El partido gobernante en Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), ha desarrollado por más de una década una eliminación sistemática en contra de algunos líderes de su otrora organización enemiga: la Resistencia Nicaragüense, conocida como “la Contra”.

Desde su retorno al poder en el 2007, el FSLN, con Daniel Ortega a la cabeza y con el apoyo del ejército y la Policía Nacional, ha instalado un modelo parecido al de la revolución popular de los ochenta, cuando militarizó al Estado y no lo separó de su partido.

Dos décadas después, el sandinismo vuelve a enfrentar a algunos grupos de rearmados de la antigua Contra y los orilla a un destierro extrajudicial, al ser acusados de criminales al servicio del narcotráfico.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha documentado 22 asesinatos entre el 2011 y el 2016, donde 10 de las víctimas se identificaron como rearmados, cinco como acompañantes no armados y siete que no están clasificados en ninguna de las dos categorías, pero que fueron asesinados en dichas operaciones. Se estima que hay muchos otros asesinatos que podrían ampliar la lista.

Las víctimas fueron vinculadas, en su mayor parte, a miembros de la desaparecida Contra o a sus familiares, y aunque los casos se presentaron al Ministerio Público, no ha habido respuesta.

«Las características de estos exterminios han tenido el mismo modus operandi que incluye trabajo de inteligencia con civiles en coordinación con la Policía y que ejecuta el Ejército», expresó Carlos Arce, defensor de derechos humanos del CENIDH.

Ejecuciones sistemáticas de rearmados del 2011 al 2016

Rearmados políticos versus bandas delincuenciales

Después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1991, remanentes de contras y del Ejército y la Policía sandinista, tomaron de nuevo los fusiles para reivindicar su inserción a la vida civil. Sin embargo, esta situación se controló hasta el 2003.

Con el ascenso nuevamente del sandinismo, en el 2007, han aparecido grupos de rearmados en los mismos escenarios geográficos que combatieron durante la guerra civil de los años ochenta, quienes han sido calificados por el gobierno como delincuentes ligados al narcotráfico.

En Santa María de Pantasma, un municipio del departamento de Jinotega, a 220 kilómetros al norte de Managua, se han documentado 6 ejecuciones.

Pantasma fue uno de los bastiones de la Contra en la década de los ochenta, «porque al igual que ahora, hubo muchas violaciones a los derechos humanos», opinó a Expediente Público, Óscar Gadea Tinoco, alcalde de Pantasma.

De acuerdo a Tinoco, durante la guerra, hubo muchos casos donde el sandinismo «reprimió al campesino, lo torturó y asesinó. La gente por temor, otros por enojo y por la zozobra que se vivía en el municipio y en el centro y norte del país, se alzaron en armas».

«Pantasma fue uno de los municipios que más aportó contras, de aquí salieron miles y miles para Honduras (donde se entrenaron con el apoyo del ejército hondureño y estadounidense) y después se enrumbaron a fortalecer las filas de la resistencia nicaragüense», explica el alcalde.

«Ahora se arman cuando vuelve Daniel Ortega al poder porque continúa violando los derechos humanos en el campo, al vigilar y perseguir a los campesinos, a través de los Consejos del Poder Ciudadano, por eso surgen en estos municipios los famosos recontras», para él, esas son las motivaciones de algunos grupos remanentes de los contras para rearmarse.

Por su parte, los sectores empresariales cercanos al régimen orteguista no se han pronunciado al respecto, pero la mayoría justifica el accionar del ejército en las zonas rurales del país, al proteger sus propiedades privadas.

Sumado a esto, el hecho de asumir, o afirmado por el gobierno, que el control de las «bandas delincuenciales financiadas por el narcotráfico», era lo que garantizaba la seguridad en Nicaragua.

«Al identificar el levantamiento de grupos armados de carácter político, con bandas delincuenciales, pretenden mantener un mito de país en el que no existen conflictos políticos. Afirmar que son delincuentes, le da al Estado carta blanca para ejecutar a los sublevados, ya que les permite una impunidad tolerada, al ser acusados de narcotraficantes», afirma Arce.

Al margen de que sí hubo algunos casos relacionados con la delincuencia, según Arce, la mayoría de los rearmados respondían bajo una perspectiva política para presionar que el gobierno realizara cambios en su administración.

El libro blanco del Ejército justifica los asesinatos

Como respuesta a las denuncias de los organismos sociales y de derechos humanos sobre el exterminio de campesinos, el gobierno publicó el «Libro Blanco Incidencia de Elementos Delincuenciales en Nicaragua en el periodo 2007-2017».

En él señala que, «su función legítima es procurar la paz social y contener el accionar de estos grupos criminales, señalados por algunos sectores como violadores de derechos humanos, quienes pretenden desacreditar las acciones operativas que el Ejército de Nicaragua y Policía Nacional ejercen en persecución de los elementos vinculados a estos delincuentes de alta peligrosidad».

El Libro Blanco menciona que el accionar de estas operaciones se ha centrado en los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Nueva Segovia y en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe y Sur. Precisamente en las mismas zonas donde operan los grupos de rearmados y que fue el corredor de los contras en los años 80.

«En estas áreas se han desarrollado acontecimientos de rebelión armada y aniquilamiento de parte del Ejército. Las características de esta zona geográfica facilitan a estos grupos escabullirse. Posiblemente entre ellos tengan comunicación y se conozcan entre sí», expresó a Expediente Público, un periodista local, quien le ha dado seguimiento a este conflicto.
Zonas de aniquilamiento a rearmados por parte del Ejército (2011-2016)

El caso de la mochila bomba

El 20 de enero del 2015 tres personas fueron asesinados después de que explotara una mochila que supuestamente envió el ejército a un grupo de recontras, en la comunidad de El Portal, en Pantasma. Dos de los hombres rearmados murieron tras la detonación y posteriormente, Luis, un campesino de la zona que acudió a socorrer a los heridos.

Beneranda Peralta es la esposa de Luis, la víctima no armada. Ella relata lo ocurrido hace tres años, «nosotros no sabíamos que había gente armada en los cerros. De pronto dos hombres subieron en moto y luego todos escuchamos cuando explotó la mochila bomba. Mi marido Luis estaba en la casa y fue a ver lo que pasaba. Como a los cinco minutos apareció el ejército».

Cuando Luis corrió a auxiliar a los heridos por la bomba, su hijo salió junto a él. En el cerro, los militares hirieron al joven, pero logró escapar. «Luis no pudo correr, lo agarraron y lo mataron, sin preguntar, ni nada», contó Beneranda a Expediente Abierto, desde su casa, ubicada en el municipio de Pantasma.

Un poblador confirmó la presencia de militares antes e inmediatamente después del estallido, «yo vi que el ejército no dejó entrar a nadie para sacar los cadáveres. Desde entonces, se viene creando un ambiente de amenazas para los familiares de las víctimas. Siguen llegándoles cartas de si algún familiar se va, que a ellos les van a ir a cortar la cabeza, así como se oye», denunció este campesino, quien pidió se omitiera su nombre.

«La población rural se ve afectada, porque si los rearmados pasan por sus casas y les piden comida, deben dárselas, pues andan armados. Después vienen las amenazas de que si alguien participa dándole de comer a esa gente va a ser asesinada», enfatiza el poblador, quien además mencionó el caso del asesinato del dueño de una finca en otra comunidad de Pantasma, a quien se le acusó de ser cómplice con los rearmados. El hombre apareció con signos de tortura, castrado, sin lengua ni orejas», comentó el poblador.

El Ejército ha negado de manera sistemática que haya rearmados políticos en la zona, sin embargo, otro campesino que vive donde se originó el operativo de la mochila bomba, contó a Expediente Público, otro caso, el caso de Manuel, alias «el Conejo», quien quedó lisiado y es el testigo del levantamiento en armas de algunos grupos.

«A él lo tiraron (le dispararon), torturaron y quedó en silla de ruedas. Él está preso, sin sentencia, tiene cuatro años. Está en Jinotega (cabecera departamental de Pantasma), no lo han pasado a Managua para hacerle un juicio. Los organismos de Derechos Humanos han estado acompañando a la familia para gestionar que sea juzgado, sin lograr nada a la fecha», denuncia la fuente de la zona.

Después del entierro de su esposo, Beneranda acudió al CENIDH y se trasladó a Managua para interponer la denuncia ante la Policía, quienes se negaron a recibirle el escrito. Ella se los dejó, pero nunca recibió respuesta.

«Hasta el momento no hay respuesta, nada. Desde esa vez no he vuelto a ver gente armada, se oyen rumores… cuando estaba el Ejército sentía miedo pero, al mismo tiempo Dios le da valor a uno. Antes de matarlo, debían investigar bien», dice Beneranda, resignada.

«Siguiendo el derecho a la vida, se supone que si alguien comete algún delito o anda en un grupo delincuencial, el Ejército debe capturarlo, para pasarlo a las instancias correspondientes y que sea la justicia quien determine la culpabilidad o inocencia de estas personas», expresó a Expediente Público, Omar Castellón, activista local de derechos humanos.

Una de las principales limitaciones de los organismos de derechos humanos, es el seguimiento legal de los casos. El periodista local que solicitó omitir su nombre, cree que esto se debe a la falta de fondos para contratar abogados, ya que en su mayoría, trabajan con voluntarios.

El terror y la impunidad de un Estado policíaco-militarizado

El alcalde de Pantasma afirma que la impunidad en los casos de denuncias ante la Policía se debe a que todos los poderes del Estado están completamente controlados por el FSLN.

Afirman que la Policía no salvaguarda la integridad de cada ciudadano, porque es una policía completamente política, «es la policía de un partido», dice en pocas palabras.

Pobladores de Pantasma afirman que cuando denuncian a la policía por alguna violación a sus derechos, no son recibidos al considerarlos opositores al gobierno, «más bien que el denunciante violentó a la Policía», afirman. «Hemos visto muchos ejemplos de estos casos. Estamos frente a un sistema de impunidad total», dijo el alcalde de Pantasma.

En el libro Blanco del Ejército de Nicaragua, se reconocen como aniquilados por razones de vandalismo, delincuencia y narcotráfico a cuatro de los 10 cabecillas rearmados muertos que registran los organismos de derechos humanos y los medios de comunicación nacionales, entre 2011 y 2016.

Los que aparecen en ambas listas (CENIDH y El Libro Blanco del Ejército), son los rearmados con los siguientes seudónimos: «Yajob», «Cascabel»,«Cinco Pinos» y «El Invisible»; todos ellos ligados a los contras en la década de los ochenta.