*«El tener un fiscal general a la medida de un partido político le garantiza generar la impunidad, no investigar, mandar a enfriar las denuncias», advirtió exfiscal Aldo Santos.
**«En este momento en el que se encuentra Honduras, me parece que es la Junta Proponente la que tiene en sus manos el destino del sistema de justicia», expresó la exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana a Expediente Público.
*** De 33 mil abogados que ejercen en Honduras solamente 26 se han postulado al cargo, lo que denota una total apatía al puesto.
Expediente Público
¿La elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto vendrá a reforzar el gran círculo de impunidad que se ha venido afianzando en Honduras en la última década, a la talla de los partidos de Gobierno?
Esa es una de las preocupaciones que existen en torno al proceso de elección de las máximas autoridades del Ministerio Público para el período 2023-2028, en manos ahora de una Junta Proponente que el 1 de agosto deberá enviar una nómina de cinco candidatos al Congreso Nacional.
En Honduras, con la llegada de Juan Orlando Hernández a la presidencia del Congreso Nacional (en el período 2010-2014) se aprobaron múltiples leyes y decretos para favorecer a los llamados grupos fácticos, pero también para blindar a los políticos de la persecución penal, sobre todo a partir de la reelección en 2017 del ahora expresidente extraditado a Estados Unidos.
A pesar de que la lucha contra la corrupción fue una de las banderas de campaña de la presidenta Xiomara Castro, una de sus primeras acciones fue enviar al Congreso Nacional un decreto de amnistía para favorecer a personas que fueron perseguidas políticamente, pero también a exfuncionarios del Gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) enjuiciados por casos de corrupción.
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¿Un fiscal general independiente?
Que a más de año y medio de su gobierno tampoco se haya instalado una comisión internacional anticorrupción, como también prometió en campaña, que no se hayan derogado los decretos aprobados en el período de Hernández para garantizar la impunidad y que la reciente elección de la Corte Suprema de Justicia se haya definido por su vinculación partidaria le restan confianza al proceso y dejan dudas sobre la independencia que tendrán las nuevas autoridades de esa institución.
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«Esa es la preocupación. En los corridos, en las salas de la Corte Suprema, todo mundo habla del tema: “es que ya se repartieron la fiscalía, la fiscalía adjunta y el director de fiscales y cada uno está colocando sus peones ahí para autoprotegerse y autorresguardarse”», declaró a Expediente Público el abogado Saúl Bueso, quien integra el equipo legal de la organización C-Libre.
Mario Urquía, el candidato afín a Libre
El nombre que se ha venido mencionando como el sucesor del actual fiscal general, Óscar Chinchilla, incluso antes de que iniciara el proceso de elección, es el de Mario Urquía, quien fue presidente de la junta nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y también candidato a diputado de Libre en las elecciones generales de 2021.
Su postulación como fiscal general «en alguna medida deja cierto resquemor de que puede estar optando al puesto como una devolución de un favor», reconoció Bueso.
Por su parte, el exfiscal del Ministerio Público, Aldo Santos, recordó a Expediente Público que «desde el año pasado el señor secretario del Congreso Nacional, don Carlos Zelaya (hermano del expresidente Manuel Zelaya), lo dijo, tanto para la elección de la Corte como para la elección del fiscal, que el partido de Gobierno al haber ganado las elecciones tenía el derecho de nombrar a su gente».
Para Santos es obvio que «el tener un fiscal general a la medida de un partido político le garantiza generar la impunidad, no investigar, mandar a enfriar las denuncias».
22 candidatos
Con estos antecedentes, el proceso de elección del fiscal general y adjunto ha carecido de confianza desde el inicio, con apenas 26 postulantes, de los que 22 quedaron en la lista definitiva.
«Me llama la atención de que, de 33 mil abogados, solamente 26 se hayan postulado», dijo Bueso.
De quedar Urquía, como se ha venido vaticinando, «se va a desnudar una vez más que no es ningún Congreso del pueblo como se autodenominan, sino que son un Congreso de élites y de grupos fácticos de poder», comentó Bueso.
Si el nuevo fiscal general «ya va debiendo favores, no va a responder a los intereses del pueblo, sino de quien en su momento le hizo el favor», añadió.
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Candidatos a fiscal general
Entre los candidatos que optan al cargo de fiscal general hay varios fiscales del Ministerio Público, uno de ellos es el jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, a quien desde ya el Partido Nacional ha dicho que no apoyará.
También se postuló el exfiscal adjunto Yuri Melara, cuyo primo Juan Carlos Melara Hernández es yerno de la presidenta Castro. Mientras que su tío, José Luis Melara Murillo, es el esposo de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel, quien preside también la Junta Proponente para la elección del fiscal general.
Otro candidato es el jefe de personal de la CSJ, Carlos Roberto Cálix Hernández, hermano de Soraya Cálix, directora de Lucha contra el Narcotráfico que ha sido señalada en situaciones irregulares, y primo del hondureño solicitado en extradición por Estados Unidos, Mario “Cubeta” Cálix.
Es de mencionar que, en 2018, Cálix Hernández fue incluido en la nómina de cinco candidatos a fiscal general enviada al Congreso Nacional.
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Los ojos en la Junta Proponente
«En este momento en el que se encuentra Honduras, me parece que es la Junta Proponente la que tiene en sus manos el destino del sistema de justicia», dijo la ex fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, durante un foro organizado por la Articulación Ciudadana.
«Todos nuestros ojos deben estar puestos en la Junta porque de allí depende quién va a desempeñar el cargo de fiscal general», continuó Aldana, quien se encuentra exiliada en Estados Unidos desde 2019 a raíz de la persecución que ha emprendido el Estado guatemalteco a través del Ministerio Público contra fiscales y jueces.
Si la Junta Proponente elige a las personas correctas entonces el Congreso Nacional tiene que elegir un buen fiscal general, apuntó.
A la pregunta de Expediente Público, sobre la eficacia del trabajo de quien estará al frente del Ministerio Público aún cuando los llamados pactos de impunidad no han sido derogados, aseguró que «un fiscal general, una fiscal general que de verdad quiera llegar a hacer su trabajo, con lo que le den puede hacerlo».
Desconfianza en proceso
El exfiscal Santos señala que la desconfianza no es tanto en el proceso de la preselección que está haciendo la Junta Proponente, sino cuando la nómina llegue al Congreso Nacional, «porque la elección se torna eminentemente política» aunque no descartó que la presión política recaiga también en la Junta Proponente.
Entre los candidatos «veo dos o tres nombres de personas afines al partido de Gobierno, (…) muy probablemente los partidos políticos hagan su esfuerzo para que dentro de los cinco que va a enviar la junta nominadora (al Congreso) aparezca por lo menos uno de ellos”, consideró.
Si eso ocurre, entonces «está todo listo, está ya consumado» quiénes van a ser el fiscal general y el adjunto.
Santos acotó que en Honduras la mayoría de los cargos trascendentales los nombra el Congreso Nacional, y «mientras esa práctica no se elimine tendremos funcionarios políticos a la orden de políticos en cargos tan delicados como la Fiscalía General de la República».
Supervisión ciudadana
Al igual que con el de los magistrados de la CSJ, la sociedad civil fiscaliza en el proceso de elección del fiscal general de Honduras.
Osiris Payes, integrante del equipo veedor del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), lamentó la escasa postulación de candidatos.
«Nosotros teníamos una alta expectativa de que, por el reglamento que se creó o la forma en que lo reguló la Junta Proponente, iba a ascender el número de participantes, pero trascendieron de forma muy rápida las negociaciones y quiénes (supuestamente) iban a ser los futuros fiscales», manifestó a Expediente Público.
Juego de poderes en elección del fiscal general
Pero, sobre todo, considera que en esa baja participación tuvo que ver el antecedente del proceso de elección de magistrados, en el que la candidata con mayor puntuación, la abogada y catedrática universitaria Ana Pineda, quedó en la nómina de 45 pero no fue tomada en cuenta en el Congreso Nacional, ya que no contaba con el padrinazgo de ningún partido político.
Para Payes, los procesos de elección de altos funcionarios no ofrecen garantías suficientes para eliminar la injerencia de partidos políticos y, ante esa falta de criterios adecuados en los procedimientos de evaluación se carece de transparencia y no hay un escrutinio público en la forma en que se dan las negociaciones.
Recordó la elección del fiscal general de 2018, cuando el Congreso Nacional reeligió a Chinchilla, quien no estaba en la nómina de cinco candidatos porque no se había sometido al proceso.
Payes opinó que la poca participación de postulantes dificultará la elección en términos de calidad del próximo fiscal general, pero la facilita en cuanto al procedimiento.
La profesional del derecho compartió que la preocupación en este proceso gira en torno a la matriz de evaluación técnica que, en teoría, está diseñada elegir «lo mejor de lo mejor».
Pero en el proceso de la CSJ ocurrió que la ciudadanía en general y los veedores no pudieron acceder a la calificación que se les dio de manera individual los candidatos.
«Entonces en esta matriz de evaluación técnica es donde se da la máxima discrecionalidad, pero si se llena de manera privada y no se publican los resultados, muy difícilmente vamos a saber si en realidad están llegando los postulantes más idóneos, los más capaces y los más probos. Creo que ese es el mayor riesgo del proceso», finalizó.
