*La diplomática estadounidense también se reunió con funcionarios en Chile para resaltar el compromiso del Gobierno de Estados Unidos con la ayuda a refugiados y migrantes.
**En su visita a ambos países, la subsecretaria Julieta Valls Noyes promoverá la candidatura de la postulante estadounidense Amy Pope para el cargo de directora general de la Organización Internacional para las Migraciones.
Expediente Público
La subsecretaria de la oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado estadounidense, Julieta Valls Noyes, llegó este miércoles 26 de abril a Costa Rica donde se reunió con altos funcionarios gubernamentales para estrechar lazos y abordar los esfuerzos conjuntos en temas que atañen a ambas naciones como es la migración irregular y la protección de refugiados, informó el Departamento de Estado.
Noyes estará en Costa Rica el 26 y 27 de abril y también se reunirá con organizaciones no gubernamentales e internacionales, para analizar los esfuerzos conjuntos y el apoyo continuo en materia de asistencia humanitaria destinada a poblaciones vulnerables, informó en una nota el Departamento de Estado.
En Costa Rica, durante el 2022, se intensificó un aumento en la cantidad de personas migrantes como haitianos, cubanos y de otras nacionalidades, pero principalmente venezolanos, que cruzan el Tapón del Darién (de unos 5 mil kilómetros cuadrados) con el objetivo de atravesar Centroamérica y llegar a Estados Unidos.
El pasado 30 de marzo, el presidente costarricense Rodrigo Chaves confirmó que su gobierno recibió del Banco Mundial un fondo equivalente a US$20 millones para atender la crisis migratoria en el país centroamericano, pero insistió que se trata de un tema de “responsabilidad internacional”.
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La realidad de Costa Rica
En los primeros dos meses del año, la Dirección General de Migración y Extranjería costarricense atendió 8,752 personas solicitantes de refugio, el 87% de nicaragüenses, según datos oficiales de esta oficina.
Un total de 7,637 ciudadanos nicaragüenses solicitaron refugio en el país centroamericano entre enero y febrero de 2023, seguido de venezolanos (463), Costa de Marfil (342) y Colombia (195). A partir de 2018, Costa Rica se convirtió en refugio de miles de nicaragüenses que buscan protección y huyen del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Se estima que más de 522 mil nicaragüenses han solicitado refugio o asilo en Estados Unidos, Costa Rica, México, Panamá, Canadá y la Unión Europea, desde que estalló la crisis sociopolítica de 2018.
En noviembre pasado, el Gobierno de Chaves ordenó medidas que obstaculizan el proceso de refugio y que violan varios tratados internacionales de derechos humanos, según especialistas consultados por Expediente Público.
Los migrantes o solicitantes de refugio están obligados a presentarse los primeros 30 días después de su ingreso al país solamente a la sede de San José o los puestos fronterizos para hacer el trámite de solicitud de refugio.
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El presidente Chaves insiste que existen muchos migrantes económicos que “se han acogido y han abusado de la generosidad del pueblo de Costa Rica y de nuestra legislación de refugio”.
Chile en crisis migratoria
La agenda diplomática de Noyes en Chile incluyó reuniones con oficiales del Ejecutivo para subrayar el compromiso estadounidense con la ayuda a refugiados y migrantes vulnerables y a las comunidades de acogida.
El país sudamericano vive actualmente una crisis con decenas de migrantes, en su mayoría de nacionalidad venezolana y originarios de Haití, que están varados entre la frontera de Perú y Chile, en la Línea de la Concordia, cerca de la provincia de Tacna, donde bloquearon la vía de ingreso a ambos países como reclamo por intentar ingresar a territorio peruano.
Los migrantes se quejaron de estar pasando hambre y por lo tanto desean regresar a su país de origen, sin embargo, les es impedido ingresar a territorio peruano.
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184 millones de migrantes
El nuevo Informe sobre el desarrollo mundial 2023: Migrantes, refugiados y sociedades, que elabora anualmente el Banco Mundial, publicado este 25 de abril, revela que el 2.5% de la población mundial son migrantes, es decir 184 millones de personas, de las cuales 37 millones son refugiados.
“Los países de origen y de destino deben gestionar la migración de manera estratégica”, recomienda el Banco Mundial.
Las situaciones de refugiados deben gestionarse como “desafíos de desarrollo a mediano plazo y no solo como emergencias humanitarias”, apuntó el Banco Mundial.
La organización multinacional afirma que, en promedio, la comunidad internacional gasta US$585 al año por cada refugiado en un país de ingreso bajo o mediano bajo, además de los gastos en que incurren los Gobiernos receptores.
Promover candidatura de Amy Pop
Noyes realiza la gira acompañada de la también diplomática estadounidense Amy Pop, candidata para ocupar el cargo de director general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En su corta visita por Chile se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Alberto Van Klaveren, con quienes discutieron la necesidad de un “compromiso continuo entre los Estados miembros y las comunidades de migrantes y de acogida”.
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Noyes aprovecha la gira por ambos países de la región para promover la candidatura de Pop, quien fue nominada por el presidente Joe Biden para el alto cargo en la OIM, un organismo de las Naciones Unidas.
La elección está prevista para mediados de mayo y se seleccionará al sucesor del portugués António Vitorino, excomisario europeo de Justicia e Interior (1999-2014), que asumió el liderazgo de la OIM en 2018.
Pop tiene décadas de experiencia abordando temas migratorios y es la actual directora general adjunta de gestión y reforma en la OIM.
La OIM fue establecida en 1951 y tiene su sede en Ginebra. La organización cuenta con 175 Estados miembros y 8 que tienen el estatus de observador.
En un intento por frenar la migración irregular Estados Unidos ha puesto en marcha distintos procesos para lograr que la migración sea ordenada, segura y humana como el parole aprobado para venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
La administración de Biden ha sido enfática en afirmar que cualquiera que ingrese a su territorio de forma ilegal será devuelto a su país de origen.
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