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La justicia tardó, pero finalmente llegó…

La condena a 133 años de cárcel para un excoronel salvadoreño en España, miembro de la célebre Tandona militar involucrada en la masacre de los sacerdotes Jesuitas, demuestra que la justicia aunque tarda, no olvida. ¿Este es un antecedente para castigar algún día a los autores de los crímenes de lesa humanidad en Nicaragua?

Álvaro Cruz Rojas


San Salvador. La justicia tardó casi 31 años, pero llegó para condenar a Inocente Orlando Montano Morales, un excoronel salvadoreño que fue encontrado culpable este viernes 11 de septiembre, en España, de ser autor del asesinato de cinco sacerdotes jesuitas durante la guerra civil en noviembre de 1989.

Montano Morales, hoy de 77 años, formaba parte de “La Tandona”, la cúpula militar que se creía todopoderosa en la guerra civil salvadoreña. Tras el fin del conflicto en 1992, el excoronel emigró hacia Estados Unidos y ahí fue capturado y extraditado a España en 2017, donde la Audiencia Nacional hoy lo ha condenado a 133 años de prisión por la matanza de cinco sacerdotes españoles, la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador.

Los magistrados condenaron al militar salvadoreño, único procesado por la masacre, a 26 años y ocho meses por cada asesinato, es decir, que su condena asciende a 133 años de prisión por la matanza. 

España encontró culpable en concepto de autor a Montano por la muerte de los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, quien era el rector de la UCA, Ignacio Martín Baró,  vicerrector académico de la UCA; Segundo Montes Mozo, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno Pardo, director de la biblioteca de la UCA y Amando López Quintana, profesor de filosofía de la UCA.

En el juicio que se desarrolló en junio y julio de este 2020, los testigos incriminaron al también exviceministro de seguridad como uno de los militares que planificó y ordenó la masacre, durante una reunión del Alto Mando de la FuerzaArmada, el 15 de noviembre de 1989.

También en la matanza cayeron asesinados el sacerdote jesuita salvadoreño Joaquín López y López, fundador de la UCA, así como  Elba Ramos, quien era cocinera de los sacerdotes de la UCA y su hija Celina.

La fiscalía española había pedido 150 años de cárcel para el militar salvadoreño, y la acusación particular solicitó a los jueces españoles incluir en la condena a las víctimas salvadoreñas, valiéndose del principio de justicia universal, sin embargo, la Audiencia Nacional decidió condenar solo por las víctimas españolas.

El excoronel salvadoreño escuchó la sentencia desde su silla de ruedas, por las enfermedades crónicas que ha padecido, incluido un cáncer, mientras bajaba su cabeza y extendía su brazo derecho, sobre una mesa blanca frente a él.

El 15 de julio pasado, en su derecho de última palabra, Montano dijo que le había “repugnado” las mentiras que se habían dicho en el juicio. Defendió a La Tandona, que fue señalada de ser una organización terrorista y dio el pésame a los familiares de los sacerdotes jesuitas. Ese día, Montano también dijo que era amigo de Ellacuría.

Amnistiado pero…

Montano y sus compañeros de La Tandona nunca fueron juzgados en El Salvador, una amnistía los cobijó en 1993 y la justicia salvadoreña hizo caso omiso a pedidos de extradición desde España.

Pero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia derogó en 2016 la amnistía y permitió el enjuiciamiento de los crímenes de la guerra. 

De ahí que la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador ordenó reabrir la investigación por la masacre de los sacerdote jesuitas el 11 de marzo del 2019, reconfirmando la decisión del Juzgado Tercero de Paz que había resuelto reabrirlo en abril de 2018, tras la solicitud presentada un año antes, por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).

En el año 2000, un juzgado exoneró a los militares acusados del asesinato, basándose en la vigencia de la Ley de Amnistía. Actualmente el caso se mantiene activo y sin avances.

Pero este viernes, el fiscal general salvadoreño, Raúl Melara, anunció que tramitarán un suplicatorio a España para recibir una copia certificada de la sentencia emitida por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional Española.

Melara dijo que en el proceso penal ventilado en España se presentaron testigos que no tenían. 

Uno de los testigos importantes de este proceso penal fue el exteniente René Yushy Mendoza, quien confirmó que la masacre fue ordenada por el Alto Mando de la Fuerza Armada salvadoreña y también los testimonios de Lucía de Cerna y Jorge Cerna, que confirmaron haber visto soldados, saliendo de la UCA, la madrugada del 16 de noviembre de 1989.

También autor del crimen de los salvadoreños

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que el excoronel y ex viceministro de Seguridad también es autor de la muerte del sacerdote salvadoreño Joaquín López y López, de Julia Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos, quienes también fueron víctimas de la masacre jesuita. 

Legalmente constituyen ocho delitos de asesinato de carácter terrorista y así lo hace constar a lo largo de los 128 folios, si bien la Sala sólo puede condenar por la muerte de los cinco ciudadanos españoles asesinados porque el Tribunal de distrito de Carolina del Sur que concedió la extradición de I.O.M.M. redujo su entrega a las víctimas de nacionalidad española”, dice el Comunicado de la Audiencia Nacional.  

Terrorismo de Estado

La sentencia destaca que la masacre fue terrorismo de Estado, porque se utilizó una unidad militar y se planificó para simular un crimen del FMLN, al utilizar un fusil AK47, de fabricación rusa, utilizada usualmente por la guerrilla en el conflicto armado.

La Audiencia Nacional también considera que en la planificación del hecho hubo participación “desde las más altas estructuras de poder en El Salvador”, desde el presidente de la República y pasando por el Alto Mando militar, “cercenando el camino hacia el diálogo y la paz”. 

España reconoció como verdad que la masacre jesuita fue ordenada por el Alto Mando militar, la noche del 15 de noviembre de 1989 y ejecutada la madrugada del 16 de noviembre de ese mismo año, por el batallón Atlácatl, en las instalaciones de la Universidad Centroaméricana, José Simeón Cañas, UCA, en El Salvador.

La corte española dio total credibilidad a los testigos presentados por la fiscalía y la acusación particular, confirmando que la masacre fue planificada y ejecutada por militares, configurándose un delito de terrorismo de Estado, auspiciado por la cúpula más alta de poder en ese momento: la presidencia de la República y el Alto Mando militar.

¿Por qué España?

Benjamín Cuéllar, uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos de El Salvador, quien además fue impulsor de la causa en España y de la derogatoria de la amnistía, explica que acudieron a la justicia del país europeo, porque no hallaron justicia en su país.

Acudimos a la jurisdicción en España, luego de que nos cerraron todas las puertas acá, por dos razones: cinco de las ocho personas masacradas eran nacidas allá y la idea original siempre fue que, con el impulso de ese esfuerzo en aquel país, se pudiera presionar acá para abrir una nueva puerta hacia la justicia”, explica Cuéllar. 

“Hoy, el desafío es que esta condena impacte el sistema de justicia nacional como ocurrió con el de Chile, tras la captura de Pinochet en Londres”, subraya.

Sin embargo, el caso en España tuvo restricciones debido a presiones externas e internas.

“Por eso sacaron a las víctimas salvadoreñas en el proceso de la masacre en la UCA y los señalados no fueron acusados por delitos contra la humanidad y crímenes de guerra sino, únicamente, por actos de terrorismo”, señala.

El impacto en Nicaragua

El caso de Montano abre la puerta para el enjuiciamiento internacional a militares, policías y otros perpetradores de crímenes de lesa humanidad o actos de terrorismo de estado como el aplicado en este caso.

La justicia española ha juzgado a Montano porque fue el único que pudo capturar, pero en el proceso quedó claro que el objetivo de perseguir a los 17 miembros de La Tandona -algunos ya fallecidos- e incluso a algunos cómplices y autores intelectuales de la matanza. 

En Nicaragua, durante las protestas de 2018, hubo al menos 350 asesinatos de opositores políticos. 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene documentados -solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018- los asesinatos de 109 personas, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos. Pero los asesinatos políticos continuaron sucediendo después de mayo de 2018 hasta alcanzar alrededor de 350.

El GIEI responsabiliza de la mayoría de los decesos a la represión del estado y de grupos paraestatales, y acusa al estado de Nicaragua de cometer actos que deben considerarse “crímenes de lesa humanidad”.

Al respecto, recomendó expresamente que se “investigue la responsabilidad en los hechos del presidente de la nación, Daniel Ortega, como jefe supremo de la Policía Nacional, de quienes revistieron como directores generales (Aminta Granera y Francisco Díaz), los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia e integrantes de la Jefatura Nacional”.

De manera que los autores materiales de las violaciones de derechos humanos, tanto en cuerpos de seguridad como en las filas militares, deberían tomar este caso como un ejemplo de lo que podría sucederles una vez pierdan la protección y la impunidad que les da su Tandona. Y aunque tengan que esperar 31 años, la justicia puede llegar para las víctimas y el castigo para los victimarios. 

Ante la imposibilidad de una justicia independiente en Nicaragua, el caso de Montano es altamente significativo en la búsqueda de justicia y castigo para los perpetradores de crímenes, así como sus cómplices y autores intelectuales.