* Testigos claves y 3,500 piezas de material servirán para probar las implicaciones del expresidente, Juan Orlando Hernández en el narcotráfico.
** Expediente Público documentó como el expresidente Juan Orlando Hernández y su familia compraron aviones ligados a capos de la droga.
Yarely Madrid / Expediente Público
Este 20 de febrero iniciará el juicio del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022), acusado por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico.
La Corte de Distrito Sur de Nueva York decidirá el destino de Hernández a quien fiscales estadounidenses señalan de facilitar el tráfico de drogas por el territorio hondureño y recibir altas sumas de dólares de narcotraficantes a cambio de protección.
El exmandatario, extraditado en febrero de 2022, enfrentaría su juicio junto al exdirector de la Policía Nacional de Honduras Juan Carlos Bonilla – alias el “Tigre Bonilla” – y el expolicía y primo del expresidente, Mauricio Hernández Pineda. Ambos se declararon culpables (el 2 y 6 de febrero del 2024) para evadir ser condenados a cadena perpetua.
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¿Qué esperar del juicio a Juan Orlando Hernández?
Las confesiones del “Tigre” y Mauricio Hernández serán un factor decisivo en el juicio de JOH, quien podría enfrentar la misma condena que su hermano, Antonio Hernández, que cumple una sentencia, desde el 2021, de cadena perpetua, más 30 años por tráfico de drogas, en una cárcel de Estados Unidos.
Otros testigos claves serán el hijo del expresidente Porfirio Lobo Soso, Fabio Lobo (sentenciado a 24 años de prisión por narcotráfico en EEUU); un exmiembro del Cártel de Sinaloa y el exministro de Seguridad durante el gobierno de Hernández, Julián Pachecho Tinoco.
El juez estadounidense Peter Kevin Castel es la persona asignada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para que lleve el caso del exmandatario hondureño.
Castel fue el encargado de condenar a narcotraficantes como Joaquín “el Chapo” Guzmán, Geovanny Fuentes y “Tony” Hernández.
Recientemente se informó que el juez busca admitir pruebas que revelan conversaciones con miembros de la Mara Salvatrucha, denominada comúnmente como MS-13, y el “Tigre”, donde también estaría involucrado Hernández.
Juan Orlando Hernández es el segundo presidente de Latinoamérica en ser juzgado por narcotráfico en Estados Unidos, luego de la condena del panameño Manuel Noriega en 1992.
También es el segundo mandatario hondureño en enfrentarse a la justicia de Estados Unidos, luego del difundo expresidente, Rafael Callejas (1990-1994), acusado de ser parte de la corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), también denominado como “FIFA Gate”.
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Juan Orlando Hernández: político y acusado
Juan Orlando Hernández, de 55 años, es originario de Río Grande, en la ciudad de Gracias, capital del occidental departamento de Lempira.
Luego de cursar su primaria y secundaria en su ciudad natal, se trasladó a la capital de Honduras, Tegucigalpa, para cursar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Comenzó a involucrarse en la política de universidad, llegando a ser presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho en 1988 y 1989. A la vez, fue escribiente, primero y tercero, en el Juzgado de Letras de lo Civil en Francisco Morazán.
Tras graduarse de abogado y notario estuvo a cargo de la cátedra de Derecho Procesal Civil I en la UNAH (1990-1992). Al mismo tiempo, trabajó como asistente de su hermano Marco Augusto Hernández, quien fungía como primer secretario del Congreso Nacional.
En 1993 comenzó su carrera política dentro del histórico Partido Nacional como coordinador departamental de Lempira.
En mayo de 1995 obtuvo su posgrado en Administración Pública con orientación en administración legislativa, en la Universidad Estatal de Nueva York.
La ascensión: diputado electo
Hernández fue electo como diputado por el departamento de Lempira en las elecciones del 30 de noviembre de 1997 y comenzó a ostentar su cargo en enero de 1998.
En 2001 fue reelecto como diputado del Congreso Nacional y comenzó a ejercer el puesto de primer secretario del Partido Nacional. Además, fue el jefe de esa fuerza política de 2005 a 2009.
Víctor Hugo Morales, alias “el Rojo”, atestiguó en el juicio contra el hermano de Juan Orlando, “Tony” Hernández, que había dado al entonces diputado 40 mil dólares provenientes del narcotráfico.
“El Rojo” fue un narcotraficante hondureño que operaba en la frontera entre Guatemala y Honduras. En el 2017 fue detenido y en 2019 cooperó con la fiscalía estadounidense en el juicio de “Tony”.
Este juicio fue decisivo para hundir al hermano del expresidente Hernández, pues se dio a conocer que del 2004 a 2008, “Tony” ofreció servicios de información a los narcos hondureños, incluyendo las influencias de Juan Orlando con los altos oficiales y militares de Honduras.
La información incluía puntos de control policial, investigaciones para bloquear decomisos de droga y arrestos.
Financian campaña de JOH
En el 2007, entra en el negocio del narcotráfico el primo de Juan Orlando y “Tony”, Mauricio Hernández, para brindar protección al Rojo y Héctor Emilio Fernández Rosa, el mayor traficante hondureño de la época. Rosa fue extraditado en 2014 y sentenciado a cadena perpetua.
El 2008 fue importante, pues “Tony” se convirtió en narcotraficante, gracias a los contactos que fue estableciendo, señalan los expedientes acusatorios.
De acuerdo a la Fiscalía estadounidense entre el 2008 y 2009 hubo una serie de reuniones en las que participaron “Tony”, Juan Orlando, el expresidente, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el narcotraficante Alexander Ardón Soriano, en ese entonces alcalde del municipio de El Paraíso, departamento de Copán.
“El Rojo” le entregó 100 mil dólares a Juan Orlando Hernández para financiar su campaña política a cambio de “protección e información policial y militar”.
Amílcar Ardón Soriano también utilizó la suma de 1.5 millones de dólares para sobornar a políticos y funcionarios electorales.
“Cuando Ardón Soriano confirmó que había pagado los sobornos, Juan Orlando Hernández le aseguró que la protección para el tráfico de drogas que habían discutido previamente con Lobo Sosa estaba garantizada, y que Hugo Ardón Soriano sería nombrado director del Fondo Vial”, manifiesta la Fiscalía estadounidense.
Moviendo piezas desde el Congreso
En el 2010 Juan Orlando Hernández ganó la presidencia del Congreso Nacional, en un ambiente de crisis económica, social y política por el Golpe de Estado al actual asesor presidencial y esposo de la presidenta Xiomara Castro, Juan Manuel Zelaya.
Durante su presidencia en el legislativo impulsó la aprobación de la Ley Especial para la Depuración Policial y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada por el Congreso en junio de 2013.
Al menos 4 magistrados de la CSJ se mostraron en contra de ambas normativas, emitiendo fallos en contra y declarándolas inconstitucionales.
La acción de Juan Orlando fue destituir a los magistrados bajo la justificación de supuestas irregularidades administrativas.
En el 2013 anunció su renuncia para impulsar su candidatura presidencial, pero bajo su influencia se creó la Ley de Documentos Públicos, que tenía el objetivo de blindar la información Pública a consideración del Consejo de Seguridad y Defensa (compuesto por los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial y los secretarios de Estado de Seguridad y Defensa).
Los documentos de la fiscalía de Estados Unidos revelan que en este año Hernández financió su campaña presidencial con fondos (1 millón de dólares) procedentes de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” a cambio de proteger sus actividades ilícitas dentro de Honduras.
Además, a Hernández se le acusa de apropiarse de 360 millones de dólares provenientes del Fondo de Desarrollo Departamental para ayudas sociales del Congreso Nacional. Estos Fondos eran administrados por su hermana, Hilda Hernández, quien dirigía el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión de Honduras.
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Compra de aviones
Expediente Público en su investigación “Aeronaves de la familia Hernández Alvarado – una historia de sociedades criminales”, reveló como los aviones del expresidente JOH y su familia fueron obtenidos mediante el piloto Félix Francisco Pacheco Reyes y el narcotraficante Sergio Neftalí Mejía Duarte.
Mejía Duarte, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos en el 2018, era un capo hondureño que operó por más de una década en el departamento de Colón, zona litoral de Honduras, junto a los carteles de los Chachiros y Wilter Blanco.
Hernández habría adquirido las aeronaves, cuando finalizaba su periodo como presidente del Congreso Nacional, a través de empresas asociadas a una red de testaferros que trabajaban con él.
Primer período presidencial
El 27 de enero del 2014 JOH se convirtió en presidente de la República de Honduras al obtener 36.89% del total de los votos.
Durante su primer año como presidente se asoció con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, de quien aceptó 25 mil dólares, de acuerdo a la declaración del mismo capo durante su juicio en Nueva York, donde fue condenado en el 2021 a 40 años por tráfico de drogas y sobornos.
En 2018 la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) reveló en su investigación “Caso Pandora” como 38 representantes del gobierno de JOH y otras personas acusadas habían malversado 282 millones de lempiras (12 millones de dólares) de los fondos del Estado para financiar la primera campaña política de Hernández.
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Segundo mandato de JOH
Al tener cooptado todos los poderes del Estados y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, Juan Orlando Hernández se postuló para ser electo en 2016.
En el 2017 ganó las elecciones, pero su mandato se vio rodeado de controversias y sospechas de fraude. Se presentaron irregularidades relacionadas a la caducidad del censo electoral, la emisión de credenciales en blanco y supuesta compra de votos. Además, de falta de independencia del Tribunal Superior Electoral, poca fiabilidad y transparencia de la transmisión y recuento de votos.
Con el 2020 terminó la credibilidad de la ciudadanía hondureña en el Gobierno de Juan Orlando Hernández, porque en medio de la pandemia ocurrieron varios casos de corrupción como la sobrevaloración de hospitales móviles, prácticas fraudulentas de varios funcionarios de su gabinete y malversación de fondos públicos.
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La caída de un presidente
El 27 de enero de 2022 JOH entregó la Presidencia a Xiomara Castro.
Poco después, el exmandatario fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado, de Actores Corruptos y Antidemocráticos del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras).
Los norteamericanos decían que había cometido y facilitado por “actos de corrupción y narcotráfico”, y usado “las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas”.
El 14 de febrero del 2022, la embajada de Estados Unidos solicitó a la Cancillería y a Cooperación Internacional de Honduras, una solicitud de captura provisional con el fin de extraditar a Hernández.
El 21 de abril del 2022, JOH fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar juicio por delitos de narcotráfico y armas de fuego.
Después de varias postergaciones, el juicio público en Nueva York inicia finalmente este martes 20 de febrero.
