*Bajo justificación de “combate a la corrupción”, el oficialismo salvadoreño destituye a cientos de funcionarios judiciales mayores de 60 años y deja vía libre para sustituirlos por afines al Poder Ejecutivo.
**Oposición Política y sociedad civil ven la medida como una consolidación del control autoritario de Bukele sobre el poder judicial y la pérdida de su independencia.
Expediente Público
De manera sorpresiva y bajo la figura de “dispensa de trámite”, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, reformó la noche del martes 31 de agosto la ley de la Carrera Judicial y ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para mandar a retiro a todos los jueces y fiscales mayores de 60 años, bajo justificación de “combate a la corrupción”.
Diputados opositores y organizaciones de la sociedad civil han calificado el hecho como “un nuevo golpe” a la independencia judicial y al Estado de Derecho en este país centroamericano.
Tras la aprobación de las reformas, que apenas fueron discutidas unos minutos en el parlamento, el mandatario se declaró “orgulloso” de sus diputados y los felicitó por “tener la valentía de ir, paso a paso, cambiando lo que está mal en nuestro país”.
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Desechan a funcionarios de 60 años
La reforma a la Ley de la Carrera Judicial amplía las facultades a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de hacer traslados y obliga a “magistrados de cámara, jueces de primera instancia y jueces de paz” de 60 años o más a cesar “inmediatamente en el ejercicio de sus funciones”.
La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía faculta al fiscal general hacer traslados temporales o permanentes “por razones justificadas de conveniencia del servicio o por complejidad y especialidad de los asuntos que se traten en una determinada unidad”.
La modificación de ley también obliga a finalizar la carrera de los fiscales a los 60 años, excepto del fiscal adjunto, auditor y secretario.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro lo justificó así: “Desde hoy, el Órgano Judicial cambia para siempre. No más jueces corruptos. No más justicia a la medida de grupos de poder. El Órgano Judicial será transformado. La justicia debe ser igual para todos, sin responder solo a grupos de poder”.
“Se tambalea el sistema construido a partir de 1992. Se tambalea ese sistema de injusticia, inequidad y de multiplicación de la pobreza”, agregó.
Luego al referirse a los fiscales, denunciaba que en la Fiscalía General de la República hay 93,000 casos engavetados desde 2003, sin trámite o “en proceso”.
“Miles de familias que nunca vieron justicia y cuyos intereses fueron olvidados por la inoperancia de una institución”, dijo Castro.
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Alarma entre la oposición
Durante la sesión legislativa de la noche del martes, el diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, calificó la reforma a la Ley de la Carrera Judicial como un “tiro de gracia a la independencia judicial”.
“Lo que están haciendo es dándole el tiro de gracia a la independencia judicial en El Salvador. Ojalá que el Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Unión Europea, sus organismos fiscalizadores del debido proceso y derechos humanos, lo van a entender muy bien”, dijo el diputado opositor.
Portillo Cuadra acusó al partido Nuevas Ideas de pretender “controlar todo el Órgano Judicial poniendo jueces y magistrados afines al gobierno de turno”.
La también diputada opositora, Anabell Belloso, del izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN) señaló que “con la iniciativa, Nuevas Ideas se hará del control total del Órgano Judicial y socavará la independencia judicial”.
“Denunciamos un nuevo golpe de Estado por parte de Nuevas Ideas para hacerse control total del poder judicial. Nuevas Ideas arremete contra la independencia judicial y busca trasladar a jueces a conveniencia sin que exista causa justificada, cesar inmediatamente a jueces que hayan cumplido 60 años de edad o 30 años de servicio y trasladar a jueces para favorecer procesos”, denunció Belloso.
Adiós independencia judicial
La diputada de izquierda denunció que uno de los jueces que quedaría cesado con la reforma aprobada es el Juez que lleva el caso de la masacre de El Mozote, un caso emblemático de la Guerra civil salvadoreña.
En diciembre de 1981 un batallón especial de las Fuerzas Armadas de El Salvador ejecutó una masacre en varias comunidades del norte del departamento de Morazán, hecho que aun se encuentra en proceso de investigación.
La diputada del Partido Vamos, Claudia Ortiz, calificó las reformas como una “afectación a la independencia judicial”.
“La reforma abre la posibilidad de castigar a jueces independientes con traslados a otros tribunales. Por supuesto que el Órgano Judicial necesita depurarse, pero así no es la manera”, dijo Ortiz.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha denunciado anualmente, en sus informes de Derechos Humanos, al sistema judicial salvadoreño por corrupción.
También criticó la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el pasado 1 de mayo y del Fiscal General.
El 1 de mayo pasado, la actual Asamblea destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General, sustituyéndolos con funcionarios afines al partido de Gobierno.
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Sociedad Civil: “segundo golpe a la independencia judicial”
Organizaciones de la sociedad civil reaccionaron con fuertes críticas a la reforma judicial y fiscal del presidente Bukele.
“Estas reformas son un instrumento para controlar políticamente a los jueces y magistrados de segunda instancia y anular su independencia», dijo la directora de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Marjorie de Trigueros, en declaraciones a periodistas.
“Se trata, por lo tanto, de un segundo golpe de gran envergadura contra la independencia judicial, para lo cual se utilizará a la Corte Suprema que se ha integrado mayoritariamente con magistrados nombrados inconstitucionalmente por la actual legislatura”, subrayó.
Por su parte, la organización de derechos humanos Cristosal, difundió un comunicado en el que calificó las reformas como “una continuidad del golpe de Estado consumado el 1 de mayo pasado”, y las rechazó porque “suponen un grave atentado a la independencia judicial”.
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“Además de allanar el camino para consolidar un Sistema judicial adhoc a los intereses del Órgano Ejecutivo, las reformas asestarían un duro golpe a uno de los casos de justicia transicional del continente: el proceso judicial por la masacre de casi mil personas en el caserío El Mozote y localidades aledañas”, dice el comunicado de Cristosal.
El abogado constitucionalista, Enrique Anaya, explicó a periodistas que “la reforma a la Ley de la Carrera Judicial es inconstitucional, tanto de forma porque los diputados no tienen iniciativa de ley en materia judicial, como de fondo, por discriminación negativa arbitraria”. “La reforma a la Ley de la Carrera Judicial no es ninguna depuración de jueces, ni tampoco es una vía para mejora del poder judicial. Se tratan, esas reformas, simple y llanamente, de una purga de jueces, un paso más en el manual del autoritario”, subrayó Anaya.
