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La justicia transicional solo será posible en el post orteguismo

Guillermo Cortés Domínguez (*)

El concepto de justicia transicional ha llegado con la insurrección pacífica de la ciudadanía del 18 de abril del año pasado, dada la urgente necesidad histórica de Nicaragua de trascender una especie de sino maldito que la ha perseguido durante siglos, encadenando uno tras otro gobiernos autoritarios, dictatoriales, corruptos y sangrientos, que han impedido el desarrollo del país y el bienestar de su población.

Si queremos romper de una vez por todas con esa nefasta tradición, los nicaragüenses debemos dejar de poner parches, de no encarar de frente los problemas y de hacer comprometedores acuerdos de impunidad que son una estocada vergonzosa a la justicia. Al contrario, de una vez por toda debemos resolver los problemas mediante una investigación profunda que esclarezca los hechos ocurridos tras el levantamiento pacífico ciudadano de abril.

Se requiere una investigación a profundidad conducida por especialistas locales e internacionales que esclarezca de manera inobjetable los terribles hechos de violencia acontecidos hasta hoy, los cerca de 400 asesinatos, las miles de personas heridas, las desaparecidas, las 800 secuestradas que guardan prisión, las 30 mil exiliadas, incluyendo casi 80 periodistas y comunicadores, y los miles de ciudadanos amenazados, intimidados, acosados, perseguidos, etcétera.

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La verdad es la base para construir una nueva Nicaragua, no más enterramientos de la caquita, como los gatos, no más ocultamientos, no más manipulaciones, mentiras, engaños y distorsiones. La verdad debe resplandecer, la verdad debe ser nuestro estandarte para iniciar la construcción de un país nuevo con fuertes medidas estratégicas (políticas, legales, administrativas, etc.) para impedir que repitamos la historia de dictadores corruptos y sangrientos.

La verdad también para sentar a los sospechosos de corrupción y otros crímenes en juzgados verdaderos, garantes del debido proceso, donde los resultados de los juicios no estén predeterminados y los acusados tengan derecho a la defensa, incluyendo aquellos implicados en el asesinato de policías. No queremos venganza, pero sí justicia. Nunca más debe haber impunidad.

Estas son tareas descomunales para una sociedad que quiere hacer un punto de inflexión en su historia plagada de adversidades, imposibles de realizar solo por los nicaragüenses y que, por tanto, requieren del apoyo internacional, en particular de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que tiene experiencia en la organización de funcionales comisiones de la verdad.

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Los negociadores por los azul y blanco con la representación de la dictadura, tienen en su agenda para esta etapa, la justicia transicional, no sé por qué, quizá como una presión al orteguismo, porque empezar a aplicarla es imposible en condiciones de tiranía, incluso con restablecimiento de los derechos y garantías, en especial de organización, reunión, movilización y libertad de expresión.

Otra opción es que en el diálogo se pretenda abordar el tema de la justicia transicional a fin de hacerle ver a la dictadura que no hay cabida para amnistías. Debe recordarse que los Ortega-Murillo y principales compinches en la Policía y las demás institucionales estatales, están señalados por el Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios (GIEI), de delitos de lesa humanidad por los cuales pueden ser llamados ante una instancia de justicia universal, y para los que no hay prescriptibilidad y no son amnistiables.

La justicia transicional solo será posible en el post orteguismo, con un nuevo gobierno que cree las condiciones adecuadas para concertar con la ONU esta gran operación de costos financieros y de requerimientos de recursos humanos especializados, imposibles para Nicaragua. Sabemos que también implica reparación moral y material a las víctimas: familiares de las personas asesinadas, heridas, secuestradas, etcétera.

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La maravillosa insurrección pacífica ciudadana de abril, producto de una admirable toma de conciencia generalizada sobre la insostenibilidad de un régimen despótico, corrupto y criminal, pretende borrar para siempre esa cultura violenta, deshonesta e irresponsable, que nos ha impedido, pese a ser un país rico, liberarnos de la miseria y construir una sociedad espiritual y material superior, para el disfrute de todas y todos, sin exclusión de ningún tipo.

(*) Periodista.

Fotografía por Jorge Mejía Peralta