*Yasser Vado y Yader Parajón se convierten en los primeros presos políticos condenados en por los jueces del régimen de Daniel Ortega. Juicios contra opositores se realizan bajo hermetismo.
**Especialistas en derechos humanos califican procesos contra presos políticos, como una “farsa judicial”.
***Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) denunciaron las incontables irregularidades de estos procesos judiciales.
Expediente Público
Los juicios exprés que este primero de febrero se realizaron a puertas cerradas en Managua contra dos opositores nicaragüenses, terminaron con la declaración de culpabilidad, violando según organismos de derechos humanos, el principio de presunción de inocencia de los detenidos y las condiciones para garantizar el libre ejercicio de la defensa. En Nicaragua hay 170 opositores arrestados.
El primer juicio llevado a cabo, fue contra los presos políticos Yasser Vado González, de 26 años, y Yader Parajón, de 31, quienes pese a haber sido detenidos en fechas diferentes, fueron incluidos en una misma acusación por el Ministerio Público. El veredicto realizado en pocas horas, pone en evidencia lo que los organismos de derechos humanos han calificado como una “farsa judicial” contra los presos políticos que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como “El nuevo Chipote”, una prisión ubicada al sur de la capital nicaragüense.
La sentencia está prevista de conocerse el próximo 4 de febrero. A los señalados podrían condenarlos a más de 15 años de prisión.
Ambos opositores fueron acusados por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, según la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Vado González fue secuestrado el 6 de noviembre de 2021, un día antes de las votaciones generales en las que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron, en unos comicios declarados “ilegítimos” por la Organización de Estados Americanos (OEA) y no reconocidos por varios países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea. Vado González es integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la organización Unión Democrática Renovadora (Unamos) a la que pertenecen los exguerrilleros y también presos políticos Dora María Téllez y Hugo Torres.
Zenobia González, madre de Yasser Vado González, confirmó a Expediente Público que no se les permitió el ingreso a “El nuevo Chipote”, donde se llevó a cabo la audiencia, pese a que el Ministerio Público en un comunicado confirmó que serían juicios “orales y públicos”.
“No era una audiencia pública, era privada, porque no me permitieron entrar y a ningún familiar miré, solo estaba yo y me dijeron que me retirara. Me dijeron que era prohibido estar ahí, aún afuera era prohibido estar”, manifestó la progenitora del preso político.
González rechazó el comunicado en el que el Ministerio Público calificó de “criminales y delincuentes” a los presos políticos. El juicio contra su hijo es “ilegal”, reiteró a Expediente Público.
“Sé que mi hijo es inocente y yo espero la libertad incondicional de mi hijo, porque él no ha cometido ningún delito, el único delito de él es pensar diferente. Esto es una farsa porque está lleno de irregularidades y no tiene sentido”, señaló González.
Parajón fue detenido el 4 de septiembre de 2021 cuando intentaba cruzar el puesto fronterizo de El Guasaule, al occidente de la capital, para ponerse a salvo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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Parajón es hermano de Jimmy Parajón, asesinado de un balazo en el pecho el 11 de mayo de 2018 cuando apoyaba a los universitarios que estaban atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli). Al momento de ser detenido intentaba cruzar hacia Honduras y seguir su rumbo hacia El Salvador para escapar del asedio que vivía.
Las protestas antigubernamentales en Nicaragua iniciaron en abril de 2018 tras el anuncio de unas reformas al sistema del Seguro Social, lo que provocó el descontento de la población que salió a las calles.
Las manifestaciones cívicas, sin embargo, fueron reprimidas por la Policía Nacional y grupos paraestatales dejando un saldo de al menos 355 personas asesinadas, más de 2 mil heridas y 110 mil desplazados, según varios organismos de derechos humanos.
Exagerada presencia policial en las afueras de “El nuevo Chipote”
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una organización a la que el régimen arrebató su personería jurídica en diciembre de 2018, monitoreó la situación de los presos políticos y denunció las irregularidades de los procesos.
Los juicios iniciados este martes “no tienen las características, ni llenan los requisitos”, de un proceso judicial normal, en el que se respeten las garantías procesales y constitucionales de los imputados, denunció la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez.
“Por eso lo hemos llamado una nueva farsa judicial, donde el instrumento principal de represión que está usando la dictadura es la Fiscalía y al Poder Judicial”, dijo a Expediente Público la defensora de derechos humanos.
El Cenidh denunció que en las afueras de esta prisión fue notoria la presencia de policías que impidieron el acceso de los familiares de los detenidos, pese a que las audiencias son orales y públicas.
“En las calles de Managua, incluso, hubo mayor movimiento policial que la que había habido en los días anteriores. Dejaron entrar a la defensa, pero no tenemos comunicación con ellos, porque, o le quitan el celular o es prohibido usarlo y no dejaron entrar a los familiares de los dos jóvenes que están procesando”, denunció Núñez.
Según Núñez, también constataron la “presencia gravísima” de policías en el interior del centro carcelario como una forma de “amedrentar” a la defensa.
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“Nosotros estamos apoyando las defensas de otras personas y ha sido absolutamente imposible que les permitan tener entrevistas con sus defendidos, incluso hay abogados defensores que no conocen ni siquiera los escritos, las defensas entran (al juicio) a ciegas, únicamente con el conocimiento jurídico”, manifestó Núñez.
Juicios llenos de irregularidades
La jurista y académica María Asunción Moreno, miembro del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, explicó a Expediente Público que la celebración de estos juicios en la Dirección de Auxilio Judicial es parte del combo de “ilegalidades” cometidas por los jueces.
Moreno señaló que violentan el artículo 121 del Código Procesal Penal de Nicaragua, que establece que los juicios deben celebrarse en la sede del judicial a cargo del caso.
“Los tribunales actuarán en su propia sede; sin embargo, deberán trasladarse para la práctica de aquellas diligencias que requieran su presencia a cualquier lugar de su competencia territorial”, manifestó la jurista.
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Moreno enfatizó que el cambio de lugar para la realización de una audiencia de juicio solo ocurre por motivos de “fuerza mayor”.
“En casos de fuerza mayor o cuando, antes de la convocatoria a juicio, el defensor solicite el cambio de lugar en que este debería celebrarse, por la falta de condiciones para garantizar la independencia e imparcialidad del jurado o el libre ejercicio de la defensa, y el juez lo autorice, el juicio se podrá celebrar en lugar distinto al de la sede del tribunal”, citó Moreno.
La jurista destacó que al prohibir el ingreso de los familiares a la audiencia, se viola el “principio de publicidad de los procesos”.
Alianza Cívica demanda nulidad de juicios
La opositora Alianza Cívica denunció a través de un comunicado que la reactivación de estos procesos se realiza tres meses después de haber sido “suspendidos arbitrariamente con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar” de los reos de conciencia que están en “El Chipote” y bajo arresto domiciliar.
Tras ser capturados, los presos políticos estuvieron prácticamente desaparecidos e incomunicados durante más 80 días y sometidos a audiencias secretas.
«Los procesos penales contra los presos políticos están plagados de ilegalidades desde el mismo momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa o razones de detención e incluso; sin orden o mandamiento judicial”, señalaron en el comunicado.
De acuerdo con la Alianza Cívica, los presos políticos deben ser liberados inmediatamente y sin condiciones, debido a que “no han cometido ningún delito, son inocentes, y los procesos judiciales están basados en cargos infundados”.
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También denunciaron que los procesos penales están llevándose a cabo con “ausencia y obstáculos para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada”, y en todo el tiempo que llevan detenido, el recurso de exhibición personal o ‘hábeas corpus’ no ha sido efectivo.
“La cadena de ilegalidades que se han cometido en estos procesos en contra de los presos políticos conlleva la nulidad de los mismos”, concluyó la Alianza Cívica.
El académico y exmiembro de la Alianza Cívica, Ernesto Medina, a través de una carta pública, señaló que los juicios que iniciaron este martes representan una afrenta contra todos los nicaragüenses y es una “farsa”.
“Los juicios que inician hoy (ayer) no son solamente contra un grupo de ciudadanos patriotas y honestos, es un juicio en contra de todas y todos los nicaragüenses que todavía soñamos con una patria mejor. El objetivo real de estas farsas es terminar de convencernos, de una vez por todas, que Daniel Ortega y Rosario Murillo pueden hacer con el país lo que les dé la regalada gana”, dijo Medina.
Familiares de presos buscan unidad
El 25 de enero de este año un grupo de familiares de presos políticos publicó un pronunciamiento en el que invitaron a aunar esfuerzos en aras de lograr la liberación de los más de 170 reos de conciencia que mantiene el régimen en el país centroamericano.
A la fecha, familiares de 101 presos políticos, en el transcurso de siete días, se unieron a lo que llaman una “tarea constructiva”, informaron este 1 de febrero.
“Esta demostración de unidad, forjada por la buena voluntad de todas las familias firmantes del documento de enero 25, es un primer puente ya que se imponen sobre cualquier abismo que antes hubiese separado a las familias de los 101”, señalaron en un comunicado.
En un acto de desesperación Dora Chavarría Sevilla, madre del excarcelado Francisco Narváez Chavarría, cosió con un hilo sus labios como un acto de protesta y de solidaridad con las familias de los más de 170 presos políticos del régimen de Ortega y Murillo. La respuesta que recibió fue el asedio de grupos afines al gobierno.
