EXPEDIENTE PÚBLICO
De todos los fiscales del Ministerio Público que emprendieron la huelga de hambre de 2008 en contra de la corrupción en Honduras, Jari Dixon fue el único que entró a la política partidista. Trece años después, este abogado busca su tercer periodo en el Congreso Nacional hondureño, como diputado de Libertad y Refundación (Libre), un partido dirigido por el expresidente Manuel Zelaya y su familia.
Proveniente de un hogar liberal del municipio de Talanga, en el departamento de Francisco Morazán, Jari Dixon siguió los pasos de su padre y estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
A los 23 años de edad, este abogado penalista entró a trabajar al Ministerio Público, donde fue enviado a investigar casos de robo de vehículos y de tráfico de drogas en el departamento occidental de Copán, «luego me trasladaron a Tegucigalpa para trabajar en la fiscalía contra la corrupción, porque allá (en Copán) me querían matar», recuerda este diputado.
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Fiscal contra la corrupción
Bajo la dirección de los fiscales generales Edmundo Orellana (1994-1999) y Roy Edmundo Medina (1999-2004), Jari Dixon se convirtió en un referente adentro del Ministerio Público, presidiendo la Asociación de Fiscales de Honduras. Sin embargo, la situación se complejizó con la llegada del fiscal general Ovidio Navarro en 2004.
Conocido por haber sido el abogado privado del expresidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), los nacionalistas colocaron a Navarro al frente del Ministerio Público, y a Vilma Morales como presidenta del Poder Judicial de Honduras. Con ellos dos el Partido Nacional se aseguró el control del sistema de justicia hondureño.
Al llegar a la fiscalía, Navarro desestimó todos los casos en contra de Callejas (quien en 2016 se declaró culpable en Nueva York por conspiración, crimen organizado y fraude en el escándalo conocido como «Fifagate»). Cabe mencionar que Navarro también colocó a David Chávez (actual candidato nacionalista para la alcaldía del Distrito Central y presidente del Comité Central del Partido Nacional) como fiscal contra la corrupción
Frente al engavetamiento de los casos referentes al exmandatario Callejas, la Asociación de Fiscales de Honduras, presidida por Dixon, publicó un comunicado contra las decisiones de Navarro. Esta acción desembocó en el traslado de 50 fiscales y en el despido de otros diez, entre ellos Jari Dixon, Omar Menjívar (el actual candidato del Partido Libre por la alcaldía de la ciudad de San Pedro Sula) y Rigoberto Cuellar (exfiscal general adjunto entre el 2013 y 2018).
Tras su separación de la fiscalía, Dixon entró en contacto por primera vez con las organizaciones sociales y populares de Honduras, exigiendo la renuncia del fiscal Navarro y de su fiscal adjunto, Óscar Melara. En 2005 lograron la destitución, y Jari regresó al Ministerio Público tras una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, tras la destitución de Navarro, el Congreso Nacional nombró en 2005 a Leónidas Rosa Bautista y a Omar Cerna en la dirección del Ministerio Público. Esta designación agudizaría aún más la crisis de la investigación criminal en Honduras.
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Huelga de fiscales
Al igual que Navarro, el nuevo fiscal general, Leonidas Rosa Bautista, congeló todos los casos de corrupción que se investigaban en el Ministerio Público. También montó una paralela a la Asociación de Fiscales de Honduras, debilitando la oposición que tenía a lo interno de la fiscalía.
Para exigir que desengavetaran los casos de corrupción, en 2008, los fiscales Jari Dixon, Soraya Morales, Luis Javier Santos y Víctor Fernández decidieron iniciar una huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional, en la capital hondureña.
Tras 38 días de duración, la huelga se convirtió en la primera manifestación ciudadana que de manera masiva se pronunció contra la corrupción en Honduras. «Creo que el mayor logro de la huelga fue a nivel consciencia (…) En ella se podía ver a pastores y a sacerdotes apoyando, a gente de derecha y de izquierda, porque el discurso anticorrupción es más incluyente», opina Dixon.
A pesar de la huelga, el exfiscal general Leonidas Rosa Bautista concluyó su periodo en 2009, posteriormente fungió como representante hondureño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y actualmente es uno de los tres designados presidenciales (a la vicepresidencia) del candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Nasry Asfura.
De fiscal a político
Después de 14 años como fiscal, en 2009 Jari Dixon fue despedido del Ministerio Público, debido a su participación en contra del golpe de Estado cometido ese año al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Por razones similares, su esposa, la exjueza Maritza Arita también fue suspendida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Denunciando la complicidad del Ministerio Público en el golpe de Estado, Jari Dixon fue uno de los fundadores del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), el cual posteriormente se convirtió en el Partido Libre. «Yo no encuentro un lugar en Libre, yo soy uno de los fundadores de este proceso», dice Dixon.
Con la formación del Partido Libre en 2011, Jari Dixon dejó de ser un referente social e inició su carrera como político, logrando su primera diputación en 2013 y su reelección en 2017.
Desde el poder
Como diputado, Jari Dixon propuso en 2014 una Ley Anticorrupción. Sin embargo, la iniciativa no fue aceptada en el pleno. Como tampoco lo fue su proyecto para rebautizar las escuelas que llevan los nombres de personas implicadas en la corrupción y el narcotráfico.
En 2015, este candidato a legislador, formó parte de la turba de militantes del Partido Libre que irrumpieron en la Corte de Suprema de Justicia para sacar al periodista David Romero Ellner, cuando se celebraba el juicio oral y público en su contra. El comunicador era acusado por los delitos de difamación y calumnias en contra de la esposa del exfiscal general adjunto, Rigoberto Cuellar.
Más allá de una posible politización en el caso de David Romero, para un exfiscal como Jari Dixon, el haber invadido e interferido un juicio en la Corte Suprema de Justicia, es un antecedente que incluso le llevó a ser requerido por el propio Ministerio Público.
En 2019, Jari Dixon fue agredido físicamente por el nacionalista David Chávez, adentro de las instalaciones del Congreso Nacional. La disputa se dio luego que el diputado de Libre estallara unos cohetes adentro del hemiciclo, exigiendo que su partido tuviera representantes en las instancias electorales. En las manifestaciones poselectorales de 2017, Jari Dixon también había sido golpeado por los militares.
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Debilitamiento del movimiento popular
De todos los fiscales de la huelga de 2008, Jari fue el único que decidió convertirse en un político partidista. Actualmente, Víctor Fernández es el coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Luis Javier Santos es el fiscal más prolífico en la lucha contra la corrupción adentro del Ministerio Público, mientras Soraya Morales ha sido fiscal de derechos humanos, anticorrupción, de propiedad intelectual y supervisora nacional adentro de la fiscalía.
Jari Dixon reconoce que el movimiento popular, al cual él se adhirió después del golpe de Estado en 2009, se vio afectado con la fundación del Partido Libre. Su opinión al respecto probablemente no sea la más aceptada adentro de su partido.
«Cuando creamos Libre lastimosamente no supimos mantener la dinámica de mantener separados lo que es la lucha social de la lucha política electoral, los luchadores sociales se convirtieron en políticos y no tuvimos esa capacidad de renunciar a los cargos del movimiento social para convertirse en políticos y con eso el movimiento popular se vino abajo», comentó en una entrevista.
Lealtad a los Zelaya
Jari Dixon es un admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, a quien considera «un ejemplo a seguir en Latinoamérica»; incluso este diputado quien busca su reelección presentó una propuesta para condecorar al mandatario salvadoreño por el envío de vacunas contra el Covid-19 a Honduras. Paradójicamente, Bukele es criticado en su país por debilitar la independencia del Ministerio Público salvadoreño.
Este candidato a diputado también profesa su admiración hacia la familia del expresidente Manuel Zelaya, coordinadores del Partido Libre. «Si yo he conocido gente honesta, eso tiene nombre y apellido, se llama Xiomara Castro», opinó sobre su candidata presidencial.
La lealtad hacia el expresidente Manuel Zelaya no es menor. Prueba de ello fue cuando Dixon representó legalmente al exmandatario, cuando este fue detenido en 2020 por las autoridades de Migración en el aeropuerto de Tegucigalpa, luego que Zelaya no declarara la portación de 12 mil dólares.
«Yo que fui fiscal conozco cómo siembran droga y dinero. Es obvio que quieren manchar al presidente Zelaya. Pero les aseguro que si lo continúan reteniendo viene una crisis sin precedentes en nuestro país», declaró Jari al defender a Zelaya, quien horas después aceptó que el dinero era suyo. El caso no pasó a más, sin embargo, el exfiscal anticorrupción había aprovechado la oportunidad para demostrar su lealtad al líder de su partido.
