A diferencia de otros países latinoamericanos que también enfrentan altos índices de violencia de género, en Honduras, el fenómeno de la desaparición de mujeres y niñas pasa casi inadvertido. Pero las denuncias exigen mayor atención: desde el 2008 al 2016, al Ministerio Público se reportó el extravío de 2,342 mujeres y niñas.
El desconocimiento sobre la problemática es general y su abordaje es insuficiente. A pesar que las denuncias se han incrementado en un 356% desde el 2008, el Estado no reconoce este fenómeno y carece de un registro formal de personas extraviadas, ni siquiera cuenta con un protocolo especial de búsqueda. Lo que también vuelve más complejo su estudio.
Las feministas son las únicas en aproximarse al tema y aunque carecen de datos, son ellas quienes han documentado algunos casos, sobre todo al evidenciar las intrincadas búsquedas de los familiares de las víctimas. Pero en medio del desconocimiento general sobre el tema, las denuncias permiten suponer la dimensión de lo que ocurre.
A pesar de no contar con un registro formal -como existe en México, en el 2008, el Ministerio Público recibió 91 denuncias, las cuales aumentaron año tras año, hasta registrar 415 solo en el 2016. En total, en los ocho años se reportaron 2,342 denuncias de mujeres y niñas desaparecidas.
Documentación
En San Pedro Sula trabaja el Foro de Mujeres por la Vida, prácticamente la única organización que denuncia estas desapariciones y la falta de respuesta del Estado. Son ellas quienes documentaron que de los 354 casos reportados en 2014, el 47% se refirió a la desaparición de niñas que tenían entre 14 y 18 años. Denuncias que fueron interpuestas desde 36 de los 298 municipios de Honduras.
No hay mucha más información oficial que la anterior, evidenciando la poca respuesta de la Secretaría de Seguridad y del Ministerio Público para atender estas desapariciones. Por lo tanto, resulta imposible saber cuántas de las más de dos mil mujeres y niñas reportadas, permanecen extraviadas o fueron encontradas, vivas o muertas.
«Si hay tanta impunidad cuando existe un cuerpo alrededor del cual investigar, cuando no hay un cuerpo es como que no existiera. La gente lleva una foto y la pega en la morgue, ese es el protocolo de búsqueda. Las autoridades son tan irresponsables que muchas veces dicen que la mujer pudo haber sido víctima de trata y que luego la encontrarán. Pero raras veces ponen alertas migratorias, no hay protocolo», comentó Neesa Medina, una feminista que trabajó durante ocho años en el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
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Sobre las alertas migratorias, la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol), mantiene en aviso la desaparición de 157 hondureñas, de las cuales 133 son menores de edad. Cabe destacar que de las 1,255 personas buscadas como extraviadas por la Interpol a nivel mundial, el 12% son mujeres y niñas hondureñas.
Deducciones
El Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) es el único ente especializado del país que estudia de forma sistemática y multidisciplinaria las muertes violentas de mujeres y femicidios ocurridas en Honduras. Pero esta instancia no cuenta con un sistema de información alrededor de las mujeres y niñas desaparecidas.
«No llevamos este tema, porque eso significaría crear un sistema que surja de una propuesta al Consejo de Investigación Científica de la UNAH. Me encantaría que estudiáramos los casos de las desaparecidas. Es importante porque se liga con la delincuencia organizada, también con las exhumaciones. Hemos logrado avanzar en varios temas, pero para ello debemos crear plataformas y eso lleva tiempo», explicó Migdonia Ayestas, directora del ONV.
La falta de respuesta estatal da paso a las suposiciones. Primero, las organizaciones feministas argumentan que en los últimos años, los patrones de las muertes violentas de mujeres y femicidios han cambiado. Una pauta que han identificado es que muchas víctimas, antes de ser asesinadas, son interceptadas en lugares públicos o son sacadas violentamente de sus casas, para desaparecerlas inicialmente.
Las organizaciones suponen que el incremento de estos casos, coincide con el aumento de los cementerios clandestinos, una modalidad utilizada por el crimen organizado desde hace varios años. Como ejemplo, solo en el 2016, en la Costa Norte se encontraron 33 fosas clandestinas.
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La misma titular de la Dirección General de Medicina Forense (DGMF), Julissa Villanueva, reconoció el año pasado que tienen conocimiento que existen cementerios clandestinos a lo largo y ancho del territorio nacional, «sin duda alguna hay cementerios clandestinos en toda Honduras», dijo.
La instancia que dirige Villanueva es la encargada de realizar las exhumaciones, encontrándose con frecuencia con cuerpos de mujeres reportadas previamente como desaparecidas. Solo en el 2017 realizaron 196 exhumaciones en el país, demandadas por los órganos judiciales para esclarecer hechos delictivos en proceso de investigación.
Uno de los casos hallados a través de las exhumaciones realizadas el año pasado, se dio el 21 de julio, cuando los forenses encontraron los cuerpos de tres mujeres enterradas en un cementerio clandestino. Las jóvenes llevaban más de dos semanas reportadas como desaparecidas.
Casos como estos son los que la feminista Neesa Medina argumenta para comentar que la desaparición de mujeres es también una de las variables que se esconden detrás de la reducción de las muertes violentas de mujeres y femicidios en Honduras, las cuales descendieron en un 26% entre el 2013 y el 2016.
La feminista explica que durante ese mismo periodo, las denuncias de desapariciones aumentaron en un 20%. Por lo que se piensa que muchas de las mujeres extraviadas podrían estar enterradas en fosas clandestinas.
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Otra hipótesis refieren a casos de mujeres y niñas que emigran a otros países, sin anunciar a sus familiares, quienes las reportan como extraviadas. O de víctimas que son utilizadas para la trata, secuestradas o asesinadas durante el trayecto migratorio. Durante la investigación de Expediente Público, ninguna de las fuentes comentó el tráfico de órganos y niños como uno de los motivos, como se ha dicho en otros espacios. «Son muchas las mujeres secuestradas por los narcos. Ha habido una red de trata que secuestra a jóvenes, desde Honduras hasta México. Ahí no podemos hacer mucho, porque sería enfrentarse al narco. Cuando hablamos del narco, no nos referimos a las pandillas, son más fuertes», comentó Marta Peñalba, una de las fundadoras del Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños (MOMUCLAA). «Se lo digo por experiencia, yo he sido secuestrada tres veces, cuando emigré siendo una jovencita. Una vez estuve encerrada en una casa de seguridad, pero logré escapar. Los narcos me habían capturado para ser una esclava sexual. Las jóvenes centroamericanas son un blanco perfecto para la prostitución», comentó otra de las feministas del MOMUCLAA, desde su sede en Choloma. De acuerdo a la Pastoral de Movilidad Humana, unos cinco hondureños desaparecen mensualmente en la ruta hacia Estados Unidos. En los últimos 15 años, se estima que se ha perdido el rastro de más de tres mil compatriotas emigrantes, de quienes no hay datos desagregados por sexo. «En muchas ocasiones las desapariciones y ejecuciones de los emigrantes ocurren sin que sus familiares tengan acceso a la información sobre lo que les ocurrió, ni puedan realizar una investigación sobre lo acontecido. Ante este fenómeno, en Honduras, los familiares de las personas migrantes se han organizado en comités con el objetivo de exigir la verdad y la justicia», explicó el Foro de Mujeres por la Vida. Un informe del Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios, resaltó en el 2015 que, «los familiares de las personas desaparecidas no encuentran respuesta ni en la Dirección de Asuntos Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ni en el Ministerio Público y tampoco en el CONADEH. Si una persona tiene el reporte de una persona desaparecida o secuestrada en México o Estados Unidos, no tienen manera de accionar un mecanismo de búsqueda inmediata desde Honduras». De las organizaciones de familiares que buscan a sus parientes, destacan el Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO) y el Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras (COFAMICENH), entre otras, instaladas en diferentes regiones del país. |
Abordaje
Frente a esta problemática, las feministas también tienen un largo camino por recorrer. Una prueba es que la propuesta de la «Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres», formulada por las organizaciones, no incorpora el tema de la desaparición de mujeres, niñas y emigrantes hondureñas.
El documento apenas lo incluye en su exposición de motivos: «El contexto de Honduras continúa presentando datos alarmantes sobre diversas formas de violencias contra las mujeres. En las manifestaciones más conocidas de este tipo de violencias, como la sexual, la doméstica o los femicidios, se puede constatar cómo los niveles de incidencia se mantienen o aumentan. Sumando a lo anterior y complejizando la situación, en la actualidad se identifican de manera significativa distintas formas de violencias como la desaparición de mujeres y la trata».
Como sucede con otros temas referentes a la violencia de género, el trabajo de incidencia recae en las organizaciones de mujeres, quienes ven en la carga de sus agendas, una dificultad para empujar todos estos temas, «nosotros no abordamos las desapariciones, sabemos que acá se dan seguido, pero es que a nosotras el tema laboral nos absorbe. Para investigar las mujeres desaparecidas, hay que saber cómo hacerlo», comentó María Luisa Regalado, coordinadora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), una organización ubicada en Choloma.
Si bien el Estado aprobó en marzo de 2012 el delito de desaparición forzada dentro del Código Penal, y cada 30 de agosto el tema reluce medianamente con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las organizaciones de mujeres consideran necesario instalar un protocolo especial para atender las denuncias de extravío de mujeres y niñas.
«Debemos posicionar y abrir el tema de las desaparecidas, pero no tenemos datos. Aunque sabemos que es necesario que haya un protocolo que modifique el reporte de las desapariciones, ya que actualmente solo se puede denunciar después de las 48 horas, pero consideramos que las primeras 24 horas son fundamentales. En dos días el victimario tiene el tiempo de hacer lo que quiera», comentó Jéssica Sánchez, una de las feministas más activas del país y directora del Grupo de la Sociedad Civil (GSC).
De acuerdo al Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Honduras se encuentra dentro de los 13 países con la tasa más alta de impunidad en el mundo. Las feministas argumentan que solo uno de cada 10 femicidios es sentenciado.
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Con los datos anteriores, no se creería necesario que el victimario desapareciera el cuerpo de una mujer o una niña para mantener impune su asesinato. Pero el aumento de las denuncias evidencia que las desapariciones no son una práctica del pasado. Probablemente han cambiado los motivos y los victimarios, pero la impunidad permanece intacta y el cuerpo sigue siendo la principal evidencia de un posible crimen.
