A diferencia del ejército y la policía sandinista, la Resistencia Nicaragüense tuvo que entregar todas sus armas para lograr la paz después de una década de conflicto. 

La desmovilización, el desarme y la inserción a la vida civil de los más de 30,000 efectivos y 116 comandantes de la Resistencia Nicaragüense en mayo de 1990 puso fin a la guerra civil que enfrentó a miles de campesinos e indígenas con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que impulsó una revolución de izquierda en la década de 1980. 

La transición a la vida civil de los contras fue un proceso complejo marcado por la revancha. Durante los dos primeros años del gobierno democrático encabezado por Violeta Barrios (1990-1997), que ganó la contienda electoral de 1990 al partido sandinista, fue el periodo en el que más excombatientes resultaron asesinados por la Policía y el Ejército que hasta hoy refieren su origen y tendencia sandinista.  

Desde entonces, en el lapso de 29 años, alrededor de 1,000 excontras han fallecido de forma violenta según revelaron a Expediente Publico varios sobrevivientes de ese movimiento armado. Casi nadie ha obtenido justicia por estas muertes.  

Con la entrega de las armas muchos firmaron su sentencia de muerte 

“Cuando la resistencia se desarmó, nosotros sentimos que no estábamos bien porque teníamos al enemigo siempre de frente y lo sentíamos bastante descontrolado”, cuenta a Expediente Publico, Benito López, antiguo “correo”, es decir, mensajero de la resistencia en el municipio de El Almendro, del departamento de Río San Juan, fronterizo con Costa Rica, donde se desmovilizó el 80% de los alzados. 

López recuerda que “en el parque municipal de El Almendro hicieron un gran hueco, y echaron un líquido que derretía nuestras armas, nosotros sentíamos en el aire que ya no éramos nada en ese momento”, sobre todo porque había pocos cambios en las estructuras del Estado heredadas de la Revolución Sandinista. 

 

 

Por otra parte, resultó una tarea titánica para el nuevo Gobierno dar respuesta a una población que incluía, además de los armados, a colaboradores; familias y allegados de los desmovilizados que habían sido afectadas directamente por el conflicto, desplazados, discapacitados por la guerra o personas que perdieron a algún familiar cercano.

Para garantizar la reubicación de más de 605 mil personas, como reportó el gobierno de Violeta Barrios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se creó la Comisión Nacional para Desplazados, Desmovilizados, Refugiados y Repatriados, adscrita a la Presidencia de la República, cuyo objetivo era diseñar y aplicar un programa de reconciliación nacional y rehabilitación económica y social.

Hubo dos tipos de desmovilización, la interna a cargo de la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación de la Organización de Estados Americanos (CIAV-OEA) y la externa bajo la responsabilidad del Grupo de Observadores de las Naciones Unidas en Centroamérica (ONUCA, por sus siglas en inglés). Esta última se encargó de repatriar de Honduras a lisiados, heridos, mujeres viudas y solteras con hijos que tenían sus parejas dentro de Nicaragua.  

La complejidad de la desmovilización implicó la organización tanto de la ONUCA como de la CIAV/OEA, para poder dar atención a todos, porque además de la desmovilización, estaba la reintegración de los miles de familiares o personas dependientes y colaboradores de los combatientes, esto en términos poblacionales significaba atender a casi el 20 por ciento del país, pues el total de nicaragüenses alcanzaba los 3 millones, en esa época. 

Los acuerdos de Sapoá y las elecciones 

Los contras no participaron en la contienda electoral que derrocó al FSLN. A pesar de esto, tanto los combatientes como sus dirigentes en Honduras sintieron que el triunfo de la Unión Nacional Opositora (UNO), que encabezaba Barrios y que aglutinaba a todos los partidos opositores al régimen sandinista, sintieron que era una conquista de ellos, según afirman un grupo de excontras de El Almendro, Río San Juan, entrevistados por Expediente Público. 

Las negociaciones del gobierno sandinista con la contrarrevolución armada, desde el primer acuerdo en Sapoá en marzo de 1988, no incluyeron la posibilidad de que las fuerzas militares de la contra y sus bases sociales participaran de las elecciones, mientras las fuerzas militares y policiales del sandinismo sí sufragaron. “A nosotros no nos permitieron votar”, se lamenta una excontra de El Almendro. 

El acuerdo final para el desarme total de las fuerzas de la contra se hizo en el aeropuerto de Toncontín, Honduras, el 23 de marzo de 1990. Con el recién electo gobierno de la UNO, los mandos del Ejército y la Policía controlados por el sandinismo, se comprometían también al cese al fuego   

 Además, los jefes de la contra pedirían a sus tropas en Honduras que se desarmaran antes del 20 de abril y reconcentraron a sus miembros en las zonas de seguridad establecidas en Nicaragua. Una de las más emblemáticas fue precisamente el municipio de El Almendro, Río San Juan. 

El nuevo Gobierno se comprometió a crear programas de ayuda para su rehabilitación y reinserción en la sociedad civil, según reza el documento de Toncontín. 

 “Todas esas mujeres, lisiados de guerra, comandos, que no pudieron venir a la hora del desarme, nosotros los sacamos con las Naciones Unidas para Nicaragua y fueron repatriados pero con carnet de desmovilizados”, afirma a Expediente Público, el excombatiente de la resistencia Germán Zeledón, alias comandante Enano.  

Todo el proceso de desmovilización fue encabezado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Honduras, por la ONUCA dentro de Nicaragua, y posteriormente el seguimiento para la reinserción estuvo bajo el cuidado de la OEA. 

“La inserción consistía en repartir láminas de zinc, clavos, ropa, zapatos, les daban proyectos de vivienda como uno que se hizo aquí en (la ciudad de) Jinotega, en el barrio Los Ángeles, donde están todos los desmovilizados o el del barrio La Curva, eso fue lo que hizo la OEA”, enfatiza. Zeledón. 

El proceso de reubicación y la inseguridad de los excontras 

La reinserción no solo requería un plan de ubicación, necesitaba también un proceso de seguridad que no fue posible cumplir pues no se impuso un estado de derecho que garantizara la independencia de poderes creados por el sandinismo y con ello se implementara un proceso imparcial para enfrentar a los bandos en guerra en una contienda que dejó, según cifras estimadas, entre de 30,000 y 50,000 muertos. 

Algunos entrevistados de la Resistencia Nicaragüense, aseguran que la complacencia de las nuevas autoridades democráticas al no cambiar las estructuras heredadas del sandinismo, hacía más difícil controlar la violencia hacia sus compañeros desmovilizados. 

Muy poco podía hacer el Gobierno por la seguridad de los recién desarmados si el Estado y sus órganos como el Ejército y la Policía continuaban en manos del sandinismo que, a pesar de su derrota electoral, seguía controlando mediante un acuerdo que se había hecho con el FSLN con el entonces ministro de la Presidencia Antonio Lacayo para dejar las estructuras intactas del Ejército y la Policía a cambio de reducir la cantidad de efectivos, acusa Zeledón. 

“El proceso de incorporación de los desmovilizados a la sociedad nicaragüense ha sido complejo. Durante los meses de octubre y noviembre de 1990 se produjeron graves incidentes debido a diversas acciones llevadas a cabo por los desmovilizados ante lo que ellos presentaban como acciones hostiles de la Policía y del Ejército en contra de ellos, así como por la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.  Los problemas, sin embargo, han continuado especialmente en lo referido a la seguridad de los desmovilizados”, señalaba un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) de 1990. 

La CIDH afirmaba que organizaciones nicaragüenses mencionaban que uno de los asuntos más graves para la contra era la permanencia en la Policía y el Ejército de personas acusadas de graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno sandinista de la década de los ochenta.   

Hasta abril de 1991, a un año de haberse instalado el gobierno de Barrios, la CIAV–OEA había tramitado denuncias sobre la muerte de 35 desmovilizados, la desaparición de cuatro y 186 detenciones arbitrarias en relación con los derechos y garantías de los desarmados de la contra. 

El Gobierno reaccionó dando respuesta a algunas de las demandas de los desmovilizados e incorporado a dos de sus dirigentes en posiciones de importancia dentro del Estado, como el comandante Rubén Sobalvarro y Franklin Galeano, ambos del alto mando de la contra.  

En julio de 1991 los problemas se agudizaron por la toma del poblado de Quilalí, Nueva Segovia, a 263 kilómetros al norte de Managua, por parte de un grupo de desmovilizados, nombrados como «recontras», en este mismo municipio fue donde en 1980 se levantó para combatir al sandinismos el primer grupo contrarrevolucionario.  

Dos policías y dos combatientes murieron en ese enfrentamiento en julio de 1991, lo que incrementó las tensiones del proceso de desmovilización con garantías. 

Según expresaron dirigentes de los desmovilizados a organismos de derechos humanos y a la CIDH, sus derechos “estaban siendo violados por la Policía y el Ejército« y esta inseguridad provocó “la reacción de la recontra de rearmarse para protegerse”.   

Autoridades del Ejército y la Policía, por su parte, señalaron a la CIDH, según su informe publicado en 1991, que no solo eran los desmovilizados los que estaban en situación de inseguridad, los excontras habían dado muerte a más de 60 dirigentes del Frente Sandinista en venganza, y además, aseguraron que era la Policía la que más estaba siendo sometida a presiones.   

La aparición de los «recompas»

“Consecuente al proceso de paz que se había iniciado y con la perspectiva de otros problemas sociales, se procedió a la reducción y reestructuración del Ejército Popular Sandinista (EPS). De esta manera, de abril a mayo de 1990 pasaron a la condición de retiro aproximadamente 55,000 miembros”, expresa en su Memoria 1979-2009, el Ejército de Nicaragua. 

Desde antes del triunfo sandinista, los guerrilleros se hicieron llamar “compañeros” para diferenciarse de la extinta Guardia Nacional de Somoza. El diminutivo “compa” se hizo popular entre la población y es así como fueron conocidos para referirse a los soldados del nuevo ejército. Miles de soldados y oficiales quedaron a la deriva con la reducción de tropas y crearon, luego del fin de la guerra, grupos armados denominados como “recompas”. 

Según información proporcionada a la CIDH, a finales de 1990, “antiguos miembros del ejército han obtenido armamento y han comenzado a operar, autodenominándose los recompas, incrementando de esta forma el potencial de conflicto especialmente en la zona norte de Nicaragua”. 

Sin embargo, para varios miembros de la extinta contra, los “recompas” fueron una fuerza creada y mantenida por el Ejército para que se enfrentaran a los rearmados de la resistencia y de esta manera tomar distancia de los asesinatos ejecutados contra ellos. 

Para Zeledón los recompas surgen apoyados por el ejército “para contrarrestar al gobierno de doña Violeta (Barrios) y matar a los contras, por eso se arman nuevamente. Luego surgen los revueltos que decían eran de la contra y del ejército, pero no es verdad, eran los mismos recompas, de revueltos no había nada porque ellos andaban con su filosofía de Daniel (Ortega) y Sandino”.  

Por otra parte, aunque la Seguridad del Estado desaparece al asumir Violeta Barrios, sus principales dirigentes pasan a formar parte del Ejército de Nicaragua y desde allí, según afirmó a Expediente Público un exfuncionario, “se continúa aplicando la teoría de la represión y la selección específica para matar a uno que otro exmiembro de la contra durante la postguerra”.  

La Seguridad del Estado era en la década de los 80 un órgano que dependía directamente de algunos mandos de la dirección nacional del FSLN, como Tomás Borge, quien era ministro del Ministerio del Interior (MINT), pero quien la dirigió por muchos años fue el entonces coronel y exguerrillero Lenín Cerna, compañero de celda de Daniel Ortega entre 1967 y 1974, por oponerse al régimen de Somoza y quien se integró al ejército posterior a la derrota sandinista en las elecciones de 1990. 

Con esto el aparato de inteligencia se integró al ejército, al respecto la CIDH expresa a finales de 1990 que “ha escuchado con preocupación serias alegaciones sobre la manera parcializada con que han venido procediendo las fuerzas de seguridad que, según se afirma, han tendido a convertirse en un Estado dentro del Estado, actuando a consumo con un partido político determinado y en desmedro de la autoridad civil del Gobierno constitucional democráticamente electo”. 

La Comisión Interamericana citó la Resolución AG/RES. 1044 (XX-O/90) de la Asamblea General de la OEA en su informe de 1991 en la cual indica: 

“Que el régimen de la democracia representativa es fundamental para el establecimiento de una sociedad política donde se puedan realizar plenamente los derechos humanos y que uno de los elementos esenciales de tal régimen es la efectiva subordinación del aparato militar al poder civil”. 

No todas las armas fueron entregadas 

“Doña Violeta (Barrios) me invitó a ser parte del Estado Mayor del Desarme cuando se formó la Brigada de Desarme. Yo fui recomendado por parte de la resistencia, porque como yo era instructor militar, necesitábamos ser parte de esa instancia para que el sandinismo no nos diera ‘atol con el dedo’ (engaño), porque sí hubiesen mandado a otro tipo de gente a manejar la brigada de desarme, los sandinistas son tan hábiles que ellos nos hubieran mandado a nosotros. ¿Qué hicimos?, aceptamos la brigada, pero si nosotros mandábamos”, cuenta Zeledón. 

Esta brigada no solo trabajó en las zonas de guerra (norte, centro y sureste del país) en la búsqueda de armamento y zonas de alta influencia de la resistencia, sino, en todo el país.  

Según Zeledón, encontraron buzones en Catarina, Masaya, a 27 kilómetros de Managua, el lugar menos esperado por la brigada. 

“En Masaya, fue donde menos pensamos en poner un puesto de desarme, pero fue allí donde encontramos un buzón con más de 2,000 armas. ¿De quiénes podían haber sido esas armas?, del Frente Sandinista. En León pusimos un puesto, y cuando hubo la erupción en 1992, del Cerro Negro, ubicado en León, a 90 kilómetros al occidente de Managua, se encontraron más de 5,000 armas. ¿Qué significa eso? Que toda esa gente tenía armas en el Pacífico porque ellos siempre tenían en mente tomar las armas”, enfatiza. 

De hecho, el 23 de mayo de 1993 explotó un arsenal de armas en una zona residencial de Managua, el barrio Santa Rosa, el buzón pertenecía a la agrupación terrorista vasca ETA, pero el Gobierno de Nicaragua lo vinculó al salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en febrero de 1997 también se descubrió un deposito similar en la finca en la comunidad Las Jagüitas, aledaña a la capital, propiedad de Pilar Aguilar Loáisiga, un exmayor de mayor en las fuerzas de seguridad sandinistas. 

Los múltiples asesinatos a los contras de los primeros años de postguerra 

“El problema de nuestra gente, es que la mayoría es del campo. El 90% de la conformación de la resistencia eran campesinos y un 10% podríamos decir que éramos de la ciudad. ¿Qué sucede?, que ellos regresaron confiados al campo. Hubo comandos (reclutas) que iban a una actividad, a una fiesta y ya tomado (ebrio), se aprovechaban y lo mataban. A veces se iban a un bar, como mataron a Fernando (un excontra). La Policía justificaba que los mataban por andar de borrachos, ellos siempre buscan una justificación para matar a nuestros combatientes”, reflexiona Zeledón con tristeza. 

Entrevista a Germán Zeledón, alias «El comandante enano» from Expediente Público on Vimeo.

Y amplía: “Aquí (en Jinotega) han matado a un sinnúmero de personas, a quienes le hacen el montaje de drogas y a comandos veteranos los mantienen vigilados con sus sistema de seguridad. Cuando a más comandos mataron fue entre 1990 y 1995. Y soy testigo porque cuando yo estuve en el desarme, nos emboscaron los recompas varias veces el vehículo, y solo a nosotros nos mataron a más de diez personas”.  

Para el excontra Zeledón la falta de defensa de sus compañeros de armas, se debía a que el Gobierno creía en la reconciliación y por ello, las políticas de defensa eran muy suaves y afirma que quien defendía el actuar del ejército era Antonio Lacayo, entonces ministro de la Presidencia y yerno de la mandataria Violeta Barrios, quien falleció en un accidente civil de helicóptero en 2015. 

“Lacayo le dispensó muchas cosas al ejército, les regaló los helicópteros, les regalaron todo y ellos mismos financiaron a esta gente armada para matar a los contras porque no los pudieron matar en combate”, asegura. 

En la edición de septiembre de 1991, la Revista Envío, editada por la Universidad Centroamericana en Managua afirmaba: “Aunque algunos desmovilizados se les corren a los recontras por temor a que los «recluten» y aunque otros mantienen con firmeza que lo único que quieren es trabajar, otros se dejan arrastrar por los que les ofrecen de nuevo una guía segura y la posibilidad de reconstruirse y de darse a respetar. Un arma y una organización armada hacen nuevamente poderoso al que se sentía impotente. Muy manipulables, los soldados de la recontra repiten sin cesar la consigna: ‘Todo se resolverá cuando el ejército sandinista sea desmovilizado’«.  

Estados Unidos pide aclarar la muerte de 200 comandos  

Según registro de la base de datos de Expediente Abierto,  Estados Unidos condicionó en 1992 su ayuda económica a Nicaragua, valorada en más de 100 millones de dólares a cambio de aclarar la muerte de más de 200 excontras a manos de los órganos de la Policía y el ejército. La demanda no prosperó, pero la cooperación continuó. 

 “Además que nos mataron a mucha gente, durante los gobiernos democráticos nunca nos dieron un lugar a nosotros”, asegura Zeledón. 

Sostiene que los gobiernos que surgieron en la postguerra descuidaron el sistema de seguridad de Nicaragua, que incluyen el Ejército, la Policía y el Poder Judicial. “Este último aplica la norma, la Policía es el órgano coercitivo para castigar las violaciones al orden público y el Ejército refuerza a ambas instancias y garantiza la soberanía”, aclara el también abogado. “Todas estas instancias quedaron en poder del sandinismo como partido político”, acotó. 

 En Nicaragua no se cambiaron  a todos los mandos del ejército ni del Ministerio de Gobernación, antes MINT. “Nosotros teníamos entrenamiento para poder asesorar a ambas instancias, pero no fuimos incluidos. La contra hubiere ayudado en ese sentido para decir cómo tenían que haber cambiado las estructuras. El soldado de la contra fue buen guerrillero, pero en su gran mayoría por su procedencia campesina, lo que más querían era dejar las armas y regresar a sus labores agrícolas. Pecamos de confiados”, dice Zeledón. 

 “Recién me integré a la vida civil, una vez, iba por la calle central de Jinotega con mi esposa, cuando éramos novios, y me sale un sandinista y me dice: ‘perro guardia’, y me salen otros dos. Yo guardaba mi arma corta todavía porque era parte del destacamento de desarme y eso me salvó, cuando la mostré se detuvieron. La historia no la podría contar si no hubiese andado mi arma legal de reglamento. Así era en los primeros años”, recuerda Zeledón. 

 “Yo le decía a un comandante que se llama Juvenal, que esa luz de ese contra en la colina a quien han asesinado durante los últimos 29 años, no se debe apagar, porque nos están matando. Otros están muriendo de viejos, otros ya han cambiado hasta su filosofía, pero esa colina, de ese contra permanece encendida porque los hijos están siguiendo sus pasos por la libertad y (porque) nos quieren imponer una dictadura”. 

 “Nosotros quitamos con las armas a un Gobierno para que hubieran elecciones libres. No dijimos quitate tú para ponerme yo. Entregamos el país como nacionalistas. Una de las bases importantes de la contra es que nosotros teníamos convicción, no como los sandinistas, quienes dogmatizaban a sus miembros con la idea del comunismo. Nuestra gente era instruida en qué es nacionalismo, qué es patriotismo, qué es democracia, qué es Constitución y a la gente nuestra nadie la engaña”, afirma Zeledón.  

 Según el excontra, todos los comandos fueron entrenados para defender los principios democráticos. Cuenta que recibieron entrenamiento sobre derechos humanos. Luego de acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos que les hizo a nivel internacional el gobierno sandinista,} y reconocidas algunas prácticas por los comandos, la alta dirigencia integró en su estrategia de lucha el tema e integraron una comisión con las estructuras de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). 

“Ellos (la CPDH) estaban en la contra con nosotros y el Frente Sandinista nunca tuvo dentro de sus estructuras una dirección de Derechos Humanos”, reitera el comandante Enano. 

Actualmente, de acuerdo a información recabada por Expediente Público, en el municipio de Bocay, Jinotega, a 240 kilómetros al norte de Managua, una de las comunidades con una importante base social de excontras, se ha vivido y se vive aún mucha represión de parte del Estado, porque los jóvenes están siguiendo los pasos de sus padres y familiares que se movilizaron en la Resistencia Nicaragüense.   

“En esa comunidad hay muchos contras y esa luz no se debe apagar, porque esta lucha es la única lucha por la democracia no sólo de Latinoamérica que ha triunfado y que no fue para quitar a unos en el poder y ponernos nosotros en el poder. Se entregaron las armas, nosotros no fuimos como el Frente Sandinista que quitaron a Somoza con las armas y ellos llegaron con las armas y se quedaron en el poder”, concluye Zeledón.