*La audiencia contra el periodista Miguel Mora se realizó también a puertas cerradas en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como “El nuevo Chipote”, donde lleva más de siete meses detenido.
**El régimen también declaró culpable a la exdiputada liberal, María Fernanda Flores de Alemán.
*** Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, alertó que los juicios contra los presos políticos solo “profundizan la crisis” en Nicaragua.
Expediente Público
La “farsa judicial” contra los presos políticos continuó en su cuarto día en Nicaragua contra el precandidato presidencial y periodista Miguel Mora, quien cumplió este 4 de febrero 229 días desde que fue arbitrariamente detenido por segunda ocasión el 20 de junio de 2021, luego que su domicilio fue allanado de forma violenta por oficiales de la Policía.
La Fiscalía solicitó 15 años de prisión contra el dueño del confiscado medio de comunicación 100% Noticias y que lo inhabiliten de ocupar cargo público.
La jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Nadia Camila Tardencilla Rodríguez declaró culpable al precandidato presidencial por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional. En esta jornada también se realizó el juicio contra la exdiputada liberal, María Fernanda Flores de Alemán, exprimera dama de la República, acusada de conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional. Es el primer juicio de los presos políticos que permanecen bajo arresto domiciliar.
Ambas audiencias, que concluyeron con un fallo de culpabilidad, también se realizaron en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, mejor conocido como “El nuevo Chipote”.
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Debido a que los juicios están llevándose a cabo en este recinto policial los abogados defensores no están teniendo previa comunicación con los opositores, lo que se traduce en una clara “violación a la defensa”, explicó a Expediente Público el abogado Maynor Curtis.
“Los abogados no tienen acceso a los presos políticos de “El nuevo Chipote” previo a las audiencias, no han podido ver a los presos de conciencia; otra violación ha sido el hecho que las audiencias se estén celebrando en “El nuevo Chipote”, el irse para allá a realizar una audiencia viola las reglas del proceso y deja en indefensión a los detenidos”, mencionó Curtis.
Mora, el precandidato presidencial
Mora fue el primero de siete aspirantes de la oposición a la presidencia que fue llevado al banquillo de los acusados por la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), el 22 de noviembre de 2021, ordenó al Estado de Nicaragua la “liberación inmediata” del precandidato presidencial y de otros presos políticos y que garantizara el acceso de los abogados de confianza del beneficiario, pero hasta la fecha la petición no ha sido aceptada.
“A él (Mora) se le están violando derechos constitucionales por estar siendo juzgado en un lugar donde no es; no estar siendo juzgado por un tribunal de jurado; el que a su juicio no tenga acceso la prensa, esa es otra violación a los derechos constitucionales que están en el artículo 34, inciso 11, segundo párrafo.
La Constitución dice que sean los juicios orales y públicos, lo oral sí se hace, pero no lo público”, señaló Curtis.
Es la segunda ocasión que el periodista, fundador del Canal 100% Noticias, es detenido.
La primera vez fue el 21 de diciembre de 2018, cuando la Policía allanó las instalaciones de su medio de comunicación y lo arrestaron junto a la periodista, Lucía Pineda.
El fundador del Canal 100% Noticias pasó casi seis meses en prisión hasta que fue liberado bajo la polémica Ley de Amnistía que aprobó la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2019.
Mora se convirtió en el quinto opositor que aspiraba a la presidencia en ser detenido. Se inscribió como precandidato presidencial del Partido Renovación Democrática (PRD), liderado por el pastor evangélico Saturnino Cerrato.
Como parte de la estrategia del régimen de eliminar a la oposición política del país, el 18 de mayo de 2021, el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica al PRD, después de la impugnación presentada por un grupo de pastores evangélicos.
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El PRD era el vehículo político elegido por la plataforma opositora Coalición Nacional, para correr en los comicios generales de 2021.
El régimen sigue utilizando contra la oposición las leyes punitivas aprobadas en el último trimestre de 2020, principalmente, la Ley 1055 o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mejor conocida como “Ley de Soberanía”.
“Esa ley que, aunque la están usando como carácter penal, realmente a la letra de la ley, es una ley electoral. Esa ley dice que, las personas que cometan menoscabo, que anden pidiendo sanciones, no serán elegibles a los cargos de elección popular, en este caso si el Gobierno pudiera probar que él anduvo pidiendo sanciones en ese caso, si lo probaran, esa ley lo inhibe”, señaló Curtis.
Una investigación del centro de pensamiento Expediente Abierto expuso que esta ley en el contexto represivo que existe en Nicaragua, está siendo “interpretada de forma extensiva y fue aplicada arbitrariamente en el contexto electoral 2021”.
“A través de esta ley se han detenido líderes políticos, sociales o activistas comunitarios que realizaban actividades políticas que no constituyen delito. Mediante la ley se ha inhibido a líderes de la oposición política a optar por cargos de elección popular”, señaló Expediente Abierto.
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El 16 de agosto de 2021, dos meses después de su arresto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó que amplió las medidas cautelares a favor de Mora, tras considerar que se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Hasta antes de su detención Mora continuaba siendo objeto de “seguimientos, hostigamientos e intimidaciones de parte de la Policía, y personas afines no identificadas, las cuales fueron calificadas como paraestatales», informó la CIDH.
Persecución contra aspirantes a la presidencia
En mayo de 2021, previo a las elecciones presidenciales de noviembre, el régimen inició una cacería contra líderes de la oposición para sacar de la competencia electoral a todos sus oponentes, acabando así con las perspectivas de unas elecciones libres y justas.
La primera fue Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), acusada de lavado de dinero a través de la extinta fundación que lleva el nombre de su madre. Chamorro, quien permanece bajo arresto domiciliar, se perfilaba como una fuerte candidata para enfrentar a Ortega en los comicios.
Los otros precandidatos detenidos son Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Noel Vidaurre.
Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de Estados Unidos, alertó que los juicios contra los presos políticos solo “profundizan la crisis” en Nicaragua.
“Los juicios a los líderes de la oposición y sociedad civil de Nicaragua realizándose a puertas cerradas son una farsa y solo profundizan la crisis en el país. Solo cuando el régimen Ortega y Murillo libere a estos presos, podrá Nicaragua empezar a moverse en la dirección correcta”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter.
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“Esa conspiración para cometer menoscabo es el delito que la mayoría de ellos tienen, a él nunca lo han procesado por ser candidato o por otra cosa, independientemente si ese fuera el fin de detenerlo y procesarlo, la acusación no menciona para nada que él es candidato o pretendía ser candidato de determinado partido”.
Una exprimera dama culpable
Flores de Alemán es una de las personas presas políticas que está bajo arresto domiciliar.
La exdiputada liberal, sin embargo, fue llevada a “El nuevo Chipote” para la realización de la audiencia de juicio. La acusan por “conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional”, igual que a la mayoría de reos de conciencia.
La exprimera dama fue arrestada meses después de haber sido despojada de su escaño como diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en noviembre de 2020.
El desafuero, que incluye la pérdida de la inmunidad y de su condición de diputada fue aprobado con 80 votos a solicitud de la diputada María Haydee Osuna, representante legal del PLC.
Lesbia Alfaro: “Mi hijo es inocente”
Con Mora y Flores de Alemán se eleva a siete los presos políticos procesados y declarados culpables. Yader Parajón, Yasser Vado González, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez y Lesther Alemán también fueron sometidos esta semana a la justicia orteguista.
Lesbia Alfaro, madre del preso político Lesther Alemán, señaló que su hijo se muestra fuerte y con fe.
“El juicio o el circo que se dio es por odio, por lo que Lesther alzó su voz me imagino, mi hijo es inocente, la mentada juez es una servil (…) Lesther, igual que yo como madre, es fuerte, porque la inocencia nos hace levantar la frente en alto”, dijo Alfaro.
