delegado para inversiones del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, declaraba en mayo de 2016, durante la inauguración de una planta de energía a base de aceite de palma africana, propiedad de la empresa Green Power en el Caribe Norte, que existía un potencial de 100,000 hectáreas para uso agroindustrial en esta región.
“Se va a sembrar palma africana donde está desforestado y donde no hay nada”, sostuvo el delegado presidencial. Por las condiciones climáticas, la palma africana es cultivada en las dos regiones autónomas del Caribe en Nicaragua, donde llueve gran parte del año.
Actualmente, hay 5600 hectáreas sembradas con esta planta, según datos de la Cámara de Productores y Procesadores de Palma (Capropalma).
Los productores de palma aseguran que sus áreas de cultivo están definidas por las autoridades nacionales y territoriales. “El sector palmero y los gobiernos nacionales y regionales han coordinado para garantizar la legítima propiedad y uso de la tierra por parte de todas las plantaciones palmeras. De ninguna manera la actividad ha generado procesos de desplazamiento forzoso de comunidades campesinas o étnicas”, indican los productores en la página de la Alianza Mesoamericana de Aceite de Palma.
El centro de pensamiento Expediente Abierto en su investigación «¿Por qué?:Los diversos tipos violencias en la nación miskitu y nación mayangna de la Costa Caribe Norte de Nicaragua» expone las causas, tipos e impacto de las violencias hacia la nación miskitu y nación mayangnas en la Costa Caribe Norte.
Lo cierto, es que en el Caribe de Nicaragua existen muy pocas tierras que no estén en territorios comunales o en áreas protegidas. Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) advierte que, de 304 comunidades en los 23 territorios indígenas, afrodescendientes o de régimen especial del Caribe, 270 tienen problemas masivos de invasiones de tierra.
Además, en los últimos quince años se han perdido 1.5 millones de hectáreas de bosques en Bosawás, en su mayoría áreas protegidas en territorios indígenas, precisa Juan Carlos Ocampo, director de la organización indígena Prilaka.
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El círculo de depredación
Los colonos son para los indígenas la punta de lanza de grandes intereses nacionales y transnacionales que se aprovechan de la corrupción de las autoridades nacionales, regionales y locales, según declaraciones de jueces y líderes indígenas recopiladas por Expediente Público.
Después de deforestar y vender la madera, los colonos siembran granos y traen ganado. Convierten el bosque en pastizales y luego venden las parcelas o los derechos de arriendo de forma fraudulenta.
“Sabemos que el estado de Nicaragua por medio de sus instituciones ha venido promoviendo las actividades de sobre explotación de los recursos naturales”, señaló Cunningham a Expediente Público en una gira de campo.
“Para nosotros el Estado ha promovido y motivado lo que son las actividades extractivas y esto es una forma de crear la invasión de los colonos, cuando hablamos de estas actividades hablamos de la explotación minera y la sobreexplotación forestal, los monocultivos como la palma africana y la ganadería, eso ha venido denunciando las comunidades, pero hasta la fecha contamos con 49 personas asesinadas (sin contar la masacre de 12 misquitos en agosto 2021), heridos y desparecidos y todos estos casos denunciados ante la Policía Nacional y el Ministerio Público no se han investigado”, denunció la directora de Cejudhcan.
“Por la impunidad continúa la invasión”, aseguró. “El Estado ha tenido un interés de control geopolítico y económico de nuestras tierras y autonomía, pero una de las formas de buscar la justicia social es por la ley que establece el derecho de los pueblos indígenas, particularmente al de propiedad comunal que es imprescriptible”.
Tras la llegada de los colonos está un modelo económico, político cultural mestizo o estatal que se impone sobre la cultural del Caribe o que no comprende y ataca formas comunitarias propias, reconoce el defensor de Prilaka Juan Carlos Ocampo.
“Tenemos la expansión del modelo económico nicaragüense, que es agroexportador, se aumenta la ganadería, el monocultivo como el cacao y la palma africana. En ese sentido, en cuanto al ejercicio del marco legal, el Estado de Nicaragua es hipócrita, porque aplica el marco legal a las comunidades indígenas o a quienes no tienen un poder económico o de monopolizar la violencia, son grupos ganaderos los que han ejercido la ley y se imponen”, advierte.
“Los colonos destruyen miles de hectáreas, pero si el indígena corta tres árboles, no obtiene permiso”, asegura.
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Más invasiones, más inversiones
El incremento de invasiones de tierras comunales, particularmente a partir de 2010, con su tope de violencia más alto en 2015 coincide con el aumento en las inversiones y la producción minera, forestal y agropecuaria en el Caribe Norte.
ProNicaragua, la agencia de inversiones gubernamental, dirigida por Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, y sancionado por la comunidad internacional por señalamientos de corrupción, señala que “la región tiene extensas tierras aptas para la producción de café, cacao, aceite de palma, coco, bambú y hule”.
El 60% de los recursos mineros están en el este del país, señala ProNicaragua. Además, “en la Costa Caribe Norte, se encuentra el mayor número de lotes mineros, concentrando alrededor de 388 hectáreas bajo concesiones mineras metálicas y no metálicas, sobre todo en los municipios de Rosita, Bonanza y Siuna, de las cuales 222 hectáreas están bajo explotación”. Dato falso, pues solo la empresa Hemco asegura tener 26 concesiones en denominado triángulo minero que corresponden a 158,590 hectáreas.
El crecimiento económico podría ser una buena noticia para los autóctonos, pero no es así. La expulsión de sus áreas históricas de subsistencia ha generado un problema no solo de inseguridad física y territorial, también alimentaria.
“La situación es bastante grave porque ha habido una continua pérdida de territorios y desplazamientos forzosos de indígenas, esto ha creado una inseguridad alimentaria e inseguridad dentro de las comunidades, incrementando la violencia en torno al conflicto de la tierra. Tenemos esa preocupación que no ha habido una acción concreta de parte del Estado para reducir la violencia, para proteger la vida y el territorio de las comunidades”, dice Cunningham.
Un estudio del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Cejudhcan de 2018 indicaba que el 23% de niños en el Caribe Norte padecía desnutrición crónica y 11% desnutrición severa.
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La ganadería extensiva
Hasta la fecha no existen datos sobre la magnitud de las invasiones o la cantidad de familias mestizas en territorios comunitarios. La crisis de propiedad en el Caribe ha generado un caos registral.
“No hay un mapeo de las fincas de colonos, las municipalidades no han realizado un diagnóstico, solo están en funciones tradicionales como las registrales, y al final legalizan los productos agropecuarios que salen de los territorios comunitarios, le dan vía legal para que puedan ser comercializados”, explica Ocampo.
Parte del crecimiento ganadero fue impulsado por las compras venezolanas de carne nicaragüense entre 2012 y 2017, con ventas superiores a los cien millones de dólares al año.
La ganadería extensiva ha crecido tanto en la región que en los últimos dos años se han instalado dos acopiadoras de leche. Una es Lácteos Jerusalén (Mulukukú) y la otras es San Antonio (Siuna), donde también se producen quesos y otros productos lácteos. Del mismo modo fue renovado el rastro municipal de Siuna y se inauguró el de Bonanza.
El último censo agropecuario de 2011 indicaba que había 20,541 explotaciones agropecuarios en el Caribe Norte, con más de un millón de manzanas: 544 mil de uso agrícola y 486 mil de uso pecuario. En total, había 13,740 fincas ganaderas con 466 mil cabezas de ganado en la RACCN siendo el hato nacional de reses de 4.1 millón, es decir, la región representaba el 11.2% de la población nacional de reses, según el Censo. El censo anterior de 2001 eran menos explotaciones en la región, 16,591 en total, divididas en 7,964 agrícolas, 7,977 agropecuarias y 442 pecuarias, en esa época el hato de la región era de apenas 163 mil reses, es decir, el 6.15% del ganado bovino nacional.
Hace 20 años el 67% del ganado del Caribe Norte estaba en Siuna y el 18% en Waslala.
La población de reses en Nicaragua en 2001 era de 2,657,039, en 2007 se calculaban tres millones y para 2017 había 163 mil 738 fincas ganaderas en Nicaragua y un hato de 5.4 millones de bovinos, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
La producción de carne de res en el año 2020 fue de 336 millones de libras, 3% superior al año 2019, y en el acumulado de los últimos 14 años representa un crecimiento de 65. Las exportaciones de carne bovina en el 2020, crecieron 3.6% en valor, respecto al 2019, generando US$564 millones dólares, revelan datos oficiales.
La producción nacional de leche en el año 2020 fue de 381.4 millones de galones, 6.2% superior al año 2019 y 116% superior a la producción del 2007. Según la Comisión Nacional Ganadera (Conagan) a diario se producen 3.6 millones de litros de leche, además, asumen, que existen 60 mil kilómetros cuadrados de tierras para uso agropecuarios, contando con casi 24 mil kilómetros cuadrados de pastos naturales, y más de 9 mil de pastos cultivados a nivel nacional.
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Despoblar, despalar, explotar y revender
Desde 2007 el gobierno del Frente Sandinista y Daniel Ortega favorecieron la minería hasta casi triplicar la producción de oro nacional, de 100.7 mil onzas troy de oro anuales, pasaron a producir 273 mil en 2020.
Entre 2007-2020 se procesaron 2,971.1 miles de onzas troy de oro, para una producción promedio anual de 212.2 miles de onzas troy, según el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza 2022-2026).
“En ese mismo periodo, la producción de plata ascendió a 5,473.0 miles de onzas troy, equivalente a 390.9 miles de onzas troy en promedio anual; en 2020 se produjeron 701.9 miles de onzas troy (+23.4% con relación a 2019 y +6 veces la producción de 2007 (109.9 miles de onzas troy)”, dice el reporte.
Aunque no todo se produce en el Caribe Norte, tres de las seis plantas de procesamiento de la minería artesanal están precisamente en Bonanza, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).
Los intereses madereros también elevan la crisis ambiental en la zona. En 2009 se creó la empresa Alba Forestal, parte del consorcio de Albanisa, dirigida por Francisco López, tesorero del Frente Sandinista. Una investigación de Divergentes y Conectas indica que hasta 2016, cuando cerró operaciones, generó 5.8 millones de dólares de la extracción de cinco millones de metros cúbicos de madera.
En 2013 inició también operaciones en el Triángulo Minero, MLR Forestal, de capital canadiense, estadounidense y nacional, hasta abril de 2021 contaba con más de cinco mil hectáreas de plantaciones, particularmente de cacao y teca.
Una investigación del Oakland Institute devela a uno de los accionistas de la empresa agroforestal como un importante inversionista de las mineras en Nicaragua, Randy Martin, socio de Hemco.
“La empresa tiene como meta alcanzar una cobertura de 6,700 hectáreas, que estarían divididas en 1,500 hectáreas de cacao con sombra de teca, 3,000 ha. de teca y un total de 2,300 hectáreas destinadas a la conservación”, dice su portal web.
El café de la variedad robusta es uno de los cultivos por los que se está apostando en el Caribe de Nicaragua, según la Cooperativa de Productores de Café Robusta de Nueva Guinea (Cooprodecar). Además, la industria Del Monte se preparaba para producir piña y plátano en la zona.
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Capitalismo salvaje contra idiosincrasia indígena
Las tierras del Caribe Norte están protegidas por las Ley de Autonomía (28) y de Régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz (445), donde está establecido el espíritu de la propiedad comunal.
“El proceso de demarcación y titulación ha avanzado a la cuarta etapa, pero son cinco etapas, la última fase es la del saneamiento, que tiene que ver con terceros natural o jurídica ocupando tierras ilegalmente”, indica Cunningham.
La defensora reitera que con el saneamiento de los territorios “hablamos que las personas que han ocupado estas tierras ilegalmente tendrán que abandonarlas para que las comunidades indígenas puedan tener uso, ocupación y control de sus territorios, pero el estado de Nicaragua ha omitido esta última fase”.
Ortega se considera un presidente socialista y se presenta con un discurso anticapitalista, pero sus políticas económicas se muestran más favorables a las multinacionales, las zonas francas y las empresas privadas, en detrimento de campesinos como en el caso del proyecto canalero o de los indígenas y comunitarios del Caribe.
Juan Carlos Ocampo de Prilaka considera que la base del conflicto radica en el desconocimiento de las sociedades indígenas del Caribe y sus formas de vida en contraposición con los modelos económicos del Estado.
Un ejemplo de estas diferencias socioeconómicas es el sentido comunitario de “compartir el espacio físico” que no se define necesariamente por lo étnico, aunque muchas comunidades son netamente indígenas o afrodescendientes las que se establecen en un territorio, pero el desarrollo de la vida es particularmente distinto al que se impone desde el Estado, señala Ocampo.
La familia es el núcleo básico de la sociedad, pero para los indígenas es la comunidad, su forma de tomar decisiones es la asamblea comunitaria, es la reunión de los hijos de la comunidad, que discuten y debaten, que pueden ser por consenso.
Este modelo de democracia participativa sobrevive, aunque desde la postguerra, en los noventa, se hace votación a mano alzada y voto secreto, por amenazas o conflictos políticos, pero estas formas de decisión no son propias de la cultura indígena, “no nos hemos adaptados a esas formas de tomas de decisión, por eso, han sido usadas para viciar las formas históricas de toma decisión”, dice Ocampo.
“Otro elemento que nos diferencia de cualquier otro pueblo, es la propiedad colectiva, el espacio que ocupamos no es de una persona específica, pertenece a todos, tenemos derecho a usufructo. El lugar donde mi familia siembra, el espacio general donde todos tenemos acceso para buscar madera o cazar, yo no soy el dueño, es la comunidad, es una forma de propiedad que debe permanecer en el tiempo, porque permite que las relaciones sociales, las condiciones económicas básica y las posibilidades de desarrollo sean compartidas entre todos, cuando las tierras se privatizan, comienza el acaparamiento y la desigualdad, más los conflictos que eso genera”, agrega.
Sobreviven otras formas económicas como el trueque y otro tipo de capital social como el pana pana, que es cuando los comunitarios salen a ayudarse mutuamente, por ejemplo, en la siembra, sin que esto requiera un pago u obligación retroactiva.
“El indígena no es un trabajador, no tiene la mentalidad de empleado, somos gestores de nuestra propia vida, de los medios de vida que nos permite garantizar los medios a nuestra familia”, asegura Ocampo.
“Que desaparezca el bosque e ir a trabajar para un colono o empresa, no está en nuestra cultura, no es que los misquitos son haraganes. En la comunidad todos buscan como ganarse la vida”, agrega.
“El colono, no entiende la propiedad colectiva, para ellos la autoridad de la comunidad es el dueño de la tierra, pero tampoco le importa la asamblea comunal. El modelo económico, político cultural mestizo o estatal se impone sobre la cultural del Caribe o no lo comprende y ataca las formas comunitarias”, concluye.
