LA AGENDA PENDIENTE DE LA SOCIEDAD EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD

** La continuidad de la Maccih y la efectividad de su trabajo dependían del rol que podría desempeñar diversos grupos de interés en Honduras, genuinamente comprometidos, pero que no lograron unir esfuerzos y perdieron energía para defenderla.

IV entrega de VIII


Enfrentar la corrupción constituye uno de los grandes desafíos de la sociedad hondureña, sin embargo, la existencia de una ciudadanía fortalecida, crítica, activa y propositiva en torno a la lucha contra ese flagelo, constituye uno de los grandes desafíos de los llamados movimiento ciudadanos que luchan contra este tipo de flagelos.

Para Raúl Pineda, abogado penalista, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), debió haber empezado “dándole a la culebra en la cabeza. Estaríamos peor si no hubiese habido una Maccih, aunque esa entidad no hizo todo el trabajo que tenía que hacer, empezó haciendo política y actuar con selectividad; pagó las consecuencias del pecado original de estar sujeta a la decisión final de un fiscal que no estaba precisamente sintonizado en la idea de desafiar el poder”, dijo Pineda, un exdiputado que por varios años trabajó como asesor del Ministerio Público.

“Cuando los corruptos se vieron acorralados y amenazados explica, tomaron una decisión firme, radical y decidieron jugársela con todo el poder y toda la energía: ¡triunfaron!”

El Observatorio del Sistema de Justicia Penal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, en su informe “El papel de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción y la impunidad” establece que, en algunas sociedades como la hondureña, la institucionalidad estatal está tan cooptada por poderes lícitos e ilícitos, que ponen a la institucionalidad al servicio de sus intereses particulares, de clase o de grupo en estado puro”.

En este caso, describe el documento que la movilización ciudadana y el trabajo sistemático de las organizaciones de la sociedad civil son factores determinantes para adecentar la institucionalidad y lograr que asuma sus tareas y responsabilidades.

UN TRIUNFO DE LOS SECTORES OSCUROS

“Las consecuencias políticas fueron evidentes y ante la presión internacional ahora los sectores oscuros están empezando a sacrificar algunos elementos que no tienen el perfil de grandes corruptos”, pero buscan “maquillar una decisión que tuvo un costo político tremendo”, expresa Pineda.

El jurista hondureño amplía que hay mucha gente honrada que no quiere denunciar, ni reclamar que el dinero que pagan en impuesto sea manejado con honestidad. “Los políticos filtraron la idea que la Maccih se iba a quedar; muchos creímos eso, y al final hicieron un golpe maestro de no renovar el convenio”.

“Cuando vino a Honduras eran colas de personas presentando denuncias y documentos sobre corrupción y después hubo una suerte de enfriamiento y desencanto; la Misión había engordado un poco, no pudo coordinar sus actividades a lo interno a tal grado que tres voceros salieron y no precisamente cubiertos de gloria de esa institución”, argumenta.

“Los intereses políticos de Almagro añade limitaron y subordinaron la actividad de la Maccih, mientras en el otro lado, se unieron ante el peligro que representaba esta institución generando la duda en la sociedad acerca de sus acciones”.

“Luchar contra la corrupción es muy difícil en un ambiente como el nuestro. Habrá que pensar que un tema de campaña para el próximo gobierno debe ser reanudar un convenio para la instauración de una nueva misión de apoyo al combate de la corrupción, pero esta vez con la Organización de Naciones Unidas y no con la OEA (Organización de Estados Americanos)”, propone Pineda.

La suerte de las misiones anticorrupción no ha sido victoriosa en la región centroamericana, recuerda el abogado Pineda, al señalar el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que en 12 años logró que un presidente corrupto renunciara, fuera a la cárcel, junto a su también vicepresidenta. La Cicig desmontó también importantes estructuras de corrupción, pero su propio desmontaje fue brutal y la ciudadanía quedó impávida al no poder revertir una tendencia impulsada por el entonces presidente de ese país, Jimmy Morales, a quien la Comisión investigaba.

“En Honduras los resultados fueron más modestos; creo que debe elaborarse un tratado, dándole más facultades a un ente que no esté condicionado a lo que hagan los fiscales o que tenga a un fiscal comprometido con la lucha, pero mientras el fiscal sea expresión de la voluntad de los intereses políticos, definitivamente aquí no se va hacer nada”, sugiere.

Si la sociedad presiona, el funcionario va a tener que actuar. Si la sociedad es débil, sumisa, obediente, tolerante, pocos resultados se van a poder esperar, comenta.  “Creo que hay muchísimo que hacer en ese tema, pero sin la ayuda internacional no se podrá hacer mucho, hoy estamos absolutamente convencidos que la sociedad debe demandar que el próximo presidente se comprometa a traer una misión con más facultades que las otorgadas a la Maccih”.

Sin embargo, pese a los resultados “modestos” que el abogado Pineda da a la Maccih, una encuesta efectuada por el  Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), revela que en sus cuatro años la Misión logró posicionarse entre los hondureños, más del 70 % de los consultados conocen su trabajo y muchos consideran entre sus principales aportes la judicialización de casos emblemáticos en los tribunales, siendo Pandora, Caja Chica de Dla dama y Licitación Fraudulenta del IHSS, los más sonados entre los consultados; después sigue Corrupción sobre Ruedas, Red de Diputados, Caja Chica del Hermano y Narcopolítica, entre otros.



En Honduras el fenómeno de la corrupción es estructural, trasversal y endémico, data del periodo de la colonia española, según los historiadores, pero su impacto actual es severo, así lo revela un estudio elaborado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y el Foro Social para la Deuda Externa (Fosdeh) denominado “La estimación del impacto macroeconómico de la corrupción en Honduras”.

De acuerdo con ese documento, el fenómeno de la corrupción en los últimos años ha evolucionado hasta convertirse en un sistema agrupado tripartito en el que participan conjuntamente los políticos, sectores privados, y el crimen organizado.

Estas proporciones del peso de la corrupción, equivale al 12.5% del Producto Interno Bruto (PIB, unos 640 mil millones de lempiras, equivalente a cerca de 24 mil millones de dólares), una magnitud creciente que representa un verdadero obstáculo para edificar un Estado de bienestar, capaz de producir beneficios y oportunidades sociales que aseguren un clima socioeconómico y político prolongado a corto tiempo, afirma el citado informe.

Esa colosal extracción ilegal de recursos es congruente con la afectación negativa al tejido societario en materia política, económica, social y cultural que han provocado los corruptos, a tal grado que Honduras es el segundo país con mayor percepción de corrupción de Centroamérica y el cuarto a nivel continental; así como el segundo más desigual y el primero con mayor empobrecimiento de América.

La investigación en mención divide el accionar en que operan los corruptos en 15 modalidades: sobrevaloración, soborno, nepotismo, desvío de fondos, violación a la Ley de Contratación del Estado, apropiación de recursos públicos en la ejecución de programas sociales, venta de plazas, evasión fiscal, extorsión.

De acuerdo con el estudio, estos mecanismos ilegales han sido incoados dentro de ocho sectores, tales como: gobierno central, sector privado, crimen organizado, gobiernos locales; el resto del sector público, organizaciones de sociedad civil, países cooperantes y organismos financieros internacionales, revelando que son los primeros tres donde mayor participación de la corrupción existe.

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una instancia de sociedad civil que promueve fuertemente la lucha anticorrupción, denunció que actualmente “los poderes públicos y las instituciones están fuertemente permeadas por la cultura de la sobrevaloración de las obras, narcotráfico, trata de personas, comercio de armas y contaminación ambiental”.

Consideró que con el cierre de la Maccih “lo que están creando es un blindaje para proteger a los ladrones. Con un nudo en la garganta vemos como los atropellos están por encima de los intereses nacionales y que los valiosos aportes que efectuó la Misión se pueden desvanecer en los anaqueles de la historia”.

“Queda la sociedad hondureña para seguir luchando, cuestionando y alzando la voz desde la perspectiva de gente responsable y comprometida. Podemos decir que existe un debilitamiento, un retroceso en la lucha frontal contra la corrupción. Después de tantos años de trabajo queda un discurso vacío por parte de los políticos y el gobierno”, concluyó Castellanos.  

ORGANIZACIONES DIVIDIDAS

A criterio del analista e investigador danés, Arne Kristensen, la salida de la Misión se da en parte porque los grupos de sociedad civil no lograron presionar con la misma fuerza que cuando pidieron que instalaran un ente investigador en 2015.

“Si hubiéramos tenido un millón de hondureños en la calle, seguramente no se hubiese ido la Maccih, pero lo que se vio es que había ciertas organizaciones y diferentes movimientos a favor de que se renovara el convenio, pero en realidad nunca hubo una presión masiva”.

La exigencia ciudadana no es la misma que se vio con la marcha de las antorchas, conocida también como el movimiento de los indignados, recuerda el experto danés. “No hubo suficiente presión popular o suficiente protección (a la Maccih), y esa es la misma razón por la que se fue, no hubo suficiente presión popular y ante ese debilitamiento, el Gobierno no accedió (a que siguiera la Misión)”.

Para Kristensen, un movimiento nunca es permanente, pasa por un momento y luego pierde la energía. “En realidad, pienso que los hondureños están cansados; hay tanto descontento, que reacciona de manera apática y ya no quieren involucrarse y crear un cambio”, vaticina.

Otro factor que tiene mucho peso es el nivel de polarización y desconfianza que tiene la población hondureña, explica. No confían en las instituciones, no se confían uno del otro y en la sociedad civil muchos de esos factores influyen.

Si bien existen “alianzas, foros y plataformas; muchos de esos esfuerzos todavía se hacen en grupitos… los que están un poco más conservadores se unen, los que son más apegado al Gobierno también, los que tienen la misma ideología política, los que son de derecho humanos se unen, pero nunca hacen esfuerzos en conjunto”, cuestiona desde una visión crítica este analista.

Para el experto, estos sectores de sociedad civil “se saludan en los eventos de los hoteles, pero al final del día, se dividen porque siempre hay una pelea por los fondos de la cooperación internacional. La ironía es que hubo muchos actores hablando a favor de la Maccih, pero a puertas cerradas, obviamente no se puede crear una alianza contra la corrupción si la gente desconfía y es difícil montar grandes proyectos porque las organizaciones terminan siempre peleándose entre ellas”.

En Honduras hay una crisis de confianza y quiero decir con eso que el país esta tan fragmentado, polarizado y hay tanta desconfianza; “se necesitan buenas leyes y jueces, pero también una masa crítica que en realidad quiera un cambio, si no los corruptos van a seguir haciendo lo que hacen”, indicó el analista.

Esa expresión del experto danés la advierte desde el 2017 el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) de la comunidad de los jesuitas, de la iglesia católica hondureña, en su sondeo de opinión pública de 2017, en su octava edición.

En cuanto a la confianza/desconfianza en las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), un 17.9% dijo que “mucha”, un 15.0% “alguna” y un 32.7% dijo “poca”, mientras un 29.9% indicó que “ninguna”. Un 4.5% de los encuestados no sabe, no respondió.

Al consultarle sobre el nivel de confianza/desconfianza en las organizaciones defensoras de derechos humanos (sociedad civil), un 20.2% respondió “mucha”, un 17.4% “alguna”, mientras un 34.2% “poca” y un 37:4% dijo “ninguna”, al tiempo que un 1.3% no sabe o no respondió.

Estos niveles de desconfianza, aumentan más cuando de la institucionalidad se trata, pero en el caso de la ciudadanía y las instancias de sociedad civil los desafíos son enormes para la búsqueda de procesos de lucha anticorrupción que articulen, incluyan e integren voluntades, pues tras la salida de la Maccih, el país entró a un veloz desmontaje de sus huellas, las que habían dado esperanza a un país donde la corrupción arrebata enormes recursos públicos que podrían orientarse a resolver problemas en áreas de salud, educación, vivienda, pobreza, medio ambiente, justicia, entre otros.

MÁS ALLÁ DEL DISCURSO: LA LUCHA DE UN FISCAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD