*En entrevista exclusiva con Expediente Público el exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, habla sobre el desmontaje del sistema anticorrupción, el difícil panorama electoral y la posibilidad de una nueva Misión en Honduras.
Expediente Público
“Cuando viajé a Honduras yo no conocía el país y lo primero que me dijeron, cuando me reuní con gente aquí en Washington, es que ‘vas a conocer un país en donde tienes a los políticos más audaces de la región, políticos profesionales, personas que viven de la política’… o cómo podemos decir también, personas que viven del presupuesto público”.
Así recuerda el exvocero de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, sus primeras nociones de este país centroamericano y de las élites políticas que lo dominan.
La MACCIH logró el procesamiento de 133 personas y la judicialización de 14 casos durante los cuatro años que estuvo trabajando, pero el sistema de impunidad terminó desmontando “todo lo que se avanzó”, dijo a Expediente Público el jurista peruano.
Jiménez Mayor participó el 27 de octubre en el foro “Panorama global, tendencias y rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción e impunidad en el Triángulo Norte de Centroamérica”, realizado en Washington, donde habló con Expediente Público sobre el desmontaje de la MACCIH, la politización de las instituciones y las perspectivas en la lucha anticorrupción en Honduras con el próximo gobierno que se definirá en las elecciones generales del 28 de noviembre.
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Combate a la corrupción en el gobierno de JOH
“Obviamente mi sentimiento es de preocupación de lo que está pasando, ha habido un desmontaje”, que no fue solamente el de sacar a la Misión del país, sino de toda la estructura que se creó en su momento, expresó el exvocero cuando se le consultó sobre el combate a la corrupción después de ocho años de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
“Corrupción hay hasta en el primer mundo, el problema es que esa corrupción sea enfrentada y que exista una autoridad que pueda sancionar estos delitos”, dijo Jiménez Mayor al resaltar los avances importantes de la MACCIH con la creación de un sistema anticorrupción a nivel judicial y de una fiscalía, la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), que tenía las capacidades para investigar casos que el “sistema de impunidad” no permitía llevar a los tribunales.
Pero esa lucha por el fortalecimiento institucional “se desmonta a partir de un elemento que pocas personas en Honduras han identificado y creo que hasta ahora no lo identifican”, dijo el abogado peruano.
Se refiere al fallo de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2018 que establece una lectura constitucional que invalida a la Ufecic, sustituida en enero de 2020 por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), pero con menores capacidades y con un escenario muy complejo porque se encuentra aislada y sin posibilidad de avanzar en una serie de temas, señaló el exvocero.
“La cereza en el pastel” fue la “increíble propuesta” de la Corte Suprema para que el sistema anticorrupción puesto en marcha por la MACCIH fuera desactivado y conformado dentro del sistema nacional anticorrupción en el Poder Judicial para todos los delitos de gran criminalidad.
“Este fallo de la Corte Suprema es el que genera una sentencia de muerte al sistema, porque le quita las posibilidades, las competencias para poder desarrollar un combate a la corrupción como el que se había diseñado inicialmente”, consideró.
Nealon, un funcionario “espectacular”
La MACCIH recibió recursos económicos de Estados Unidos y la Unión Europea, pero el país norteamericano fue el aportante principal, dijo Jiménez Mayor, quien destacó el papel del entonces embajador James Nealon, a quien describió como “un funcionario espectacular” que estaba “muy convencido del trabajo positivo” que podía hacer la Misión.
Con Nealon, “las cosas fluyeron muchísimo” gracias a su experiencia y conocimiento del país, pero cuando el embajador terminó su trabajo en Honduras “las cosas no fueron igual”, aseguró.
“Desafortunadamente teníamos también en Honduras mucha ansiedad, la gente estaba muy ansiosa con el tema de resultados, querían cosas rápidas y estas cosas a veces demoran”, dijo el exvocero.
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La OEA y el desmontaje de la MACCIH
A finales de diciembre de 2019, el presidente Hernández viajó a Washington para reunirse con Luis Almagro, en enero de 2020 el gobierno anunció que no renovaría el convenio con la MACCIH y en marzo el secretario de la OEA fue reelecto con 23 de los 33 votos de los 34 países miembros.
“Por lo menos en lo que me toca, creo que hay una desazón respecto a esto del desmontaje, qué fácil Honduras desmontó la MACCIH, qué fácil ocurrió eso y creo que es la pregunta que todavía no tiene respuesta”, lamentó.
“Fue fácil en el caso de la OEA, por ejemplo, yo tengo la tesis de que hay un cambio de voto de Honduras para el señor Almagro, para su reelección, y habría que preguntar al Departamento de Estado por qué finalmente fue tan fácil que esta Misión se vaya”, continuó.
Cuando se le preguntó si cree que la OEA facilitó el desmontaje de la Misión su respuesta fue contundente: “Sí, yo no tengo duda de eso”.
Pragmatismo y doble discurso
Sin embargo, Jiménez Mayor recordó que el interés de ese organismo multilateral “es actuar con sus socios que son los Estados, las cancillerías” y que al final la realpolitik se impone.
No obstante, cuestionó que la visión de principios de la OEA sea diferente en el caso de Venezuela “donde hay una tendencia, que yo comparto, dicho sea de paso, de hablar fuerte, de señalar las cosas que son correctas”, así como en Nicaragua, “donde también estoy de acuerdo de que hay que ser fuerte y hay que hacer política honesta, política decente desde el multilateralismo”.
El mensaje en cambio no es el mismo en el caso de Honduras, donde las cosas tampoco son correctas, como lo tenían claro funcionarios del gobierno y del Congreso norteamericano, entre ellos figuras como la senadora Norma Torres.
“Pero hay otros sectores en los que funciona de una manera mucho más pragmática”, en función de los beneficios que puedan obtener, “y concretamente, hablemos otra vez de la OEA, era clarísimo que Honduras era un voto importante”, señaló.
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Apuesta por la comunidad y la sociedad civil
La creación de la MACCIH, en enero de 2016, “fue parte de todo un proceso social”, recordó Jiménez Mayor, quien también destacó la preocupación de la sociedad civil por el tema anticorrupción.
El año anterior a su instalación, miles de hondureños indignados por el desfalco millonario al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) salieron a las calles para protestar, “imponiendo a las autoridades hondureñas la creación de esta Misión”.
Por eso “el gran socio de todo este proceso es la comunidad y la sociedad civil y creo que allí es donde hay que apostar”, dijo el exvocero de la MACCIH en relación al interés de la administración del presidente Joe Biden de trabajar con instituciones y gente dispuesta a combatir la corrupción.
Esa sociedad civil “es muy activa”, aun cuando no está muy bien articulada y tiene muchas divergencias, y “puede hacer un trabajo importante”, sostuvo.
A nivel institucional, los órganos de control como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y el Congreso Nacional, que deberían ejercer acciones y competencias vinculadas a la fiscalización del poder, están altamente politizados, afirmó Jiménez Mayor.
“Todo está politizado en Honduras” y ese es, a su criterio, el problema central que hay que abordar.
“Quien llegue a la Presidencia y al Congreso va a tener serios problemas institucionales, porque la institucionalidad en este momento está montada para una forma de hacer política”, añadió.
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¿Habrá un cambio con el próximo gobierno?
Para Jiménez Mayor es difícil contestar esa pregunta, porque “las élites políticas en Honduras tienen determinadas características”.
En Honduras “ningún político te va a decir que no, todos te van a decir que sí, pero van a hacer lo que quieren”. En una negociación internacional “seguramente pasará lo mismo y lo mismo pasará con el gobierno”.
Mencionó que “cuando uno iba a hablar con funcionarios del gobierno para los trabajos de la Misión nunca te decían que no, pero hacían lo que querían”.
Esa hipocresía existe en el mundo político en general, “pero en Honduras particularmente por los problemas que se identificaron, por la forma en la cual la propia población quería cambiar las cosas, pero sus políticos no”, dijo en alusión a las trabas impuestas a la lucha anticorrupción de la MACCIH.
Depuración de los partidos políticos
Esa distorsión abarca todo el espectro político, no solamente en el gobierno, sino también en la oposición, dijo Jiménez Mayor, quien abogó por la depuración de los partidos políticos, en los que la gente “realmente buena” no es la que está en primeras filas.
Cuestionó que el Partido Liberal, con su trayectoria democrática de tantas décadas, esté presentando a un candidato que ha sido condenado por lavado de activos en Estados Unidos, vinculado al narcotráfico, como es el caso del presidenciable Yani Rosenthal.
“Eso nos está demostrando de que tenemos un problema en los propios partidos políticos, no hay una depuración de los partidos, y lo peor de todo es que no entienden que eso debería ser parte del proceso de transformación del país”, remarcó.
El narcotráfico en Honduras está muy cerca de la política y eso ha quedado evidenciado con la condena a cadena perpetua de Antonio Hernández, hermano del presidente Hernández, la condena de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo y los casos de diputados “con vinculaciones muy estrechas con el narcotráfico”, un flagelo muy dañino “no solamente para la comunidad política, sino para la sociedad en general por la cantidad de muerte y destrucción que está generando al país”.
Sin embargo, el cambio hacia una nueva política “va a costar mucho yo creo, porque en estas elecciones la cosa no se pinta tampoco bien, preocupa, duele, y espero que las cosas puedan mejorar a futuro”.
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¿Hay posibilidades de una nueva MACCIH?
Aún de llegar al poder Xiomara Castro, candidata de la coalición entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Salvador de Honduras (PHS) e Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), y principal opositora del oficialista Partido Nacional, Jiménez Mayor no está seguro de que haya condiciones políticas para una especie de MACCIH a futuro.
Pone como ejemplo el caso de El Salvador, “que ha sido la última misión fallida que hemos tenido”. En junio pasado, el presidente Nayib Bukele puso fin al convenio con la OEA que daba vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Sin embargo, recomienda “aprender de los errores” y “si es que hay una Misión nuevamente en Honduras” debe ser independiente, trabajar en el terreno y dársele a las personas la responsabilidad de asumir su trabajo.
“Yo no tenía la capacidad para comprar un lapicero para la Misión ni una resma de papel, todo eso correspondía a funcionarios de aquí en Washington”, confiesa.
Pero en medio de esa centralización, en materia de investigación la MACCIH funcionaba “como un reloj” suizo gracias a que los puestos se ganaron por concurso público.
Pero en el tema de los recursos “yo hasta ahora no sé cómo los utilizaron y es una pregunta que también queda en el aire”.
