- Crearon equipos y comisiones especiales para inventar historias
- Ministerio Público se convierte en brazo represivo del estallido social de abril 2018
En junio del 2013 el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, condecoró en Washington DC al fiscal del Ministerio Público de Nicaragua, Javier Antonio Morazán, por sus esfuerzos contra la trata de personas. En Managua, el entonces fiscal general, Julio Centeno Gómez, estaba orgulloso con el reconocimiento a su protegido, alguien de su total confianza.
Pero Morazán no le fue leal y cuando vio que era el momento indicado se pasó al bando de Ana Julia Guido, de quien se convirtió en una persona imprescindible, hasta el punto que en abril del 2018, ella lo nombró al frente de una comisión especial que opera en la penumbra para fabricar acusaciones contra los y las manifestantes y opositores del régimen Ortega-Murillo.
De acuerdo al exfiscal Mario Esquivel, la comisión especial creada en el Ministerio Público para acusar a manifestantes y opositores, inicialmente estaba compuesta por personal de la Unidad Especializada contra los Delitos de Delincuencia Organizada (UECDO) y de la Fiscalía Departamental de Managua, dirigida por Alejandro López. Luego se integraron los fiscales especiales de Género y también de la Niñez y Adolescencia.
Los exfiscales Esquivel y Bernardo Antúnez revelaron a Expediente Público que entre los cerebros que maquinan cómo hacer las acusaciones bajo las órdenes de Morazán, están personas de mucha confianza y afines al partido de Gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Entre ellos mencionaron a Douglas Vargas, Sandra Dinarte, Guiselle Borge, Gretel Fernández, Odette Leytón y Alejandro López. También participan los abogados Lenín Castellón Silva y Giscard Antonio Moraga, Liliam Soza, Felix Hernández, Julio Bolaños, Soraya Ramírez, Vanesa Cordero y Oscar Reyes entre otros.
Pero fue Morazán el hombre detrás de toda la operación. El “ideólogo”, lo llamaron sus excompañeros Esquivel y Antúnez. Fue el quien puso en marcha la fabricación de acusaciones ordenadas desde el círculo de poder de Ortega a la fiscal general Ana Julia Guido contra las personas secuestradas o capturadas por participar en protestas contra el Gobierno a partir del 18 de abril del 2018.
¿Quién es el ideólogo?
El jefe de la UECDO, Morazán, es considerado por varios de sus excompañeros fiscales como una persona calificada y muy inteligente, pero también oportunista, servil y camaleónica. Según Heradio Baldelomar y Clara Valle, cuyos nombres reales los omitimos para preservar su seguridad.
El conocido defensor de presas y presos políticos, Julio Montenegro, primero en la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y desde Junio del 2019 con la iniciativa “Defensores del Pueblo”, dijo saber que en el Ministerio Público hay un grupo de fiscales designado para elaborar acusaciones y otro para realizar las audiencias en los juzgados de Managua.
Hay quienes, agregó, ejercen ambas funciones en casos especiales, como Lenín Castellón Silva y Giscard Antonio Moraga, asignados a la UECDO y acusadores del líder campesino Medardo Mairena y del periodista Miguel Mora. También Guiselle Borge pertenece a esa unidad.
Morazán, el llamado ideólogo, ingresó a la Fiscalía mediante concurso por oposición en el año 2002. Era de confianza del anterior fiscal general, Julio Centeno Gómez, después coqueteó con la sucesora de este, Ana Julia Guido, cuando ella asumió como fiscal general adjunta y se definió de su lado cuando ella sustituyó a Centeno.
Aunque no era del partido en el Gobierno, a partir del 2014 Morazán comienza a participar con camiseta partidaria en las conmemoraciones sandinistas del llamado “Repliegue” y del 19 de julio, fecha del aniversario de la revolución sandinista.
Crean acusaciones no necesariamente comprobables
Javier Morazán es oriundo del municipio leonés de Achuapa, ubicado a 155 km al norte de Managua.
Obtuvo una beca de la Presidencia de la República en tiempos de Violeta Barrios y Arnoldo Alemán. Su excompañero de trabajo, Bernardo Antúnez, lo describió como “un operador que sabe cómo maquillar (casos), está bien calificado, es un técnico que elabora acusaciones y supervisa las que otros fiscales hacen”.
La filosofía que marca el trabajo de Morazán, según Antúnez, “es la de crear una historia acusatoria no necesariamente comprobable, que pueda tener el apoyo de testigos, incluyendo algunos encapuchados, generalmente policías, algunos de ellos torturadores de El Chipote, e incluso paramilitares, pues prevalecía la idea de la UECDO que las fuentes, como eran de Inteligencia, debían ser anónimas, para no poner en riesgo información confidencial”.
Policías de diferentes distritos de Managua llegan a la Fiscalía para reunirse con los fiscales de la comisión especial “y armar los casos”, reveló Esquivel.
En esas reuniones revisan los expedientes remitidos por la Policía Nacional y “arman el muñeco”. En busca de situaciones incriminatorias, dos de los fiscales se encargan de ver los videos y fotografías que llevan los policías. La comisión se maneja con hermetismo, de manera secreta y confidencial.
“En los casos relevantes —agregó Esquivel— llega una delegación de la policía a decir qué tenían, explicaban las diligencias y lo pendiente de resultado. Les hacen un relato breve a los fiscales sobre cómo se puede decir que sucedieron los hechos. El equipo de Javier Morazán les dicen quiten, pongan, cambien, a conveniencia, como una forma de represión, instrumentalizando la acción penal, porque no ven la acción ciudadana como protesta, sino como un intento de golpe de Estado contra el Gobierno”.
Acusaciones inventadas
En palabras de Esquivel, la comisión especial en realidad es un grupo de fiscales confabulados “para montársela y condenar sea como sea” a las presas y presos políticos.
Los encargados de inventar acusaciones, reveló otra fuente a Expediente Público, tienen varios lugares para sus operaciones: en el despacho de la fiscal general, el auditorio del Ministerio Público bajo la mirada del héroe nacional Andrés Castro, desde un cuadro colgado en una pared, y en las oficinas de la UECDO o de la Fiscalía Departamental Managua. Otras veces estos fiscales van al Chipote, la notoria cárcel del país, y hasta en la Cancillería habrían sesionado.
En esas reuniones de trabajo, los fiscales validan elementos de prueba de la policía, acuerdan el uso de artificios para tratar de encubrir violaciones a la ley como secuestros y detenciones ilegales, incumplimiento de las 48 horas, sustracción de jurisdicción, seleccionan delitos graves para asegurarse prisión preventiva y largas condenas, etcétera.
Según la exfiscal Clara Valle, directamente le dicen a un policía: “Alistame el expediente de tal manera”. Valle agregó: “Fallan al no poder darle credibilidad al caso”.
¿Cómo interpreta el abogado Julio Montenegro lo que ocurre en la Fiscalía? “Hay un descuido por la gran cantidad de casos o bien existe una intención distinta a la del artículo siete del Código Procesal Penal, que de manera clara expresa que ante todo hay que llegar al descubrimiento de la verdad, y esto se liga con aquellos principios de si ante el Derecho o la Justicia, ¿a cuál lado me debo inclinar? Creo que al de la Justicia”, subrayó Montenegro.
Cuando el fiscal intuye falta de claridad, añadió Montenegro, y detecta algo que no está marchando bien, “ante la duda de tener a un inocente preso, se recurre el artículo 90 del Código Procesal Penal y se prefiere a un culpable libre, más si hablamos de situaciones funestas como las que hemos visto en los últimos tiempos”.
El exiliado director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Gonzalo Carrión, afirmó que “el modus operandi del Ministerio Público en la brutal represión, es ser una especie de francotiradores destinados a fulminar a toda la ciudadanía que se relacione a los azul y blanco”, en referencia a los colores de la bandera nacional que fueron el símbolo del levantamiento civil de abril de 2018.
Acusaciones sin sustento probatorio
Carrión agregó que, como instancia de justicia, la Fiscalía “ha sido un operador político clave porque acusa sin fundamentos, cumpliendo la orden de pasar la cuenta por odio y venganza. Mientras tanto, se hace de la vista gorda con todos los crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado, paramilitares y sus compañeros de armas, los policías”.ç
Explicó que como se trata de presos y presas políticas, es imposible que haya coherencia con los principios de legalidad y debido proceso que garanticen los derechos de los prisioneros, como se observa en los abundantes casos de detenciones sin orden judicial y por personas no identificadas, como policías, en algunos casos encapuchados.
Se dan arrestos prolongados sin respeto a los derechos y garantías que tiene toda persona, indica el exdefensor del Cenidh y ahora en el “Colectivo Nicaragua Nunca Más”.
Por otro lado, consideró que las acusaciones en general han sido presentadas mucho tiempo después de las 48 horas, ante jueces incompetentes, con reos sin derecho a nombrar su propio abogado y en audiencias secretas.
Por tales razones consideró que debería darse una absoluta nulidad de los juicios, y todo esto es obviado, lo que demuestra una acción política y no una legal.
Aunque en cada delegación policial hay un Centro de Asistencia Fiscal (CAF), con al menos un acusador del Estado para apoyar a la policía, “estos tienen instrucciones de arriba de no proceder legalmente”, subrayó Maynor Antonio Curtis Lovo, lo que explica en parte el evidente descuido y manipulación partidaria que se observa en muchas, sino en todas las acusaciones del Ministerio Público.
Tigre suelto contra burro amarrado
Mario Esquivel fue testigo de cómo en la Fiscalía elaboraban algunas acusaciones extensas, en las que en cada párrafo se narraba uno o dos hechos, pero en el resto del documento estos no se probaban, entonces no había congruencia ni coherencia.
“La acusación —añadió— debe ser precisa, no solo narrar los sucesos, sino atribuir qué acciones son reprochables y que la acusación encaje con un tipo penal”.
Pese a la coordinación con la policía y sus diferentes laboratorios donde los peritos lograban “las pruebas” requeridas para inculpar a los presos políticos acusados, Esquivel consideró que “hay mucha deficiencia, las narrativas se tornan incongruentes con los medios de prueba, es decir, se afirma algo y no se prueba”.
Curtis Lovo destacó que policías, fiscales y jueces trabajan con el mismo objetivo, por eso “a los fiscales no les importa si las acusaciones están mal, porque saben que los jueces se las van a admitir”. A esto Montenegro llamó “tigre suelto contra burro amarrado”.
En este sentido, Yonarqui Martínez, defensora en varios procesos contra opositores, dijo estar convencida que en muchos casos el fiscal manda más que el juez.
“Las pruebas ridículas que presentan los fiscales, los jueces las avalan”, enfatizó.
Añadió que ningún reo ha tenido un juicio justo, que todos los casos han estado parcializados y que “hay violaciones a los derechos humanos a más no poder”.
Niegan todos los derechos de los detenidos
De igual parecer es Julio Montenegro, para quien “no hay una coherencia entre lo ofrecido y lo relatado, es una falta de lealtad a las partes procesales, y en este tipo de situaciones es cuando tenemos violación al debido proceso y eso efectivamente es una debilidad del Ministerio Público”.
Montenegro también criticó a aquellos defensores públicos o privados que, por temor, por no comprometerse o en el caso de los primeros para evitar que los corran, cuando les corresponde hablar, dicen: Señor Juez, en relación con la acusación realizada por la Fiscalía, sea su autoridad la que decida si la admite o no. “Entonces, ¿para qué está el defensor? ¿A qué llegó?”, se preguntó el abogado. Añadió que eso deja en la indefensión a quien representa.
El exfiscal Mario Esquivel señaló que en el 90 por ciento de los juicios a cientos de presos políticos la Fiscalía no ofreció ni presentó las pruebas que demostraran las acusaciones.
“En estos casos —señaló— no se debería elevar la causa a juicio y se le daría cinco días al Ministerio Público para que mejore o agregue nuevos elementos de prueba. Pero los jueces todo lo dejan pasar”.
Desde su exilio en San José, Costa Rica, Gonzalo Carrión dijo que resulta insostenible una acusación aun cuando se desarrollan ante jueces que también son operadores políticos y verdugos de las presas y presos.
“Por eso no es extraño que nieguen todos los derechos que les asiste a los detenidos y procesados, especialmente a no declarar ante ningún policía, escoger a su defensa y que le realicen audiencias públicas, además con testigos que no sean esos desalmados, criminales y corruptos cara tapadas”, enfatizó.
Sin presunción de inocencia
Leyla Prado, abogada, defensora de la CPDH y exfiscal que dimitió en el 2016, recordó que los expertos que prepararon a los viejos fiscales les dijeron que no debían acusar a ultranza, sin la certeza que da la prueba.
“Pero el fiscal de estos tiempos no aplica estos principios, no actúa con objetividad, sino bajo la presión del mando superior”, acotó.
Al respecto, Yonarqui Martínez ha visto en juzgados que muchos fiscales llegan con un patrón de calificar a los acusados como “delincuentes y tranqueros (que ayudan a montar barricadas)”. Hizo ver que los acusadores erróneamente no parten de la premisa que los acusados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Añadió que a muchos fiscales los llamaron a los despachos de sus jefes y les advirtieron de consecuencias negativas si no atendían las disposiciones de la institución. “Ya sabés a qué te atenés”, era la amenaza para evitar más deserciones, según la defensora de reos políticos, quien consideró que “estos fiscales están en un grave conflicto ético: entre el deber y tener que acusar a inocentes.
Muchos renunciaron, dijo, pese a no tener trabajo.
Ante una acusación, el fiscal puede tomar varias decisiones, sostuvo Julio Montenegro, como darle curso si el expediente de la policía llega completo y cumple todos los requisitos, pero si el hecho es notoriamente absurdo debe desestimarse.
Rechazadas y corregidas
En un Estado de derecho la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público debieron ser rechazadas para que fueran corregidas, sostuvo Curtis Lovo, “porque no son precisas, tienen contradicciones entre ellas y no especifican el modo de tiempo –lo que hizo la persona en un lapso— entre otras deficiencias”.
En consecuencia, agregó, los fiscales podrían estar cometiendo varios delitos en el ejercicio de sus funciones por lo que eventualmente podrían y deberían ser acusados.
Yonarqui Martínez, quien desde el Comité Pro Libertad de Presas y Presos Políticos (CPLPPP), defendió a unos 60 de ellos, dijo una frase lapidaria: “Los fiscales del Ministerio Público son los que más han contribuido a la violación de los derechos humanos”.
Agregó que les hace falta análisis jurídico, no cumplen con su función como fiscales, presentan testigos de oídas, algunos no aptos.
La defensora ha visto cerca de 90 expedientes elaborados en la fábrica de acusaciones de la Fiscalía, y con base a este conocimiento afirmó: “Los fiscales del Ministerio Público no corroboran, ponen cosas incoherentes, cuestiones imposibles, son muy deficientes. No hay ni una acusación, ni una, que esté bien fundamentada”.
Para Boanerge Fornos, coordinador legal de Acción Penal los fiscales del Ministerio Público violan principios procesales y de su propia ley orgánica tales como objetividad pues no debe acusar a ultranza. Solo se acusa cuando el hecho constituye delito y la prueba establece inequívocamente la responsabilidad de la persona acusada; legalidad que implica el acusar ante un tribunal competente y dentro del plazo de ley.
Para Gonzalo Carrión, “las acusaciones son formuladas bajo el prejuicio de castigo a quienes son considerados enemigos y con un formulario de terrorista, partícipe de un golpe de Estado fallido, crimen organizado, etc., y cuyas pruebas son tipos enmascarados y descarados sacados de entre los mismos autores de crímenes contra el pueblo, y con la complicidad de delatores en los barrios y cualquier servil de la dictadura”.
El exfiscal Mario Esquivel ha llegado a la siguiente conclusión: “A los jueces no les importa el cumplimiento de los requisitos, porque hay deficiencias notorias y notables en los escritos de acusación como en el intercambio de pruebas, firmados por los fiscales que llevan las acusaciones”. Los enviados por la Fiscalía, añadió, están obligados a hacer una relación clara, precisa, específica y circunstanciada de los hechos punibles.
Como se sabe, aproximadamente 70 fiscales habrían presentado sus renuncias entre mayo del 2018 y agosto del 2019, principalmente porque en el Ministerio Público pretendían obligarlos a acusar a los reos políticos. La mayoría de los que inventan los casos no va a los juzgados, están tras bastidores dirigiendo la maquinaria.
“Siento pena por ellos”
“Las renuncias se dieron porque ahí se crean todas las acusaciones y la gente con principios se asusta, se espanta”, agregó Clara Valle. Entre los fiscales que renunciaron está Enrique Sándigo Jirón, hermano del obispo Sócrates René Sándigo Jirón, quien dimitió después que lo metieron a la comisión especial para acusar a reas y reos políticos.
La mayoría de los fiscales llegaba cada mañana a la oficina del Ministerio Público, ubicado en Carretera a Masaya, con el temor de que les asignaran una acusación contra los presos políticos, recordó la exfiscal Valle, por eso, tras entrar a la oficina, buscaban algún expediente de casos no politizados y se iban lo más rápido posible al Complejo Judicial, donde permanecían la mayor parte del tiempo.
Durante varios meses los expedientes acusatorios elaborados por la comisión especial eran asignados a otros fiscales, pero ante la estampida que esto provocó, entre julio y agosto del 2018 se conformó un equipo de fiscales dispuestos a ir a los juicios, aunque todavía en septiembre de ese año les pasaban casos a otros fiscales.
Las fuentes consultadas revelaron que Javier Morazán, el operador de la maquinaria, hacía las asignaciones de manera repentina, apenas momentos antes de que el fiscal tuviera que ir al Complejo Judicial, donde, muchas veces sin haber leído todo el caso y sin prepararse, el fiscal llegaba al juicio a repetir mecánicamente lo ordenado por aquel, con desempeños lamentables.
Hay casos como el del fiscal que firmó la acusación contra un reo político de relevancia y al que solo le pasaron la última parte de la acusación. “Siento pena por ellos”, confesó Clara Valle.
Un fiscal acusador que coordina a la Juventud Sandinista
Uno de los pocos fiscales que está en la comisión especial inventando acusaciones y que también va a acusar a los juzgados, es Guiselle Borge, quien se comporta con extrema dureza contra los presos y presas políticas.
Ella es la directora específica de los Centros de Atención Fiscal (CAF), de los que hay uno por distrito en Managua. También es jefa de turnos (sábado y domingo deben laborar unos cinco fiscales y ella designa jefe a uno de ellos), según el exfiscal Antúnez.
Otro entusiasta acusador es Lenín Castellón Silva, fiscal auxiliar nombrado en el año 2005, según su excompañero Antúnez; fue asistente fiscal y ha trabajado en la unidad de Apelación y Casación.
Castellón Silva es el coordinador de la Juventud Sandinista en la institución. Es de confianza para la estructura partidaria y muy cercano de la fiscal general Ana Julia Guido, por lo que le asignaron la acusación contra el líder campesino Medardo Mairena, quien finalmente fue condenado a 216 años de cárcel y excarcelado a inicios de junio. Castellón Silva también fue fiscal “contra” Pierson Gutiérrez Solís quien admitió haber asesinado a la brasileña Rayneia Da Costa Lima. Gutiérrez en julio de este año fue beneficiado por la Ley 996, “Ley de Amnistía” y se sabe que Castellón fue indulgente y benévolo en el proceso acusatorio.
Giscard Antonio Moraga, otro fiscal auxiliar, nombrado en el año 2004, ha resultado beligerante acusando. El exfiscal Antúnez recordó que él decía que no era sandinista.
Moraga estuvo asignado a Siuna, Bilwi y Rivas, y labora en la UECDO. En la época de Centeno, el predecesor de Guido en el Ministerio Público, era cercano al ala liberal. En enero del 2019 fue el fiscal acusador en contra del profesor Ricardo Baltodano, hermano de la comandante guerrilera Mónica Baltodano, antigua aliada de Daniel Ortega hasta el pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán.
Para Leyla Prado, con la reforma del 2001 Nicaragua avanzó en la modernización del sistema legal para evitar que la justicia penal violara los derechos humanos, “pero 17 años después, se ha transformado en lo que no se quería, se ha instaurado una política de represión contra la población que protesta contra lo que no considera justo”.
Fiscalía espía a los fiscales
Prado afirmó que les ha dicho a varios fiscales, “que están haciendo lo contrario de lo que habían aprendido, y lo mantengo en defensa de los derechos humanos de las personas”.
Agregó que es lamentable el deterioro en las funciones del fiscal departamental de Managua Alejandro López, quien es conocido por su fanatismo sandinista y usualmente asume tareas relevantes, sin embargo, ahora es enviado a los a juzgados a vigilar a los fiscales. Como parte de su trabajo, revisa acta por acta, lo que revela que en el Ministerio Público no confían en sus acusadores y que los espían.
También supervisa a los acusadores en los juicios la fiscal auxiliar Lilliam Beatriz Soza Mairena, quien les hace señas y muecas, les manda instrucciones mediante papelitos expresa enojo y contrariedad, etc.
“Se miraba que algunos de los fiscales no estaban ahí de su libre y espontánea voluntad, sino obligados, siempre bajo vigilancia”, sostuvo Yonarqui Martínez.
Agregó que a partir de las acciones de espionaje y de advertencias de parte de Lilliam Soza, algunos fiscales dejaron de saludar a sus excompañeros ahora convertidos en abogados defensores de presos y presas políticas.
Martínez dijo que conoció hace cinco años a Soza, cuando la ahora fiscal auxiliar se desempeñaba en un caso de delito sexual y le pareció una profesional competente, sin embargo, “hoy es una persona manipuladora, militante extremista del FSLN y no le importa hacerle daño a otro”.
La defensora de Comité Pro Liberación de Presos Políticos (CPLPP) ha visto a muchos fiscales con mala actitud: “Llegan a destilar veneno a la sala, cuando no debemos entrar en apasionamientos en nuestro trabajo. Actúan sin profesionalismo, les falta ética a los fiscales”.
Ella dijo haber sido testigo de cómo algunos de ellos, fanatizados, califican a los defensores como “abogados de los terroristas y golpistas”.
Martínez, especialista en criminalística y derechos humanos, les respondió: “Nosotros fundamentamos los casos (en base) a derecho”.
Las burdas e insólitas acusaciones de la Fiscalía nicaragüense
