***La labor realizada para fortalecer la independencia y la eficacia del sistema de justicia no ha repercutido significativamente en el aumento del acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad, según el relator de Naciones Unidas en su visita a ese país***
El coordinador de los Tribunales de Sentencia, Mario Diaz, es tajante al abordar el tema de la independencia de poderes en Honduras, asegura que la falta de un procedimiento transparente y eficiente para el nombramiento de magistrados y jueces limita la independencia judicial, pues “quien ejerce el Poder Ejecutivo, tiene el control sobre el Legislativo y el Judicial”.
Así lo afirmó en una entrevista con Expediente Público al abordar el tema de la justicia, los desafíos institucionales, las presiones del poder y la impunidad, entre otros aspectos.
El sistema de administración de justicia, así como la clase política y otras instituciones del Estado, están siendo fuertemente cuestionados por la ciudadanía. Problemas como la mora judicial, la corrupción, la impunidad, violaciones a los derechos humanos, la inseguridad ciudadana y la violencia son algunos de los factores que han puesto en entredicho a los operadores de justicia y al sistema político mismo.
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Según los últimos datos del Latinobarómetro de las Américas 2018, solo el 25% de la ciudadanía dice apoyar al sistema judicial. El nivel de confianza en otras instituciones del Estado también aparece muy bajo: gobierno: 25%; Congreso Nacional: 21%; Fuerzas Armadas: 35%; Policía Nacional: 33%. De acuerdo con este estudio, los partidos políticos solo tendrían el 13% de confianza ciudadana.
Se trata de un sistema donde la independencia de poderes no existe, comenta Díaz al referirse a los hallazgos del Latinobarómetro, la fragilidad está a flor de piel y en el caso del Poder Judicial, ésta se expresa a través de la elección de los magistrados, a manos del Congreso Nacional, al amparo de reparto y componendas políticas.
El sistema judicial de Honduras está compuesto por la Corte Suprema de Justicia, las cortes de apelaciones, los juzgados de letras y los juzgados de paz. Los 15 magistrados son electos por el Congreso Nacional de Honduras; su periodo dura 7 años y el proceso tiene dos etapas.
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La primera consiste en integrar una Junta Nominadora para seleccionar una nómina de 45 candidatos, ese listado se entrega al Congreso Nacional. Esa Junta Nominadora está integrada por 7 representantes de 7 diferentes organizaciones de la sociedad hondureña, con el propósito que ningún poder político o económico pueda dominar la selección de los candidatos.
Las siete organizaciones que la integran son: la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), los Claustros de Profesores de Facultades o Escuelas de Ciencias Jurídicas, Organizaciones de Sociedad Civil y las Confederaciones de Trabajadores. De la nómina de 45 aspirantes, el Congreso Nacional elije a 15 magistrados y éstos a quien será el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Junta Nominadora, ésta se disuelve una vez que entrega el listado al Congreso Nacional.
Las consecuencias de esa elección, agrega, se manifiestan cuando se produce un caso en el que se implica a altos personajes políticos, económicos o incluso de sectores sociales controlados por el aparato del Estado. Un ejemplo de ello, es el caso Pandora o el de Red de Diputados, entablados por la ex Maccih, donde a todas luces se ve la dificultad del sistema judicial para enjuiciar a los imputados. Esas acciones, le están pasando factura al poder judicial en cuanto a credibilidad, confianza y acceso a la justicia.
En el caso del fenómeno de la corrupción, ésta ha sido histórica, endémica y estructural, pero ha sido el escándalo del desfalco en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el hecho que puso a prueba a los tribunales, el hecho que hizo de la corrupción una agenda a resolver por los impartidores de justicia.
Así lo mira el juez Mario Díaz, al citar la llegada de la Maccih a raíz de ese escándalo y la presión popular de la marcha de los indignados, generando una nueva mirada judicial sobre la corrupción que llevó a la Misión a presionar para instalar un circuito integrado anticorrupción que tiene entre sus productos la creación de los llamados tribunales anticorrupción. A criterio de la Misión, el nivel de la corrupción en Honduras es tan grande y complejo que los casos no pueden ser vistos como uno más, sino desde una óptica integral pues la operación de asalto al erario no es de uno o dos implicados, sino de estructuras que operan en redes, como Pandora, Red de Diputados, Arca Abierta, Corrupción sobre Ruedas, Narcopolítica, entre otros.
Conformó ese sistema integrado anticorrupción, la desaparecida Ufecic que fue el brazo fiscal de la Misión y que al término de la misma pasó a convertirse en una fiscalía especial denominada Uferco bajo la conducción del fiscal Luís Javier Santos, el mismo que lideró la Ufecic.
Se debilita estructura de persecución
Esa estructura de persecución del delito, tras la partida de la Misión, luce debilitada. Uferco, para el caso, tiene limitado su poder de actuación, carece de recurso humano y de la transmisión de conocimiento de expertos internacionales como cuando funcionaba la Maccih. A ello se suma, la decisión del congreso nacional de rehusarse a aprobar una Ley de colaboración Eficaz orientada a desmontar grandes redes de corrupción, así como a derogar la Ley de Secretos Oficiales, otro impedimento jurídico para fortalecer la lucha contra la impunidad y la corrupción. La orfandad en que ha caído la Uferco es evidente.
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El problema de la justicia y de la independencia de los magistrados, se grafica en el más reciente informe del Relator Especial sobre la independencia de los Magistrados y Abogados de la ONU, Diego García Sayán, al destacar que “la labor realizada para fortalecer la independencia y la eficacia del sistema de justicia no ha repercutido significativamente en el aumento del acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. La falta de financiación y de capacitación del personal, y la ineficacia, se traducen en prolongados procedimientos judiciales y una acumulación de causas”, que no favorece al sistema de justicia hondureño.
Sayán, en su informe destaca también que “la injerencia política y de otros tipos y la presión de los agentes no estatales, junto con los bajos salarios, son la causa del alto nivel de corrupción judicial, ya que suelen ofrecerse sobornos y pagos irregulares a cambio de resoluciones judiciales favorables”.
“La independencia del sistema judicial y conceptos democráticos cruciales, como la separación de poderes, siguen siendo un gran reto y desafío en Honduras”, dijo el relator.
Los hallazgos fueron recopilados tras una invitación del gobierno para una visita oficial efectuada del16 al 22 de agosto de 2019. El propósito de la evaluación se desarrolló con base a tres temas principales: separación de poderes, impacto de la corrupción y el crimen organizado sobre la independencia judicial e inseguridad ciudadana, incluyendo las afectaciones a los operadores de justicia.
La pobreza extrema, la discriminación y la desigualdad, la violencia y la inseguridad, la corrupción generalizada y el alto nivel de impunidad siguen siendo algunos de los principales problemas de Honduras, aseguró en su informe el relator de la ONU, quien también destacó algunos progresos, en particular en lo que respecta a la reducción de la tasa de homicidios, que, según fuentes gubernamentales, ha disminuido en el período comprendido entre 2014 y 2018.
No obstante, en términos generales, la incapacidad de las autoridades estatales para hacer frente adecuadamente a esos problemas ha generado un profundo descontento y una falta de confianza en la clase política y las instituciones del Estado, lo que también afecta al poder judicial y, en menor medida, al ministerio público, detalla el alto funcionario de la ONU en su informe de País
La violencia y la impunidad siguen siendo generalizadas, pues más del 90 % de los delitos quedan impunes, a pesar de las medidas adoptadas para aumentar los recursos humanos, financieros y técnicos del ministerio público.
El Relator Especial concluye el informe formulando una serie de recomendaciones destinadas a seguir reforzando la independencia de los jueces y fiscales y el libre ejercicio de la profesión jurídica.
El poderoso Consejo de la Judicatura
Un ejemplo de los efectos de la politización de la justicia fue la creación del Consejo de la Judicatura, mismo que fue disuelto al trascender que su vicepresidente, Teodoro Bonilla, estaba implicado en un caso de tráfico de influencias en donde el papel de la Maccih fue crucial para el desempeño y aplicación de la justicia.
Bonilla y otros jueces salieron implicados en el llamado caso Shalom relacionado con delitos de criminalidad organizada que implicaba a parientes de Bonilla y éste haciendo uso de su investidura realizó tráfico de influencias con juezas, las cuales también fueron procesadas tras las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
Bonilla, condenado a seis años de prisión, goza a partir de abril de 2020 de medidas de preliberación con arresto domiciliario a raíz de la pandemia. Algunos de los excesos del Consejo de la Judicatura son recordados por el juez Díaz, al indicar que el martes, de cada semana, ellos se ufanaban diciendo: “van a salir sancionados 50 jueces, otros están pendientes, sembrando así un ambiente de zozobra entre los funcionarios judiciales porque no se respetaban los derechos de los miembros del poder judicial, de los jueces, del personal, en general”.
Otra manifestación de los abusos del entonces Consejo de la Judicatura fue lo acontecido con un juez que conocía la causa imputada por delitos contra el honor en contra del periodista David Romero, director de Radio Globo. Se trata del juez José Dimas Agüero Echenique, quien denuncio presiones “de arriba” para que condenara al periodista en mención, último que falleció en julio de 2020 a causa del coronavirus cuando purgaba una condena por los delitos contra el honor que le imputaron.
Según Mario Díaz, colega del juez Echenique—forzado a renunciar al resistirse a las presiones en el caso de David Romero–, su caso fue una vergüenza para el Consejo de la Judicatura, pues era uno de los que iba a conocer el caso de David Romero y cuando no se comprometió con los miembros del Consejo de la Judicatura a tomar la decisión que ellos querían, “fue separado del caso utilizando subterfugios como que había solicitado un traslado por efecto de tener algunos problemas de salud”, pero lo cierto es que él se negó a cumplir la petición de condenar al periodista.
Como director de Radio Globo, un medio de oposición, David Romero transmitió una entrevista donde el entonces juez Echenique revelaba las presiones sobre su caso en los tribunales procedentes desde la Casa de Gobierno. El presidente Hernández, dijo, estaba presionando por la condena de Romero.
Echenique también denunció en esa entrevista, que el presidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, lo llamó a su despacho y le dijo: “El Hombre quiere que el periodista sea condenado”. “El hombre”, dijo Echenique, era el presidente Juan Orlando Hernández. También, reveló que le ofrecieron una jugosa jubilación si ayudaba a emitir una sentencia de prisión contra David Romero.
Esas y otras anomalías llevaron en 2016 a disolver ese ente de control interno del poder judicial de enorme trascendencia al separar las funciones administrativas de las funciones de ejercer y aplicar justicia, señala Díaz, al indicar que ahora, el poder de la Corte Suprema de Justicia nuevamente se concentró en la figura de la Presidencia del Poder Judicial.
Concentración de poder en una sola figura
Esa concentración de poder, tras la disolución del Consejo de la Judicatura, fue abordada en su informe por el relator especial de la ONU, al referirse que esa concentración de poder es “muy grande en una sola persona y, a la vez, fusiona en esa misma persona funciones administrativas y jurisdiccionales que, por definición, son espacios diferentes”, acota el relator.
Los jueces hondureños siguen estando expuestos a diversas formas de injerencia o presión de otras fuentes, incluidas no solo otras instituciones del Estado, como los poderes legislativo y ejecutivo, sino también la jerarquía judicial. Esa injerencia se ha manifestado de forma más notable en las destituciones arbitrarias de jueces que tuvieron lugar en 2009 y 2012.
La Mesa de Evaluación de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) conformada por representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de Honduras, recomendó la pronta aprobación de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley del Consejo de la Judicatura para fortalecer y dotar de una mayor independencia a los jueces y fiscales. En el caso de los jueces, estos se siguen rigiendo bajo la Ley de la Carrera Judicial que data de más de tres décadas y se encuentra desfasada, sostienen los expertos.
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Justicia y Fiscalía, atados frente a complacencia de intereses
Otro elemento que incide en la falta de independencia del poder judicial y del ministerio público es el llamado Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que preside el presidente de la república. Aquí se tratan asuntos de interés nacional, de soberanía, inteligencia y otros que consideran estratégicos para la seguridad nacional.
Este Consejo está conformado por el presidente de la República, quien lo dirige; el presidente del Congreso Nacional, el presidente del Poder Judicial, el Fiscal General, el Ministro de Seguridad y el Ministro de Defensa. Los analistas cuestionan esta integración al aducir que ahí se pierde toda independencia, al supeditarse dos poderes del Estado, más la Fiscalía General, a los designios de la Presidencia de la República, en detrimento de la impartición de justicia.
De esta forma, los operadores de justicia, en especial poder judicial y ministerio público, lucen atados ante la complacencia de tantos intereses, mientras la corrupción sigue siendo una gran amenaza para la estabilidad y el funcionamiento adecuado de las instituciones, que son obstáculos para mantener la competitividad del país y afectan la inversión, advierte en su informe el relator de la ONU.
Y el alto funcionario lanza también otra advertencia: las redes de influencia y clientelismo junto a la delincuencia organizada dominan la sociedad y varios sectores de la economía. La corrupción ha tenido un efecto particularmente negativo, que se ve agravado por la impunidad que ha seguido a la revelación de los casos más notorios en los que están involucrados políticos y autoridades de alto rango.
La impunidad, concluye, sigue siendo generalizada en Honduras, “especialmente en los casos en que están involucrados políticos y autoridades de alto rango. Según datos recientes, la tasa de impunidad en Honduras sigue superando el 90% y más del 97% de los delitos contra los defensores de los derechos humanos quedan impunes. Asimismo, los delitos presuntamente cometidos por agentes del Estado también registran un alto grado de impunidad”.
Esta impunidad es cuestionada por los sectores sociales, humanitarios y empresariales, señala el informe del relator, quien subraya que los problemas estructurales que afectan a la independencia e imparcialidad de las cortes y los juzgados nacionales no solo requiere recursos financieros adicionales, sino también, y ante todo, la firme voluntad política de reforzar la independencia del poder judicial, mejorar las condiciones de servicio de los operadores de justicia y aumentar el nivel de protección de los jueces en situación de riesgo.
