El régimen de Daniel Ortega quedó sin margen de maniobra con el préstamo de US$43 millones que consiguió del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para ejecutar el proyecto de emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 en Nicaragua, ya que quedó sujeto a cuatro ‘candados’ por parte del organismo.
Un análisis de Expediente Público sobre las pautas del contrato, determinó que la supervisión estricta del BID es un mecanismo inusual, porque solo lo impuso a Nicaragua, aún cuando ha asistido financieramente al resto de Centroamérica también por la pandemia.
El contrato del proyecto “Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio en Nicaragua”, lo aprobó el Directorio Ejecutivo del BID el 31 de julio, siendo formalizado con el gobierno de Daniel Ortega el 11 de agosto. Ocho días después, el Poder Legislativo validó el préstamo por le monto de los US$43 millones.
Durante los dos años que se desarrollará el proyecto cuatro agencias especializadas vigilarán desde el diseño, la contratación, supervisión, adquisición de bienes y la ejecución de las obras más importantes y que se esperan sean de mayor impacto para contener el contagio del COVID-19 entre la población, así como en mejorar la capacidad de asistencia hospitalaria y del personal médico.
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Project Concern Internacional (PCI) y el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca) supervisarán que la ejecución del programa de asistencia por la pandemia cumpla las leyes de contrataciones nacionales y los procesos de licitaciones públicas internacionales.
Bajo este esquema, el Ministerio de Hacienda creará la Unidad Gestora del Proyecto (UGP), a través de la cual, el BID desembolsará los pagos conforme los planes financieros previamente dispuestos con las agencias externas, para la adquisición de los servicios y de los insumos médicos.
La intermediación de un tercer ente estatal, como será la UGP, “se puede entender como una acción del BID para mantener la ejecución de los recursos en manos directas del ente que es el rector del Sistema de Administración Financiera del país”, como es el Ministerio de Hacienda.
“No obstante, esta medida resulta polémica si se piensa que este ministerio se encuentra aún sobre la influencia directa de Iván Acosta, quien fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por vincularlo a hechos de corrupción”, recogió el análisis. Acosta sigue siendo ministro de Hacienda pero ya no firma los contratos de préstamos internacionales.
Consecuencia de la represión y la corrupción
Los ‘candados’ a Nicaragua por parte del BID tienen que ver con excepcionalidades dada la situación de violaciones a los derechos humanos, y a los altos niveles de corrupción que se ha materializado en malversación de recursos públicos, de acuerdo a Expediente Público.
Más de trescientos muertos, cientos de detenidos y el exilio forzado de más de 100 mil nicaragüenses han sido parte de la represión gubernamental en contra de los ciudadanos que demandan justicia y democracia. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de Naciones Unidas constataron delitos de lesa humanidad por parte del gobierno de Ortega en el contexto de las manifestaciones ciudadanas desde abril del 2018.
La comunidad internacional ejerció presión política a Ortega para que solucionara la crisis mediante el diálogo con la oposición, ante lo que él no cedió. Entonces la presión económica fue la opción de los gobiernos socios en los organismos multilaterales, principalmente por parte de Estados Unidos, lo que ha dificultado el financiamiento a Nicaragua.
Según el informe de actividades del 2019, el BID no otorgó al sector público nicaragüense ningún préstamo en los años 2018 y 2019 aunque no da cuenta de las razones que lo motivaron, un cambio radical en vista de que en los años anteriores sí lo había hecho, indicó el análisis.
Históricamente el Banco ha sido uno de los principales cooperantes del país. Por ejemplo, en el 2015 concedió US$300.7 millones; en el 2016 un monto de US$208 millones y en el 2017 otorgó recursos por US$335 millones. Los sectores priorizados fueron salud, transporte y logística, agua y saneamiento, energía e innovación y tecnología.
Este mismo informe indicó que con el sector público el BID aprobó 13 operaciones en el período del 2015 al 2017 por US$ 826 millones, con un saldo disponible de US$ 438 millones de dólares. Además, agregó el reporte, en el 2019 se habría desembolsado US$131.2 millones.
Aunque en 2018 y 2019 el multilateral no le aprobó nuevos préstamos, mantuvo la cooperación técnica y las donaciones de inversión, aunque menores con relación a años anteriores. Adicionalmente, el organismo conservó las iniciativas para el sector privado a través de BID Lab, BID Invest y préstamos y garantías, con aumentos sustanciales en estos años.
Negligencia y falta de transparencia
La crisis sanitaria por el COVID-19 fue la única forma en que el BID le volviera a prestar al gobierno Ortega. Esto a pesar de que Nicaragua fue el único país en América Latina donde no se declaró la emergencia sanitaria, cerraron tarde las fronteras, no se suspendieron las clases en las escuelas y universidades estatales, ni la jornada laboral, como en el resto de naciones en correspondencia a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para contener los contagios.
El Gobierno siguió promoviendo actividades turísticas, deportivas, religiosas y partidarias que propiciaron el contagio comunitario, según asociaciones médicas independientes que conforman desde abril pasado el Observatorio Ciudadano para monitorear la situación de la pandemia.
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El Minsa reportó un acumulado de 5,353 casos positivos y 154 muertes por coronavirus desde el 18 de marzo al 13 de octubre pasado. Estas cifras contrastan con los informes del Observatorio Ciudadano, que hasta el 7 de octubre contabilizó 10,631 casos y 2,768 muertes sospechosas de esta enfermedad en Nicaragua.
Públicamente las autoridades del Minsa y la Presidencia minimizaron la incidencia de la enfermedad y el riesgo que suponía para la población, asegurando que el sistema hospitalario y el personal médico tenía la capacidad de hacer frente a la pandemia.
Sin embargo, para que el BID aprobara los US$43 millones el Gobierno admitió un escenario que ocultó a los ciudadanos, de que en dos años más de 5.8 millones de nicaragüenses se iban a infectar y habrían más de 23 mil muertos por el COVID-19, según la exposición del proyecto que fue aprobado en el Poder Legislativo.
Un virus que transformó todo
El análisis de Expediente Público refirió que la pandemia transformó la vida en sociedad, cómo los Estados realizan su gestión pública y la forma en que los bancos, incluidos los multilaterales conceden y condicionan sus préstamos.
La CIDH en su resolución “La pandemia y los derechos humanos”, señaló que esta “supone desafíos aún mayores para los Estado de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan poner en marcha medidas de atención y contención que resultan urgentes y necesarias para proteger efectivamente a sus poblaciones, acorde con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
La emergencia sanitaria provocó presiones a los presupuestos públicos, que fueron formulados y aprobados sin considerar los desafíos que vendrían con el COVID-19.
La mayoría de los países tuvieron que redireccionar sus presupuestos para cubrir gastos relacionados a la prevención y atención de la emergencia. Sin embargo, los gobiernos tienen una capacidad económica limitada al no lograr recaudar los impuestos previstos como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.
En el caso de Nicaragua la situación resultó dramática, al arrastrar una crisis política, económica y social desde abril del 2018, la que en términos de recursos presupuestarios provocó menos recaudación, y por ello menos ingresos para atender la emergencia. Además, de la poca disponibilidad de recursos de la cooperación y de préstamos internacionales en su mayoría otorgadas por la banca multilateral, debido a las graves violaciones a los derechos humanos de la población por parte del Estado nicaragüense, denunciadas y evidenciadas por organismos nacionales e internacionales.
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Población debe exigir transparencia
Las estrictas condiciones del BID para desembolsar los US$43 millones serían positivas porque las contrataciones “en cierta medida garantizarían la transparencia de los recursos para lo que fue concebido”, pero a su vez, generarán altos costos que se deberán cubrir con estos mismos fondos, lo que hará que la disponibilidad de recursos sea menor, de acuerdo al análisis.
Existen varios órganos fiscalizadores por mandato constitucional y de leyes orgánicas, como son la Contraloría General de la República, la Dirección General de Contrataciones del Estado instancia del Ministerio de Hacienda, y la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto. Pero se tratan de instancias en las que “ha quedado de manifiesto su inoperancia, falta de autonomía e independencia para fiscalizar los recursos públicos porque están bajo el control directo del gobierno de Ortega y sus operadores políticos”, se criticó en el análisis.
Será fundamental el seguimiento y monitoreo de parte de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, para que se haga el uso correcto de los recursos y rendición de cuentas de parte del Gobierno como del BID.
Entre las recomendaciones del análisis están que la ciudadanía use el mecanismo de “Política de disponibilidad de la información” del BID, para solicitar información para conocer de los avances del programa. Además, monitorear en el portal de datos del organismo, donde se reportan los planes de adquisiciones y las adjudicaciones.
Igual de importante sería que la ciudadanía y los medios de comunicación soliciten constantemente a las agencias que supervisarán el proyecto, como la OPS, Comisca y el PCI disponer al público los informes sobre cada fase de la ejecución de los recursos millonarios. La transparencia debe ser exigida sobre todo al Gobierno a y a los entes fiscalizadores, para que los recursos para la emergencia tengan el impacto esperado como es reducir el impacto del COVID-19.
