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Justicia de Ortega acorrala a opositores cinco meses antes de las elecciones presidenciales

* La periodista y aspirante presidencial Cristiana Chamorro cumple seis días de estar privada de libertad y sin derecho a la defensa.

** Opositor Arturo Cruz fue capturado por la Policía Nacional el 5 de junio y se convierte en el primer nicaragüense al que aplican la “Ley del Pueblo”.

***Precandidato Félix Maradiaga citado a Fiscalía este 8 de junio y después de tres horas en “entrevista”, fue detenido por la Policía. Mientras Nicaragua sigue en la mira de la comunidad internacional que demanda elecciones libres y transparentes.


EXPEDIENTE PÚBLICO

El gobierno sandinista acorrala a la oposición al usar el aparato judicial para criminalizar y detener a los precandidatos presidenciales que, para el presidente Daniel Ortega, son una amenaza en su ambición de permanecer en el poder. La aspirante presidencial Cristiana Chamorro cumplió, hoy 8 de junio, seis días de arresto domiciliar y aislamiento, mientras al también precandidato opositor Arturo Cruz una juez autorizó dejarlo 90 días detenido para investigarlo, después de haber sido detenido el pasado 5 de junio en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, en Managua, capital de Nicaragua.

Este martes también otro precandidato presidencial, Félix Maradiaga, fue citado por la Fiscalía para “entrevista”. Al salir del interrogatorio Maradiaga fue interceptado por la Policía Nacional y detenido, por estar “siendo investigado por realizar actos que menoscaban la independencia”, y “demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua”, según el comunicado de la órgano policial.

El interrogatorio a Maradiaga en la Fiscalía duró unas tres horas. El precandidato presidencial dijo que los fiscales le informaron que “las indagaciones” “son relacionadas a su labor académica”, así como de su trabajo en el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP, al que le fue quitada la personería jurídica en diciembre del 2018) y su activismo político, que incluyó presión con la comunidad internacional para que funcionarios del gobierno nicaragüense fueran sancionados.

Según Maradiaga, la Fiscalía abrió una investigación en su contra “en dos direcciones”. Primero, la reapertura de las acusaciones de 2018 por supuesto apoyo en el “golpe de Estado”, como es la versión del gobierno de las protestas sociales de ese año; y segundo, nuevos señalamientos relacionados a la Ley No. 1055, “Ley del pueblo”.

“Yo he señalado que aquellas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han violado convenios internacionales en materia de derechos humanos, deben ser sujetos de sanciones internacional, no tengo por qué ocultar lo que he dicho”, argumentó el aspirante presidencial.

La Policía dejó que Maradiaga diera declaraciones a los medios de comunicación, y luego que el opositor se dirigía a su casa fue detenido. De esta manera son tres precandidatos opositores sometidos a proceso judicial con el objetivo de inhibirlos en las elecciones de noviembre de 2021.

Sin contacto con Cristiana Chamorro

Desde el 2 de junio de 2021, Cristiana Chamorro permanece incomunicada con sus familiares y no se le ha permitido un encuentro privado ni siquiera con su abogada defensora Orietta Benavides.

“No ha cambiado nada, continúa en ese estado y nosotros continuamos insistiendo nuevamente por escrito, ante la autoridad, que se le pueda garantizar la defensa de ella, que hasta el momento no se ha hecho efectiva”, dijo Benavides a Expediente Público.

El 1 de junio de 2021, el Ministerio Público acusó a Chamorro por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

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Según el ente acusador, existen “serias inconsistencias financieras” de Chamorro a través de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que dirigió hasta enero del 2021, un mes antes del cierre de la organización no gubernamental.

Los extrabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, quienes fueron detenidos el pasado 28 de mayo, también se mantienen bajo arresto en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como “El Chipote”, al sur de la capital Managua, y legalmente se desconoce su condición física.

Arresto domiciliar “es ilegal”

Según la abogada Benavides desde el mismo día del allanamiento policial en la residencia de la precandidata presidencial, al sur de Managua, Chamorro quedó incomunicada y sin asistencia legal. Pese a que han presentado varios escritos ante la jueza que lleva el caso, Karen Chavarría Morales, no obtienen una respuesta.

“Están recibidos unos escritos en el complejo judicial donde he solicitado lo de la intervención de ley y poderme entrevistar con ella (Cristiana), no han dado respuesta. Usualmente es lento (el proceso), pero no tanto como hasta ahora, esperamos tener respuesta lo antes posible, porque ya son varios días y la situación irregular continúa”, informó Benavides.

Legalmente a Chamorro se le están violando los derechos constitucionales, ya que la figura de arresto domiciliar que se la he impuesto “no conlleva la incomunicación total de la persona acusada”, agregó su abogada.

Aunque Chamorro permanece en su residencia, vigilada por efectivos policiales, la abogada defensora afirma que no tiene conocimiento oficial de que se le haya impuesto esa medida cautelar a su representada dado que no se ha realizado ninguna audiencia oral y pública.

Benavides rechazó el uso excesivo de la fuerza pública que permanece en la residencia de la opositora.

“En todo caso no implica una incomunicación total, ni el detrimento de su derecho a defensa. No debería una detención domiciliaria requerir la presencia de tantos efectivos policiales, para nada”, argumentó Benavides.

A la fecha, a la abogada defensora no se la ha permitido tener acceso al expediente, tampoco encuentra información suficiente en el sistema en línea del Poder Judicial, una situación completamente anómala y poco usual.

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“Por lo general, todas las actuaciones se suben al sistema (electrónico del Sistema Judicial) y se visualizan 24 horas después de haberse realizado. Desconocemos si se le ha realizado alguna audiencia, por eso la urgencia y la reiteración de que nos permitan el acceso en físico del expediente”, mencionó la abogada.

Más irregularidades

Paralelamente, el 1 de junio Cristiana Chamorro fue inhibida a optar a cualquier cargo público por enfrentar un proceso penal, según el Ministerio Público. La medida está “fuera del marco legal”, señaló Benavides.

“La inhabilitación solo tiene lugar cuando ya ha sido dictada una sentencia y en este caso el proceso apenas estaría iniciando y por lo tanto no tiene cabida. Ninguna medida de inhabilitación para ejercer cargo público, además que no está contemplada dentro de la ley como medida cautelar, es completamente fuera del marco legal”, mencionó la abogada.

Cristiana Chamorro se mostraba como una de las principales candidatas opositoras para las elecciones del 7 noviembre próximo en Nicaragua, por lo que Benavides no descarta un juicio con tintes políticos.

“Las motivaciones, sería pura especulación, pero quizá la más clara es que obviamente es que no hay una voluntad de que ella pueda estar presente en el ámbito electoral”, enfatizó Benavides. 

Arturo Cruz estará 90 días detenido

Mientras tanto, la Policía allanó este lunes 7 de junio la residencia del aspirante presidencial Arturo Cruz, solo unas horas después de que el opositor fuera presentado ante el juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias de Managua, donde se le realizó una “audiencia especial de tutela de garantías constitucionales”, sin la presencia de su abogado defensor Elton Ortega.

La juez Nalía Úbeda Obando le nombró un defensor público a Cruz, quien señaló que posteriormente nombraría a un abogado privado, según una nota de prensa dada a conocer por el Poder Judicial.

En la audiencia, la judicial Úbeda autorizó ampliar a 90 días el plazo de detención de Cruz para continuar con las investigaciones, en base a la reciente reforma del artículo 253 del Código Procesal Penal (CPP).

El 2 de febrero de 2021, la mayoría de diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido del gobernante centroamericano Daniel Ortega, aprobaron para ampliar de 48 horas a hasta 90 días el plazo por el que una persona puede ser detenida y continuar con las investigaciones de un supuesto delito en que se les involucre.

Horas antes de la audiencia, este lunes, el abogado de Cruz dijo a periodistas que presentó un recurso de exhibición personal.

El artículo 189 de la Constitución Política de Nicaragua establece el recurso de Exhibición Personal a favor de aquellas personas “cuya libertad, integridad física y seguridad sean violentados o estén en peligro de serlo”.

“No sé cuál es la decisión que va a tomar el Ministerio Público, ellos pueden decidir ejercer la acción penal (…) Su familia no lo ha visto, no se ha comunicado con él”, manifestó Ortega antes de conocerse el comunicado del Poder Judicial en el que se confirmaba la presentación de Cruz ante el juez.

Le aplican “Ley del Pueblo”

La presentación de Arturo Cruz ante el juez se realizó posterior a las 48 horas de su detención que ocurrió el 5 de junio en el Aeropuerto Augusto C. Sandino, cuando regresó a Managua de un viaje a Washington, Estados Unidos.

El precandidato opositor es investigado por la Policía Nacional por “contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

El aspirante presidencial es el primer nicaragüense a quien se le aplica la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz (Ley número 1055), conocida como “Ley del pueblo”.

El Parlamento nicaragüense aprobó la legislación el 21 de diciembre de 2020. Ese mismo día, la vicepresidenta Rosario Murillo, en su alocución diaria ante medios oficialistas celebró la iniciativa que castigaría a los “traidores a la patria”.

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Traidores a la Patria, son traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular, esto sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal de la República de Nicaragua para los actos de traición, los delitos que comprometen la paz y los delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”, advirtió en ese entonces Murillo.

La Fiscalía y la Policía de no han aclarado cuál es la base del supuesto delito para acusar y detener a Arturo Cruz, usando la “Ley del Pueblo”. El precandidato, unos días antes de regresar a Managua, dio declaraciones a medios nicaragüenses sobre su gira por Washington, en las que analizó que Nicaragua podría ser suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), por las inhibiciones de candidatos y partidos políticos, y las demás acciones de represión del gobierno de Ortega.

Cruz se desempeñó como embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

Condena internacional

El senador estadounidense, Jim Risch, se sumó a la condena internacional por la situación que viven los aspirantes presidenciales nicaragüenses presos por la justicia orteguista.

“La detención ilegal de aspirantes a presidente por el régimen de Ortega, Arturo Cruz y Cristiana Chamorro en Nicaragua, demuestra aún más los grandes esfuerzos que hará el régimen para eliminar la oposición política y cimentar el poder antes de las elecciones de noviembre de 2021”, escribió el político estadounidense en cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, la congresista María Elvira Salazar destacó que la crisis política electoral de Nicaragua es uno de los temas importantes de discusión en el Congreso de los Estados Unidos.

Según la congresista republicana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “pretenden robarse las elecciones utilizando el libreto de Chávez y Castro”.

Salazar es una política y periodista estadounidense de origen cubano que está comprometida con la causa de los nicaragüenses que demandan un cambio democrático de gobierno.

“Estoy muy contenta con la intervención hoy (lunes 7 de junio) del secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, en esa audiencia del congreso donde nos dice que la administración de Biden sí se acuerda de Nicaragua y que está dispuesto a considerar cualquier medida económica y política para forzar a Ortega que no se robe las elecciones”, dijo Salazar en sus redes sociales.

Coalición Nacional por mayor presión

A lo interno del país centroamericano, la Coalición Nacional, otro de los grupos opositores, demandó a la comunidad internacional “acciones de mayor presión” contra el gobierno de Ortega al que acusan de ejecutar una “gran farsa” electoral.

“Demandamos a la OEA un posicionamiento firme que continúe con la aplicación de la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega, que ha alterado el orden constitucional y hace al país entero víctima de la barbarie jurídica y política que practica”, señaló la plataforma opositora.

“Hoy nuevamente planteamos a la Alianza Ciudadana, la necesidad de unir todas las fuerzas democráticas con esos propósitos”, mencionaron.

Alianza a elecciones sí o sí

Sin embargo, la presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, ratificó su posición de participar en el proceso electoral del próximo 7 de noviembre “con el candidato que quede”.

La Alianza Ciudadanos por la Libertad, conformada por el partido CxL y la agrupación Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, impulsa un mecanismo de selección del candidato único que enfrentará a Ortega en los comicios donde se elegirán presidente, vicepresidente y diputados a la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

El gobierno sandinista, sin embargo, comenzó a descabezar a la oposición comenzando por la cancelación de la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD) y al Partido Conservador; la inhibición de Cristiana Chamorro y su arresto de casa por cárcel, así como la detención de Arturo Cruz.

“No se trata de reponer a personas, cada una de tiene su propio mérito. Se trata de que no nos vamos a dejar vencer porque están dañando a determinadas personas, no podemos saber qué hará Ortega, porque ya sabemos que aquí hace lo que le da la gana. Aquí no sabemos a quién va a inhibir, aquí todos los nicaragüenses estamos sujetos al capricho de Ortega, de la dictadura. Hoy puede ser un precandidato, mañana cualquiera de nosotros”, destacó Monterrey.

CSE sigue calendario electoral

Mientras tanto, los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) el pasado fin de semana (6 de junio de 2021) juramentaron a los Consejos Electorales Departamentales y Regionales, que son la estructura para organizar las elecciones en los territorios.

Un total de 102 personas, entre propietarios y suplentes, de los 15 Consejos Electorales Departamentales y dos regionales, fueron juramentados por los magistrados afines al FSLN.

La Ley Electoral (Ley número 331) establece que el CSE proceda a la conformación de los Consejos Electorales, estructuras que funcionan posterior a la constitución de las alianzas de partidos políticos, cuya función es “velar por la buena conducción del proceso electoral”, además de garantizar que el voto sea contado.

De acuerdo al calendario electoral aprobado por los magistrados sin consultar a los representantes de los partidos políticos inscritos para las elecciones nacionales, a más tardar el 17 de junio deberán quedar conformadas las estructuras de los Consejos Electorales Municipales, previa presentación de ternas de los representantes legales de las organizaciones políticas, y antes del 25 del mismo mes deberán haber tomado posesión.

Posteriormente, del 28 de julio al 2 de agosto los partidos presentarán sus candidatos a presidente y vicepresidente, además de diputados a la Asamblea Nacional y al Parlacen.