*La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, señaló a Expediente Público, que esa política de “mano dura” no resuelve el problema estructural de las pandillas en El Salvador.
**El 27 de marzo de 2022, el mandatario salvadoreño ordenó un régimen de excepción que declara una guerra a las pandillas en ese país centroamericano.
Expediente Público
Más allá de ofrecer una respuesta integral a un problema social, las polémicas medidas aprobadas por el presidente Nayib Bukele para frenar la violencia de las pandillas en El Salvador son un claro ejemplo del “populismo punitivo” implementado por el mandatario para hacer creer a la población que se está combatiendo a la delincuencia, pero por el contrario profundizan la grave situación de violaciones a los derechos humanos, explicó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En entrevista con Expediente Público, Guevara Rosas sostuvo que las medidas adoptadas por el presidente salvadoreño desde el 27 de marzo de 2022, no son políticas encaminadas a “atender las causas estructurales” del problema de las pandillas, sino que más bien son instrumentos que atentan contra los derechos de toda la población, incluyendo los periodistas y medios de comunicación.
“Es evidente que estas respuestas solo buscan ganar un espacio de popularidad en la gestión, pero que, a largo plazo no están resolviendo el problema de criminalidad y de violencia, todo lo contrario, están alimentando ese clima de violencia que existe y que tiene tomado el crimen organizado en casi todo el territorio salvadoreño”, mencionó Guevara Rosas.
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El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos, un “régimen de excepción” para “salvaguardar la vida de los salvadoreños” ante el repunte de homicidios y suspende, por un periodo de 30 días, los derechos a la libertad de asociación y reunión, además la privacidad de las comunicaciones, entre otras garantías.
La figura utilizada por Bukele, amparado en el artículo 29 de la Constitución, se puede usar en «casos de guerra, invasión de territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público».
El 26 de marzo, El Salvador registró una alarmante cifra de 62 homicidios, constituyendo la mayor tasa diaria de muertes en los últimos cuatro años, informó la Policía Nacional Civil.
La Policía salvadoreña ha expuesto a los detenidos como trofeos, incluso difundió un vídeo en su cuenta oficial de Twitter, en el que se observa al menos a tres pandilleros siendo torturados en el piso por custodios de los centros penitenciarios, pero luego fue eliminado.
“Hay múltiples denuncias de malos tratos, denigrantes, de actos de torturas no solo en el momento de la detención, sino en la forma en que están siendo tratadas estas personas en el sistema penitenciario (…) Se está intentando mostrar a la población que el maltrato de esas personas es parte de esa política y esto no puede ser aceptado en ninguna sociedad”, señaló Guevara Rosas.
La defensora de derechos humanos manifestó que, con la medida adoptada por el gobierno salvadoreño, se han suspendido derechos que, bajo las normas internacionales, no se deben suspender, como las “normas del debido proceso y garantías de un juicio justo”.
El presidente además instruyó a Osiris Luna Meza, director general de Centros Penales, establecer medidas de “máxima emergencia” en todos los penales de seguridad y máxima seguridad. “Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio”, ordenó Bukele.
“Creen que estamos ahí solo para defender los derechos de las personas que cometieron actos criminales, y en efecto es una preocupación, pero también nos preocupan los derechos humanos de toda la población en un contexto donde las violaciones son aceptadas y toleradas por el propio gobierno”, dijo Guevara Rosas.
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Bukele llegó al poder en 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado y reducir la tasa de homicidios.
Ese mismo año, Guevara Rosas tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente electo que se comprometió a ser una “voz distinta y desmarcarse de los modelos de gobierno que irrespetan los derechos humanos”.
“Lo que vemos es totalmente lo contrario, acciones autoritarias, políticas que pasan por leyes en una Asamblea Legislativa que ha sido cooptada, que ha sido totalmente controlada por el presidente Bukele, y un Poder Judicial que dista de ser el que cree un balance de rendición de cuentas, porque vemos también que se encuentra sometido bajo los caprichos del presidente Bukele”, reiteró Guevara Rosas.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, conocidas como “Reglas Mandela”, proporcionan estándares básicos para el tratamiento de los reclusos, incluyendo los requisitos mínimos respecto al acceso al aire libre para hacer ejercicio, alimentos, ropa y cama adecuados.
Detenciones masivas, colapso del sistema
Al 20 de abril de 2022, más de 14,000 pandilleros fueron detenidos en el marco de una ofensiva de la policía y el ejército.
La defensora de derechos humanos reiteró que ninguna de esas personas fue detenida bajo las normas del debido proceso y tampoco conocen las acusaciones.
“Se ha hecho una suerte de perfil del criminal, cualquier persona que tenga un tatuaje, que pertenezca a una comunidad específica, un barrio específico, va a ser detenida, porque no hay hoy día un sistema de contrapesos que prevenga las arbitrariedades y los abusos por parte del presidente Nayib Bukele”, enfatizó Guevara Rosas.
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El régimen de excepción suspendió temporalmente la libertad de reunión e inviolabilidad de la correspondencia y se le dio el control a la Policía Nacional Civil como las Fuerzas Armadas de El Salvador.
“La Policía y el Ejército tienen carta blanca, si tú pasas por una calle y estás en el momento equivocado y un policía te detiene, y decide indicar que tú eres una persona afiliada a una pandilla, pues te van a detener, sin importar si cometiste o no un acto o una infracción”, cuestionó Guevara Rosas.
El Salvador, que ya atravesaba por una “gravísima crisis penitenciaria”, por las condiciones de precariedad y hacinamiento en los penales, tiene los “mayores porcentajes de personas detenidas sin juicio”, gran parte son miembros de pandillas afirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Colocar en esas prisiones a más de 10 mil pandilleros hará colapsar el sistema, dijo Guevara Rosas.
«El mayor porcentaje de población penitenciaria en El Salvador se encuentra sin ningún juicio (…) Con más de 10,200 personas que han sido detenidas, en tan solo un par de semanas, pues ya te habla que el propio sistema se está colapsando”, manifestó Guevara Rosas.
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El mandatario salvadoreño, que desde su cuenta de Twitter publica diariamente el número de detenidos, reconoció que siempre habrá un margen de “1% de error” en las detenciones efectuadas y que «un sistema justo» debería corregir.
“Que publique este tipo de cifras, lo único que genera es mayor alarma”, insistió la defensora de derechos humanos.
Los “tintes autoritarios” de Bukele
La Asamblea Legislativa también aprobó una reforma al Código Penal que abre una puerta a la censura de periodistas y medios de comunicación independientes en El Salvador.
La reforma castiga hasta con 15 años de prisión a quienes realicen o colaboren en la elaboración y difusión de mensajes alusivos a grupos terroristas.
Esta reforma es de mucha preocupación para Amnistía Internacional, tomando en consideración que, desde el inicio de su gestión Bukele ha mantenido un “ataque” contra los periodistas y medios de comunicación independientes.
A finales del año pasado, Amnistía Internacional corroboró la evidencia de que al menos 35 personas, entre ellas 31 periodistas, sufrieron la intervención de sus teléfonos celulares con el software Pegasus entre junio de 2020 y noviembre de 2021 en El Salvador.
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La defensora de derechos humanos recordó que los medios de comunicación independiente juegan un papel preponderante para garantizar a la población el derecho a la información, pero el presidente Bukele les “ha declarado una guerra”.
“La autoridad tendría la potestad de perseguir cualquier medio de comunicación que, inclusive, publique información sobre las violaciones a los derechos humanos que se están dando en este contexto”, mencionó.
Las políticas del Gobierno, además de “violentar los derechos humanos”, reflejan los rasgos de “tintes autoritarios” que desde el inicio de su gestión ha mostrado Bukele, dijo la defensora de derechos humanos.
Consideró que el presidente salvadoreño está copiando el libreto y siguiendo un “modelo muy recurrente” de países como Nicaragua, con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La reforma en el Código Penal salvadoreño es comparable con la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por Ortega a finales de 2020.
“Lo cierto es que los tintes autoritarios del Gobierno del presidente Bukele han sido claros desde el inicio de su gestión (…) Pareciera que estos líderes autoritarios, independientemente del espectro político, están copiando un libreto muy similar con resultados devastadores”, señaló Guevara Rosas.
Acuerdo con pandillas
El aumento de la violencia de las pandillas en El Salvador se produce luego de una disminución en las tasas de homicidios, que se debió a supuestas negociaciones del Gobierno con al menos dos de las principales bandas de criminales de ese país centroamericano, incluida la Mara Salvatrucha (MS-13).
El 8 de diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionó a dos funcionarios del Gobierno de Bukele, luego que una investigación reveló “negociaciones encubiertas” con la organización criminal.
Osiris Luna Meza, director de Centros Penales y Carlos Amilcar Marroquín Chica, jefe de la unidad de reconstrucción de Tejido Social fueron los sancionados.
El Gobierno estadounidense también sancionó a Alma Yanira Meza Olivares, madre de Osiris Luna Meza. Aunque ésta no tiene cargo oficial en el gobierno, según el Departamento del Tesoro actuó como negociadora en algunas de esas transacciones con las pandillas.
El Departamento del Tesoro señaló que esas reuniones sirvieron para “negociar una tregua secreta con los líderes de las pandillas”.
“Es preocupante ver cómo estas políticas fallidas siguen siendo repetidas por el propio presidente Bukele y sobre todo cómo se van formalizando muchas de esas políticas fallidas, que han traído consecuencias devastadoras para los derechos humanos en El Salvador”, puntualizó Guevara Rosas.
