*Martín Laborde, experto argentino en Investigaciones de Mercados Criminales y Lavado de Activos, analiza cómo el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua viola todas las normas procesales y de derechos humanos contra opositores políticos para acusarlos por lavado de dinero.
**Experto llama a exponer al Grupo de Acción Financiera Internacional , ONU y la OEA el uso de la legislación antilavado como mecanismo de persecución política en Nicaragua.
Expediente Público
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo utiliza herramientas ilegales de la legislación contra el lavado de dinero para perseguir a la oposición, sin tomar en cuenta los principios procesales y las garantías de los derechos humanos de los nicaragüenses, advirtió el experto argentino, Martín Laborde, especializado en Investigaciones de Mercados Criminales y Lavado de Activos, en una entrevista con Expediente Público.
Expediente Abierto en su investigación El doble rasero de la política antilavado del dictador Daniel Ortega, destaca que el régimen ha instrumentalizado el sistema antilavado de dinero y financiamiento al terrorismo (LD/FT) para incrementar sus capacidades de represión política contra opositores.
“Lo que estoy viendo por información que se ve en Nicaragua es que todas esas herramientas sobre el lavado están siendo usadas en contra de los principios procesales y de las garantías de los derechos humanos».
«Se trata de una utilización política de esas herramientas que nos brinda y recomienda el GAFI, lo cual me parece de suma gravedad”, sostuvo Laborde, académico con experiencia en el Ministerio Público argentino y director de Diplomatura de Investigaciones de Mercados Criminales y Lavado de Activos en Universidad Católica de Salta.
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La instrumentación de ley
El Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, es el organismo internacional, que fue creado en el marco del G7 y que tiene como objetivo principal la lucha del lavado de activos y de financiamiento al terrorismo.
Pero Laborde sostiene que desde que Nicaragua en 2018 reformó su legislación antilavado de activos, un mandato del GAFI que obliga a los países que son miembros a que instalen todo un sistema de control, lo que se ha estado viendo es que “los estándares del GAFI, se están utilizando con otros fines u objetivos diferentes a los de la norma, en ese sentido, son herramientas ilegales utilizadas por actores de la dictadura en Nicaragua, sean jueces, fiscales, el poder ejecutivo, los titulares de unidad de información financiera, para perseguir a la oposición política”.
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Según Laborde, esa práctica se conoce en muchos países como “lawfare”, es decir, la utilización de los mecanismos legales para hacer una persecución o una utilización política en contra del rival político.
El régimen de Ortega ha utilizado la legislación contra el lavado de dinero y activos para perseguir a dirigentes políticos opositores, periodistas, organismos no gubernamentales, académicos y últimamente contra la Iglesia Católica, a la que se le congelaron las cuentas bancarias.
“Me parece de suma gravedad lo que está sucediendo y que es urgente el reclamo ante los organismos internacionales de esta situación”, dijo.
Sostiene que las legislaciones en los países “deben cumplir con bienes superiores que tienen que ver con el debido proceso y los derechos humanos”.
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Mecanismos internacionales de denuncia
Laborde explica el experto que hay instancias internacionales y mecanismos de control ante los abusos del Estado nicaragüense. También a nivel del Grupo de Acción Financiera Internacional hay un control que se llama evaluaciones mutuas, en la cual no solo se verifica el cumplimiento de la normativa de existencia de las instituciones, sino cómo funcionan esas instituciones.
“En la ONU, en el GAFI, en la OEA, se pueden denunciar todo este mecanismo de persecución política, con la utilización de herramientas de lucha contra el lavado de activos”, señala Laborde.
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Aunque el experto argentino sostiene que es importante hacer los reclamos correspondientes y agotar todas las medidas y mecanismos internos que tiene Nicaragua, lamentablemente todos sus organismos y estamentos están cooptados por la dictadura y trabajando en conjunto por lo cual se hace muy difícil cualquier reclamo.
“Pero es importante para la recepción de la comunidad internacional y de los organismos internacionales que esas instancias se encuentren agotadas y que existan pruebas concretas de que esas instancias fueron agotadas», refirió.
De esa manera, agregó, los organismos de la comunidad internacional -GAFI, CIDH, OEA, ONU- puedan tomar cartas sobre el asunto y poder tener una actitud activa desde la comunidad internacional en condena de todas estas cuestiones que están denunciando.
Exponer a Daniel Ortega en el GAFI
Laborde sugiere que la sociedad civil nicaragüense busque alternativas para exponer estos casos en la oficina del GAFI para América Latina en Buenos Aires.
“Exhibir este problema lo más que se pueda, por parte de los nicaragüenses a toda la sociedad latinoamericana e internacional, me parece importante y presentarse ante los distintos organismos con esta problemática”, indicó.
Denunciar delitos de las autoridades
Señala de capital importancia denunciar directamente en los organismos internacionales “algunas cuestiones que tienen que ver con delitos cometidos por las autoridades de Nicaragua, fuera de Nicaragua”.
“Muchas veces lo que pasa en regímenes autoritarios como el que estamos viendo, es que las ganancias ilícitas del Estado corrupto, son derivadas a otros países u otras jurisdicciones. En este contexto, si hay elementos, sospechas o indicios de que hay conductas ilícitas o fortunas de estos dictadores fuera de la jurisdicción, es vital denunciarlos en los países donde tenemos sospechas que podrían estar guardados esos fondos de origen ilícito”, subrayó.
Laborde señaló que, en apariencia, Nicaragua está cumpliendo a rajatabla con las recomendaciones del GAFI, desde un punto de vista estructural y han subido la cantidad de condenas.
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“Lo que yo veo que en Nicaragua está pasando es que eso se está cumpliendo, pero lo que está pasando es algo más grave y es que se están utilizando los métodos legales con un fin que representa un desafío mucho más importante no solo para los nicaragüenses sino también para la comunidad internacional reconocer”, advierte.
“Por eso hablamos antes de cuestiones que son más importante que el tema de lavado de activos, que tiene que ver con derechos humanos y la garantía procesal a la cual Nicaragua con otros países se han obligado a través de la firma y adhesión de distintos tratados sobre el tema”, agrega.
El pacto de San José
Laborde recuerda que los países son parte de un sistema de derecho penal y derecho procesal a través de la firma de distintos convenios, en Latinoamérica fundamentalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José”, que es el instrumento internacional por el cual los países se comprometen a respetar todas las garantías procesales y derechos humanos.
“Son convenciones que están por encima de las legislaciones de lavado, por lo cual esa legislación antilavado y antifinanciamiento al terrorismo, tiene que estar acorde y completar todos aquellos principios y garantías que cada uno de los países y en el caso concreto de Nicaragua, ha firmado y por lo cual está obligado como miembro de esa convención”, enfatiza Laborde.
