**A tres años de la protesta ciudadana: ¿Cuánto de las demandas de 2018 quedan en la bandeja del discurso electoral de 2021?
Expediente Público
Llegó abril de 2021. Atrás, quedan páginas escritas en sangre, fuego y lágrimas que evidencian que la memoria de los sucesos de abril de 2018, lejos de ser borrados u olvidados, están más vigentes que nunca, con una crisis de múltiples escenarios que se agigantan con cada mes de Daniel Ortega en el poder.
A juicio del sociólogo Óscar René Vargas, las reformas al Seguro Social que iniciaron las protestas de abril 2018 se convirtieron en seis crisis sin resolver: la económica, social, política, sanitaria, ambiental y la de legitimidad de la administración de Ortega y Rosario Murillo ante la comunidad internacional.
“Todo hace que el régimen (de Daniel Ortega) sea frágil. Solamente se sostiene en base a la columna vertebral que es la alianza entre los militares, policía y paramilitares”, afirma a Expediente Público.
El sociólogo también explica que la narrativa de las protestas o las propuestas del primer diálogo de mayo 2018, tendrán relevancia en este año electoral en dependencia de quién sea el candidato de la oposición.
“Si se buscan enterrar las cosas, no va a quedar nada, pero en el contexto general no se puede ocultar un descontento generalizado en la sociedad, la crisis social es profunda: desempleo, desigualdad, y qué queda, la capacidad de la población de manifestarse”, dice.
Vargas opina que los análisis dicen que Nicaragua, a raíz de 2018, entró a una década perdida económicamente. “El país no se va a recuperar si Ortega va más allá de 2021”,comenta.
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El país centroamericano continúa con asignaturas pendientes desde abril 2018, explica a Expediente Público, José Adán Aguerri, miembro de la Alianza Cívica y expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), “la recuperación de nuestros derechos, justicia, democracia, seguridad y progreso para todos, a tres años (de las protestas) la realidad es que seguimos sin tener luces de poder resolver esta situación”.
Memoria, normalización u olvido
Para el sociólogo Vargas, hay dos tendencias en la sociedad nicaragüense, una busca que sea normalizada la condición actual y no solamente se trata del régimen, sino también, de parte de algunos sectores favorables a una especie de orteguismo sin Ortega e incluso con él.
La otra tendencia la constituyen sectores que afirman que no se puede olvidar y está a favor de la justicia y la democratización del país, que implican mantener las reivindicaciones de abril 2018.
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En entrevista con Expediente Público, Monseñor Carlos Avilés, vicario de la Arquidiócesis de Managua, considera que pese al clima de represión “hay que decir la verdad y buscar la justicia, no podés vivir de rodillas, no podés doblar y quebrar tu espíritu, encerrarte, porque ya no sos vos, si ya te callás y te encerrás y no decís lo que sentís, eso no es vivir, tampoco irse a otro país, esconderte, estar bien económicamente, eso no es vivir”.
Ganadores y perdedores
Para Vargas, luego de tres años de crisis hay “gente que está a favor del orteguismo sin Ortega, los partidos políticos tradicionales, zancudos o nuevos zancudos”, aunque no acompañaron al movimiento social de abril 2018, pero que ahora tienen un rol relevante.
Los representantes políticos del gran capital fueron marcando la política del país después de septiembre de 2018, cuando la represión ahogó al movimiento social, porque son un bloque fuerte en las organizaciones opositoras como la Alianza Cívica.
A diferencia del acuerdo de «diálogo y consenso» de Ortega con el sector privado, desde 2007 hasta el estallido de la crisis en 2018, cuando las cuotas de poder del empresariado quedan en el área económica, ahora piden una cuota en el área política, pero Ortega no quiere ceder o hacerlo a medias, está “en la lógica que Ortega promueve la cohabitación, donde tendría que aceptar que el gran capital tenga una cuota de poder como la tuvo el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el pacto de 1999”, intuye Vargas.
La respuesta de Aguerri es que los empresarios han sido consecuentes desde 2018 demandando una salida política y criticando las violaciones a los derechos humanos, sostiene que la ruptura con el régimen se dio el 17 de abril, antes de iniciar las protestas, así que también han denunciado el asedio que afecta al liderazgo de la oposición, la crisis de los exiliados y el desmoronamiento económico.
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Además, en el segundo diálogo, tres de los seis miembros de la Alianza Cívica eran del sector privado, “logramos que 771 de 776 personas que estaban privadas de libertad fueran liberadas, logramos firmar un acuerdo que no ha cumplido el Estado, pero sigue vigente, en ese acuerdo están las demandas del sector privado y seguimos exigiendo lo que llamamos las dos carreteras, una reforma electoral y cambios de magistrados que le den confianza al sistema y el proceso electoral que nos viene encima, pero también que se restituyan nuestros derechos”.
Listen to «La insurrección de abril: un legado que permanece» on Spreaker.La oportunidad que dan las elecciones
Ortega podría dejar el poder a través de elecciones nacionales previstas para el 7 de noviembre del 2021, pero el proceso con las leyes que le permitirían escoger a los candidatos de la oposición, una estrategia acompañada de sectores a favor del orteguismo sin Ortega, mientras “la otra tendencia (por la democratización y la justicia) está muy fraccionada que no ha podido unificarse y esa es su mayor debilidad”, sostiene Vargas.
Aguerri, de la Alianza Cívica, considera que la ciudadanía tiene una oportunidad en noviembre de 2021 para salir de la crisis, sin embargo, la propuesta de los diputados sandinistas sobre un nuevo marco legislativo para los comicios es “una antireforma electoral”.
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“Si no hay respuesta a las dos carreteras, una decisión es saber si vale la pena ir a un proceso electoral”, dice el representante del sector privado en la Alianza Cívica, uno de los bloques opositores.
El mismo monseñor Avilés, a título personal, considera que “sería ridículo ir a unas elecciones sin condiciones y el partido que lo haga iría a justificar un fraude electoral”.
El religioso también recuerda que temas fundamentales del diálogo de 2018 fue el adelanto de elecciones, el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral, hacer un instituto de cedulación y gente apolítica en los consejos electorales, “sin eso nos encaminamos a otro fraude”.
Lo ideal para Ortega sería unas elecciones sin campaña y movilización social, pero las condiciones sociales con pobreza, desigualdad, falta de trabajo, de capacidad de compra de una canasta básica, dejan a Nicaragua en una situación explosiva, “la pregunta que uno se hace es cuál va a ser la chispa que encenderá la mecha, Ortega lo sabe bien, precisamente por eso mantiene la represión porque quiere evitar que la mecha se encienda”, analiza Vargas.
Por otra parte, “aunque Ortega no esté en el poder, no podría regresar porque va a quedar gente armada pensando que somos los culpables de todo lo que ha pasado, y que les caiga la justicia, nos van a ir eliminando como han ido eliminando a los jefes contras”, afirma Cristian Fajardo, uno de los principales líderes de las protestas de Masaya, actualmente en el exilio, Así como él, más de cien mil nicaragüenses han dejado el país desde 2018.
El escenario ideal para víctimas de la represión como Fajardo, quien fue apresado, juzgado y condenado por el régimen, es que todos esos grupos de oposición estén unidos no para una elección, sino, para exigir a la comunidad internacional obligar a salir del poder a Ortega y juzgarlo, y obligar al gran capital a que ponga de su parte, después de esto cree que lo mejor sería un gobierno de transición que reorganice al Estado.
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El autoconvocado cree que Ortega no entregará el poderfácilmente, porque las elecciones son ejercicios para países democráticos y no de dictaduras.
Antonia Urrejola, relatora especial para Nicaragua cuando estalló la crisis de 2018 y actual presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), asegura que “estamos examinando en detalle la propuesta de reforma electoral que ha circulado en los últimos días. Nuestra atención por el respeto de los estándares internacionales en materia de derechos políticos no nos alejará por un momento de la denuncia y seguimiento de la persistente impunidad y de los diversos patrones represivos que la CIDH, por medio de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), seguirá documentando, registrando y denunciando.
Legado del 2018
Monseñor Avilés indica que gracias a esa protesta se abrió el primer diálogo y con ello “vinieron organismos internacionales porque se necesitaba, todo el mundo acusa que el violento es otro, pero un árbitro internacional dijo que la violencia venía de tal parte y quedó bien claro en los informes y por eso el gobierno está pagando las consecuencias de la violencia de ese tiempo”.
Vargas considera que “abril de 2018 abrió una fisura importante en la alianza público-privado y la emergencia social de los ciudadanos autoconvocados que, aunque han asido reprimidos, son un elemento al que el régimen tiene temor por lo que mantiene la represión”.
“La crisis de abril demuestra que la sociedad estaba en una situación difícil para enfrentar los retos del futuro”, pero queda la interrogante qué va a permitir Ortega en estas elecciones, dice el sociólogo.
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Vargas expresa que no podemos saber qué va a pasar después de las elecciones de 2021, un nuevo tsunami social se va a presentar en este o el posterior período, el problema de Ortega es que si da la libertad de movilización, manifestación y expresión, teme que la gente vuelva a las calles, rotondas o plazas, pero ese nuevo tsunami social tendría la experiencia de abril de 2018.
